Crítica:
El texto original es una mina de hipocresías, pero falla al no cuestionar por qué el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional manejan cifras tan dispares. La noticia es un catálogo de 'limpieza' administrativa disfrazada de gestión.
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UE: Tu coche decidirá cuánto aceleras
Bruselas ha decidido que conducir es un privilegio demasiado peligroso para dejárselo a los humanos. En un despliegue de paternalismo tecnológico, la Comisión Europea planea que para 2030 tu coche no solo te avise de que vas rápido, sino que decida que el pedal del acelerador es ahora un adorno. No es un simple aviso sonoro; es un bloqueo electrónico del motor. Básicamente, quieren que el vehículo te dé un 'estirón de orejas' digital cada vez que intentes adelantar la inercia de la burocracia. Todo esto se envuelve en el programa Visión Cero, un plan con vistas al 2050 que aspira a que nadie muera en carretera. Noble objetivo, sí, pero el método es el de un profesor suspicaz: quitarte el juguete mientras juegas. Actualmente, la Asistencia Inteligente de Velocidad es como ese copiloto pesado que te dice 'te has pasado' mientras tú ignoras la señal y sigues tu camino. Pero la nueva propuesta quiere que el coche gestione la potencia del motor mediante el sistema Galileo, GPS y cámaras. Si la autoridad decide que hoy llueve y el límite baja, tu coche se convertirá en una tortuga electrónica sin que tú tengas voz ni voto. El problema es que la tecnología no es infalible. Confiar la potencia de un motor a un mapa digital que a veces confunde una calle lateral con la autopista es como dejar que un niño de cinco años gestione tu cuenta corriente: el riesgo de error es altísimo. Imagina intentar una maniobra de emergencia o un adelantamiento crítico y que el coche, convencido de que estás en una zona escolar, decida que acelerar es un pecado. La seguridad, en manos de un algoritmo que no distingue una señal de obra de una definitiva, podría convertirse en la trampa más sofisticada de la historia europea.
El Rey quiere ir, pero no le abren
Hablemos claro: en este país, el Rey es como ese primo bienintencionado que quiere ir a todas las fiestas, pero que necesita que el dueño de la casa le abra la puerta. Don Felipe lleva doce años de reinado acumulando kilómetros en el odómetro de la empatía. Ha estado en el barro de Paiporta aguantando pedradas, en el caos del 11-M, en el polvo de Lorca y hasta en las encerronas separatistas de Barcelona el 26 de agosto de 2017. Básicamente, si ha habido una tragedia, el Rey ha estado allí, a veces incluso antes que el jefe del Gobierno. Pero aquí llega la paradoja. Mientras algunos critican que se le vea regateando en la Copa del Rey Mapfre en Palma —porque claro, hacer deporte es el pecado capital cuando hay tensiones geopolíticas—, la realidad es que Ceuta y Melilla siguen siendo el gran agujero en su agenda. No es que Don Felipe no quiera; es que en una Monarquía Parlamentaria, el Rey no se mueve sin el 'ok' del Ejecutivo. Ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez le han dado el pase. Es como querer ir a un concierto pero que el portero del Gobierno no te deje entrar al recinto. La última vez que los Reyes pisaron esas ciudades fue en 2007, bajo el mandato de Juan Carlos y Sofía. Desde entonces, el silencio institucional es ensordecedor frente a las amenazas de Marruecos. Mientras el Rey se encierra cuatro días en el Palacio de Marivent para coordinar llamadas con Alberto Núñez Feijóo y analizar la tragedia de las decenas de vidas perdidas, el ciudadano de a pie ve la vela de un barco y piensa que hay indolencia. No es falta de voluntad, es que la Corona es el copiloto de un coche que conduce el Gobierno, y ahora mismo, el volante está bloqueado.
Regularización: mucho papel y poca cotización
Vender la moto es un arte, y en el Ministerio de Inclusión se han sacado la licencia de experto. Nos venden un proceso de regularización masivo como un motor de crecimiento, pero al abrir el capó, el motor no arranca. La ministra Elma Saiz soltó la cifra: 822.000 inmigrantes con derecho a trabajar. Suena a éxito rotundo, a despliegue de generosidad y eficiencia. Pero bajemos a la tierra, donde se paga el alquiler y se cotiza el lunes. A fecha de 30 de julio, solo 262.475 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social. Traducido al lenguaje de la calle: el 31,9% ha entrado al trapo, mientras que el 68,1% —unos 559.525 ciudadanos— sigue en un limbo administrativo donde el derecho al trabajo es un papel que no se traduce en una nómina ni en un céntimo para el Estado. Es como comprarse el carnet de conducir pero no tener coche ni saber dónde está la carretera. Lo fascinante es la gimnasia mental de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, que afirma que «la mayoría» se está incorporando al sistema. Para que la mayoría sea el 31,9%, hace falta una calculadora que mienta o una fe ciega en la aritmética creativa. Mientras Borja Suárez califica el volumen de afiliados como una señal «muy positiva», el Gobierno ignora que el 77% de las 19.517 nuevas altas en el paro de julio (unas 15.000 personas) son precisamente estos regularizados. El reparto es el de siempre: Madrid lidera el baile con 51.844 afiliados, seguida de Cataluña con 42.000. El Régimen General absorbe el 81,5% (213.883 personas), mientras que los autónomos son una anécdota de 12.675 casos. Dicen que todo va «razonablemente normal». Claro, porque en este país, que el 70% de una medida estrella no funcione es lo más normal del mundo.
Ceuta: Supermercados con fusiles no es normalidad
Vender la 'normalidad' en Ceuta es hoy el deporte favorito de los despachos ministeriales, pero en la calle la realidad tiene un sabor distinto: sabe a tensión y a supermercados custodiados por el Ejército. Mientras el Gobierno firma comunicados desde la comodidad de un aire acondicionado, en los 18 kilómetros cuadrados de la ciudad el ambiente es eléctrico. No es una quimera, es un colapso. El CETI, diseñado para 512 plazas, ahora intenta digerir a más de 700 personas, una saturación que convierte el centro en una olla a presión donde el sábado pasado casi saltan los plomos con un intento de asalto al recinto. Para los agentes de Jupol y la AUGC, la narrativa oficial es un chiste de mal gusto. Laura García, de Jupol, lo deja claro: hay miles de personas que llegaron prácticamente en bañador y chanclas, ahora con hambre, sed y un nerviosismo que dinamita cualquier intento de calma. Diego Madrazo, de la AUGC, pone la cifra sobre la mesa: más de 2.000 irregulares, con un millar amontonados junto al CETI sin alojamiento ni una certeza de futuro. Es como intentar meter a diez personas en un ascensor para cuatro; tarde o temprano, alguien pierde los nervios. La solución propuesta es un baile de boyas y leyes. Jupol sugiere reformar la Ley de Extranjería para cerrar la laguna legal de los que llegan nadando, convirtiendo el mar en una carrera de obstáculos para facilitar las devoluciones. Mientras tanto, los guardias civiles encadenan turnos sin descanso y la ciudad, con sus 80.000 habitantes, se siente como el patio de juegos de una crisis que no provocó. Madrazo pide 200 guardias civiles más y que la Unión Europea deje de mirar para otro lado, porque la normalidad no se decreta en una rueda de prensa, se comprueba cuando puedes ir a comprar el pan sin ver un fusil al lado de la caja registradora.
Moncloa y el Barça: silencio coordinado
Hay una coreografía en la política española que ya roza la maestría del ballet: el arte de mirar hacia otro lado mientras el incendio consume el salón. Mientras el país se peleaba por los resultados del 14 de febrero de 2021 en Cataluña, en los despachos de la Moncloa se practicaba el silencio selectivo. Resulta fascinante que la Confad, ese organismo creado el 9 de julio de 2019 específicamente para cazar fraudes deportivos, decidiera que el caso Negreira era invisible. Es como contratar a un equipo de seguridad para cuidar la joya de la corona y que, mientras el ladrón se lleva el diamante, los guardias se reúnan para discutir el color de las cuerdas de los cordones. Los datos son un poema a la inacción. El 16 de febrero de 2021, apenas 48 horas después de las urnas catalanas, la Confad se reunió para diseñar «canales seguros de denuncia». Muy oportuno. Dos días más tarde, el 18 de febrero, el FC Barcelona le confesaba a Hacienda que había soltado 7,3 millones de euros a la cúpula del CTA entre 2001 y 2018, admitiendo que ni siquiera sabían quién escribía los informes. Un sablazo de dimensiones industriales que Óscar Grau firmó sin pestañear. Pero el 24 de febrero, cuando la Confad volvió a sentarse a la mesa, el acta parece haber sido escrita con tinta invisible: ni una palabra sobre el Barça. La hipocresía alcanza su cénit con el calendario. Mientras la Fiscalía abría diligencias en mayo de 2022, la comisión nacional —donde se sientan la Policía, la Guardia Civil y la RFEF— entró en un coma administrativo. Solo cuatro reuniones en el Pleno y cuatro en el Comité Permanente en años. Para rematar el blindaje, la RFEF cambió el reglamento en junio de 2021, recortando los plazos de prescripción a tres años. Un movimiento de relojería quirúrgica que dejó el caso deportivo muerto justo cuando el reloj marcaba la hora del último pago. No fue un error; fue una gestión de agenda.
Marruecos vigiló Ceuta desde el espacio
Hay quien dice que el amor es ciego, pero la geopolítica tiene una vista envidiable, especialmente si tienes dos ojos electrónicos orbitando a 650 kilómetros de altura. Mientras miles de personas se lanzaban contra el espigón del Tarajal el pasado jueves 30 de julio, Rabat no miraba la escena con preocupación, sino con la precisión de un cirujano. El Mohamed VI-A y el Mohamed VI-B, esos juguetes espía nacidos de un romance secreto con Francia desde 2013, estaban allí, haciendo el 'zoom' perfecto. Para que nos entendamos: mientras nosotros nos peleamos con el GPS para encontrar un parking, el Mohamed VI-A pasaba exactamente a las 10:57 de la mañana sobre Castillejos, volando a 27.000 kilómetros por hora. Unos minutos después, a las once, empezaba el caos. No fue una coincidencia; fue una coreografía. Rabat registró al menos once pasadas precisas entre el 26 de julio y el domingo, repartiéndose el turno como quien organiza la guardia de un hospital: el 'A' a las 11:00 y el 'B' a las 22:00. La hipocresía es deliciosa. El rey Mohamed VI celebraba el 27 aniversario de su trono en Tetuán, a solo 40 kilómetros, rodeado de su cúpula militar, mientras el Centro Real de Teledetección Espacial (CRTS) convertía la seguridad española en un reality show de alta resolución. Podían ver hasta la matrícula de los coches o el cansancio en la cara de la Guardia Civil. Y mientras Marruecos jugaba al ajedrez espacial, España, con su satélite PAZ —que técnicamente es un Ferrari comparado con los marroquíes porque ve a través de nubes y oscuridad—, solo dio una pasada el viernes 31 de julio a las 6:00, cuando ya había 49.000 asaltantes dentro. Básicamente, llegamos a la fiesta cuando ya habían servido el postre y roto las sillas.
Pasaportes para todos y votos para el PSOE
Hay una ironía deliciosa en el hecho de que la 'limpieza moral' y la memoria democrática estén hoy en manos de quien sabe moverse en los pasillos del poder más turbio. Óscar González, el hombre que ahora lidera el PSOE en Argentina y gestiona la Ley de Nietos, no es precisamente un novato en el arte de la ingeniería política. Entre 2008 y 2015, González fue secretario de Relaciones Institucionales de Cristina Kirchner, una mujer que actualmente disfruta de una prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de cárcel por el 'estafa maestra' de la Causa Vialidad. Mientras el Estado argentino intenta recuperar unos 400 millones de dólares que terminaron en las empresas familiares de la ex presidenta y su amigo Lázaro Báez, González sigue gritando a los cuatro vientos que Cristina está 'injustamente detenida'. Pero el negocio real aquí no es la nostalgia, sino el censo electoral. Bajo la batuta de González y el respaldo de figuras como Pilar Cancela, el PSOE argentino ha transformado la Ley de Memoria Democrática en una aspiradora de votos. Con hasta un millón de peticiones —650.000 solo en Buenos Aires—, la estrategia es clara: convertir el pasaporte español en un ticket de lotería política. La jugada es tan agresiva que han logrado nacionalizar a descendientes de emigrantes que se fueron de España 54 años antes de que empezara la Guerra Civil, gracias a una 'reinterpretación' creativa de Sofía Puente que ya huele a prevaricación y tiene un juzgado echándole el ojo. Al final, mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación, el PSOE exterior hace una compra masiva de votantes en el extranjero, usando la memoria histórica como el envoltorio de un regalo electoral muy conveniente.
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