Crítica:
El texto original es una mina de oro de irregularidades, pero el periodista se queda corto al no cuantificar el coste exacto del salario percibido. Es un festín de hipocresía institucional servido en bandeja de plata.
La sentencia acredita que se usaron «los impuestos de todos» para financiar los «caprichos» y «antojos» del hermano de Sánchez
El 'traje a medida' del hermano de Sánchez
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Hacienda: ceguera selectiva con el entorno Zapatero
En España existe una especie de magia fiscal que solo funciona para los elegidos. Mientras el ciudadano medio vive con el pánico de que un error de un céntimo en la declaración le active una 'paralela' de Hacienda —esas cartas que llegan al buzón como una sentencia de muerte financiera—, el sistema parece desarrollar una ceguera selectiva cuando el apellido es el adecuado. Entre 2020 y 2023, la AEAT se dedicó a cazar errores en tres millones de expedientes: 722.148 en 2020, 740.564 en 2021, 792.992 en 2022 y 746.819 en 2023. Un despliegue de precisión quirúrgica para apretar el cuello del pequeño contribuyente. Pero entonces aparece Julio Martínez. El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero operaba una red de una veintena de empresas y cobraba sueldos que triplicaban los 22.000 euros del mínimo legal para declarar. ¿Su hazaña? Pasar cuatro años seguidos sin presentar el IRPF. Ni una alerta, ni un aviso, ni un susurro informático. El señor Martínez pagaba alquileres de miles de euros en la calle Diego de León mientras sus cuentas declaradas estaban a cero. Es el equivalente financiero a caminar desnudo por la Gran Vía y que el Ayuntamiento jure que no ha visto nada. Soledad Fernández Doctor, exdirectora de la Agencia Tributaria, tuvo que admitir el 13 de julio de 2026 ante el Senado que aquello fue un «lamentable error». Un error muy conveniente, considerando que Martínez movía Analysis Relevante y presuntas comisiones por el rescate de Plus Ultra. Ahora, que el ruido es insoportable, Hacienda ha decidido activar la maquinaria retroactiva sobre el patrimonio de Martínez, Zapatero y su familia. Lo curioso es que el software que detecta un error en la deducción de una cuota escolar funciona a la perfección; el que detecta a un empresario fantasma con veinte sociedades, parece que necesita una actualización de software... o un contacto político.
El banco de radiadores de Julito
Hay quienes guardan la letra del alquiler en un sobre bajo el colchón, y luego está Julio Martínez Martínez, alias 'Julito'. Este caballero, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, decidió convertir su ático de la milla de oro de Madrid en una sucursal bancaria de guerrilla, donde la seguridad no dependía de claves biométricas, sino de bolsas de tela escocesa y cajas de vasos. El 11 de diciembre, la UDEF entró en el domicilio y se encontró con un escenario digno de una película de serie B: 286.070 euros repartidos por la casa como quien esconde dulces en Navidad. La logística era, sencillamente, delirante. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, Julito tenía 540 euros abandonados sobre la encimera del lavabo, como si fueran el jabón de manos. En el baño, una mochila deportiva y una bolsa de papel custodiaban 74.900 euros; en el salón, una bolsa de viaje escocesa guardaba 4.550 euros. Pero el toque maestro llegó con el radiador, donde 50.000 euros se calentaban cómodamente, y cinco sobres con caligrafía china que sumaban otros 50.000 euros, etiquetados con una precisión que haría envidiar a cualquier gestor. Lo más fascinante es la 'ingeniería financiera' de la defensa. Julito alega que el dinero viene de la venta de un inmueble por unos 350.000 euros. Claro, porque hoy en día, cuando vendes un piso, lo normal es evitar la transferencia bancaria para preferir el método 'fajo en la caja de mudanza'. Según THE OBJECTIVE, el sujeto admitió que había más pasta que la incautada, sugiriendo que unos 100.000 euros adicionales lograron esquivar el radar policial. Un agujero contable doméstico que deja en ridículo cualquier intento de justificación legal.
Culpable, pero el dinero se lo queda
Hay que tener valor, o una genealogía muy bien puesta, para que el sistema te regale un coche de lujo sin pedirte la llave. David Sánchez Pérez-Castejón ha logrado el 'hat-trick' de la impunidad administrativa: ha sido condenado por prevaricación, pero se queda con los 340.572 euros que cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Sí, ha sido culpable, pero el botín no se toca. Es el equivalente judicial a que te pillen robando el jamón en el súper y el juez te diga que, aunque te lleves la inhabilitación, el jamón ya ha sido digerido y no hace falta devolverlo. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado claro que, como la Fiscalía pidió el sobreseimiento desde el principio —básicamente, mirar para otro lado—, nadie pidió el dinero en el juicio. Para que David devolviera los fondos, el Ministerio Fiscal tendría que haber tenido la decencia de acusar, algo que no ocurrió. Así, mientras el ciudadano medio se pelea con Hacienda por un error de diez euros en la declaración, Sánchez se guarda un tesoro que empezó con 22.603,82 euros en 2017 y terminó escalando hasta los 57.627,07 euros en 2024. Todo esto por dirigir una 'Oficina de Artes Escénicas' que, según el propio interesado, no tenía oficina física. Un concepto vanguardista: cobrar un sueldo de jefe sin tener donde sentarse. El ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda, se lleva 18 años de inhabilitación, pero el premio gordo es la ausencia de responsabilidad civil. Ahora la pelota queda en el tejado de la Diputación de Badajoz o del Tribunal de Cuentas. A ver quién se atreve a pedir que devuelva el dinero después de que los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero ya le hubieran puesto los puntos sobre las íes a la magistrada Beatriz Biedma. Un final de película donde el villano es culpable, pero el botín es propiedad privada.
Vallas en el mar o colapso total
Resulta fascinante cómo el derecho administrativo puede convertir un operativo de frontera en un laberinto de papeleo mientras el mar sigue ahí, imperturbable. El Tribunal Supremo ha decidido que, si un inmigrante llega a nado a Ceuta, no se le puede devolver 'en caliente'. ¿El motivo? No ha saltado ninguna valla. Para la justicia, si no hay un muro físico que escalar, el rechazo exprés es un invento ilegal. Así, un ciudadano argelino interceptado en noviembre de 2024 terminó de dinamitar un sistema que la Guardia Civil usaba como un borrador: llegas, te vemos, te devuelves. Fin de la historia. Ahora, la Benemérita y la Policía Nacional miran el horizonte con el pánico en los ojos. Pasar de una devolución inmediata a un procedimiento ordinario es como pasar de pagar el café en efectivo a rellenar un formulario de tres páginas para cada espresso. El colapso es la palabra de moda. Los datos son demoledores: en 2025 hubo más de 10.000 rescates en el mar, con picos de 700 nadadores en una sola semana durante el verano. Si a esto le sumamos que las llegadas terrestres subieron un 164% entre enero y junio (2.582 personas), el Ministerio del Interior tiene un agujero operativo del tamaño del Estrecho. Lo más cínico es que el Gobierno, liderado por Fernando Grande-Marlaska, tuvo la oportunidad de parchear esta ley en marzo de 2025 cuando redistribuían a los menores, pero prefirieron el silencio administrativo para evitar el ruido político. Mientras tanto, la AUGC y el SUP piden a gritos refuerzos y protocolos, mientras el Supremo, con una ironía exquisita, sugiere que si el Estado quiere seguir devolviendo gente, quizá debería instalar vallas flotantes en el mar. Básicamente, que compren el muro acuático o se preparen para que la burocracia se ahogue en el intento.
RTVE: De mujeres a 'personas con útero'
Imagínese que va al médico y, en lugar de decirle que tiene un resfriado, le informan de que su 'unidad orgánica de respiración' presenta una congestión. Suena a manual de instrucciones de un electrodoméstico chino, ¿verdad? Pues así es como RTVE ha decidido que debemos llamar a las mujeres. Ahora, en el ente público, el término 'mujer' es demasiado vintage. Lo nuevo es la 'persona con útero'. Un giro lingüístico que hace que el diccionario parezca un juego de Lego donde las piezas no encajan. El detonante fue el programa 'El Laboratorio de JAL' el pasado 9 de julio. Allí, el catedrático José Antonio López Guerrero soltó que la regla se repite unas 480 veces en la vida de una 'persona con útero'. Como si el útero fuera un accesorio opcional que se compra en el concesionario. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres no se quedó muda y llamó a la puerta de Beatriz Ariño, la Defensora de la Audiencia, denunciando una ingeniería lingüística que huele a despacho airelcondicionado y poca calle. Lo más cómico es la gimnasia mental del Observatorio de Igualdad. Mientras la anterior presidenta, Concepción Carcajosa, admitía que 'personas menstruantes' era una expresión nula que invisibilizaba a las mujeres, la nueva jefa, Mercedes de Pablos, abraza el término con un fervor casi religioso, citando una Guía de Igualdad de 2020 donde, curiosamente, el concepto ni siquiera aparece. Es el arte de inventar la norma mientras la aplicas. Pero la fiesta no termina aquí. RTVE ha decidido hacer un 'rebranding' de la historia. En el programa 'Grandes maricas y bolleras de la historia' del 1 de julio, Catalina de Erauso y Elena de Céspedes pasaron de ser mujeres notables a ser hombres trans por decreto editorial. Es como si mañana decidieran que Cervantes era un experto en marketing digital. Todo esto ocurre mientras en abril de 2025 TVE defendía la participación de atletas trans en categorías femeninas, ignorando la genética y abrazando la ideología, en un ecosistema donde cuestionar el relato te convierte, según la pluma de Pablo Iglesias, en 'gentuza' o 'nazi'.
Mundial 2030: El pacto secreto de Moncloa
Vender la casa para que el vecino no se enfade: así resume el manual de instrucciones de la Moncloa el reparto del Mundial 2030. Mientras a nosotros nos vendieron el cuento de que Marruecos entró en marzo de 2023 como un 'aporte estratégico' para sumar los votos de la CAF, la realidad es que el pastel se repartió en el verano de 2018, con la discreción de quien esconde un ticket de apuestas bajo la alfombra. Todo empezó con Luis Rubiales haciendo de lobista en el hotel Royal Tulip Tanger City Centre el 8 de julio de 2018. El exdirigente de la RFEF no solo se hospedó allí, sino que se dedicó a prometerle a la embajadora Karima Benyaich que era 'un hombre de palabra', asegurándole el 10 de junio que organizarían el torneo juntos. Fue un 'sablazo' a la exclusividad ibérica antes siquiera de que el proyecto estuviera en marcha. Lo más fascinante es el ritmo de la operación. Pedro Sánchez, recién aterrizado en la Moncloa tras la moción de censura, no tardó ni un mes en entrar al trapo. Rubiales le lanzó el anzuelo el mismo 8 de julio, definiendo el pacto como una 'cuestión de Estado'. Para el presidente, no era un problema de soberanía deportiva, sino un 'proyecto ilusionante'. Mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta corriente, Sánchez ya estaba gestionando la entrada de Rabat para engrasar las relaciones bilaterales y evitar tensiones fronterizas. El 19 de noviembre de 2018, el trato estaba cerrado: 'Los marroquíes están de acuerdo en echar a andar el proyecto del Mundial a tres!', escribió el mandatario. Cinco años después, el Rey Mohamed VI simplemente salió a recoger los laureles en Kigali, Ruanda, fingiendo que la idea acababa de nacer, cuando el contrato ya estaba firmado en el WhatsApp de los poderosos.
Ayuso: Madrid es el cajero de Sánchez
En el tablero político español, el Gran Premio de Madrid no es solo una carrera de monoplazas, es el nuevo campo de batalla donde Isabel Díaz Ayuso ha decidido pisar el acelerador del sarcasmo. La presidenta madrileña, en un desayuno del Nueva Economía Fórum, ha dejado claro que mientras Madrid monta el circo sin pedir un duro, el Gobierno de Pedro Sánchez parece tener una debilidad crónica por financiar el asfalto vecino. La cuenta es sencilla y escuece: cero euros para la capital frente a los 40 millones que las administraciones públicas han soltado en Montmeló. Ayuso maneja la narrativa con la precisión de un ingeniero de pista. Vende la F1 como una mina de oro que dejará 450 millones de euros anuales y 8.000 empleos, asegurando que el contribuyente madrileño no ha tenido que poner un céntimo. Es la eterna paradoja: Madrid se presenta como el emprendedor que monta el negocio con sus ahorros mientras el Estado actúa como el socio que solo paga la cena en Cataluña. Pero la presidenta no se queda en la pista. Ha sacado la calculadora para exponer lo que ella llama la 'estrategia de supervivencia' de la Moncloa. Según sus datos, el 91,8% de las subvenciones culturales directas aterrizan en Cataluña, dejando a Madrid con una migaja del 1,59%. Y si hablamos de deporte municipal desde 2023, el 100% de las ayudas estatales han ido al territorio catalán. Para Ayuso, Madrid no es una región, es el cajero automático del Gobierno, una entidad que suministra fondos pero que, a la hora de recibir el premio, se encuentra con la ventanilla cerrada. El mensaje es lapidario: la igualdad ante la ley ahora depende de cuántos escaños necesitas para no caerte del sillón presidencial.
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