El texto original es un ejercicio de equidistancia aburrida que maquilla un rescate encubierto con tecnicismos fiscales. Le falta valentía para llamar 'cheque en blanco' a una medida que simplemente socializa las pérdidas de una gestión nefasta.
Parece que el árbol genealógico de los líos judiciales de Begoña Gómez sigue echando ramas. El juez Juan Carlos Peinado acaba de abrir una pieza separada para investigar un nuevo contrato de Red.es, un movimiento que huele a 'segunda vuelta' en un partido donde el premio no son trofeos, sino fondos públicos. Aquí entramos en el terreno de la ingeniería administrativa: un contrato para el 'Servicio de oficina Acelera Pyme' que terminó en manos de la UTE formada por Innova Next y KPMG. El monto, cuatro millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se mueven cifras que harían palidecer a cualquier gestor de comunidad de vecinos. El quid de la cuestión es que, según la Fiscalía Europea, alguien decidió que el 'libro blanco' exigido en los pliegos era un detalle opcional, una suerte de sugerencia que se puede ignorar si el candidato es el adecuado. Esa 'omisión deliberada' es la que ahora Peinado quiere analizar, basándose en el trabajo de la UCO que analizó los correos de trece funcionarios. El patrón es el que ya conocemos: Juan Carlos Barrabés, el empresario que parece tener el radar activado para los contratos públicos, vuelve a ser el protagonista. Lo más jugoso es el baile de sillas judicial. El juez Antonio Piña le dio un tirón de orejas a la Fiscalía Europea, frenando su intención de absorber el caso, obligando a que los papeles vuelvan a la mesa de Peinado. Ahora la pregunta es si Begoña Gómez volvió a redactar alguna de esas cartas de recomendación que funcionan como un 'pase VIP' en la administración pública. Entre fondos FEDER, informes de la IGAE y declaraciones testificales, el tablero se complica. No es solo una cuestión de papeles; es el contraste entre la rigidez de los pliegos para el ciudadano y la flexibilidad creativa para los amigos del poder.
Hay quien dice que el amor es ciego, pero el de Más Madrid es, sobre todo, muy curioso con la propiedad ajena. En un despliegue de 'creatividad' electoral para las regionales de 2027, la formación de Mónica García ha decidido jugar al escondite con el patrimonio privado. Su estrategia, el denominado «gran puerta a puerta», consiste en patear calles de Navalcarnero, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Fuenlabrada, Aranjuez, Collado Villalba y seis barrios de Madrid para dejar un 'regalito' en los pomos: cartones verdes que anuncian que «pasamos a verte pero no coincidimos». En lenguaje de calle, esto es básicamente ponerle un GPS a las casas vacías para que cualquier interesado sepa dónde no hay nadie que grite al 112. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación de la cesta de la compra, los de García se han propuesto tocar 25.000 timbres antes de fin de año; ya llevan 7.000, una cifra que impresiona más por la audacia que por el beneficio social. Es una ingeniería de campo fascinante: señalizan la vivienda, la dejan expuesta a robos y, de paso, hacen un censo casero para su futuro observatorio de viviendas vacías. La coherencia interna es, desde luego, un monumento. No olvidemos que Rita Maestre puso en el tercer puesto de su lista a Lucía Lois Méndez, una veterana del colectivo Patio Maravillas que ya en 2016 llamaba «legítima» a la entrada por la fuerza en propiedades privadas. Lois, que ahora es concejala de familias, tiene un currículum que incluye arropar en tribunales al fugaz Guillermo Zapata tras el asalto a un bloque en Malasaña. Entre el tanteo y retracto de su programa y la bendición a quienes entran en casas vacías por ser «vulnerables», Más Madrid ha convertido la búsqueda de vivienda en un deporte de riesgo para el propietario.
Hay un rincón en el diario El Debate donde el ciudadano común intenta gritarle al vacío, un espacio llamado 'Cartas al Director' que funciona como el confesionario de una España dividida. Aquí, la tinta se convierte en arma blanca. Pedro Marín Usón llega con un texto titulado 'Tiritas', una metáfora deliciosa para describir esos parches desesperados que los políticos ponen sobre heridas que ya huelen a podrido. Es el clásico intento de arreglar un dique roto con chicles mientras el agua nos llega al cuello. Pero el plato fuerte es Genaro Novo, quien se lanza a analizar 'La ejemplaridad de Rodríguez Zapatero'. Hablar de ejemplaridad en la política actual es como buscar una aguja en un pajar de promesas incumplidas; un ejercicio de optimismo casi religioso. El contraste es brutal: mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para que la factura de la luz no sea un atraco a mano armada, los exmandatarios navegan en la bruma de la ética pública, donde la 'ejemplaridad' es un concepto elástico que se adapta al traje del turno. Para cerrar el círculo de la indignación, Luis Asenjo Pérez nos habla de 'Faros morales'. La ironía es tan fina que corta. Buscamos guías, luces en la oscuridad, pero nos encontramos con que los faros están apagados o, peor aún, solo iluminan el camino hacia sus propios intereses. Todo este despliegue de pasión epistolar llega a cartas.director@eldebate.com, bajo la estricta norma de no pasarse de las 300 palabras y adjuntar el DNI. Porque claro, para quejarse del sistema hay que darle al sistema el documento de identidad, asegurándose de que el funcionario de turno sepa exactamente a quién tiene que mirar cuando la indignación se vuelve incómoda.
Hay que tener courage para llamar 'casta' al sistema mientras te sientas en la mesa de los que saben cómo mover los hilos bajo el mantel. Henry Molano, que en diciembre de 2015 aspiraba a un escaño por Cuenca con Podemos (quedándose a las puertas, como ocurre con muchos sueños de gloria), terminó haciendo de puente en una operación que huele a naftalina de los años 80. La trama, desgranada por la UCO y puesta sobre la mesa del juez Santiago Pedraz, no es un simple intercambio de favores; es una ingeniería de precisión para limpiar el camino de Ferraz. El guion es de manual: una joven de Jaén, Miriam Serrano, con una demanda civil contra el fiscal José Grinda por un asunto de 'sexting' de 2009, es recibida el 24 de octubre de 2024 por la 'fontanera' Leire Díez en un hotel de Madrid. De ahí, directo a Ferraz, para un café rápido con Santos Cerdán y el ya mencionado Molano. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para pedir una cita médica, aquí se coordinaban accesos a datos sensibles de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo era claro: extorsionar al fiscal Grinda ofreciéndole un destino en el extranjero y el triple de dinero de la demanda a cambio de que archivara casos que hacen temblar los cimientos del poder, como el caso Pujol, el 3%, ZED, BPA y Duro Felguera. Pero el detalle más 'tierno' es el post-servicio. El 20 de febrero de 2025, Leire Díez gestiona la inserción laboral de la joven. Juanfran Serrano, el brazo ejecutor de Cerdán, actúa como el cajero automático de favores, consiguiendo que la chica entre en Residuos Urbanos de Jaén, SA. La frase lapidaria de Díez, "Juanfran ha sido obediente", resume la política actual: una mezcla de chantaje judicial y enchufismo de barrio, todo coordinado con la sonrisa de quien sabe que el poder no se comparte, se gestiona.
Hay quienes gestionan la economía de Estado con hojas de cálculo y auditorías, y luego están los protagonistas del 'Caso Zapatero', que manejan la pasta como si estuvieran repartiendo la recaudación de una lotería clandestina en un barrio obrero. Olviden las transferencias bancarias y el cumplimiento normativo; aquí la alta finanza se cocinaba en sobres dejados en la portería de un edificio de Madrid, donde Cosmin o Luis, los porteros, hacían de cajeros automáticos humanos. La trama es una joya de la precariedad ética. Desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2021, el sistema era tan rudimentario que resultaba casi tierno si no fuera porque el dinero olía a pantano. Rodolfo Reyes, el gran arquitecto de los recados, coordinaba el flujo de efectivo hacia Ramón Gordils —exviceministro venezolano y embajador chavista en Noruega— utilizando a un mensajero llamado Mervin. Mientras el ciudadano medio pelea con el cajero para que no le cobre comisión, estos señores movían 40.000 euros el 12 de noviembre de 2019 con la naturalidad de quien pide un café en el lobby de un hotel. Lo más cínico llega con la precisión del recuento: Gordils se quejaba de que faltaba un billete de 50 o sobraba uno de 10 (probablemente miles), mientras Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra, se presentaba ante Manuel Fajardo como el puente directo desde Gordils. Todo este baile de sobres ocurrió justo antes de que el Consejo de Ministros soltara un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. Para rematar la función, el 7 de mayo de 2021, un sobre con 35k esperaba a un tal Jorge Morino en la portería. Gordils, el 'Moncho Ramon', no solo recibía el botín, sino que cobraba una comisión por la gestión. Una ingeniería financiera de porteros y sobres que hace que cualquier libro de economía parezca un cuento de hadas.
Hay quien dice que para hacer negocios basta con tener un buen contacto, pero parece que en el círculo de Begoña Gómez el 'networking' alcanzó niveles estratosféricos. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una pieza separada para analizar si el socio de la mujer del presidente, el empresario Juan Carlos Barrabés, se benefició de una ingeniería financiera bastante creativa. Estamos hablando de un contrato de 'Servicios de oficina AceleraPyme' valorado en 4 millones de euros. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren el IBI dos veces, aquí se habrían saltado requisitos básicos, como el Libro Blanco, que era indispensable para entrar en el juego. La trama es un ping-pong judicial agotador. La Fiscalía Europea estuvo dos años husmeando, pero la Audiencia Nacional dijo 'hasta aquí' y devolvió el paquete al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La UCO ya ha dejado migas claras: Innova Next S.L., asociada con KPMG, se llevó el pastel a pesar de que el informe pericial de la IGAE sugiere que el proceso de adjudicación fue, digamos, flexible. Mientras tanto, el escenario principal sigue siendo un campo de minas. Begoña Gómez y la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, esperan a ver si Peinado les quita el pasaporte o los obliga a pasarse por el juzgado cada quince días. El juez ya ha dejado escrito en 39 folios que Gómez usó su 'posición institucional' —esa suerte de aura invisible que da vivir en Moncloa— para impulsar su carrera. Ahora solo queda ver si la Audiencia Provincial de Madrid acepta el juicio por jurado popular o si el asunto se diluye en el laberinto de los recursos.
Hay quien hace contratos en papel y hay quien, habiendo sido presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, gestiona su carrera como quien acuerda una partida de pachucos en un bar: 'por confianza'. José Luis Rodríguez Zapatero compareció el 17 de junio ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional para explicar cómo es que terminó embolsándose casi 500.000 euros a través de la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. ¿El contrato? No hay. ¿El rastro? Un vacío administrativo que haría llorar a cualquier gestor de Hacienda. Mientras el ciudadano medio necesita tres justificantes y un sello para recuperar diez euros de una factura, Zapatero sostiene que su 'caudal de conocimiento' justifica que la Agencia Tributaria viera que los fondos de la consultora acababan básicamente en su bolsillo y en What The Fav, la empresa de sus hijas. El exmandatario niega haber movido un dedo para que la aerolínea Plus Ultra se llevara el rescate de 53 millones de euros durante la pandemia. Dice que no mandó ni un WhatsApp, aunque el juez le recordó que los datos suelen matar el relato. Lo más surrealista: Zapatero admite haber llamado al vicepresidente del Banco Santander, Cendoya, para que 'atendieran' a Plus Ultra, pero asegura que fue un gesto de cortesía, no una gestión de fondos. Sobre las joyas de 1,3 millones de euros en su despacho o la misteriosa sociedad offshore en Dubái vinculada a una comida en el restaurante Portonovo el 26 de enero de 2021, el ex presidente optó por el silencio o el 'no recuerdo'. Al final, el juez no ha pedido pasaportes ni prisión, pero ha dejado claro que el 'acuerdo de confianza' suena, en lenguaje jurídico, a un agujero contable del tamaño de un avión.
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