Crítica:
La noticia es un manual de cómo la inacción política crea tormentas perfectas. El titular original es correcto, pero el texto oculta que la solución del Supremo es, en esencia, invitar al Estado a cercar el mar.
El fin de las devoluciones en caliente en Ceuta preocupa a la Guardia Civil: «Esto va a colapsar»
Vallas en el mar o colapso total
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El 'traje a medida' del hermano de Sánchez
Hay quienes llaman a esto 'gestión de recursos humanos', pero en la calle lo llamamos montar un chiringuito con la tarjeta de los demás. La Audiencia Provincial de Badajoz ha soltado una bomba de casi 400 páginas que no deja lugar a dudas: la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz no fue un proceso selectivo, fue un casting con el papel ya asignado. Mientras el ciudadano medio pelea contra la burocracia para pedir una cita médica, aquí se diseñó un 'traje a medida' para que el hermano del presidente del Gobierno tuviera un sueldo sin complicaciones. El tribunal es tajante. No hubo necesidad pública, sino una voluntad férrea de rescatar a alguien que, en aquel entonces, carecía de un trabajo estable. Los magistrados describen un 'proceso selectivo maquillado' donde los criterios de valoración se retocaron para que los méritos de David encajaran milimétricamente. Era la ingeniería administrativa aplicada al nepotismo: primero se decide quién entra y luego se inventa el puesto. Así nació la figura del Coordinador de Actividades de los Conservatorios, un cargo que, según la sentencia, sirvió más para financiar 'caprichos' y 'antojos' que para coordinar nada. Lo más delirante es el día a día. La sentencia revela que David Sánchez 'apenas si acudió a su puesto de trabajo'. Mientras nosotros pagamos el IBI y el IVA con un sudor frío, el adjudicatario se dedicaba a sus intereses operísticos y al proyecto Ópera Joven, usando la administración como un mecenazgo privado pagado con los impuestos de todos. La justicia ha dejado claro que el interés general fue sustituido por el interés familiar, transformando la función pública en una extensión del salón de casa.
Culpable, pero el dinero se lo queda
Hay que tener valor, o una genealogía muy bien puesta, para que el sistema te regale un coche de lujo sin pedirte la llave. David Sánchez Pérez-Castejón ha logrado el 'hat-trick' de la impunidad administrativa: ha sido condenado por prevaricación, pero se queda con los 340.572 euros que cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Sí, ha sido culpable, pero el botín no se toca. Es el equivalente judicial a que te pillen robando el jamón en el súper y el juez te diga que, aunque te lleves la inhabilitación, el jamón ya ha sido digerido y no hace falta devolverlo. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado claro que, como la Fiscalía pidió el sobreseimiento desde el principio —básicamente, mirar para otro lado—, nadie pidió el dinero en el juicio. Para que David devolviera los fondos, el Ministerio Fiscal tendría que haber tenido la decencia de acusar, algo que no ocurrió. Así, mientras el ciudadano medio se pelea con Hacienda por un error de diez euros en la declaración, Sánchez se guarda un tesoro que empezó con 22.603,82 euros en 2017 y terminó escalando hasta los 57.627,07 euros en 2024. Todo esto por dirigir una 'Oficina de Artes Escénicas' que, según el propio interesado, no tenía oficina física. Un concepto vanguardista: cobrar un sueldo de jefe sin tener donde sentarse. El ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda, se lleva 18 años de inhabilitación, pero el premio gordo es la ausencia de responsabilidad civil. Ahora la pelota queda en el tejado de la Diputación de Badajoz o del Tribunal de Cuentas. A ver quién se atreve a pedir que devuelva el dinero después de que los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero ya le hubieran puesto los puntos sobre las íes a la magistrada Beatriz Biedma. Un final de película donde el villano es culpable, pero el botín es propiedad privada.
RTVE: De mujeres a 'personas con útero'
Imagínese que va al médico y, en lugar de decirle que tiene un resfriado, le informan de que su 'unidad orgánica de respiración' presenta una congestión. Suena a manual de instrucciones de un electrodoméstico chino, ¿verdad? Pues así es como RTVE ha decidido que debemos llamar a las mujeres. Ahora, en el ente público, el término 'mujer' es demasiado vintage. Lo nuevo es la 'persona con útero'. Un giro lingüístico que hace que el diccionario parezca un juego de Lego donde las piezas no encajan. El detonante fue el programa 'El Laboratorio de JAL' el pasado 9 de julio. Allí, el catedrático José Antonio López Guerrero soltó que la regla se repite unas 480 veces en la vida de una 'persona con útero'. Como si el útero fuera un accesorio opcional que se compra en el concesionario. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres no se quedó muda y llamó a la puerta de Beatriz Ariño, la Defensora de la Audiencia, denunciando una ingeniería lingüística que huele a despacho airelcondicionado y poca calle. Lo más cómico es la gimnasia mental del Observatorio de Igualdad. Mientras la anterior presidenta, Concepción Carcajosa, admitía que 'personas menstruantes' era una expresión nula que invisibilizaba a las mujeres, la nueva jefa, Mercedes de Pablos, abraza el término con un fervor casi religioso, citando una Guía de Igualdad de 2020 donde, curiosamente, el concepto ni siquiera aparece. Es el arte de inventar la norma mientras la aplicas. Pero la fiesta no termina aquí. RTVE ha decidido hacer un 'rebranding' de la historia. En el programa 'Grandes maricas y bolleras de la historia' del 1 de julio, Catalina de Erauso y Elena de Céspedes pasaron de ser mujeres notables a ser hombres trans por decreto editorial. Es como si mañana decidieran que Cervantes era un experto en marketing digital. Todo esto ocurre mientras en abril de 2025 TVE defendía la participación de atletas trans en categorías femeninas, ignorando la genética y abrazando la ideología, en un ecosistema donde cuestionar el relato te convierte, según la pluma de Pablo Iglesias, en 'gentuza' o 'nazi'.
Mundial 2030: El pacto secreto de Moncloa
Vender la casa para que el vecino no se enfade: así resume el manual de instrucciones de la Moncloa el reparto del Mundial 2030. Mientras a nosotros nos vendieron el cuento de que Marruecos entró en marzo de 2023 como un 'aporte estratégico' para sumar los votos de la CAF, la realidad es que el pastel se repartió en el verano de 2018, con la discreción de quien esconde un ticket de apuestas bajo la alfombra. Todo empezó con Luis Rubiales haciendo de lobista en el hotel Royal Tulip Tanger City Centre el 8 de julio de 2018. El exdirigente de la RFEF no solo se hospedó allí, sino que se dedicó a prometerle a la embajadora Karima Benyaich que era 'un hombre de palabra', asegurándole el 10 de junio que organizarían el torneo juntos. Fue un 'sablazo' a la exclusividad ibérica antes siquiera de que el proyecto estuviera en marcha. Lo más fascinante es el ritmo de la operación. Pedro Sánchez, recién aterrizado en la Moncloa tras la moción de censura, no tardó ni un mes en entrar al trapo. Rubiales le lanzó el anzuelo el mismo 8 de julio, definiendo el pacto como una 'cuestión de Estado'. Para el presidente, no era un problema de soberanía deportiva, sino un 'proyecto ilusionante'. Mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta corriente, Sánchez ya estaba gestionando la entrada de Rabat para engrasar las relaciones bilaterales y evitar tensiones fronterizas. El 19 de noviembre de 2018, el trato estaba cerrado: 'Los marroquíes están de acuerdo en echar a andar el proyecto del Mundial a tres!', escribió el mandatario. Cinco años después, el Rey Mohamed VI simplemente salió a recoger los laureles en Kigali, Ruanda, fingiendo que la idea acababa de nacer, cuando el contrato ya estaba firmado en el WhatsApp de los poderosos.
Ayuso: Madrid es el cajero de Sánchez
En el tablero político español, el Gran Premio de Madrid no es solo una carrera de monoplazas, es el nuevo campo de batalla donde Isabel Díaz Ayuso ha decidido pisar el acelerador del sarcasmo. La presidenta madrileña, en un desayuno del Nueva Economía Fórum, ha dejado claro que mientras Madrid monta el circo sin pedir un duro, el Gobierno de Pedro Sánchez parece tener una debilidad crónica por financiar el asfalto vecino. La cuenta es sencilla y escuece: cero euros para la capital frente a los 40 millones que las administraciones públicas han soltado en Montmeló. Ayuso maneja la narrativa con la precisión de un ingeniero de pista. Vende la F1 como una mina de oro que dejará 450 millones de euros anuales y 8.000 empleos, asegurando que el contribuyente madrileño no ha tenido que poner un céntimo. Es la eterna paradoja: Madrid se presenta como el emprendedor que monta el negocio con sus ahorros mientras el Estado actúa como el socio que solo paga la cena en Cataluña. Pero la presidenta no se queda en la pista. Ha sacado la calculadora para exponer lo que ella llama la 'estrategia de supervivencia' de la Moncloa. Según sus datos, el 91,8% de las subvenciones culturales directas aterrizan en Cataluña, dejando a Madrid con una migaja del 1,59%. Y si hablamos de deporte municipal desde 2023, el 100% de las ayudas estatales han ido al territorio catalán. Para Ayuso, Madrid no es una región, es el cajero automático del Gobierno, una entidad que suministra fondos pero que, a la hora de recibir el premio, se encuentra con la ventanilla cerrada. El mensaje es lapidario: la igualdad ante la ley ahora depende de cuántos escaños necesitas para no caerte del sillón presidencial.
41.000 fantasmas cobran la RGI vasca
Imagínese usted que tiene un agujero en el bolsillo por donde se escapan billetes mientras camina, y que, al mirar atrás, descubre que no es un agujero, sino una autopista. En el País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha decidido jugar al escondite, y el premio es el dinero público. Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, se ha dado cuenta de que tiene a 41.000 personas en modo 'fantasma'. Sí, cuarenta y un mil. Para que nos entendamos: es como si en una cena de diez amigos, uno se hubiera largao con la cartera de todos y nadie supiera dónde vive, pero el camarero sigue sirviéndole vino y caviar en su mesa vacía. El dato es demoledor: el 10% de los perceptores de la RGI están ilocalizados. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren un reciprocity la tasa de basuras, hay miles de expedientes donde el beneficiario podría estar viviendo en otra comunidad, haber cambiado de código postal sin avisar o, en el caso más surrealista, haber pasado a mejor vida mientras el cheque sigue llegando puntualmente. Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha tenido que tirar de solicitud oficial para que Lanbide confesara que ahora mismo están publicando notificaciones en boletines oficiales porque las vías habituales —ya saben, el teléfono o el correo— sirven para lo mismo que un cenicero en una moto. La hipocresía es deliciosa. Se habla de justicia social y de red de seguridad, pero la red tiene tantos agujeros que parece un colador. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de sus subsidios y el IMV, en el País Vasco gestionan la laxitud como si fuera una virtud. De Andrés pide suspender los pagos hasta que alguien encuentre a los desaparecidos, porque mantener el grifo abierto para gente que no sabemos si existe es, técnicamente, una ingeniería financiera del absurdo.
Funcionarios: el milagro de curarse con recortes
España es el país donde la salud es un concepto elástico. Resulta fascinante que seamos la potencia mundial en esperanza de vida, pero que nos pongamos la camiseta de la enfermedad justo los lunes. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a remover el avispero denunciando un 'cáncer' sistémico: la paradoja de cobrar lo mismo estando en el sofá que picando piedra en la oficina. Según Amat, en el ejercicio 2025 ya hay 1.789.369 personas que, técnicamente, no han pisado su puesto ni para saludar. Lo verdaderamente cómico ocurre cuando el dinero entra en juego. En 2012, Mariano Rajoy aplicó un tijeretazo quirúrgico con el Real Decreto-ley 20/2012. De repente, estar de baja dejó de ser un negocio redondo: los primeros tres días se pagaban al 50% y del cuarto al veinte al 75%. ¿El resultado? Un milagro médico sin precedentes. La salud de los funcionarios mejoró de golpe y el índice de bajas cayó un 25,08% entre 2012 y 2013, bajando de 26,31 a 19,71 procesos por cada 1.000 empleados. Era la prueba irrefutable de que el mejor analgésico contra el absentismo es que la cartera sufra un pequeño síncope. Pero el bienestar duró lo que duró el ahorro. En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que el bienestar era recuperar esos complementos del 100%. Y como si alguien hubiera soltado un gas tóxico en las oficinas públicas, las bajas volvieron a dispararse: un 11,81% en 2018 y un brutal 26,56% en 2019. Para 2025, el funcionario ya registra 43 procesos por cada 1.000 empleados, superando los 38,16 del sector privado. Mientras Yolanda Díaz y Mónica García se indignan por hablar de fraudes, el mercado de detectives especializados en 'cazar' enfermos en la playa crece más que la inflación. Al final, parece que en España la salud no depende de la medicina, sino de cuánto te complementan la nómina mientras descansas.
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