El texto original es un panfleto electoral disfrazado de noticia que mezcla la crisis migratoria de Ceuta con la vivienda sin ninguna conexión lógica. Carece de análisis sobre las causas económicas reales, limitándose a señalar al Gobierno con datos de Eurostat.
Mientras en Moncloa se miran el ombligo, en Rabat se están sirviendo el champán caro. Donald Trump ha decidido que Marruecos es el 'crush' del momento, y lo hace con una generosidad que ya quisiera cualquier vecino europeo. No es solo cariño diplomático; es una transferencia de confianza que duele. Para que nos entendamos: entre enero y mayo, las exportaciones estadounidenses a Marruecos alcanzaron los 2.745 millones de dólares, una cifra que hace que la balanza comercial parezca un buffet libre para Washington. El idilio se ha fraguado en tres actos que parecen sacados de una película de espías con presupuesto infinito. Primero, el 30 de abril, inauguraron un Consulado General en Casablanca que costó 350 millones de dólares. Sumemos a eso los 150 millones de la nueva embajada en Rabat y tenemos un ticket de gasto que dejaría tiritando a cualquier ayuntamiento español. No es solo ladrillo; es una alfombra roja para que fondos como Pimco o Citadel, y gigantes como Oracle, Cisco o Dell, se instalen cómodamente mientras 120 multinacionales ya han echado raíces. Luego vino el romanticismo palaciego. El embajador Duke Buchan —que ya sabe dónde nos aprieta el zapato porque fue embajador en España— le susurró al Rey Mohamed VI que Trump está "firmemente" con él, incluso en el espinoso asunto del Sáhara. El mensaje es claro: desde Tánger hasta Dajla, Washington pone la firma. Pero el giro cruel llegó el 1 de agosto. El Departamento de Estado, dirigido por Marcos Rubio, lanzó un aviso de viaje sobre Ceuta que es, básicamente, un dardo envenenado. Al colocar a España en el "Nivel 2" por riesgo de disturbios y terrorismo, Washington le dice al mundo que Marruecos es, paradójicamente, un sitio más tranquilo para pasear que el territorio español. Un movimiento maestro de relaciones públicas que deja a España como el vecino problemático mientras Rabat brilla como el socio fiable.
Hay quien dice que el poder corrompe, pero en Canarias el poder sabe a cacao y tiene un aroma sospechosamente familiar. Gabriel Andrés Megías Martínez, el número dos de Hacienda, ha decidido que los bombones de cortesía en los hoteles de lujo de Maspalomas y Meloneras deben pagar el impuesto AIEM. Un 'sablazo' fiscal que, sobre el papel, protege la industria local, pero que en la práctica es un regalo envuelto en papel dorado para su propio bolsillo. Mientras el turista cree que el bombón es gratis, el hotel paga un peaje que Megías firmó el 3 de agosto de 2026 en la Consulta nº 2.331, asegurando que las reglas de las franquicias internacionales no valen nada frente al fisco canario. Aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve una comedia de enredos. Resulta que Megías no es solo un burócrata con firma pesada; es el hijo del histórico director de La Isleña y consejero de Andrtés Megías Mendoza, S.A. Además, su familia controla 'La Candelaria', otra potencia chocolatera. El señor viceconsejero juega al escondite con la transparencia: en su ficha pública dice que no tiene 'actividad privada', pero en el Registro Mercantil su firma aparece nítida en las cuentas de 2024 como consejero de la empresa familiar. Es el clásico truco de firmar con la mano izquierda mientras la derecha recoge los beneficios. Para rematar el cuadro, tenemos a Pedro Ortega, el Director General de La Isleña desde 1989, que ha hecho un baile de sillas digno de un experto: ha sido presidente de ASINCA (que gestiona 350.000 euros públicos), Consejero de Economía entre 2015 y 2019 y ahora lidera la Confederación Canaria de Empresarios. Un ecosistema donde el regulador, el empresario y el político comparten el mismo café y, posiblemente, el mismo chocolate. No es gestión pública; es un club privado con presupuesto estatal.
Hay quienes confunden la gestión de una empresa pública con el presupuesto de su propia casa, o peor aún, con la hucha de un club de amigos. El caso de Correos y la trama Hirurok es el manual perfecto de cómo convertir el dinero de todos en un escudo protector personal. Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, no se limitó a colocar a Leire Díez en un puesto diseñado a medida —donde la propia Díez pudo retocar la oferta de empleo como quien edita un filtro de Instagram para salir mejor—, sino que convirtió esa plaza en el centro de operaciones de una ingeniería financiera bastante creativa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, en los despachos de Correos se fraguaba un plan para 'proteger' al presidente. ¿La herramienta? Contratos menores que, en el lenguaje de la calle, son el agujero negro ideal para evitar controles. Desde febrero de 2022, Leire Díez coordinó con Juan Antonio Carrillo Donaire, del despacho SDEP, un encargo relacionado con la editorial Vicens Vives. Pero no se engañen: el informe jurídico era la fachada; la verdadera misión era blindar a Serrano. El cinismo alcanza su cénit cuando entran en juego las comisiones. Un contrato de 15.000 euros no es una fortuna para el Estado, pero para Vicente Fernández y Carrillo era la excusa perfecta para discutir el porcentaje de la 'mordida'. 'Lo que tú digas', se respondieron, repartiéndose el botín mientras aseguraban una cobertura jurídica para Juanma por al menos dos años. Todo esto quedó registrado en los móviles, esas cajas negras que ahora la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción Número 5, se encarga de clonar. Al final, el 'perfil de Relaciones Institucionales' resultó ser, básicamente, un perfil de relaciones públicas para el beneficio del PSOE y sus allegados.
Hacer un trámite en la Seguridad Social ya es una odisea digna de un libro de aventuras, pero lo de Fernando Grande-Marlaska en Ceuta roza el surrealismo administrativo. Tras la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas el pasado 30 de julio, el Ministerio del Interior ha decidido que la solución para gestionar la devolución de los menores extranjeros es desplegar un ejército... de seis agentes. Sí, han leído bien. Seis policías para lidiar con una montaña de expedientes que, según fuentes vecinales y policiales, ronda los 5.000 casos. Es como intentar vaciar un estadio de fútbol con una cuchara de café mientras el dueño del estadio jura que solo hay tres personas dentro. La danza de las cifras es el deporte nacional en el Gobierno. Mientras el Ministerio decía que solo quedaban 1.500 inmigrantes, Juan Jesús Vivas hablaba de más de 10.000 y las asociaciones del barrio de El Príncipe cifraban los menores en más de 4.500. Pero la joya de la corona es la eficacia: en seis años, España ha devuelto a 41 menas de un total de 28.000 entradas, y casualmente, ninguno ha aterrizado en Marruecos. El 'refuerzo' llegó el 17 de agosto, pero no para sumar, sino para sustituir. Seis agentes nuevos para relevar a los seis anteriores, asegurando en un documento interno una 'adecuada capacidad de respuesta'. Mientras tanto, el garantismo farragoso de la norma española deja a niños y niñas en entornos donde las agresiones sexuales se disparan, alejándolos de unos padres que Marruecos dice reclamar, pero que la burocracia prefiere mantener en el limbo. Al final, lo único que parece gestionarse con rapidez es el 'exceso de alojamiento' en el régimen económico de los funcionarios.
Hay una aritmética del absurdo que solo se entiende desde los despachos climatizados de Madrid. Mientras en Ceuta la sanidad pública parece estar jugando una partida de póker con las cartas marcadas y los pacientes esperando que alguien haga un milagro, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que es el momento ideal para hacer generosidad transfronteriza. Hablamos de un 'sablazo' total que supera los 3,1 millones de euros destinados a Marruecos, una cifra que, vista desde la cola de urgencias de una ciudad española, suena a chiste de mal gusto. El desglose es una obra maestra de la ingeniería financiera. Por un lado, tenemos la 'propina' de 488.930 euros repartidos desde 2024 en proyectos de organización sanitaria. Aquí entran 117.420 euros para el Observatorio de Salud del Mediterráneo con ISGlobal, 143.260 euros para el proyecto Averroès 2 y otros 228.250 euros vía Real Decreto 1037/2025 para seguir enseñando a los marroquíes cómo organizar su medicina familiar. Es como si en tu casa el techo se estuviera cayendo y decidieras pagarle un curso de albañilería al vecino de enfrente. Pero el plato fuerte es el Hospital Español de Tánger. A comienzos de 2025, el Consejo de Ministros soltó 2.689.588 euros para una 'intervención de emergencia' que incluía demoler el ala sur del edificio porque se caía a pedazos. Es comprensible que no quieran que el edificio se desplome, pero la paradoja es lacerante: Mónica García niega el colapso sanitario en casa mientras el Ejecutivo moviliza millones para que no colapse un hospital en Rabat. Al final, el dinero público fluye con una agilidad envidiable hacia el exterior, mientras que en Ceuta la gestión parece haberse quedado congelada en el tiempo.
Hay una ironía cruel en el hecho de que quienes visten el uniforme para proteger la frontera terminen derrotados por un ácaro de ocho patas. Mientras el Gobierno se pierde en el laberinto de los comunicados oficiales, una veintena de militares de la unidad de Regulares ha acabado aislada en el cuartel González Tablas. ¿El motivo? Un brote de sarna que ha convertido su piel en un campo de batalla de granos y ampollas. La gestión del Ministerio de Defensa parece haber seguido la lógica del 'ya se verá'. Estos soldados han estado desmontando chozas de cañas y cartones en la playa del Trampolín y alrededores del CETI sin guantes ni mascarillas. Básicamente, los mandos los enviaron a limpiar el desastre con las manos desnudas, como quien limpia el polvo de un mueble, ignorando que el Sarcoptes scabiei no entiende de rangos ni de patriotismo. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), con Marco Antonio Gómez al frente, ha puesto el dedo en la llaga: es inadmisible que el personal trabaje a destajo desde el 31 de julio en una crisis migratoria sin el equipo básico de protección. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, aterrizó el domingo en Ceuta solo para coleccionar abucheos y negar un colapso sanitario que los médicos locales ya dan por hecho. El cuadro es dantesco. Entre el picor insoportable, los insultos de quienes consideran que el uniforme es una invitación al ataque y la presión psicológica de saber que sus familias en Villa Capona podrían acabar pared con pared con los asentamientos, el soldado español está al límite. Margarita Robles ya activó apoyo psicológico para los incendios de León y Zamora; parece que para el picor y el trauma de Ceuta, el Ministerio prefiere mirar hacia otro lado mientras el ácaro sigue cavando sus túneles.
Hay una forma muy sofisticada de decir 'me importa un bledo' y se llama 'reunión de coordinación por videoconferencia'. Mientras Ceuta se hunde en un caos que haría temblar a cualquiera, Pedro Sánchez ha descubierto que el fondo marino de Lanzarote es mucho más relajante que el desbordamiento de 80.000 inmigrantes ilegales. El lunes pasado, el guion fue digno de una comedia negra: a las 9:15 horas, el presidente gestionaba la crisis desde la comodidad de la Residencia Real de La Mareta; a las 10:45, ya estaba camuflado con neopreno en Puerto Calero, buscando peces en lugar de soluciones. Es fascinante el contraste. En Ceuta, Juan Jesús Vivas denuncia una pasividad gubernamental que roza lo surrealista, mientras la Guardia Civil contabiliza 15 violaciones y los sanitarios alertan sobre sarna y tuberculosis. Pero claro, coordinar un Estado desde el sofá de una residencia de Patrimonio Nacional es el nuevo estándar de eficiencia. Sánchez ha visitado la ciudad autónoma una sola vez, prefiriendo pasar sus días con Salvador Illa y Jesús Calleja, disfrutando de un despliegue de seguridad que incluye helicópteros y lanchas del GEAS para que su inmersión en Puerto del Carmen sea tan privada como su agenda política. La ingeniería del descanso es total: Begoña Gómez acompaña al presidente mientras aguarda su juicio por tráfico de influencias y malversación, y el Consejo de Ministros no se molesta en reunirse hasta el 25 de agosto. Mientras tanto, la ciudad autónoma espera respuestas que no llegan por Zoom. Al final, parece que la única 'invasión' que realmente preocupa en La Mareta es que algún periodista se cuele en el espigón antes de que el presidente pueda desembarcar.
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