Crítica:
La noticia expone una negligencia flagrante, aunque el Gobierno intenta maquillar el desastre con retórica de 'ataque territorial'. Falta profundizar en por qué se ignoraron los informes concretos de inteligencia militar.
Informes de inteligencia alertaron al Gobierno de una crisis en Ceuta los días previos al asalto
Avisos ignorados y boyas para el mar
Otros artículos
Sánchez: el 'imán' que enfurece a Europa
Hay que tener valor para jugar al Monopoly con la frontera y sorprenderse cuando los demás jugadores se levantan de la mesa. Veintidós países europeos, desde la Alemania de Scholz hasta la Italia de Meloni, le han enviado una carta a António Costa y Ursula von der Leyen que es, básicamente, un 'estás jugando con fuego, Pedro'. El motivo es el clásico efecto llamada: la regularización masiva de migrantes en España ha sido vista por Bruselas y sus satélites como un imán gigante que atrae a cualquiera con un sueño y un bote inflable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación la lista de la compra parece un libro de terror, el Gobierno de Sánchez ha decidido que abrir el grifo de los permisos de residencia es una buena estrategia. El resultado es que ahora 22 naciones —incluyendo a Polonia, Hungría y Grecia— advierten que entrar ilegalmente se ha convertido en un trámite administrativo con premio final. No es solo una cuestión de logística; es que el Tribunal Supremo ha soltado una sentencia que, según los firmantes, ha servido de combustible para que se abuse del sistema de asilo europeo. Lo más irónico es que, mientras Sánchez pide ayuda, sus socios europeos amenazan con cerrar el chiringuito. Meloni ya ha sugerido que España podría acabar fuera del espacio Schengen, lo que sería el equivalente geopolítico a que te expulsen del grupo de WhatsApp familiar por generar demasiadas discusiones. Piden una videoconferencia urgente de ministros de Interior y amenazan con reintroducir controles fronterizos internos. No ha habido desplazamientos no autorizados desde Ceuta al resto de Europa todavía, pero el miedo es contagioso: la percepción de que la ilegalidad es el camino más corto hacia la legalidad ha dinamitado la confianza del bloque.
Europa quiere echar a España de Schengen
Veintidós países europeos acaban de enviar un mensaje muy claro a Bruselas: están hartos de que España juegue a ser el portero amable de la discoteca. En una carta dirigida a António Costa, Ursula von der Leyen y el primer ministro irlandés, los líderes de naciones como Italia, Alemania y Polonia denuncian que regularizar a un 'número muy elevado' de inmigrantes es, básicamente, poner un cartel de neón que dice 'Bienvenidos, pasen y acomódense'. Para estos gobiernos, la generosidad administrativa no es humanismo, sino un 'efecto llamada' que convierte la frontera en un colador. El detonante es la crisis en Ceuta, que vinculan directamente con la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió las devoluciones en caliente. Según el razonamiento de los firmantes, esa resolución jurídica ha sido la chispa para 'desencadenar este ataque' y abusar del sistema de asilo. Mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la cuota del gas, estos 22 países —desde Hungría hasta Suecia— temen que se instale la idea de que entrar ilegalmente es el camino más corto hacia la estancia legal. Es la lógica del 'si uno entró sin pagar, yo también'. La amenaza es tangible. No se han detectado desplazamientos no autorizados desde Ceuta hacia el interior, pero el Gobierno de Meloni ya ha soltado la bomba: no descartan reintroducir controles fronterizos internos o, en un giro dramático, estudiar la suspensión de España del espacio Schengen. Quieren una videoconferencia urgente de ministros de Interior para coordinar la disuasión. En resumen, Europa quiere cerrar el grifo antes de que la percepción de 'puerta abierta' convierta la migración en una autopista sin peaje.
Sindicatos piden más pasta para los jefes
Hay que tener valor, o una capacidad de abstracción digna de un premio Nobel, para defender la justicia social pidiendo que los jefes ganen más. El 31 de julio, Pepa Páez (CCOO) y Raquel González (UGT) decidieron que la brecha salarial en Renfe era un problema... pero al revés. Enviaron una carta a Lucas Calzado, el director de Organización y Talento, advirtiendo que los directivos están sufriendo una 'reducción de las diferencias retributivas'. Traducido al lenguaje de la calle: los de arriba están asustados porque el resto de la plantilla se ha acercado demasiado a sus bolsillos. Resulta casi cómico que mientras el IV convenio colectivo, aprobado el 29 de julio, promete un aumento del 4,5% para 2027 y un 2% para 2028, los sindicatos sientan que esto es un insulto para las jefaturas. Básicamente, sugieren que para que un puesto de mando sea 'atractivo', necesita un sablazo extra en la nómina. Es la solidaridad de clase en su estado más puro: luchar para que el que manda no se sienta 'desmotivado' por ganar casi lo mismo que el que pica piedra. Todo esto ocurre en un ecosistema donde el mérito es un concepto flexible. Calzado, el destinatario de la misiva, tiene un hijo que aterrizó en una plaza de Renfe en septiembre de 2024, apenas seis meses después de que el padre ascendiera a la cúpula. Mientras tanto, el presidente Álvaro Fernández Heredia ha logrado colocar a un abogado afín de sus tiempos en el Ayuntamiento de Madrid, eliminando convenientemente la exigencia de ser Abogado del Estado para el puesto. Todo esto sucede mientras los trenes son hornos sin climatización y el Sindicato Ferroviario protesta. Pero descuídense, que los sindicatos ya están vigilando que los jefes no pasen penurias económicas.
Sánchez: el activo amortizado de Marruecos
En la diplomacia, como en el mercado de segunda mano, hay piezas que pierden todo su valor antes de salir de la caja. Según los agentes del CNI, Pedro Sánchez ha pasado de ser el interlocutor estrella a ser un activo 'amortizado'. Básicamente, Marruecos ya le ha exprimido hasta la última gota, como quien deja un limón seco tras sacarle todo el zumo. El gran sablazo ocurrió con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara; una cesión que, vista desde la calle, parece más un regalo de Navidad que una estrategia de Estado. La dinámica es cruel: mientras Moncloa presumía el 20 de julio de su visita a Argelia para 'reforzar el diálogo' y anunciar la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) para otoño, Rabat respondía con la moneda de siempre. Diez días después, la frontera del Tarajal en Ceuta se convirtió en una válvula abierta. La Gendarmería marroquí, en un despliegue de desidia casi coreografiada, dejó que una avalancha de inmigrantes entrara por tierra y a nado. No es una crisis migratoria, es un mensaje en WhatsApp enviado con personas: 'Aquí mando yo'. Lo más irónico es que España ya ni siquiera es el jefe de su propio patio. La colaboración de Marruecos con Estados Unidos en el estrecho de Gibraltar ha dejado a Madrid como el invitado que llega tarde a la cena y descubre que no hay sitio en la mesa. El CNI advierte que el Gobierno es ahora un 'juguete'. Mientras tanto, el Congreso avanza en septiembre hacia el Senado con la ley de nacionalidad para los nacidos en el Sahara Occidental, un movimiento que probablemente Rabat reciba con la misma sonrisa gélida con la que dejan caer la frontera de Ceuta. Al final, el tablero geopolítico es como una cuenta corriente: Sánchez ha estado sacando créditos y ahora Rabat ha venido a cobrar los intereses.
Adiós al 'alquiler' educativo de Marruecos
Imaginen que alquilan la habitación de su casa para que un desconocido monte una academia de cocina, pero el dueño del local no tiene ni idea de qué ingredientes echa en la olla ni quién es el cocinero. Exactamente eso es el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm). Un convenio bilateral donde España pone las paredes y Rabat pone el profesorado y la cartera. Un negocio redondo para el Gobierno de Marruecos, que gestionaba el currículo sin que nadie en Madrid o Murcia pudiera asomar la nariz en los libros de texto. La fiesta se acabó para cinco comunidades que han decidido que ya basta de jugar al 'hotel' educativo. Murcia abrió el baile, eliminando el programa para el curso 2025-2026 tras un pacto presupuestario con Vox. Allí, unos 300 alumnos repartidos en diez centros se quedaron sin el programa. Madrid, bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso, no tardó en seguir la corriente, alegando que es sencillamente absurdo que el Ministerio de Educación no tenga control efectivo sobre lo que se imparte en sus propias aulas. El efecto dominó no se detuvo. Aragón y Extremadura sumaron la supresión del Placm a sus acuerdos de gobierno, sugiriendo que si alguien quiere aprender cultura marroquí, hay sitios fuera del horario escolar donde hacerlo sin que el Estado pierda el control del aula. Por último, Andalucía ha puesto fecha de caducidad al programa para el curso 2027-2028. Es la jugada final en una comunidad donde el Placm tenía raíces profundas. Al final, la trama es simple: la soberanía educativa ha pasado de ser un detalle administrativo a convertirse en la moneda de cambio de los pactos entre PP y Vox.
Mezquita en el Polígono Sur: ¿Fe o Molenbeek?
En el Polígono Sur de Sevilla, donde sobrevivir al día a día es un deporte de riesgo y la exclusión es el paisaje habitual, ha aterrizado un proyecto arquitectónico que ha puesto a los políticos a sacar los dientes. Resulta que la Fundación Mezquita de Sevilla quiere plantar un centro cultural —de esos que en el lenguaje administrativo sirven para camuflar que habrá rezos y alfombras— con un minarete de 30 metros. Para que nos entendamos: es como si alguien decidiera levantar un edificio de diez plantas en medio del barrio, pero con la particularidad de que apunta a la Meca y separa a hombres de mujeres. Un despliegue de fe que, según Vox, huele a 'Molenbeek' y que podría haber sido financiado con talonarios de Malasia o Catar. El dinero privado fluye, pero la sospecha política es que el imán que llegue podría ser un salafista ultraortodoxo. Mientras tanto, el alcalde José Luis Sanz (PP) se pone el escudo de la legalidad. Asegura que en sus 18 años gestionando el presupuesto público no ha prevaricado y que, como la licencia está reglada y el suelo es privado, él no tiene más remedio que decir 'amén' a la obra. Un giro irónico para un partido que ahora se encuentra entre la espada de la ley urbanística y la pared de sus votantes más intensos. Por su parte, la plataforma Nosotros También Somos Sevilla ha soltado la verdad más incómoda: que el problema del barrio no es quién reza y cómo, sino que hay grupos que controlan el tráfico de sustancias y necesitan que el barrio siga siendo un agujero negro para que su negocio prospere. Mientras Vox prepara un recurso de alzada para el 28 de agosto, el barrio sigue esperando que la seguridad llegue antes que la arquitectura religiosa.
Agua en Túnez y fuego en España
Hay una belleza casi poética en la gestión de las prioridades actuales. Mientras en Ávila, Madrid, Toledo, Guadalajara o Castellón el paisaje se convierte en un cenicero gigante, el Gobierno ha decidido que lo más urgente no es echar agua al fuego, sino jugar a ser el banquero internacional. Pedro Sánchez prometió una flota de 15 aviones anfibios, kits apagafuegos para los Airbus A400M y la llegada de cuatro helicópteros Chinook y dos Cougar. Una lista de la compra envidiable, lastimosamente, solo en el papel. La realidad es que de los 14 aviones disponibles, solo siete han estado operativos. El resto están en el taller o cogiendo polvo, mientras los vecinos ven cómo el bosque se rinde al calor. Pero ojo, que no todo es caos; hay tiempo para la generosidad externa. En el Consejo de Ministros del martes, entre indultos discretos para figuras como Laura Borràs, se aprobó un crédito de 25 millones de euros para la Oficina Nacional de Saneamiento de Túnez. Sí, mientras aquí faltan efectivos de la UME, España financia la 'Rehabilitación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales Choutrana I' en el departamento de Ariana. Es una operación de ingeniería financiera brillante: un préstamo a través de la Aecid con cargo al Fedes, un interés del 2,5 % anual y un plazo de amortización de 17 años con siete de carencia. En resumen, el presupuesto global de la obra tunecina es de 118,8 millones y nosotros ponemos el 21 %. Es fascinante. Para 900.000 personas en Túnez habrá saneamiento sostenible y aguas costeras limpias, mientras que en el interior de España, la única sostenibilidad que vemos es la de las cenizas. Un equilibrio presupuestario que deja a cualquier ciudadano con la sensación de que su código postal es el último renglón de la agenda oficial.
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