Crítica:
Demasiado largo para la atención digital actual. Aunque la información es sólida, la narrativa se pierde en detalles que podrían resumirse. El título, aunque punzante, podría ser más directo.
La agenda de Leire revela notas del rescate de Air Europa meses antes de concederse
Air Europa: El rescate a la carta
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EFE: El Sablazo a los Directivos
La Agencia EFE, faro de la información... o al menos eso se supone, se ha convertido en el perfecto ejemplo de cómo la hipocresía se disfraza de “retribución variable”. Mientras los directivos se abrochan el cinturón de seguridad con bonus de casi 700.000 euros, los periodistas, los que realmente hacen el trabajo, se preguntan si el próximo sueldo dará para llegar a fin de mes. El presidente, Miguel Ángel Oliver, engordó su cuenta corriente en 191.044,74 euros en 2025, de los cuales 53.025,66 fueron solo por “cumplir objetivos” (que nadie ha visto, por cierto). La deuda de la agencia se aproxima peligrosamente a los 20 millones de euros en 2025, una cifra que contrasta brutalmente con la alegría en las cuentas de los altos cargos. Javier Lizón, secretario general del Sindicato Independiente, lo resume a la perfección: un redactor apenas rasca los 27.000 euros anuales, mientras que Oliver necesita… ¡otra secretaria! (con un salario 15.000 euros superior). La cosa se pone más surrealista si recordamos la situación de los corresponsales en Oriente Próximo y Buenos Aires, que luchan por sueldos que no alcanzan los 1.000 o 400 euros mensuales, respectivamente. Pero no todo es dinero. La agencia se aventura en proyectos de “nuevas narrativas” como Gen F, que los sindicatos tildan de “chiringuitos para amiguetes” y que parecen alejarse cada vez más de la esencia de un servicio público. Y mientras tanto, la sede de Sevilla, abandonada desde hace tres años, sigue pagando alquiler. ¿Alguien entiende algo? La Agencia EFE, en resumen, parece estar navegando a la deriva, con una dirección más preocupada por engordar sus propios bolsillos que por mantener a flote el barco. La tasa de reposición, lejos de contratar periodistas, se dedica a fichar comerciales y secretarias. La lógica es implacable: cuanto peor, mejor.
Puente: Ocultando la avería del tren.
Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha decidido que algunas preguntas son demasiado incómodas. En lugar de facilitar el número de incidencias en la línea Barcelona-Girona entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, prefiere llevar el asunto a la Audiencia Nacional. ¿El motivo? Que, según ADIF, recopilar esa información es como buscar una aguja en un pajar de 14.345 circulaciones. ¡Un pajar con facturas! El Consejo de Transparencia, con una lógica que parece escaparse al Ministerio, ya había dictaminado que la petición era sencilla: el total de incidencias, nada más. No un desglose digno de Einstein. Pero esto no es nuevo. ADIF tiene un historial de rechazar solicitudes de información alegando que es como pedirles una auditoría completa. Que atender esas peticiones es un “despilfarro” de recursos, como si informar a los ciudadanos fuera un lujo que no nos podemos permitir. El caso de las Cercanías de Madrid en 2020-2024 es un ejemplo claro. Mientras tanto, el sistema ferroviario español sigue tambaleándose. Problemas de puntualidad, el accidente de Adamuz, limitaciones de velocidad en Madrid-Extremadura… y el Ministerio prefiriendo batallas legales a dar cuentas. ¿Acaso temen que la lista de incidencias sea más larga que la lista de la compra de un mes? La Audiencia Nacional decidirá si las limitaciones técnicas son una excusa válida para ocultar información o si la transparencia es un derecho fundamental, incluso cuando se trata de trenes que llegan tarde. La pregunta es: ¿qué están escondiendo realmente?
Aldesa: La ‘Empresa B’ de los contratos
La trama destapada con las notas de Leire Díez huele a podrido, y no a jazmín. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números de la lista de la compra, Aldesa, una constructora que ha visto pasar más ministerios que cambios de gobierno, se ha embolsado 176 millones en contratos públicos desde que Óscar Puente aterrizó en el Ministerio de Transportes. ¿Casualidad? La UCO, con lupa en mano, ha encontrado un laberinto de reuniones secretas entre Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y Alejandro Fernández, exCEO de Aldesa, muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. El tema: montar una “empresa B”, una tapadera para, digamos, optimizar los beneficios. Los chinos, a través de China Railway Construction Corporation (CRCC), entraron en la ecuación, comprando Aldesa y dando luz verde a la operación. Y ahí está Julito, testaferro de Zapatero, cobrando 127.000 euros de Aldesa por “consultoría estratégica”. Un sablazo en toda regla. Leire Díez, la encargada de “desactivar causas judiciales”, lo apuntaba todo en sus libretas, como quien anota los gastos del mes. Un proyecto confidencial en Sevilla, con Tragsa y Acciona en el horizonte, completaba el cuadro. La trama se teje entre contratos, testaferros y una red de favores que parece no tener fin. Aldesa, con el beneplácito de ADIF y la Dirección General de Carreteras, ha recibido un flujo constante de dinero público. La pregunta es: ¿quién se beneficia de todo esto? Y, sobre todo, ¿a quién le cuesta la broma?
Cerdán quiso fulminar a sus jefes
El PSOE, ese club de fans del “no sabía, no sabía”, se desmorona por dentro. Santos Cerdán, ex-número tres, intentó dinamitar la cúpula de Interior –Marlaska y González– porque la UCO, esa unidad que no perdona, le estaba respirando en la nuca. Pedía cabezas, sí, mientras la suya ya rodaba en la investigación sobre los contratos amañados. Un sainete de palacio que comenzó en noviembre de 2024, con la imputación de Ábalos, y que explotó en junio de 2025 con Cerdán tras las rejas. Sánchez, fiel a su estilo, hizo oídos sordos, como cuando calificó de “inventadas” las revelaciones que ahora le persiguen. Mercedes González, recuperada para “controlar” la Guardia Civil tras el cese de Marcos (supuestamente por “motivos personales”, claro), acabó en el ojo del huracán al denunciarse que alertó a Koldo García sobre la investigación del caso Koldo. Un chivatazo que, según la versión oficial, fue un malentendido. La UCO, mientras tanto, se negaba a poner el pie en el freno, pese a las instrucciones de Llamas, el DAO, que pedía “perfil bajo” en asuntos “con afectación política”. La trama se complica con testimonios como el de Carmen Pano, que asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo, y las acusaciones de Víctor de Aldama sobre comisiones y amaños. Pero Sánchez, imperturbable, mantuvo a Cerdán y Montero en sus puestos hasta que la UCO destapó su participación en Servinabar. Ahora, las fuentes gubernamentales hablan de “víctimas” y de una “cloaca” orquestada por Cerdán, mientras el PSOE niega cualquier implicación. Todo un drama, servido en bandeja de plata, con un regusto a podrido que ya conocemos.
PSOE: 52 Facturas, Mucho Misterio
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado 52 facturas sospechosas del PSOE, un auténtico buffet libre de irregularidades contables. Mientras el ciudadano de a pie suda la gota gorda para pagar la lista de la compra, el partido liderado por Pedro Sánchez parece haber encontrado un agujero negro para 2 millones de euros, según las investigaciones que el juez Ismael Moreno mantiene bajo llave desde diciembre. No es un tema de robar a manos armadas, sino de “ingeniería financiera” digna de Houdini. El PSOE entregó voluntariamente una memoria USB al juzgado, intentando justificar pagos en efectivo. La ironía es que muchos de esos documentos ya habían pasado por el Tribunal de Cuentas, como si intentaran colar la misma película a un crítico de cine avezado. El foco está en las facturas de restaurantes, concretamente en La Tragantía, un local madrileño donde la trama de José Luis Ábalos parece haber celebrado cacerías gastronómicas a costa del erario público. Unos 52 comensales fantasma, con facturas que oscilan entre el menú del día y el festín de Reyes. La UCO sospecha que algunos de esos pagos se inflaron, o directamente nunca existieron, una estrategia para lavar dinero proveniente de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas. El Tribunal de Cuentas ya había preguntado por estos pagos en septiembre de 2024, pero la respuesta del PSOE llegó con la investigación a fuego lento. ¿Casualidad? En absoluto. Es la vieja táctica de tirar balones fuera cuando el partido está perdiendo. Todo esto mientras el ciudadano común se pregunta cómo se justifica semejante derroche con los impuestos que paga cada mes. Un espectáculo, vamos.
PSOE: 52 Facturas Falsas, ¡Menudo Sablazo!
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado 52 facturas con más agujeros que un queso gruyer. Facturas del PSOE, ojo, no de tu abuela. Un auténtico festival de la ingeniería financiera para justificar pagos en efectivo entre 2017 y 2024, según THE OBJECTIVE. El juez Moreno, con cara de pocos amigos, ha declarado la investigación secreta, porque claro, no querrán que sepamos cómo se gasta el dinero público. El Tribunal de Cuentas ya olfateaba la carnaza desde septiembre de 2023, pidiendo cuentas a las empresas que habían facturado al PSOE. Querían saber si el dinero venía por transferencia, cheque o, mejor aún, en billetes apretados en una maleta. ¿Y qué encontraron? Pues que algunas facturas ya habían pasado por el mismo filtro. Vamos, que alguien estaba intentando venderle humo al Tribunal. La cosa se pone jugosa con el restaurante La Tragantía, un lugar de comidas y cenas frecuentes de la trama, donde el PSOE dejó un buen pellizco: 52 facturas en nueve meses. ¿Comida para todos los cómplices? ¿O facturas infladas para justificar comisiones de dudosa procedencia? La UCO sospecha que algunas facturas son puro teatro, creadas para lavar dinero de adjudicaciones públicas. En resumen, una película de pasta, poder y facturas falsas, cortesía del PSOE y sus colaboradores. El PSOE entregó un disco duro con la documentación, como si eso fuera una prueba de inocencia. Pero la UCO está revisando cada detalle, cada coma, cada euro, porque en este tipo de asuntos, el diablo está en los pequeños gastos. Y en las facturas, por supuesto.
Fiscalía: ¿Quién dio la orden?
La Fiscalía General del Estado está en un brete. No uno cualquiera, de esos que se resuelven con un café y un 'no pasó nada'. Esto huele a chamusquina, a 'quién movió el queso', a un agujero en la memoria institucional del tamaño de un camión. La Asociación de Fiscales (AF), que no es un club de fans precisamente, ha soltado un comunicado que retumba más que una olla en una boda: quieren saber quién dio luz verde a las reuniones de Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz, con Leire Díez, la fontanera del PSOE, esa que parece sacada de una película de espías de serie B. Dos reuniones, en primavera de 2025, en la mismísima Fiscalía General, fuera de horario, con responsables de alto nivel involucrados. ¿Dos reuniones para hablar del tiempo? ¿Para intercambiar recetas de cocina? La AF no se lo traga. Exigen a Teresa Peramato, la máxima responsable, una explicación detallada, con nombres y apellidos, de quién autorizó ese aquelarre. La pregunta es simple: ¿si no era importante, por qué informar al fiscal general? ¿Y si lo era, por qué no se siguió el protocolo? La respuesta oficial hasta ahora, según la AF, es más sosa que una tostada sin sal. El caso es delicado. Leire Díez está vinculada a un grupo criminal que, según la Fiscalía, pretendía atacar instituciones y a fiscales. ¿Una simple visita de cortesía? Difícil de creer. La AF no se conforma con evasivas. Quieren saber si se facilitó el acceso, quién dio la orden, si hubo una cita previa... Preguntas incómodas que huelen a intento de encubrimiento. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si la justicia funciona para todos o solo para algunos. La transparencia, al parecer, es un bien escaso en este tinglado.
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