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Hay un negocio redondo donde el cliente no paga, sino que es el producto. En un extremo tenemos a las mafias, que operan con la precisión de una multinacional logística; en el otro, una maquinaria de ONG que ha convertido la solidaridad en un modelo de suscripción financiado con nuestros impuestos. Rubén Pulido lo deja claro: el inmigrante es la unidad de negocio que hace girar la rueda. El reparto del botín está tan aceitado que parece un acuerdo de caballeros. Cruz Roja, Accem y CEAR se han dividido el pastel de la primera acogida, los traslados y la asesoría legal sin pelearse por las migajas. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se pone el traje de gala. Accem movió a más de 10.000 personas entre 2024 y finales de 2025, con un ticket de unos 300 euros por vuelo. Mientras tanto, Cruz Roja soltaba entre 15.000 y 20.000 euros diarios en comida en la playa del Trampolín durante la crisis de Ceuta, habiendo engullido ya 6,5 millones de euros. Es como gestionar un buffet libre donde el dueño cobra la cuenta al Ayuntamiento. Lo más cínico es la 'lógica de incentivos'. En este ecosistema, si no te gastas la subvención, el año que viene te recortan el presupuesto. Es la ley del 'gástalo o piérdelo', lo que convierte la eficiencia en un pecado mortal. Así, el tercer sector ha inflado su plantilla hasta los 500.000 empleados y compensados, alimentándose del flujo migratorio. Acoger a un menor no acompañado cuesta entre 4.000 y 4.500 euros al mes; una cifra que haría palidecer a cualquier alquiler en el centro de Madrid, aunque gran parte de ese dinero no llega al chaval, sino que sostiene los despachos, los sueldos de directores y la estructura de un sistema que no quiere que el problema se solucione, porque entonces se quedarían sin oficina.
En el mundo del espectáculo, que alguien te quiera es bonito, pero que te paguen es fundamental. Mientras en la pantalla nos venden una guerra de egos y chistes rápidos entre El Hormiguero y La Revuelta, en los despachos la diferencia no es un peldaño, es un rascacielos. Pablo Motos no solo domina el acces prime time, sino que ha convertido su productora, 7yacción, en una máquina de hacer billetes que no conoce la palabra 'crisis'. Facturar 35 millones de euros en 2025 y embolsarse 6,6 millones de beneficios es, básicamente, jugar a la vida en modo fácil. Mientras tanto, David Broncano y sus socios, Ricardo Castella y Jorge Ponce, parecen estar gestionando Encofrados Encofrasa con la alegría de quien ve cómo se le escapa el dinero por el desagüe. La comparativa es casi cruel. Mientras Motos se pasea por la cuenta bancaria con la soltura de quien no mira el ticket del súper, la productora de Broncano ha pasado de ganar 215.000 euros en 2023 a unos míseros 15.000 euros en 2025. Sí, quince mil euros. Para alguien que mueve millones en pantalla, ese beneficio es el equivalente a que te sobre algo de cambio después de pagar la hipoteca y la luz. Y no es que no haya presupuesto; RTVE ha subido el contrato a 31,88 millones frente a los 28 millones iniciales, pero el dinero parece evaporarse en el camino. Para rematar la faena, El Terrat, el socio de Buenafuente, ha cerrado 2025 con un agujero contable de un millón de euros. Al final, la política y las audiencias son el envoltorio, pero los números son la realidad: mientras unos construyen un imperio, otros están intentando que el barco no haga agua antes de que lleguen las elecciones y el viento sople en contra.
Hacienda juega a la ruleta rusa con el bolsillo del ciudadano y, curiosamente, la casa no siempre gana. Según los datos de 2024, los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) —que son, básicamente, Hacienda revisándose a sí misma frente al espejo— corrigieron total o parcialmente 91.769 recursos. Para que nos entendamos: de cada diez veces que un contribuyente tiene la valentía de decir 'aquí hay un error', la Administración admite que metió la pata en cuatro. Es como si el cajero del súper te cobrara el aguacate como si fuera caviar y solo te devolviera la diferencia si montas un escándalo en la cola. El dato más delirante llega con el IRPF. De 63.911 reclamaciones, Hacienda tuvo que dar la razón en 32.830 casos. Un 51,4%. Es decir, más de la mitad de las veces que el ciudadano se pone firme con su declaración de la renta, descubre que el Estado estaba calculando mal. Y si hablamos de Sucesiones y Donaciones, la fiesta es aún mayor: un 63,6% de estimaciones positivas (4.737 de 7.447). En Transmisiones Patrimoniales, el 61,5% (9.900 de 16.108). Mientras el autónomo promedio se lo piensa dos veces antes de recurrir porque no tiene tiempo ni ganas de pelear contra un gigante, las cifras macro muestran que el error es un deporte institucional. Solo en 2025, el Estado tuvo que soltar 1.250 millones de euros por un fallo en el fondo de comercio y otros 1.057 millones por bases imponibles negativas en Sociedades. Y no olvidemos el sablazo anterior: 4.053 millones devueltos por sentencias del Tribunal Supremo sobre mutualidades laborales. Al final, la estrategia es clara: cobran primero y, si tienes la paciencia de un santo y un buen asesor, quizás te devuelvan el cambio años después.
Gestionar la sanidad en las cárceles de Fernando Grande-Marlaska se ha convertido en el arte de poner tiritas en una fractura expuesta. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cita previa, en las prisiones el sistema ha decidido que la salud mental es un lujo opcional. Tenemos a unos 3.000 internos con trastornos graves viviendo en un limbo asistencial, porque los psiquiatras de plantilla han hecho un truco de magia y han desaparecido de la mayoría de los centros. La Administración juega al despiste con una ley de 2003 que obligaba a integrar la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud en 18 meses. Han pasado 23 años. Dos décadas ignorando el calendario, como quien deja que la factura de la luz se acumule esperando un milagro. El resultado es un desierto profesional: José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, suelta la cifra que debería hacer saltar todas las alarmas: hay oposiciones donde salen 80 plazas y se presentan siete valientes. Siete. Es como intentar llenar un estadio con una familia numerosa. ¿Quién quiere entrar ahí? Ganar menos que en el ambulatorio de barrio, cero carrera profesional y el romanticismo de ejercer la psiquiatría por videollamada. Sí, la telemedicina es el parche estrella para cubrir urgencias donde no hay ni un médico que pisara el suelo. Solo se salvan Cataluña y el País Vasco, que ya transferieron el servicio, y los hospitales de Alicante y Sevilla, que custodian a 500 internos con medidas de seguridad. El resto es una lotería: en Albolote, Granada, un psiquiatra del Servicio Andaluz de Salud asoma la cabeza una vez por semana. El resto del tiempo, el sistema sobrevive a base de parches y esperanza ciega.
Ceuta ha descubierto que el camino más corto hacia un desastre ecológico es un bote de champú en una ducha pública. Mientras la administración mira hacia otro lado, la playa de El Trampolín se ha convertido en un cóctel químico donde las gaviotas patiamarilla (Larus michahellis) están pagando el pato —o el gel—. En apenas un mes, la asociación DAUBMA ha tenido que recoger a más de 40 aves que, en lugar de volar, presentan un cuadro clínico que parece sacado de una mala noche: parálisis parcial, vómitos y una desorientación que haría dudar a cualquiera. La trama es tan simple como absurda. Hay una ordenanza que prohíbe el uso de detergentes en las duchas, pero las normas en la calle tienen la misma fuerza que un castillo de arena frente a la marea. El resultado es que el agua de escorrentía, cargada de perfumes y tensioactivos, termina en los charcos donde las aves beben. Es como si sustituyéramos el agua del grifo por detergente de platos y nos sorprendiéramos de que alguien se sienta mal. El telón de fondo no es menor: la zona fue el epicentro de una crisis migratoria brutal entre el 30 y 31 de julio, con cifras que el Ministerio del Interior elevó hasta las 72.000 entradas irregulares. Aunque el Gobierno movió a 1.800 personas de la calle a mediados de agosto, el rastro químico permanece. DAUBMA, que ya tuvo que denunciar la muerte a golpes de un delfín en el mismo arenal, ahora pide análisis toxicológicos y el cierre de duchas. Básicamente, piden que la ley sea algo más que un papel mojado mientras la fauna urbana se intoxica con fragancia de primavera.
Gestionar la frontera se ha convertido en el arte de mirar hacia otro lado mientras el papeleo se acumula como la ropa sucia de un estudiante universitario. La Fiscalía General del Estado acaba de soltar una bomba envuelta en lenguaje burocrático: a finales de 2025, había 3.904 presuntos menores extranjeros esperando a que alguien, algún día, decidiera si son niños o adultos. De los 7.999 expedientes abiertos, casi la mitad quedaron en el limbo. ¿La excusa? La eterna 'falta de medios'. Es fascinante cómo el Estado encuentra presupuesto para todo, menos para un escáner que diga si alguien tiene 15 o 25 años. Este cuello de botella no es casualidad. El 2025 fue el año del caos en Ceuta y las Islas Canarias, territorios que fueron declarados en 'situación de contingencia migratoria'. Para evitar que los centros estallaran, se aplicó la técnica del reparto equitativo entre comunidades, moviendo a la gente como si fueran piezas de un Tetris humano. El resultado es la amenaza de los 'macrocentros', esos almacenes de personas donde la integración es un concepto tan abstracto como la honestidad en una campaña electoral. Lo más delirante es la fotografía al 31 de diciembre de 2025, justo antes de que el 30 de julio de este año irrumpieran 80.000 personas por el espigón de El Tarajal. Mientras el Gobierno dice que solo quedan 5.000 personas de aquella entrada, Juan Jesús Vivas sostiene que son el doble. En medio de este juego de cifras, el Ministerio de Juventud planea repartir a 500 niñas por la península, mientras otros 1.200 menores filiados esperan que el sistema deje de fingir que tiene el control. Básicamente, estamos gestionando la demografía del país con una moneda al aire y un montón de expedientes sin resolver.
Imaginen que el Estado es una tarta y, de repente, alguien decide que quienes ni siquiera están sentados a la mesa tienen derecho a un trozo reservado. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), bajo el ala del Ministerio de Elma Saiz, ha lanzado una propuesta que suena a utopía para unos y a ingeniería electoral para otros: reservar 7 escaños en el Congreso exclusivamente para los españoles residentes fuera. Según sus cálculos, esos 3 millones de personas serían la 'tercera provincia' o la 'quinta autonomía' del país. Básicamente, quieren que el voto exterior deje de ser un trámite burocrático lento y se convierta en un bloque de poder directo, repartiendo cuatro escaños para América y tres para el resto del globo. Pero aquí es donde la historia se pone picante. Mientras el CGCEE insiste en que esto mejoraría la 'visibilidad' de los emigrantes —como quien dice que ponerle luces LED a una bicicleta la hace más segura—, el Tribunal Supremo ha tenido que tirar el freno de mano. El motivo: la Ley de Nietos. Resulta que una instrucción de Sofía Puente abrió la puerta a que cualquiera con un abuelo que saliera de España entre 1936 y 1955 pudiera obtener la nacionalidad y el voto, sin necesidad de haber sido exiliado político. Un 'buffet libre' de sufragios que el Supremo ha calificado como un 'peligro fundado, real y serio' para la objetividad de las elecciones. Es la paradoja perfecta: por un lado, se quiere dar un altavoz dorado a quienes viven lejos; por otro, la justicia advierte que meter a miles de personas nuevas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podría dinamitar la rectitud del proceso. Al final, parece que gestionar la democracia desde el extranjero es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con piezas que sobran.
Hay días en que el ruido de los motores es lo único que no tapa el ruido de la política. Madrid vuelve a jugar en la Champions de la velocidad tras 45 años de sequía, pero mientras Lando Norris se jugaba las milésimas en el asfalto, Isabel Díaz Ayuso se jugaba los nervios en X. La presidenta madrileña ha decidido que el verdadero 'pit stop' no ha sido en los boxes, sino en la redacción de TVE. Según Ayuso, la televisión pública —que según ella es el brazo ejecutor del Gobierno— se ha esforzado más en 'deslucir' el evento que los mecánicos de McLaren en ajustar el alerón de Norris. El escenario es el nuevo circuito de Madring, un despliegue de logística que espera atraer a 350.000 personas. Un número respetable, aunque para la oposición madrileña el evento es un club VIP donde solo entran los que tienen la cartera llena. Ayuso, experta en el arte del contraataque, ha respondido sacando la calculadora: ha recordado que en el circuito de Cataluña se han invertido 40 millones de euros públicos. Es la clásica táctica de 'mi fiesta es para todos, la tuya es un agujero contable'. Mientras tanto, la realidad deportiva ha sido un jarro de agua fría para el patriotismo local. Mientras la presidenta hablaba de 'días gloriosos', Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han tenido una sesión aciaga, quedando relegados a la 17.ª y 18.ª posición. Básicamente, mientras la política se pelea por quién tiene el micrófono, nuestros pilotos están empezando la carrera desde el fondo de la parrilla, casi donde se aparcan los coches de los comisarios. Al final, el GP de España en Madrid es como una boda de lujo: mucha pompa, mucha pelea por el protocolo y, al final, lo único que importa es si el coche de Norris aguanta el ritmo.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, el silencio es un deporte federado. José Manuel Albares y su equipo han gestionado la información sobre la 'ley de nietos' con la misma transparencia que una caja fuerte sumergida en el Atlántico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tenido que darles un toque de atención —con resolución del 12 de agosto de 2026— porque, básicamente, Exteriores decidió que responder a una solicitud de información del 24 de octubre de 2025 era un esfuerzo excesivo. Ignoraron al ciudadano y, en un despliegue de audacia administrativa, ignoraron también al propio organismo de Transparencia el 1 de junio. Mientras nosotros peleamos con la máquina del cajero para que no nos cobre comisión, el Ministerio ha movilizado a 657 trabajadores adicionales durante 2025 para gestionar un tsunami de papeles. Hablamos de 1.225.188 peticiones presentadas en consulados hasta el 31 de mayo de 2026 bajo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. De ese millón y pico, han aprobado 571.761 expedientes y han inscrito 333.696 en el Registro Civil. Pero claro, los detalles —el 'quién es quién' por países— se guardaban bajo llave. Argentina, por ejemplo, ya presumía a julio de 2025 de 366.579 solicitudes (el 40% del pastel) y 174.277 resoluciones favorables. La cosa se pone picante con el Tribunal Supremo, que el 8 de septiembre puso el freno de mano al voto de los inscritos en el CERA que no acreditaron el exilio de sus ancestros. Ahora, el CTBG ha calificado este hermetismo de 'opacidad institucional', recordándoles que el plazo de respuesta es de un mes, no de una era geológica. Al final, Exteriores tendrá que soltar el Excel con los datos de la Ley 52/2007 y la de 2022, aunque sea empujados por la ley.
Hay quien confunde la gestión pública con un simulador de vuelo: lanzan el avión, se dan cuenta de que no tiene alas y luego anuncian que el aterrizaje forzoso es, en realidad, una maniobra planificada. Así nace y muere (o agoniza) Verifactu. María Jesús Montero lo impulsó en 2023 con la ilusión de quien cree que el autónomo español tiene tiempo para jugar al Tetris con la burocracia, pero la realidad ha dado un bofetón de datos: solo el 1,75% de empresas y autónomos lo usa. Sí, han leído bien. Mientras el Ministerio de Trabajo presume de 3.430.313 autónomos y 2.975.490 empresas activas, solo 111.927 han decidido jugar al juego voluntariamente. Es como intentar organizar una fiesta para seis millones de personas y que solo aparezcan los primos y el vecino. El Gobierno, en un alarde de optimismo ciego, quería que el impuesto sobre sociedades estuviera adaptado el 1 de enero de 2026 y el resto el 1 de julio del mismo año. Pero claro, el tejido empresarial no es un Excel. Un estudio de Qonto reveló que el 82% de las pymes de menos de 50 empleados estaban más perdidas que un turista en el metro. Resultado: el calendario se ha desplazado a 2027. Lo más cómico es la ceguera selectiva de la Agencia Tributaria. Monitorizan 40 millones de registros mensuales desde principios de 2026 (frente a los miserables 20.700 de mayo de 2025), pero dicen que no saben distinguir si la factura es de un gigante corporativo o de un fontanero de barrio porque requeriría una «reelaboración». Traducido al cristiano: no tienen ni idea de quién está usando el sistema. Eso sí, para cobrar saben hacer cuentas: si en 2027 no estás homologado, el sablazo puede llegar a los 50.000 euros por ejercicio, y si eres desarrollador de software, la broma sube a 150.000 euros. Un negocio redondo, pero solo para Hacienda.
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Alex Carmona