Verifactu fracasa estrepitosamente: solo el 1,75% de empresas y autónomos lo usan

Verifactu: un fiasco con multa de 50.000€

economia Una ilustración conceptual y satírica. Un enorme y complejo laberinto de cables y pantallas digitales que forman la palabra 'VERIFACTU', pero que solo tiene una pequeña puerta abierta por la que entra una sola persona pequeña con un maletín. Al fondo, un reloj gigante marcando el año 2027 y una sombra amenazante con forma de factura fiscal. Estilo editorial moderno, colores fríos y contrastados.

Hay quien confunde la gestión pública con un simulador de vuelo: lanzan el avión, se dan cuenta de que no tiene alas y luego anuncian que el aterrizaje forzoso es, en realidad, una maniobra planificada. Así nace y muere (o agoniza) Verifactu. María Jesús Montero lo impulsó en 2023 con la ilusión de quien cree que el autónomo español tiene tiempo para jugar al Tetris con la burocracia, pero la realidad ha dado un bofetón de datos: solo el 1,75% de empresas y autónomos lo usa.

Sí, han leído bien. Mientras el Ministerio de Trabajo presume de 3.430.313 autónomos y 2.975.490 empresas activas, solo 111.927 han decidido jugar al juego voluntariamente. Es como intentar organizar una fiesta para seis millones de personas y que solo aparezcan los primos y el vecino. El Gobierno, en un alarde de optimismo ciego, quería que el impuesto sobre sociedades estuviera adaptado el 1 de enero de 2026 y el resto el 1 de julio del mismo año.

Pero claro, el tejido empresarial no es un Excel. Un estudio de Qonto reveló que el 82% de las pymes de menos de 50 empleados estaban más perdidas que un turista en el metro. Resultado: el calendario se ha desplazado a 2027. Lo más cómico es la ceguera selectiva de la Agencia Tributaria.

Monitorizan 40 millones de registros mensuales desde principios de 2026 (frente a los miserables 20.700 de mayo de 2025), pero dicen que no saben distinguir si la factura es de un gigante corporativo o de un fontanero de barrio porque requeriría una «reelaboración». Traducido al cristiano: no tienen ni idea de quién está usando el sistema.

Eso sí, para cobrar saben hacer cuentas: si en 2027 no estás homologado, el sablazo puede llegar a los 50.000 euros por ejercicio, y si eres desarrollador de software, la broma sube a 150.000 euros. Un negocio redondo, pero solo para Hacienda.

Crítica:

La noticia es un despliegue de datos correctos, pero el Gobierno intenta maquillar el fracaso resaltando el volumen de registros sin admitir que es pura fase de pruebas. Es el clásico cuento de 'estamos avanzando' mientras el barco se hunde.

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