La noticia es un festín de filtraciones que expone el funcionamiento 'de guerrilla' del Gobierno, aunque brilla por la ausencia de contexto sobre la fuente original de los chats. El título es efectivo, pero el contenido es puro morbo administrativo.
Hacer una ley es como comprar un mueble de IKEA: el manual dice una cosa, pero si tienes un primo que sabe de herramientas, acabas montando un castillo donde solo cabía una silla. La Ley de Memoria Democrática nació el 5 de octubre con un propósito noble y quirúrgico: reparar el daño a los exiliados del franquismo. Pero claro, la nobleza no da votos, y la ingeniería política prefiere los chalecos abiertos. Aquí entra en juego la 'magia' de la instrucción firmada el 25 de octubre por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con un trazo de pluma, Puente convirtió un filtro selectivo en un coladero industrial. De repente, ya no hacía falta haber sufrido el exilio por razones políticas o ideológicas; bastaba con que un antepasado hubiera sido español. Es el equivalente administrativo a decir que solo entrarán al club los que tengan invitación, pero luego dejar la puerta abierta y poner un cartel de 'bienvenidos todos'. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, lo ha confesado en Radio Nacional argentina con una naturalidad pasmosa: no tenían la fuerza en las Cámaras para aprobar una ley de nacionalidad integral, así que usaron la Ley de Nietos como caballo de Troya. El resultado es un festín genealógico donde tataranietos de emigrantes que se fueron a buscar fortuna hace un siglo ahora reclaman el pasaporte rojizo. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un DNI, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y 557.709 ya tienen el visto bueno. No es memoria histórica; es una expansión de cartera electoral disfrazada de justicia, donde el árbol genealógico se ha convertido en el mejor activo financiero para ganar elecciones.
El Gobierno ha montado un sistema de acogida que parece más un buffet libre de ingeniería financiera que un plan de ayuda humanitaria. En el polígono Villa de Vallecas, el Hostal Welcome se ha convertido en la mina de oro de turno, facturando 3,3 millones de euros anuales mientras el Estado paga la fiesta. La paradoja es tan gorda que no cabe en la habitación: mientras el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, nos vende que aquí se refugia a personas huyendo de bombas y persecuciones, los propios huéspedes —hombres adultos de Senegal, Gambia o Guinea Bissau— confiesan con una naturalidad pasmosa que en sus países no hay guerra. Básicamente, el Estado está pagando el alquiler de un hotel a gente que no cumple los requisitos, mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca una hipoteca. La Cruz Roja gestiona el tinglado, pero hay sociedades mercantiles que se están haciendo el agosto con el dinero público, convirtiendo la miseria ajena en un balance empresarial envidiable. El trato es sencillo: alojamiento, comida en restaurantes cercanos y una asignación de 50 euros al mes, que es lo que uno se gasta hoy en día en un par de cafés y un bocadillo si tiene suerte. Lo más cínico es el ciclo de vida del 'refugiado': pasan unos meses en el hotel, reciben el móvil cortesía de la casa y, cuando el presupuesto se agota o el plazo expira, el Gobierno los suelta en la calle, ya sea en Carabanchel o donde caigan, sin un duro y sin rumbo. Un despliegue de generosidad pública que empieza con millones en facturas hoteleras y termina con la misma desidia de siempre.
El Ministerio del Interior ha intentado jugar al Tetris con la seguridad nacional y el resultado es un tablero vacío. Estamos en plena Operación Paso del Estrecho (OPE), ese momento del año donde Ceuta se convierte en el embudo de Europa, y el refuerzo policial en el Tarajal ha sido, sencillamente, un chiste. De las 20 plazas previstas para reforzar la frontera, solo han aterrizado tres. Tres. Para que nos entendamos: es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de yogur mientras el agua sigue cayendo a chorros. ¿Cuál es el truco de esta ingeniería financiera? El Gobierno decidió que los agentes desplazados desde la Península no tendrían derecho a dietas ni ayudas para alojamiento. Básicamente, le pidieron a los policías que pagaran de su bolsillo el placer de trabajar tres meses en una ciudad donde el alquiler en verano sube más que la fiebre de un niño. Nadie es tan tonto como para aceptar un contrato donde el sueldo se lo come el dueño del piso. De hecho, los tres valientes que aceptaron ya tenían casa o familia allí; el refuerzo exterior fue un espejismo. Mientras tanto, la Guardia Civil sí cobra sus compensaciones, creando una brecha de hipocresía institucional que huele a cerrado. Ahora, la plantilla ordinaria tiene que gestionar a 550.000 pasajeros y 128.000 vehículos, soportando jornadas infinitas y cambios de turno improvisados que parecen sacados de una pesadilla laboral. Y para añadirle sal a la herida, llega el sistema europeo EES con sus controles biométricos, que básicamente significa que cada pasajero tarda más en pasar. El diputado Javier Celaya ya ha pedido cuentas en el Congreso, pero mientras el Gobierno busca la respuesta, los agentes en el Tarajal siguen haciendo malabares con la seguridad de la frontera sur.
En el Principado de Asturias han decidido que saber de educación infantil es un don místico que solo posee el 10% de la población. No es que los aspirantes hayan ido al examen a dibujar nubes; es que la Consejería de Educación ha ejecutado una purga administrativa que haría palidecer a cualquier inquisidor. Imagínate que vas al supermercado y, al llegar a la caja, el cajero te dice que tu dinero no es 'moneda evaluable' y te echa de la tienda sin decirte por qué. Pues eso es el 'no 25%': una etiqueta humillante que significa que ni siquiera llegas al 1,25 sobre 5, dejándote sin nota numérica y, sobre todo, sin dignidad. La aritmética del absurdo es fascinante. Tenemos 1.680 valientes peleando por unas miserables 79 plazas. Para gestionar este caos, montaron 28 tribunales donde la lotería es la única regla clara: mientras en un tribunal aprobaron 16 personas, en otro solo tres. ¿Cómo es posible que el 90% de los futuros maestros sean repentinamente analfabetos funcionales? Es más probable que haya caído un meteorito sobre los libros de texto que encontrar una tasa de suspensos tan obscena de forma natural. Lo mejor es el 'timing' burocrático. La administración dice que las alegaciones se hacen al final del proceso. Es como si te atropellara un autobús y el conductor te dijera que puedes reclamar el seguro una vez que te hayan incinerado. Jorge Caro, de la CSIF, ya huele que esto no es un error de dedo, sino un patrón generalizado. Entre criterios arbitrarios y la imposibilidad de ver los errores, el sistema no busca el mejor talento, sino filtrar la cantidad de gente para que el presupuesto no sufra un ataque de pánico. Una gestión tan transparente que es invisible.
La FIFA tiene la agilidad de un atleta olímpico cuando conviene y la lentitud de un trámite burocrático en lunes cuando el asunto huele mal. Mientras el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá se convierte en un festival de decisiones arbitrales creativas —como ese pase de Argentina frente a Egipto donde el VAR decidió hacer un retiro anticipado—, en Bruselas empiezan a soplar vientos incómodos. El Parlamento Europeo ha decidido que ya basta de mirar para otro lado y pide cuentas sobre el caso Balogun. Resulta que el futbolista norteamericano fue expulsado, pero la sanción se esfumó más rápido que el sueldo el día uno después de que Donald Trump le susurrara al oído a Gianni Infantino. La UEFA, por supuesto, el 6 de julio se alineó con el guion y aplaudió la jugada. Pero aquí llega la parte donde la hipocresía se vuelve deporte de élite. Cuando se trata de limpiar la imagen, la FIFA es un rayo: fulminaron a Blatter y Platini en 2015 y borraron a Rubiales del mapa por el caso Jenni Hermoso sin esperar al juez. Sin embargo, ante el caso Negreira, el organismo se ha quedado en modo avión. A pesar de que la Agencia Tributaria ha certificado un agujero contable de 8,4 millones de euros y que el propio Infantino lo llamó 'uno de los mayores escándalos del fútbol mundial', la acción disciplinaria es inexistente. Florentino Pérez ya ha enviado un informe de 500 páginas a la UEFA, básicamente un recordatorio de que la ley no debería ser un buffet libre. Entre el Convenio Macolin, firmado el 18 de septiembre de 2014 para evitar que el deporte sea una puesta en escena, y la Confad española, que parece haber olvidado informar sobre Negreira, el fútbol internacional opera con una doble vara. El informe 'Pelícano 2.0' lo deja claro: la limpieza en la FIFA depende de quién firme la carta o de cuántos millones se hayan movido bajo la mesa.
Imaginen que organizan una cena privada en casa y, para que el vecino cotilla no escuche los secretos de familia, deciden apagar el Wi-Fi y cerrar las persianas con candado. Pues eso, pero a escala geopolítica y con el presupuesto de un país pequeño. Durante la cumbre de la OTAN en Madrid, los días 29 y 30 de junio de 2022, la Moncloa decidió que el aire de IFEMA estaba demasiado 'contaminado' de tecnología china. La orden fue clara: apagar las antenas de Huawei. No fue un apagón general, sino un sablazo quirúrgico a la marca de Shenzhen para que los jefes de Estado pudieran hablar de secretos militares sin que Pekín anotara los apuntes en una libreta invisible. Mientras nosotros peleamos con el operador para que el 5G llegue al salón, Telefónica, Orange y Vodafone tuvieron que jugar al juego del escondite tecnológico. La OTAN, que no se fía ni de su sombra, desplegó su propio sistema de conectividad cifrado y satelital, dejando la red comercial en el cajón. Todo esto mientras el Ejecutivo español evaluaba, siguiendo el manual de la Comisión Europea, meter a Huawei en la lista de 'proveedores de alto riesgo'. Es la clásica danza de la hipocresía: usamos sus equipos para que el móvil no se corte en el ascensor, pero cuando llegan los americanos y llaman a China 'desafío sistémico', la tecnología asiática pasa de ser un avance prodigioso a ser un micrófono oculto en el jarrón. El veto, que empezó con Donald Trump y Joe Biden mantuvo, terminó por aterrizar en Madrid con la sutileza de un mazo, dejando claro que en la alta política, la seguridad no se negocia, se apaga con un interruptor.
En el tablero del Ministerio del Interior, mover fichas es un deporte nacional, aunque a veces parezca que juegan al Tetris con la vida de la gente. En Roquetas de Mar, la jugada es sencilla: fuera la Guardia Civil, hola Policía Nacional. El general Luis Ortega y el coronel José Antonio Carvajal han soltado la bomba el pasado miércoles: 180 guardias civiles y sus familias tienen que hacer las maletas para dejar paso a 210 efectivos de la Nacional. En el papel, parece una mejora; en la calle, suena a cambiar el color del uniforme sin que el ciudadano note más seguridad en el bolsillo. Lo absurdo de la maniobra es que no es un ajuste técnico, es un 'sablazo' organizativo. La AUGC recuerda que esta unidad es una máquina de picar piedra: más de 12.000 diligencias y 1.000 detenidos al año. Desmantelar eso no es optimizar, es borrar un mapa que ya funcionaba. Es como si en tu casa, teniendo un coche que arranca a la primera, decidieras venderlo para comprar otro idéntico pero de otro color, obligando a toda la familia a mudarse de barrio en el proceso. La hipocresía alcanza su punto máximo cuando recordamos que en El Ejido el modelo de competencias compartidas funciona sin incendios. ¿Por qué aquí no? Porque parece que la Dirección General de la Guardia Civil prefiere el 'todo o nada' antes que la convivencia. Mientras la Secretaría de Estado de Seguridad decía en febrero que nadie se iba, cinco meses después el 'destierro' es la única opción sobre la mesa. El lunes 13 de julio, los agentes se concentrarán en el cuartel para protestar contra este juego de sillas musicales donde el único que pierde es el agente que ve cómo su conciliación familiar se esfuma por una decisión tomada en un despacho de Madrid.
Comentarios