El texto original es una denuncia sólida, pero el Ministerio juega al gato y al ratón con la semántica para evitar la responsabilidad política. Falta profundizar en por qué Canarias sí computa y Ceuta no, más allá de la simple 'treta' mencionada.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea un atraco a mano armada, la Administración General del Estado (AGE) ha decidido jugar a la generosidad selectiva. En el primer semestre de 2026, el Gobierno ha repartido 2.996 millones de euros mediante el 'procedimiento negociado sin publicidad'. Para los que no hablamos el idioma burocrático, esto significa adjudicar contratos a dedo, saltándose el baile de la licitación abierta y eligiendo a los amigos de siempre. La progresión es, sencillamente, obscena. En el primer semestre de 2022, este 'estilo' de gestión movía 608 millones. En 2023 subió a 1.204,2 millones y en 2024 alcanzó los 1.356 millones. Tras un breve respiro en 2025 con 1.175,4 millones, el 2026 ha dinamitado cualquier rastro de pudor institucional. Estamos hablando de un salto de 1.640 millones de euros sobre el récord anterior. Es como si el Estado hubiera pasado de tirar el cambio en la hucha a vaciar el colchón completo en una sola jugada. El truco está en el primer trimestre de 2026, donde se concentraron 2.399 millones de euros (frente a los 486,7 millones del mismo periodo de 2025). ¿Dónde fue a parar el dinero? Principalmente al Ministerio de Defensa. Entre motores diésel para la Armada, mantenimiento de buques y juguetes para el Ejército del Aire, la Administración ha decidido que la competencia es un estorbo. La OIReScon ya avisa: muchas de estas adjudicaciones reciben una sola oferta. Básicamente, el Estado pone la mesa, elige al comensal y nosotros, los que pagamos la cuenta, ni siquiera estamos invitados a ver el menú.
En la Moncloa, la gestión de la realidad es un arte delicado que no admite que los datos se filtren antes de que el departamento de marketing político les dé el visto bueno. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) ha pasado de ser la fortaleza de la estrategia a un patio de colegio donde nadie quiere recoger los juguetes. El detonante: una funcionaria civil con veinte años de trayectoria y ocho años en el puesto, que cometió el pecado capital de hacer su trabajo desde Chiclana de la Frontera. Mientras estaba de vacaciones, publicó una alerta confirmando que 49.000 marroquíes habían entrado en Ceuta el jueves. Un dato real, ya ventilado por la BBC, pero que cayó como un jarro de agua fría sobre Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y el Ministerio del Interior. El castigo ha sido una ejecución administrativa quirúrgica. No hubo el habitual 'estilo Moncloa' de dejar que la persona busque un hueco en otro ministerio durante un par de meses para salvar las apariencias. No. Aquí hubo despido fulminante por teléfono el viernes y un ultimátum de 72 horas para recoger sus trastos, como si estuviera desalojando un piso compartido tras una ruptura traumática. La general Loreto Hurtado, la jefa, ha preferido el camino de la menor resistencia, sacrificando a una profesional veterana que ya había trabajado con el general Miguel Ángel Ballesteros desde 2009 en el IEEE. Ahora el resultado es patético: el DSN, el cerebro de la seguridad del Estado, tiene sus redes sociales fosilizadas desde el 31 de julio. Nadie quiere heredar el puesto. En el pasillo se comenta que la funcionaria ha sido tratada 'como si hubiera matado a alguien' solo por poner una cifra que luego Fernando Grande-Marlaska actualizaría a 72.000 personas. Al final, la seguridad nacional consiste en que el dato no moleste al jefe, aunque la realidad ya esté entrando por el espigón del Tarajal.
Bruselas ha decidido que conducir es un privilegio demasiado peligroso para dejárselo a los humanos. En un despliegue de paternalismo tecnológico, la Comisión Europea planea que para 2030 tu coche no solo te avise de que vas rápido, sino que decida que el pedal del acelerador es ahora un adorno. No es un simple aviso sonoro; es un bloqueo electrónico del motor. Básicamente, quieren que el vehículo te dé un 'estirón de orejas' digital cada vez que intentes adelantar la inercia de la burocracia. Todo esto se envuelve en el programa Visión Cero, un plan con vistas al 2050 que aspira a que nadie muera en carretera. Noble objetivo, sí, pero el método es el de un profesor suspicaz: quitarte el juguete mientras juegas. Actualmente, la Asistencia Inteligente de Velocidad es como ese copiloto pesado que te dice 'te has pasado' mientras tú ignoras la señal y sigues tu camino. Pero la nueva propuesta quiere que el coche gestione la potencia del motor mediante el sistema Galileo, GPS y cámaras. Si la autoridad decide que hoy llueve y el límite baja, tu coche se convertirá en una tortuga electrónica sin que tú tengas voz ni voto. El problema es que la tecnología no es infalible. Confiar la potencia de un motor a un mapa digital que a veces confunde una calle lateral con la autopista es como dejar que un niño de cinco años gestione tu cuenta corriente: el riesgo de error es altísimo. Imagina intentar una maniobra de emergencia o un adelantamiento crítico y que el coche, convencido de que estás en una zona escolar, decida que acelerar es un pecado. La seguridad, en manos de un algoritmo que no distingue una señal de obra de una definitiva, podría convertirse en la trampa más sofisticada de la historia europea.
Hablemos claro: en este país, el Rey es como ese primo bienintencionado que quiere ir a todas las fiestas, pero que necesita que el dueño de la casa le abra la puerta. Don Felipe lleva doce años de reinado acumulando kilómetros en el odómetro de la empatía. Ha estado en el barro de Paiporta aguantando pedradas, en el caos del 11-M, en el polvo de Lorca y hasta en las encerronas separatistas de Barcelona el 26 de agosto de 2017. Básicamente, si ha habido una tragedia, el Rey ha estado allí, a veces incluso antes que el jefe del Gobierno. Pero aquí llega la paradoja. Mientras algunos critican que se le vea regateando en la Copa del Rey Mapfre en Palma —porque claro, hacer deporte es el pecado capital cuando hay tensiones geopolíticas—, la realidad es que Ceuta y Melilla siguen siendo el gran agujero en su agenda. No es que Don Felipe no quiera; es que en una Monarquía Parlamentaria, el Rey no se mueve sin el 'ok' del Ejecutivo. Ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez le han dado el pase. Es como querer ir a un concierto pero que el portero del Gobierno no te deje entrar al recinto. La última vez que los Reyes pisaron esas ciudades fue en 2007, bajo el mandato de Juan Carlos y Sofía. Desde entonces, el silencio institucional es ensordecedor frente a las amenazas de Marruecos. Mientras el Rey se encierra cuatro días en el Palacio de Marivent para coordinar llamadas con Alberto Núñez Feijóo y analizar la tragedia de las decenas de vidas perdidas, el ciudadano de a pie ve la vela de un barco y piensa que hay indolencia. No es falta de voluntad, es que la Corona es el copiloto de un coche que conduce el Gobierno, y ahora mismo, el volante está bloqueado.
Hay una forma muy sofisticada de decir 'aquí no ha pasado nada' y consiste en borrar la web y despedir a quien se atreva a contar la verdad. En el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, el botón de 'suprimir' ha sido la herramienta de gestión más eficiente de Pedro Sánchez. La jefa de prensa cometió el pecado capital de hacer su trabajo: el viernes 31 de julio publicó que 49.000 personas habían cruzado la frontera de Ceuta. Un dato que, para los señores del poder, resultó ser un ruido insoportable. La respuesta fue un tajo quirúrgico: destitución inmediata por teléfono mientras la funcionaria disfrutaba de sus vacaciones. Un detalle exquisito para que solo volviera a la oficina a recoger sus cosas y marcharse en silencio. Mientras tanto, la ingeniería de la invisibilidad ha hecho su magia. Han limpiado la web de todo rastro de la invasión, dejando que los últimos documentos daten del 30 de julio. Para distraer al personal, han sustituido la crisis fronteriza por alertas sobre el ébola en Uganda o resúmenes rápidos sobre Ucrania y Oriente Próximo. Es como si en tu casa se estuviera incendiando la cocina y tú decidieras poner un cartel en la puerta avisando de que en el Amazonas hay mosquitos. El contraste de cifras es un ejercicio de gimnasia mental. Pasamos de los 49.000 iniciales de la funcionaria sacrificada, a los 50.000 del Ministerio del Interior, luego a los 60.000 del Gobierno autonómico y, finalmente, al sablazo definitivo de Fernando Grande-Marlaska: 72.000 inmigrantes. Ahora juegan al escondite con los que quedan: Marlaska dice que solo hay 2.000, pero Juan Jesús Vivas sostiene que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. Borrar la web es fácil; borrar la realidad de las calles de Ceuta requiere un optimismo casi místico.
Vender la moto es un arte, y en el Ministerio de Inclusión se han sacado la licencia de experto. Nos venden un proceso de regularización masivo como un motor de crecimiento, pero al abrir el capó, el motor no arranca. La ministra Elma Saiz soltó la cifra: 822.000 inmigrantes con derecho a trabajar. Suena a éxito rotundo, a despliegue de generosidad y eficiencia. Pero bajemos a la tierra, donde se paga el alquiler y se cotiza el lunes. A fecha de 30 de julio, solo 262.475 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social. Traducido al lenguaje de la calle: el 31,9% ha entrado al trapo, mientras que el 68,1% —unos 559.525 ciudadanos— sigue en un limbo administrativo donde el derecho al trabajo es un papel que no se traduce en una nómina ni en un céntimo para el Estado. Es como comprarse el carnet de conducir pero no tener coche ni saber dónde está la carretera. Lo fascinante es la gimnasia mental de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, que afirma que «la mayoría» se está incorporando al sistema. Para que la mayoría sea el 31,9%, hace falta una calculadora que mienta o una fe ciega en la aritmética creativa. Mientras Borja Suárez califica el volumen de afiliados como una señal «muy positiva», el Gobierno ignora que el 77% de las 19.517 nuevas altas en el paro de julio (unas 15.000 personas) son precisamente estos regularizados. El reparto es el de siempre: Madrid lidera el baile con 51.844 afiliados, seguida de Cataluña con 42.000. El Régimen General absorbe el 81,5% (213.883 personas), mientras que los autónomos son una anécdota de 12.675 casos. Dicen que todo va «razonablemente normal». Claro, porque en este país, que el 70% de una medida estrella no funcione es lo más normal del mundo.
Vender la 'normalidad' en Ceuta es hoy el deporte favorito de los despachos ministeriales, pero en la calle la realidad tiene un sabor distinto: sabe a tensión y a supermercados custodiados por el Ejército. Mientras el Gobierno firma comunicados desde la comodidad de un aire acondicionado, en los 18 kilómetros cuadrados de la ciudad el ambiente es eléctrico. No es una quimera, es un colapso. El CETI, diseñado para 512 plazas, ahora intenta digerir a más de 700 personas, una saturación que convierte el centro en una olla a presión donde el sábado pasado casi saltan los plomos con un intento de asalto al recinto. Para los agentes de Jupol y la AUGC, la narrativa oficial es un chiste de mal gusto. Laura García, de Jupol, lo deja claro: hay miles de personas que llegaron prácticamente en bañador y chanclas, ahora con hambre, sed y un nerviosismo que dinamita cualquier intento de calma. Diego Madrazo, de la AUGC, pone la cifra sobre la mesa: más de 2.000 irregulares, con un millar amontonados junto al CETI sin alojamiento ni una certeza de futuro. Es como intentar meter a diez personas en un ascensor para cuatro; tarde o temprano, alguien pierde los nervios. La solución propuesta es un baile de boyas y leyes. Jupol sugiere reformar la Ley de Extranjería para cerrar la laguna legal de los que llegan nadando, convirtiendo el mar en una carrera de obstáculos para facilitar las devoluciones. Mientras tanto, los guardias civiles encadenan turnos sin descanso y la ciudad, con sus 80.000 habitantes, se siente como el patio de juegos de una crisis que no provocó. Madrazo pide 200 guardias civiles más y que la Unión Europea deje de mirar para otro lado, porque la normalidad no se decreta en una rueda de prensa, se comprueba cuando puedes ir a comprar el pan sin ver un fusil al lado de la caja registradora.
Comentarios