Crítica:
La noticia es reveladora, pero necesita profundizar en el origen de la deuda y en los criterios exactos de los bonus. El título, aunque llamativo, podría ser más incisivo.
Trabajadores de EFE denuncian precariedad salarial tras el reparto de bonus entre directivos
EFE: El Sablazo a los Directivos
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PSOE: Tejiendo querellas sin hilo
El aire huele a palos mojados en la cloaca política. Leire Díez, ex militante socialista, y Jacobo Teijelo, el abogado personal de Santos Cerdán, urdieron una trama digna de novela barata: acusar a Repsol de financiar al PP. ¿El problema? Sin una sola prueba sólida, solo un “olor” sospechoso detectado en un WhatsApp del 10 de enero de 2025. Teijelo, cual detective de pacotilla, lanzó la teoría de una conexión turbia entre Repsol, Venezuela, PDVSA y figuras del PP como Aznar, Cortina y Feijóo. Díez, sin pestañear, respondió un lacónico “Absolutamente”, adjudicándole el caso sin más trámite. El chat desvela que no buscaron pruebas, sino que construyeron primero la acusación y luego intentaron encontrar un respaldo jurídico. Un ejercicio de ingeniería narrativa, un “sablazo” a la credibilidad. Teijelo, consciente de lo endeble de su castillo de naipes, admitió que la investigación tenía “lagunas importantes” y que faltaba “la historia de Aldama”. A pesar de ello, continuaron con el plan, filtrando información a periodistas para darle forma mediática a su fantasía. La ironía es que la querella, tejida con hilos invisibles, ha terminado convirtiéndose en el arma que el PP ha usado para denunciar a Teijelo y a Díez ante la Fiscalía Anticorrupción. Los cazadores, ahora, son la presa. Un agujero contable en la reputación del PSOE que huele, precisamente, a financiación ilegal... pero no de la que acusaban. ¿Quién pagó la factura de esta operación? La pregunta flota en el aire, más densa que el petróleo de Venezuela.
PSOE arrasa… ¡pero a kilómetros!
Mientras en España el PP celebra victorias con el sudor en la frente (y la papeleta en mano), el PSOE se pasea por el extranjero recogiendo votos como si fueran caramelos. Un giro inesperado, ¿o no tanto? La ‘ley de nietos’ y la flexibilización de los controles de Correos –esa empresa pública que parece tener más agujeros que un queso suizo– han abierto la puerta a un flujo de votos CERA (Censo de Electores Residentes Ausentes) que favorece a los socialistas en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Pero ojo, que no nos confundamos: estos votos, aunque pintan un cuadro diferente, no son suficientes para cambiar el resultado final. Correos, bajo el paraguas de la SEPI, modificó la trazabilidad de los votos, pasando de un control exhaustivo a un sistema de registro por rangos, lo que, según fuentes internas, podría haber comprometido la seguridad del 90% de las certificaciones. En 2023 se registraron 233.688 votos CERA, y aunque se temía una alteración significativa, solo un escaño cambió de manos en Madrid. En Andalucía, el PSOE ganó en el exterior con 6.703 votos frente a los 6.307 del PP, un contraste notable con las elecciones de 2022, donde el PP lideraba con 1.881 votos. Castilla y León sigue la misma tónica, con 4.303 votos para el PSOE y 3.281 para el PP. Aragón y Extremadura completan el cuadro, confirmando una tendencia que, aunque no decisiva, es innegable. ¿Casualidad? ¿Estrategia? ¿O simplemente el reflejo de una diáspora con otras prioridades? La pregunta sigue en el aire, mientras Correos guarda silencio.
Puente: Ocultando la avería del tren.
Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha decidido que algunas preguntas son demasiado incómodas. En lugar de facilitar el número de incidencias en la línea Barcelona-Girona entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, prefiere llevar el asunto a la Audiencia Nacional. ¿El motivo? Que, según ADIF, recopilar esa información es como buscar una aguja en un pajar de 14.345 circulaciones. ¡Un pajar con facturas! El Consejo de Transparencia, con una lógica que parece escaparse al Ministerio, ya había dictaminado que la petición era sencilla: el total de incidencias, nada más. No un desglose digno de Einstein. Pero esto no es nuevo. ADIF tiene un historial de rechazar solicitudes de información alegando que es como pedirles una auditoría completa. Que atender esas peticiones es un “despilfarro” de recursos, como si informar a los ciudadanos fuera un lujo que no nos podemos permitir. El caso de las Cercanías de Madrid en 2020-2024 es un ejemplo claro. Mientras tanto, el sistema ferroviario español sigue tambaleándose. Problemas de puntualidad, el accidente de Adamuz, limitaciones de velocidad en Madrid-Extremadura… y el Ministerio prefiriendo batallas legales a dar cuentas. ¿Acaso temen que la lista de incidencias sea más larga que la lista de la compra de un mes? La Audiencia Nacional decidirá si las limitaciones técnicas son una excusa válida para ocultar información o si la transparencia es un derecho fundamental, incluso cuando se trata de trenes que llegan tarde. La pregunta es: ¿qué están escondiendo realmente?
Air Europa: El rescate a la carta
La agenda de Leire Díez, esa fontanera del PSOE con más contactos que el servicio técnico oficial, lo confirma: el rescate de Air Europa, esos 475 millones de euros, se cocinó a fuego lento meses antes de que el Gobierno lo aprobara. Mientras tú y yo nos apretábamos el cinturón para pagar la gasolina, Globalia, la matriz de Air Europa, tenía una línea directa con el poder. ¿La prueba? Anotaciones en cuadernos, reuniones secretas, y un “permiso de Europa” que se solicitaba cuando la deuda superaba los 300 millones. Una auténtica ingeniería financiera disfrazada de rescate estratégico. El CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, no era de los que esperan sentado. Presionó a asesores y altos cargos, porque claro, en tiempos de pandemia, el dinero público no crece en los árboles. Y mientras tanto, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, seguía moviendo los hilos desde la sombra, con un despacho a su disposición y conversaciones semanales con su sucesor. Un “papel no visible pero oficial”, según la propia Leire, para seguir “interlocutando” en operaciones complejas. En resumen, una SEPI paralela, un club de amigos donde los favores se intercambian por villas en Marbella (9.500€ de alquiler pagados por la secretaria del ministro, qué detalle) y patrocinios a fundaciones afines (40.000€ anuales al Africa Center de Begoña Gómez). Pero la cosa no acaba ahí. La trama se extiende a contratos inflados, rescates sospechosos (como el de Tubo Reunidos, con comisiones millonarias para Fernández) y mensajes explícitos (“A ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil”). La justicia investiga si todo esto fue una orquestación para desestabilizar cualquier investigación que afectara a los intereses del PSOE. Un agujero contable de 132,9 millones de euros, y una sensación generalizada de que, en este país, el rescate es para unos pocos, y la factura, para todos.
Aldesa: La ‘Empresa B’ de los contratos
La trama destapada con las notas de Leire Díez huele a podrido, y no a jazmín. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números de la lista de la compra, Aldesa, una constructora que ha visto pasar más ministerios que cambios de gobierno, se ha embolsado 176 millones en contratos públicos desde que Óscar Puente aterrizó en el Ministerio de Transportes. ¿Casualidad? La UCO, con lupa en mano, ha encontrado un laberinto de reuniones secretas entre Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y Alejandro Fernández, exCEO de Aldesa, muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. El tema: montar una “empresa B”, una tapadera para, digamos, optimizar los beneficios. Los chinos, a través de China Railway Construction Corporation (CRCC), entraron en la ecuación, comprando Aldesa y dando luz verde a la operación. Y ahí está Julito, testaferro de Zapatero, cobrando 127.000 euros de Aldesa por “consultoría estratégica”. Un sablazo en toda regla. Leire Díez, la encargada de “desactivar causas judiciales”, lo apuntaba todo en sus libretas, como quien anota los gastos del mes. Un proyecto confidencial en Sevilla, con Tragsa y Acciona en el horizonte, completaba el cuadro. La trama se teje entre contratos, testaferros y una red de favores que parece no tener fin. Aldesa, con el beneplácito de ADIF y la Dirección General de Carreteras, ha recibido un flujo constante de dinero público. La pregunta es: ¿quién se beneficia de todo esto? Y, sobre todo, ¿a quién le cuesta la broma?
Cerdán quiso fulminar a sus jefes
El PSOE, ese club de fans del “no sabía, no sabía”, se desmorona por dentro. Santos Cerdán, ex-número tres, intentó dinamitar la cúpula de Interior –Marlaska y González– porque la UCO, esa unidad que no perdona, le estaba respirando en la nuca. Pedía cabezas, sí, mientras la suya ya rodaba en la investigación sobre los contratos amañados. Un sainete de palacio que comenzó en noviembre de 2024, con la imputación de Ábalos, y que explotó en junio de 2025 con Cerdán tras las rejas. Sánchez, fiel a su estilo, hizo oídos sordos, como cuando calificó de “inventadas” las revelaciones que ahora le persiguen. Mercedes González, recuperada para “controlar” la Guardia Civil tras el cese de Marcos (supuestamente por “motivos personales”, claro), acabó en el ojo del huracán al denunciarse que alertó a Koldo García sobre la investigación del caso Koldo. Un chivatazo que, según la versión oficial, fue un malentendido. La UCO, mientras tanto, se negaba a poner el pie en el freno, pese a las instrucciones de Llamas, el DAO, que pedía “perfil bajo” en asuntos “con afectación política”. La trama se complica con testimonios como el de Carmen Pano, que asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo, y las acusaciones de Víctor de Aldama sobre comisiones y amaños. Pero Sánchez, imperturbable, mantuvo a Cerdán y Montero en sus puestos hasta que la UCO destapó su participación en Servinabar. Ahora, las fuentes gubernamentales hablan de “víctimas” y de una “cloaca” orquestada por Cerdán, mientras el PSOE niega cualquier implicación. Todo un drama, servido en bandeja de plata, con un regusto a podrido que ya conocemos.
PSOE: 52 Facturas, Mucho Misterio
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado 52 facturas sospechosas del PSOE, un auténtico buffet libre de irregularidades contables. Mientras el ciudadano de a pie suda la gota gorda para pagar la lista de la compra, el partido liderado por Pedro Sánchez parece haber encontrado un agujero negro para 2 millones de euros, según las investigaciones que el juez Ismael Moreno mantiene bajo llave desde diciembre. No es un tema de robar a manos armadas, sino de “ingeniería financiera” digna de Houdini. El PSOE entregó voluntariamente una memoria USB al juzgado, intentando justificar pagos en efectivo. La ironía es que muchos de esos documentos ya habían pasado por el Tribunal de Cuentas, como si intentaran colar la misma película a un crítico de cine avezado. El foco está en las facturas de restaurantes, concretamente en La Tragantía, un local madrileño donde la trama de José Luis Ábalos parece haber celebrado cacerías gastronómicas a costa del erario público. Unos 52 comensales fantasma, con facturas que oscilan entre el menú del día y el festín de Reyes. La UCO sospecha que algunos de esos pagos se inflaron, o directamente nunca existieron, una estrategia para lavar dinero proveniente de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas. El Tribunal de Cuentas ya había preguntado por estos pagos en septiembre de 2024, pero la respuesta del PSOE llegó con la investigación a fuego lento. ¿Casualidad? En absoluto. Es la vieja táctica de tirar balones fuera cuando el partido está perdiendo. Todo esto mientras el ciudadano común se pregunta cómo se justifica semejante derroche con los impuestos que paga cada mes. Un espectáculo, vamos.
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