Crítica:
El texto es una declaración de guerra unilateral; falta la versión de la Moncloa para no comprar el relato completo de la presidenta. Es periodismo de altavoz, no de contraste.
Ayuso denuncia el "agravio" del Gobierno con la Fórmula 1: "cero euros" para Madrid y 40 millones para Cataluña
Ayuso: Madrid es el cajero de Sánchez
Otros artículos
41.000 fantasmas cobran la RGI vasca
Imagínese usted que tiene un agujero en el bolsillo por donde se escapan billetes mientras camina, y que, al mirar atrás, descubre que no es un agujero, sino una autopista. En el País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha decidido jugar al escondite, y el premio es el dinero público. Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, se ha dado cuenta de que tiene a 41.000 personas en modo 'fantasma'. Sí, cuarenta y un mil. Para que nos entendamos: es como si en una cena de diez amigos, uno se hubiera largao con la cartera de todos y nadie supiera dónde vive, pero el camarero sigue sirviéndole vino y caviar en su mesa vacía. El dato es demoledor: el 10% de los perceptores de la RGI están ilocalizados. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren un reciprocity la tasa de basuras, hay miles de expedientes donde el beneficiario podría estar viviendo en otra comunidad, haber cambiado de código postal sin avisar o, en el caso más surrealista, haber pasado a mejor vida mientras el cheque sigue llegando puntualmente. Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha tenido que tirar de solicitud oficial para que Lanbide confesara que ahora mismo están publicando notificaciones en boletines oficiales porque las vías habituales —ya saben, el teléfono o el correo— sirven para lo mismo que un cenicero en una moto. La hipocresía es deliciosa. Se habla de justicia social y de red de seguridad, pero la red tiene tantos agujeros que parece un colador. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de sus subsidios y el IMV, en el País Vasco gestionan la laxitud como si fuera una virtud. De Andrés pide suspender los pagos hasta que alguien encuentre a los desaparecidos, porque mantener el grifo abierto para gente que no sabemos si existe es, técnicamente, una ingeniería financiera del absurdo.
Funcionarios: el milagro de curarse con recortes
España es el país donde la salud es un concepto elástico. Resulta fascinante que seamos la potencia mundial en esperanza de vida, pero que nos pongamos la camiseta de la enfermedad justo los lunes. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a remover el avispero denunciando un 'cáncer' sistémico: la paradoja de cobrar lo mismo estando en el sofá que picando piedra en la oficina. Según Amat, en el ejercicio 2025 ya hay 1.789.369 personas que, técnicamente, no han pisado su puesto ni para saludar. Lo verdaderamente cómico ocurre cuando el dinero entra en juego. En 2012, Mariano Rajoy aplicó un tijeretazo quirúrgico con el Real Decreto-ley 20/2012. De repente, estar de baja dejó de ser un negocio redondo: los primeros tres días se pagaban al 50% y del cuarto al veinte al 75%. ¿El resultado? Un milagro médico sin precedentes. La salud de los funcionarios mejoró de golpe y el índice de bajas cayó un 25,08% entre 2012 y 2013, bajando de 26,31 a 19,71 procesos por cada 1.000 empleados. Era la prueba irrefutable de que el mejor analgésico contra el absentismo es que la cartera sufra un pequeño síncope. Pero el bienestar duró lo que duró el ahorro. En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que el bienestar era recuperar esos complementos del 100%. Y como si alguien hubiera soltado un gas tóxico en las oficinas públicas, las bajas volvieron a dispararse: un 11,81% en 2018 y un brutal 26,56% en 2019. Para 2025, el funcionario ya registra 43 procesos por cada 1.000 empleados, superando los 38,16 del sector privado. Mientras Yolanda Díaz y Mónica García se indignan por hablar de fraudes, el mercado de detectives especializados en 'cazar' enfermos en la playa crece más que la inflación. Al final, parece que en España la salud no depende de la medicina, sino de cuánto te complementan la nómina mientras descansas.
Zapatero: Vuelos secretos y 'saltos' a Caracas
Hay quienes viajan para descubrir el mundo y quienes lo hacen para jugar al Monopoly con la diplomacia real. José Luis Rodríguez Zapatero, con la soltura de quien pide un café en el bar de siempre, organizó el 31 de julio de 2025 un 'viaje exprés' a República Dominicana. Pero no se confundan: Santo Domingo no era el destino, sino la sala de espera de un aeropuerto sofisticado. El objetivo real era Caracas, el terreno donde las 'muy buenas noticias' suelen escribirse con tinta invisible y acuerdos de pasillo. Para este despliegue de ingeniería logística, Zapatero contó con Juan Segovia, el hombre de confianza de José Bono y experto en abrir puertas que para el ciudadano común están blindadas. Mientras nosotros peleamos con la web de Renfe, el expresidente coordinaba con su secretaria, Gertrudis Alcázar, el famoso 'vuelo salto'. Un término casi tierno para describir el tránsito hacia Venezuela en una aeronave privada vinculada a PDVSA. Nada de filas en el control de pasaportes ni estrés por el equipaje; aquí se viaja con la discreción de un agente 007, durmiendo en casas privadas para evitar que el hotel se convierta en un escenario periodístico. El calendario es el verdadero delator. El viaje ocurrió apenas dos meses después de las cuestionables elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela. Mientras la oposición llamaba a la abstención, Zapatero aterrizaba en el Caribe para gestionar intereses de empresas con fondos bloqueados o, quizás, para hacer de puente con el régimen de Maduro. Todo coordinado por Segovia, que vive en Dominicana asesorando al presidente Luis Abinader gracias a los contactos de Bono. Un ecosistema perfecto donde la política se mezcla con los negocios y el 'resarcirse de la basura y mentiras' se traduce en asegurar que el flujo de favores no se detenga.
López: Cese para el rival, abrazo al colega
Hay una gimnasia mental que solo los políticos dominan: la capacidad de pedir la cabeza de alguien mientras protegen el cuello de los suyos con almohadones de seda. Óscar López ha decidido que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, debe hacer las maletas inmediatamente tras ser imputado por acoso laboral y sexual. El ministro, con la indignación bien puesta, lanza dardos a Isabel Díaz Ayuso acusándola de proteger al 'acosador'. Es un relato redondo, casi cinematográfico, si no fuera porque la memoria de López tiene más agujeros que un colador viejo. Resulta fascinante que el mismo hombre que exige dimisiones quirúrgicas para el rival, se vuelva sordo y mudo cuando el expediente tiene el logo del PSOE. De los 126 investigados vinculados al partido, López ha aplicado la técnica del 'no pasa nada' a casi todos, salvo a los ya condenados como José Luis Ábalos y Koldo García. Cuando Juan Manuel Serrano fue imputado este viernes, la respuesta fue un bostezo institucional: el gobierno está 'absolutamente tranquilo'. Es el equivalente político a que te pillen con la mano en la caja y respondas que 'no tienes nada que temer' mientras sigues cogiendo billetes. La cosa escala al nivel del surrealismo. López ha defendido al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, llamándolo 'íntegro' incluso cuando la sentencia decía lo contrario. Para él, los sumarios judiciales son casi novelas dignas del Premio Planeta, sugiriendo que los jueces inventan tramas literarias para hundir al gobierno. Ha puesto la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero basándose en que lo conoce desde hace 26 años, como si la amistad fuera un eximente penal. Mientras para el alcalde de Móstoles la imputación es el fin del camino, para los suyos es simplemente un malentendido redactado con mala letra por la UDEF.
Sánchez: Libertad para el Rey, cárcel para mi muñeco
Hay un arte exquisito en la gimnasia mental de Moncloa. Pedro Sánchez ha decidido que es hora de limpiar el Código Penal de esas reliquias que protegen a la Corona, al Himno y a las instituciones. El PSOE y Sumar se han dado la mano en el Congreso para que quemar la foto de los Reyes sea tan legal como comprar el pan, basándose en que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el fuego no es delito si la víctima es un monarca. Una oda a la libertad de expresión, ¿verdad? Pero aquí llega el giro de guion digno de un Oscar al narcisismo. Mientras el Gobierno bosteza ante los muñecos del Rey ardiendo en Cataluña, Sánchez se puso la capa de víctima cuando alguien decidió darle una paliza a un muñeco de trapo que lo representaba a él en la Nochevieja de 2023 frente a Ferraz. Para el Rey, la crítica es 'democracia'; para el muñeco de Pedro, fue una 'proclamación expresa de odio' y una 'ceremonia de escarnio'. La maquinaria judicial se puso en marcha con un entusiasmo envidiable. Tras un cierre inicial, la Audiencia Provincial de Madrid y el propio presidente —actuando como acusación particular— insistieron en que el caso no podía morir. En septiembre de 2025, el Juzgado de Instrucción 26 reabrió la causa por amenazas. Es fascinante la lógica: el Rey puede soportar el fuego porque tiene poder, pero el muñeco de Sánchez no puede soportar un palo porque eso es 'violencia explícita'. Básicamente, Sánchez nos vende que la libertad de expresión es un buffet libre para todos, excepto para quien se atreva a maltratar a su versión de felpa.
Sinfonía de lujos y sentencias en Moncloa
Hay gente que espera la sentencia de un juicio con los nervios destrozados y una maleta lista. Otros, como David Sánchez, lo hacen componiendo melodías en el Palacio de La Moncloa, rodeados de un aura de impunidad que ya quisiera cualquier aristócrata. Mientras la Audiencia de Badajoz decide si el músico se ha pasado de frenada con la prevaricación y el tráfico de influencias por su contrato en la Diputación de Badajoz, el hombre se relaja con un piano Kawai K-600. Para que nos entendamos: el instrumento cuesta 12.000 euros, una cifra que para el ciudadano de a pie supone varios meses de alquiler o una compra del súper para todo el año, pero que aquí es simplemente 'mobiliario de Patrimonio Nacional'. El escenario es digno de una película de época: suelos de mármol rojizo, molduras blancas y una alfombra persa que probablemente ha visto más secretos de Estado que cualquier asesor. Pero el detalle surrealista no es el piano japonés, sino la mesa. David compone sus piezas sobre un mueble histórico que fue regalo de Juan Carlos I y donde Adolfo Suárez y Felipe González gestionaron el destino de España en sus Consejos de Ministros. Pasar de gestionar la democracia a apoyar partituras es un salto conceptual fascinante. Todo esto ocurre mientras en el aire flotan sospechas mucho más turbias. La Audiencia Nacional rastrea los planes de Leire Díez —la 'fontanera' del PSOE— para espiar a la magistrada Beatriz Biedma, y se rumorea que la Guardia Civil recibió órdenes de ignorar correos como 'pedrosanchez1212'. Entre la ingeniería financiera de la Diputación pacense y los intentos de neutralizar la justicia, David Sánchez sigue tocando el piano. Al final, el ritmo de la justicia es lento, pero el del piano Kawai es impecable.
Supremo tumba otro enchufe en Badajoz
En la Diputación de Badajoz, el concepto de 'meritocracia' parece haberse confundido con el de 'árbol genealógico'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración para conseguir una cita médica, algunos logran que el currículum sea un simple trámite familiar. El Tribunal Supremo, en una providencia del 6 de mayo de 2026, ha puesto el punto final a la fantasía de Ana Filipa Filipe Domingues. La nuera de Francisco Mendoza Sánchez, ex delegado del Gobierno en Extremadura, ha visto cómo su intento de salvar un nombramiento cuestionable se estrellaba contra la realidad jurídica. El magistrado José Luis Requero y el presidente Pablo Lucas no han tenido piedad: el recurso de casación estaba tan mal fundamentado que ni siquiera merecía entrar en el juego. Es el clásico caso de intentar tapar el sol con un dedo, pero con un dedo que no sabe escribir derecho. El Supremo ha dejado claro que no está para analizar 'defectos de forma' en escritos que no aportan nada nuevo, condenando además a la recurrente a pagar las costas procesales, con un tope de 500 euros más IVA por cada parte. Un sablazo final, aunque ridículo comparado con el valor de una plaza de funcionario. Este episodio es el espejo deformante del 'caso del hermanísimo' de Pedro Sánchez en la misma institución. Si bien uno va por la vía penal y el otro por la contencioso-administrativa, el aroma es el mismo: el uso de la maquinaria pública como una agencia de colocación privada. Francisco Mendoza Sánchez, quien ya tiene a varios familiares en la Diputación y en Promedio, intentó blindar a su nuera portuguesa mediante un examen corregido 'a medida', una maniobra que el TSJ de Extremadura ya había dinamitado en 2024. Ahora, la Diputación de Badajoz tiene la sentencia firme en la mesa y el dilema de si ejecutarla de oficio o esperar a que alguien se atreva a denunciar, sabiendo que en esos pasillos el miedo a las represalias es el combustible principal.
Comentarios