Crítica:
El texto original es brillante desgranando el Majzén, pero peca de excesiva confianza en 'fuentes en Francia'. Le falta una contraparte oficial marroquí para no parecer una crónica de espionaje unilateral.
El «virrey» de Marruecos, señalado como cerebro de la invasión de Ceuta
El «virrey» marroquí y el sablazo a Ceuta
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Sánchez en el banquillo: ¿Adiós a Schengen?
Parece que en Bruselas se han despertado con el pie izquierdo y han decidido que España es el agujero de seguridad de Europa. Mientras nosotros intentamos cuadrar las cuentas del mes, Italia y otros siete países han decidido que Pedro Sánchez ha pasado de 'gestionar la frontera' a dejar la puerta abierta de par en par en Ceuta. La cifra es obscena: 60.000 personas intentando entrar en dos días. El Ministerio del Interior dice que 53.000 han vuelto a Marruecos 'voluntariamente', pero en Europa no compran el cuento. Para Meloni y compañía, esto no es un accidente, es una invitación formal. La respuesta de Sánchez ha sido la clásica: sacar la calculadora y decir que somos los buenos. Según Frontex, España ha tenido 234.760 entradas irregulares en cinco años, una cifra que parece calderilla comparada con los 478.600 de Italia o los 259.800 de Grecia. Pero claro, los datos son como el detergente: sirven para limpiar la imagen, pero no quitan la mancha. Mientras el presidente habla de 'empatía' en X, Ursula von der Leyen le ha dado un tirón de orejas llamando 'inaceptables' las imágenes de Ceuta. La broma pesada es que Italia ya ha activado controles aleatorios en puertos y aeropuertos para extracomunitarios que vengan de aquí. Es el equivalente a que tu vecino te ponga una cerradura nueva en el portal porque sospecha que tú dejas entrar a cualquiera. Francia, con Macron y Barnier, ya está reforzando el muro invisible, y Alemania, con Friedrich Merz, pide que recuperemos las fronteras 'lo antes posible'. Incluso Donald Trump ha aprovechado para pescar en río revuelto, usando el caos de Ceuta como un anuncio electoral contra los demócratas. Al final, España se encuentra en el patio del colegio, señalada por todos, mientras el Tribunal Supremo nos prohíbe las devoluciones en caliente y el resto de Europa nos mira como si hubiéramos perdido las llaves de la casa.
Sánchez: el 'imán' que enfurece a Europa
Hay que tener valor para jugar al Monopoly con la frontera y sorprenderse cuando los demás jugadores se levantan de la mesa. Veintidós países europeos, desde la Alemania de Scholz hasta la Italia de Meloni, le han enviado una carta a António Costa y Ursula von der Leyen que es, básicamente, un 'estás jugando con fuego, Pedro'. El motivo es el clásico efecto llamada: la regularización masiva de migrantes en España ha sido vista por Bruselas y sus satélites como un imán gigante que atrae a cualquiera con un sueño y un bote inflable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación la lista de la compra parece un libro de terror, el Gobierno de Sánchez ha decidido que abrir el grifo de los permisos de residencia es una buena estrategia. El resultado es que ahora 22 naciones —incluyendo a Polonia, Hungría y Grecia— advierten que entrar ilegalmente se ha convertido en un trámite administrativo con premio final. No es solo una cuestión de logística; es que el Tribunal Supremo ha soltado una sentencia que, según los firmantes, ha servido de combustible para que se abuse del sistema de asilo europeo. Lo más irónico es que, mientras Sánchez pide ayuda, sus socios europeos amenazan con cerrar el chiringuito. Meloni ya ha sugerido que España podría acabar fuera del espacio Schengen, lo que sería el equivalente geopolítico a que te expulsen del grupo de WhatsApp familiar por generar demasiadas discusiones. Piden una videoconferencia urgente de ministros de Interior y amenazan con reintroducir controles fronterizos internos. No ha habido desplazamientos no autorizados desde Ceuta al resto de Europa todavía, pero el miedo es contagioso: la percepción de que la ilegalidad es el camino más corto hacia la legalidad ha dinamitado la confianza del bloque.
Avisos ignorados y boyas para el mar
Gestionar la frontera de Ceuta parece haberse convertido en un ejercicio de 'esperar a que el agua llegue al cuello' para luego sorprenderse de que el agua moja. Mientras el Gobierno se dedicaba a ignorar sistemáticamente los informes de inteligencia militar y civil, la realidad se cocinaba a fuego lento en Castillejos. No fue un descuido; fue una ceguera selectiva. Los servicios de inteligencia avisaron de que la fiesta del Trono de Marruecos sería el escenario perfecto para un 'gesto de magnanimidad' del rey Mohamed VI. Pero en Madrid, los avisos fueron como el ticket del supermercado que dejas en la encimera: se ve, pero no se lee hasta que llega el extracto bancario. El resultado fue un caos coreografiado. 60.000 personas cruzaron el paso fronterizo a pie y a nado en menos de 24 horas. Para que nos entendamos: es como si intentaran meter a toda la población de una ciudad mediana por una puerta de servicio en un solo día. Mientras la gendarmería marroquí miraba la escena 'de brazos cruzados' y hasta ayudaba a organizar el tráfico de autobuses, el Ejecutivo se limitaba a enviar una treintena de agentes y una embarcación que, para colmo, se averió. Una broma de mal gusto. Pedro Sánchez calificó el evento como un 'ataque a la integridad territorial', pero mientras el líder alababa una cooperación 'ejemplar y leal', la Guardia Civil recordaba que esto ya pasó en mayo de 2021 con 8.000 personas, solo que ahora el agujero es más profundo. Al final, 53.000 regresaron —muchos por hambre— y el Gobierno decidió que la solución a una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de nadadores es poner boyas en el mar. Básicamente, quieren ponerle una valla al océano para que la burocracia vuelva a funcionar. Un parche de bazar para una crisis de Estado.
Europa quiere echar a España de Schengen
Veintidós países europeos acaban de enviar un mensaje muy claro a Bruselas: están hartos de que España juegue a ser el portero amable de la discoteca. En una carta dirigida a António Costa, Ursula von der Leyen y el primer ministro irlandés, los líderes de naciones como Italia, Alemania y Polonia denuncian que regularizar a un 'número muy elevado' de inmigrantes es, básicamente, poner un cartel de neón que dice 'Bienvenidos, pasen y acomódense'. Para estos gobiernos, la generosidad administrativa no es humanismo, sino un 'efecto llamada' que convierte la frontera en un colador. El detonante es la crisis en Ceuta, que vinculan directamente con la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió las devoluciones en caliente. Según el razonamiento de los firmantes, esa resolución jurídica ha sido la chispa para 'desencadenar este ataque' y abusar del sistema de asilo. Mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la cuota del gas, estos 22 países —desde Hungría hasta Suecia— temen que se instale la idea de que entrar ilegalmente es el camino más corto hacia la estancia legal. Es la lógica del 'si uno entró sin pagar, yo también'. La amenaza es tangible. No se han detectado desplazamientos no autorizados desde Ceuta hacia el interior, pero el Gobierno de Meloni ya ha soltado la bomba: no descartan reintroducir controles fronterizos internos o, en un giro dramático, estudiar la suspensión de España del espacio Schengen. Quieren una videoconferencia urgente de ministros de Interior para coordinar la disuasión. En resumen, Europa quiere cerrar el grifo antes de que la percepción de 'puerta abierta' convierta la migración en una autopista sin peaje.
Sindicatos piden más pasta para los jefes
Hay que tener valor, o una capacidad de abstracción digna de un premio Nobel, para defender la justicia social pidiendo que los jefes ganen más. El 31 de julio, Pepa Páez (CCOO) y Raquel González (UGT) decidieron que la brecha salarial en Renfe era un problema... pero al revés. Enviaron una carta a Lucas Calzado, el director de Organización y Talento, advirtiendo que los directivos están sufriendo una 'reducción de las diferencias retributivas'. Traducido al lenguaje de la calle: los de arriba están asustados porque el resto de la plantilla se ha acercado demasiado a sus bolsillos. Resulta casi cómico que mientras el IV convenio colectivo, aprobado el 29 de julio, promete un aumento del 4,5% para 2027 y un 2% para 2028, los sindicatos sientan que esto es un insulto para las jefaturas. Básicamente, sugieren que para que un puesto de mando sea 'atractivo', necesita un sablazo extra en la nómina. Es la solidaridad de clase en su estado más puro: luchar para que el que manda no se sienta 'desmotivado' por ganar casi lo mismo que el que pica piedra. Todo esto ocurre en un ecosistema donde el mérito es un concepto flexible. Calzado, el destinatario de la misiva, tiene un hijo que aterrizó en una plaza de Renfe en septiembre de 2024, apenas seis meses después de que el padre ascendiera a la cúpula. Mientras tanto, el presidente Álvaro Fernández Heredia ha logrado colocar a un abogado afín de sus tiempos en el Ayuntamiento de Madrid, eliminando convenientemente la exigencia de ser Abogado del Estado para el puesto. Todo esto sucede mientras los trenes son hornos sin climatización y el Sindicato Ferroviario protesta. Pero descuídense, que los sindicatos ya están vigilando que los jefes no pasen penurias económicas.
Sánchez: el activo amortizado de Marruecos
En la diplomacia, como en el mercado de segunda mano, hay piezas que pierden todo su valor antes de salir de la caja. Según los agentes del CNI, Pedro Sánchez ha pasado de ser el interlocutor estrella a ser un activo 'amortizado'. Básicamente, Marruecos ya le ha exprimido hasta la última gota, como quien deja un limón seco tras sacarle todo el zumo. El gran sablazo ocurrió con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara; una cesión que, vista desde la calle, parece más un regalo de Navidad que una estrategia de Estado. La dinámica es cruel: mientras Moncloa presumía el 20 de julio de su visita a Argelia para 'reforzar el diálogo' y anunciar la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) para otoño, Rabat respondía con la moneda de siempre. Diez días después, la frontera del Tarajal en Ceuta se convirtió en una válvula abierta. La Gendarmería marroquí, en un despliegue de desidia casi coreografiada, dejó que una avalancha de inmigrantes entrara por tierra y a nado. No es una crisis migratoria, es un mensaje en WhatsApp enviado con personas: 'Aquí mando yo'. Lo más irónico es que España ya ni siquiera es el jefe de su propio patio. La colaboración de Marruecos con Estados Unidos en el estrecho de Gibraltar ha dejado a Madrid como el invitado que llega tarde a la cena y descubre que no hay sitio en la mesa. El CNI advierte que el Gobierno es ahora un 'juguete'. Mientras tanto, el Congreso avanza en septiembre hacia el Senado con la ley de nacionalidad para los nacidos en el Sahara Occidental, un movimiento que probablemente Rabat reciba con la misma sonrisa gélida con la que dejan caer la frontera de Ceuta. Al final, el tablero geopolítico es como una cuenta corriente: Sánchez ha estado sacando créditos y ahora Rabat ha venido a cobrar los intereses.
Adiós al 'alquiler' educativo de Marruecos
Imaginen que alquilan la habitación de su casa para que un desconocido monte una academia de cocina, pero el dueño del local no tiene ni idea de qué ingredientes echa en la olla ni quién es el cocinero. Exactamente eso es el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm). Un convenio bilateral donde España pone las paredes y Rabat pone el profesorado y la cartera. Un negocio redondo para el Gobierno de Marruecos, que gestionaba el currículo sin que nadie en Madrid o Murcia pudiera asomar la nariz en los libros de texto. La fiesta se acabó para cinco comunidades que han decidido que ya basta de jugar al 'hotel' educativo. Murcia abrió el baile, eliminando el programa para el curso 2025-2026 tras un pacto presupuestario con Vox. Allí, unos 300 alumnos repartidos en diez centros se quedaron sin el programa. Madrid, bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso, no tardó en seguir la corriente, alegando que es sencillamente absurdo que el Ministerio de Educación no tenga control efectivo sobre lo que se imparte en sus propias aulas. El efecto dominó no se detuvo. Aragón y Extremadura sumaron la supresión del Placm a sus acuerdos de gobierno, sugiriendo que si alguien quiere aprender cultura marroquí, hay sitios fuera del horario escolar donde hacerlo sin que el Estado pierda el control del aula. Por último, Andalucía ha puesto fecha de caducidad al programa para el curso 2027-2028. Es la jugada final en una comunidad donde el Placm tenía raíces profundas. Al final, la trama es simple: la soberanía educativa ha pasado de ser un detalle administrativo a convertirse en la moneda de cambio de los pactos entre PP y Vox.
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