Crítica:
La noticia es un despliegue de tecnicismos procesales que ocultan el escándalo del 'Libro Blanco' en un párrafo secundario. Prioriza el movimiento de expedientes sobre la gravedad del presunto fraude a fondos comunitarios.
La noticia es un despliegue de tecnicismos procesales que ocultan el escándalo del 'Libro Blanco' en un párrafo secundario. Prioriza el movimiento de expedientes sobre la gravedad del presunto fraude a fondos comunitarios.
Hay que tener courage para llamar 'casta' al sistema mientras te sientas en la mesa de los que saben cómo mover los hilos bajo el mantel. Henry Molano, que en diciembre de 2015 aspiraba a un escaño por Cuenca con Podemos (quedándose a las puertas, como ocurre con muchos sueños de gloria), terminó haciendo de puente en una operación que huele a naftalina de los años 80. La trama, desgranada por la UCO y puesta sobre la mesa del juez Santiago Pedraz, no es un simple intercambio de favores; es una ingeniería de precisión para limpiar el camino de Ferraz. El guion es de manual: una joven de Jaén, Miriam Serrano, con una demanda civil contra el fiscal José Grinda por un asunto de 'sexting' de 2009, es recibida el 24 de octubre de 2024 por la 'fontanera' Leire Díez en un hotel de Madrid. De ahí, directo a Ferraz, para un café rápido con Santos Cerdán y el ya mencionado Molano. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para pedir una cita médica, aquí se coordinaban accesos a datos sensibles de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo era claro: extorsionar al fiscal Grinda ofreciéndole un destino en el extranjero y el triple de dinero de la demanda a cambio de que archivara casos que hacen temblar los cimientos del poder, como el caso Pujol, el 3%, ZED, BPA y Duro Felguera. Pero el detalle más 'tierno' es el post-servicio. El 20 de febrero de 2025, Leire Díez gestiona la inserción laboral de la joven. Juanfran Serrano, el brazo ejecutor de Cerdán, actúa como el cajero automático de favores, consiguiendo que la chica entre en Residuos Urbanos de Jaén, SA. La frase lapidaria de Díez, "Juanfran ha sido obediente", resume la política actual: una mezcla de chantaje judicial y enchufismo de barrio, todo coordinado con la sonrisa de quien sabe que el poder no se comparte, se gestiona.
Hay quienes gestionan la economía de Estado con hojas de cálculo y auditorías, y luego están los protagonistas del 'Caso Zapatero', que manejan la pasta como si estuvieran repartiendo la recaudación de una lotería clandestina en un barrio obrero. Olviden las transferencias bancarias y el cumplimiento normativo; aquí la alta finanza se cocinaba en sobres dejados en la portería de un edificio de Madrid, donde Cosmin o Luis, los porteros, hacían de cajeros automáticos humanos. La trama es una joya de la precariedad ética. Desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2021, el sistema era tan rudimentario que resultaba casi tierno si no fuera porque el dinero olía a pantano. Rodolfo Reyes, el gran arquitecto de los recados, coordinaba el flujo de efectivo hacia Ramón Gordils —exviceministro venezolano y embajador chavista en Noruega— utilizando a un mensajero llamado Mervin. Mientras el ciudadano medio pelea con el cajero para que no le cobre comisión, estos señores movían 40.000 euros el 12 de noviembre de 2019 con la naturalidad de quien pide un café en el lobby de un hotel. Lo más cínico llega con la precisión del recuento: Gordils se quejaba de que faltaba un billete de 50 o sobraba uno de 10 (probablemente miles), mientras Julio Martínez Sola, vicepresidente de Plus Ultra, se presentaba ante Manuel Fajardo como el puente directo desde Gordils. Todo este baile de sobres ocurrió justo antes de que el Consejo de Ministros soltara un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. Para rematar la función, el 7 de mayo de 2021, un sobre con 35k esperaba a un tal Jorge Morino en la portería. Gordils, el 'Moncho Ramon', no solo recibía el botín, sino que cobraba una comisión por la gestión. Una ingeniería financiera de porteros y sobres que hace que cualquier libro de economía parezca un cuento de hadas.
Hay quien hace contratos en papel y hay quien, habiendo sido presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, gestiona su carrera como quien acuerda una partida de pachucos en un bar: 'por confianza'. José Luis Rodríguez Zapatero compareció el 17 de junio ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional para explicar cómo es que terminó embolsándose casi 500.000 euros a través de la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. ¿El contrato? No hay. ¿El rastro? Un vacío administrativo que haría llorar a cualquier gestor de Hacienda. Mientras el ciudadano medio necesita tres justificantes y un sello para recuperar diez euros de una factura, Zapatero sostiene que su 'caudal de conocimiento' justifica que la Agencia Tributaria viera que los fondos de la consultora acababan básicamente en su bolsillo y en What The Fav, la empresa de sus hijas. El exmandatario niega haber movido un dedo para que la aerolínea Plus Ultra se llevara el rescate de 53 millones de euros durante la pandemia. Dice que no mandó ni un WhatsApp, aunque el juez le recordó que los datos suelen matar el relato. Lo más surrealista: Zapatero admite haber llamado al vicepresidente del Banco Santander, Cendoya, para que 'atendieran' a Plus Ultra, pero asegura que fue un gesto de cortesía, no una gestión de fondos. Sobre las joyas de 1,3 millones de euros en su despacho o la misteriosa sociedad offshore en Dubái vinculada a una comida en el restaurante Portonovo el 26 de enero de 2021, el ex presidente optó por el silencio o el 'no recuerdo'. Al final, el juez no ha pedido pasaportes ni prisión, pero ha dejado claro que el 'acuerdo de confianza' suena, en lenguaje jurídico, a un agujero contable del tamaño de un avión.
Si pensabas que tu vida amorosa era un desastre, es que no has visto el catálogo de citas de las cárceles catalanas. Lo que en el Parlamento se traduce como 'vulneración de la seguridad institucional', en la calle es básicamente un episodio de 'First Dates' con rejas y esposas. El CSIF y el Partido Popular de Cataluña han decidido que ya basta de jugar al amor prohibido y piden una prohibición explícita de cualquier relación afectiva o sexual entre el personal y los internos. Porque claro, mientras nosotros peleamos con la tarifa de la luz, hay monitoras de teatro que no solo se enamoran, sino que convierten su salón en refugio de fugitivos y rematan la jugada atracando un banco. Un combo completo de pasión y delincuencia. La lista de 'éxitos' es delirante. Tenemos a una docente de dibujo de la cárcel Modelo que, en 2011, decidió que la mejor forma de enseñar arte era acompañando a Jorge Sánchez Romero en una gira criminal por Málaga, Almería y Granada, con un paréntesis sangriento en Mazarrón que acabó en dos asesinatos. O la enfermera que confundió el centro de salud mental con un catálogo de citas recurrentes. Y para los románticos, la educadora que se fue hasta Chile persiguiendo un amor transoceánico, solo para descubrir que el preso tenía esposa e hijos; un sablazo emocional de manual. El problema es que, según los sindicatos, la gestión de estos líos es tan laxa que parece un juego de sillas musicales: cambian al funcionario de centro y el 'Cupido' penitenciario sigue repartiendo flechas. Incluso hay quienes, tras estos deslizamientos, acaban en puestos de mando. El PP, con los diputados Juan Fernández Benítez, Monserrat Berenguer y Alberto Villagrasa, quiere importar el modelo de 'tolerancia cero' de Francia o Alemania, porque resulta que en Europa no consideran que el sexting con móviles facilitados por la propia empleada sea una dinámica de equipo saludable.
Hay quien dice que para entrar en el paraíso hace falta un santo, pero para aterrizar en Caracas en plena pandemia bastaba con tener el WhatsApp de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras Iberia y Air Europa hacían cola en la embajada como quien espera el turno del médico de cabecera, Plus Ultra decidió que los protocolos diplomáticos eran meras sugerencias. La receta fue sencilla: un 'salto' a la embajada coordinado por el expresidente y su 'tocayo', Julio Martínez Martínez, el hombre que movía los hilos en la sombra. El calendario es una obra de arte del cinismo. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez le inyecta a Plus Ultra un rescate de 53 millones de euros. Dinero público, básicamente, para que la empresa no se hundiera. Dos semanas después, a finales de marzo, la compañía ya estaba volando hacia Venezuela gracias a que la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y el general Teixeira del INAC decidieron que Plus Ultra no necesitaba notas diplomáticas, solo 'influencia'. Mientras el Gobierno de Sánchez enviaba notas verbales el 23 de febrero rogando por la normalización de vuelos —recibiendo la callada por respuesta—, los accionistas Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola celebraban que todo iba 'viento en popa'. El negocio era tan fluido que incluso gestionaron la 'quinta libertad' hacia Buenos Aires, un bombazo comercial que dejó a la competencia mirando desde la pista de aterrizaje hasta noviembre. Pero el amor entre el régimen de Maduro y la trama Zapatero tenía un precio: una deuda de 258.618 dólares con el INAC. Cuando el general Teixeira empezó a apretar las tuercas, el 'tocayo' volvió a entrar en acción. El resultado fue una gestión 'exitosa', según el propio Zapatero el 31 de julio de 2021. Al final, la moraleja es clara: en el mundo de las altas esferas, la meritocracia es un mito y el verdadero combustible de los aviones son los contactos adecuados.
El juez Juan Carlos Peinado acaba de añadir un nuevo plato al menú de complicaciones del 'caso Begoña Gómez'. No es un aperitivo, sino una pieza separada por prevaricación y fraude con fondos europeos. La jugada es tan torpe que parece escrita por un guionista de serie B: la Fiscalía Europea dio el aviso el pasado 8 de junio, alertando que en Bruselas alguien no sabía sumar ni restar honestidad. El núcleo del problema es el contrato 044/20. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si en un concurso de cocina pidieran obligatoriamente un postre y el jurado le diera la máxima nota a quien entregó el plato vacío, asegurando que era 'minimalismo vanguardista' para que nadie más se quejara. En este caso, la UTE KPMG-INNOVA se llevó el premio gordo a pesar de que no presentaron el Libro Blanco, un requisito básico que los evaluadores decidieron 'olvidar' deliberadamente en el informe de valoración. Lo más cínico es que los borradores del informe, esos que se escriben antes de limpiar la fachada, ya admitían que faltaba el Libro Blanco. Pero, mágicamente, esa frase desapareció en la versión final para que otros licitadores no pudieran impugnar el sablazo. El hilo conductor de este despropósito tiene nombre y apellidos: Luis Prieto. El señor Prieto firmó los informes de valoración en tres procedimientos distintos, dejando una huella digital tan evidente que la UCO de la Guardia Civil no tuvo que esforzarse mucho en conectar los puntos. Ahora, la Fiscalía debe analizar la tipicidad de estos hechos, mientras el dinero público europeo sigue siendo el tablero donde algunos juegan al Monopoly con la ley.
Hay quienes gestionan la administración pública como si fuera la cuenta corriente de un primo lejano. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el expediente de Begoña Gómez es ya demasiado gordo para un solo cajón y ha abierto una 'pieza separada'. ¿El motivo? Unos fondos europeos que, en lugar de fluir hacia la innovación, parecen haber bailado un vals sospechoso hacia contratos específicos a través de Red.es. La trama tiene un aroma a ingeniería financiera de manual. Según el decreto de la Fiscalía Europea del 8 de junio de 2026 y el atestado 28/2026 de la UCO, no estamos ante un simple error de dedo en un formulario. Hablamos de una 'omisión deliberada de datos'. En lenguaje de calle: alguien borró lo que molestaba para que el contrato cayera, como por arte de magia, en el regazo del mismo licitador que ya estaba bajo la lupa. Es el equivalente a maquillar la lista de la compra para que el presupuesto del hogar termine en un capricho caro mientras la nevera sigue vacía. La Fiscalía Europea, que no suele jugar a las canicas, ha sido tajante: hay indicios de criminalidad. No es una sospecha ligera, sino una posible prevaricación y un fraude a los intereses de la Unión. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta, aquí se investiga si se utilizó la maquinaria pública para favorecer a dedo a ciertos beneficiarios. El juez Peinado ahora pide el informe del Ministerio Fiscal para ver si estos 'olvidos' deliberados tienen la tipicidad necesaria para acabar en una condena. Al final, el dinero de Bruselas es muy generoso, pero deja un rastro de migas que, tarde o temprano, alguien acaba siguiendo.
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