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Hay quien lucha por llegar a fin de mes con el ticket del supermercado en la mano, y luego está Pedro Sánchez, que gestiona el Estado como quien organiza una agenda de citas en un spa. La secuencia es casi poética: el Gobierno tarda 25 días en admitir que Ceuta es un caos y decide crear un mando único para gestionar la crisis migratoria desde Marruecos. Justo cuando el ciudadano medio piensa que el presidente ha recordado dónde está su despacho, el hombre hace el truco de magia definitivo. 48 horas después de reunir el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez se esfuma. Destino: Andorra. No es una visita oficial, es un 'viaje privado' con Begoña Gómez. El refugio es el Sport Hotel Hermitage & Spa en Soldeu, un complejo de cinco estrellas gran lujo donde el aire es más puro que las promesas electorales. Para los que tengan problemas de memoria, ya en 2025 la pareja reservó una planta entera del hotel para que los escoltas no les interrumpieran la paz. Es el equivalente a alquilar el cine entero para no escuchar al de al lado comer palomitas. Lo más fascinante es el sentido del tiempo del presidente. El 31 de julio interrumpió su estancia en el Palacio de La Mareta, en Lanzarote, solo unas horas para pisar la frontera del Tarajal, soltar cuatro frases y volver a la tumbona el mismo día. Tras pasar allí hasta el lunes 24 de agosto, ha decidido que la crisis territorial de Ceuta puede esperar mientras él despeja su agenda hasta el lunes. Al final, gestionar el país parece ser el pasatiempo que Sánchez practica entre hotel y hotel, siempre que el servicio de habitaciones sea excelente.
Hay familias que comparten el apellido y otras que comparten un catálogo de sociedades pantalla como quien reparte cromos en el recreo. El clan Martínez Martínez ha elevado la ingeniería financiera a nivel de arte abstracto. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de mantenimiento, Manuel Martínez Martínez se pasea vinculado a 94 sociedades activas. Un despliegue industrial impresionante, sobre todo porque la mayoría de estas empresas no tienen ni teléfono, ni web, ni local; son fantasmas corporativos que habitan en el limbo administrativo. La trama es un juego de sillas musicales donde el premio es el silencio. Julio Martínez Martínez, el presunto 'pagador' de José Luis Rodríguez Zapatero, tomó el control de once empresas de su hermano Manuel justo después del rescate de Plus Ultra. De ese lote, nueve sirvieron para canalizar más de 800.000 euros en supuestas mordidas. Es la clásica maniobra de 'limpieza' de fondos: mover el dinero entre hermanos para que el rastro se pierda en un laberinto de papeles. El mapa de este imperio es surrealista. Desde el barrio de Chamberí, donde INVERCASMA SL tiene una sede en un piso que Manuel no pisa hace veinte años, hasta los bloques familiares en Petrer y Elda. Manuel es administrador en 76 empresas y dueño absoluto de otras 16, con actividades que van desde la pesca hasta la venta de alfombras. Una diversificación envidiable para alguien que no parece vender ni una alfombrilla de ratón. La UDEF ya lo tiene claro: Rafael y José Enrique Martínez Martínez también forman parte de este Tetris societario. No hay lógica económica, solo una coreografía familiar coordinada para que el verdadero beneficiario, el expresidente Zapatero, permanezca en la sombra mientras los fondos rotan sin descanso.
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de excesos: da vértigo y siempre hay un cargo que no recuerdas haber autorizado. Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas, España ha soltado más de 2.000 millones de euros en la integración de menores no acompañados. Un sablazo monumental que, curiosamente, se cocina a fuego lento entre la opacidad central y la factura que termina pagando el ciudadano a través de las autonomías. La aritmética es, sencillamente, surrealista. Hemos recibido cerca de 28.000 menores y hemos logrado devolver a 41. Sí, cuarenta y uno. Una tasa de éxito que haría llorar al peor de los gestores de un concesionario de coches usados. Y lo más gracioso: ni uno solo ha vuelto a Marruecos, ese socio tan 'colaborador' que el Gobierno alaba en los comunicados oficiales mientras el flujo no cesa. El juego es sencillo: el Estado central controla la frontera (o no), pero cuando el sistema colapsa, el marrón se lo pasan a las Comunidades Autónomas. El Gobierno central ha ido soltando 'propinas' para calmar los ánimos: 40 millones en 2018, unos 60 millones entre 2022 y 2024 para traslados y una partida reciente de 35 millones para las regiones 'tensionadas'. Incluso se han gastado 25 millones en programas como TándEM para que los extutelados encuentren empleo. Pero eso es calderilla comparado con el agujero contable regional. Mientras el Estado juega al malabarismo con subvenciones, las CCAA han pasado de gastar 300 millones en 2018 a una proyección de hasta 700 millones anuales para el periodo 2024-2026. Mantener una plaza cuesta entre 3.000 y 5.000 euros al mes, pudiendo escalar a los 9.000 euros en casos especiales. Básicamente, el coste de mantener a un menor supera el sueldo de cualquier trabajador medio, mientras el Gobierno central mira hacia otro lado con una sonrisa diplomática.
Cuando los argumentos geopolíticos se quedan cortos y el tablero diplomático se pone terco, siempre queda la carta del cielo. Marruecos, que ya ha probado el camino de los mapas y la historia, ha decidido sacar el manual de teología para reclamar Ceuta. Ahora, según el medio Hespress, la ciudad no es solo un trozo de tierra estratégica, sino el epicentro espiritual donde nació la celebración del cumpleaños del Profeta en el reino alauita. Es una jugada maestra de marketing identitario: pasar de la disputa territorial al sentimiento místico. Para darle cuerpo al asunto, rescatan la figura de Abu al-Abbas al-Azfi al-Sabti, un personaje que ya en 1236 escribía 'Al-Durr al-Munazzam fi Mawlid al-Nabi al-Mu'azzam'. Básicamente, nos dicen que Ceuta era el aula magna del Islam en el Occidente, un lugar donde se educaba a los niños en el amor al Profeta mucho antes de que nosotros supiéramos leer un mapa. Es como si un vecino intentara quitarte el jardín argumentando que hace ochocientos años allí crecía la mejor menta de la comarca. El relato es seductor. Mezclan la nostalgia del siglo XIII, la caída de los reinos musulmanes tras la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 y la erudición de Qadi Iyad al-Sabti con su libro 'Al-Shifa'. Nos venden una Ceuta que forjó la ética social marroquí, el sufismo suní y el credo ash'ari. Es una arquitectura narrativa impecable. Mientras nosotros discutimos presupuestos y vallas fronterizas, ellos elevan la apuesta a un nivel donde no hay abogados que valgan, sino fe y memoria. Al final, convertir una ciudad fronteriza en un santuario de la identidad es la forma más elegante de decir que el contrato de alquiler ha expirado hace siglos y que ahora vienen a cobrar la deuda con intereses divinos.
En la política, como en el mercadillo, el truco está en cómo vendes la mercancía. María Jesús Montero ha salido a la plaza pública con un dato que parece música para los oídos: el tráfico de drogas ha bajado un 7,8%. Sobre el papel, suena a éxito rotundo, casi como si hubiéramos limpiado las calles con un plumero. Pero claro, la realidad tiene una letra pequeña que quema. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado el jarro de agua fría: que bajen los atestados no significa que haya menos droga, sino que quizá hay menos manos para pillar a los que la mueven. Mientras Montero le lanza dardos a Juanma Moreno Bonilla acusándolo de 'sembrar miedo', los números del CITCO del 19 de agosto cuentan una historia muy distinta. En Andalucía, el hachís incautado ha pegado un salto del 38,56%, pasando de 143.070 a 198.244 kilos. Es una cantidad de resina que haría temblar a cualquier almacén logístico. Lo más surrealista ocurre en Huelva, donde la droga intervenida se ha disparado un 105,62%, y en Córdoba, que sin tener un solo metro de playa, ha visto subir sus incautaciones 17,5 veces. Es pura ingeniería financiera del crimen. Lo verdaderamente gamberro es el contraste: más droga en la calle, pero un 21,68% menos de detenciones. Es como si el narco hubiera aprendido a hacer el truco de magia de desaparecer mientras deja el paquete en la puerta. Todo esto ocurre mientras recordamos la tragedia de Barbate el 9 de febrero de 2024, la muerte de agentes en Huelva el 8 de mayo de 2026 y la masacre de Isla Cristina el 16 de agosto. Al final, el debate político se queda en 'la paja en el ojo ajeno', mientras el OCON-Sur, esa unidad que detuvo a 12.000 personas, desapareció en 2022 como quien borra un mensaje comprometido de WhatsApp.
El centro de menores Zambrana de Valladolid se ha convertido en un curioso experimento de gestión administrativa donde la mayoría de edad es un detalle secundario. Resulta casi cómico que, en un lugar diseñado para reformar chavales, 23 de los 66 internos ya son adultos. Es decir, uno de cada tres ha pasado la barrera de los 18 mientras esperaba que la maquinaria judicial se despierte de su siesta. Mientras el ciudadano medio espera meses por una cita médica, estos señores disfrutan de una estancia prolongada en un reformatorio porque los procesos judiciales van a la velocidad de un caracol con reuma. Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox, ha visitado el centro para confirmar que el sitio está 'completo', una palabra elegante para decir que están hasta los topes. Pollán no se ha quedado en la logística y ha lanzado el dardo sociológico: hay un 'número elevado' de pandilleros de origen hispanoamericano, una delincuencia que, según él, es 'importada' y desconocida hasta ahora en España. El contraste es delicioso: por un lado, se predica la 'tolerancia cero', pero por otro, el centro funciona como una sala de espera infinita para adultos que ya deberían estar en una prisión de verdad. La gestión del caos tiene fecha de caducidad. Hay contratos de servicios que vencen en diciembre y el de seguridad en junio, lo que deja la puerta abierta a 'mejorar los pliegos', lenguaje corporativo para decir que el sistema actual tiene más agujeros que un colador. Entre ratios asfixiantes y protocolos que, según los trabajadores, les quitan la autoridad, el Zambrana es el espejo de una realidad donde la seguridad de los barrios se discute en reuniones sindicales mientras los adultos siguen durmiendo en camas de menores.
España ha inventado un sistema fascinante: para ganar más dinero, lo más eficiente no es trabajar, sino dejar de hacerlo. Mientras que el trabajador medio se despierta cada mañana para luchar contra un salario más frecuente que parece congelado en el tiempo —apenas 1.180 euros mensuales en 2024—, el jubilado medio disfruta de una pensión de 1.574,9 euros (en 14 pagas). Es un contraste brutal: cobrar una pensión es hoy un 33,47% más ventajoso que estar en activo ganando lo que gana la mayoría. La ingeniería financiera de la última década es sencillamente surrealista. Mientras que el salario más frecuente ha tenido una subida ridícula del 0,18% en diez años (básicamente, el precio de un café que no ha subido), la pensión media de jubilación se ha pegado un salto del 50,7%. Para que nos entendamos: la pensión ha subido 282 veces más que el sueldo del trabajador común. Es como si tú subieras la escalera a rastras mientras tu vecino sube en ascensor turbo. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en agosto de 2018, la pensión media ha escalado un 43,6%. El resultado es un despliegue de generosidad pública que roza la fantasía: en agosto, la Seguridad Social soltó la cifra récord de 14.470,4 millones de euros. Los nuevos jubilados del Régimen General son la élite de este esquema, percibiendo una media de 1.822 euros (14 pagas), un 54,41% más que el salario más frecuente. Estamos creando una brecha donde el esfuerzo laboral es el camino más largo para alcanzar la solvencia, mientras el sistema se encamina a un agujero de sostenibilidad que no llena ni todo el optimismo del Palacio de la Moncloa.
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo gestiona como si fuera un alquiler de temporada en Lanzarote. Mientras Ceuta se convertía en el epicentro de un caos absoluto los pasados 30 y 31 de julio, con 80.000 marroquíes cruzando la frontera y poniendo en jaque la seguridad nacional, el presidente Pedro Sánchez decidió que el calendario de sus vacaciones era la prioridad absoluta. Un mes después, el secretario general del PSOE reaparece, pero no para dar la cara, sino para montar un muro de contención humano. La estrategia es tan vieja como el hilo negro: lanzar a siete ministros al ruedo para que el jefe no se manche el traje. El despliegue empieza este 25 de agosto con Margarita Robles en la Comisión de Defensa, quien tendrá que explicar por qué la soberanía nacional se desmoronó con la facilidad de un castillo de naipes. Luego vendrá el goteo: Félix Bolaños y Mónica García el jueves; Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz el viernes; y para cerrar el telón, Sira Rego el lunes 31. Es una ingeniería de blindaje donde los ministros hacen de paragüas mientras el presidente asoma la cabeza solo en el Consejo de Seguridad Nacional, junto a figuras como Loreto Gutiérrez Hurtado, Esperanza Casteleiro y Teodoro López Calderón. Borja Sémper, portavoz del PP, lo ha resumido con una precisión quirúrgica: se ha gestionado una emergencia nacional en chanclas y bañador. Mientras los habitantes de Ceuta lidian con crisis de salubridad y orden público, en Moncloa el 'cartel de cerrado por vacaciones' ha sido la norma. Al final, el balance es triste: más ministros compareciendo que tiempo real del presidente en la ciudad autónoma. Una gestión de 'estilo remoto' que deja la frontera abierta y la responsabilidad delegada.
Hay una maestría casi artística en el timing del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras el ciudadano medio se preparaba para la 'operación salida' con la ilusión de quien cree que el presupuesto le alcanzará para el helado y el souvenir, el Ejecutivo decidió que el 1 de agosto era el día perfecto para retirar la rebaja del IVA de los combustibles. No fue un descuido; fue un sablazo coordinado con el calendario de vacaciones. Los datos de Eurostat no mienten, aunque a algunos les gustaría que lo hicieran: la inflación de los carburantes en España se disparó un 5,9% en julio. Para que nos entendamos, mientras en Francia el precio apenas bostezaba con un 2,3% y en Portugal se mantenía en un discreto 1,7%, en España estábamos en el podio del dolor europeo, solo superados por el caos de Polonia (13,4%) y Alemania (11,2%). Es decir, que repostar en agosto se convirtió en un deporte de riesgo financiero. Lo más fascinante es la ingeniería del Real Decreto Ley. El plan original era una escalera descendente de ayudas: 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. Pero el Gobierno decidió que el bolsillo del conductor podía soportar el golpe justo cuando más kilómetros se hacían. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ya había dejado caer que existía una cláusula automática para subir la ayuda a 20 céntimos si el conflicto en Oriente Medio recrudecía los precios. Pero claro, el combustible subía, la inflación nos dejaba 1,6 puntos por encima de la media de la UE y 1,7 puntos por encima de la eurozona, pero la ayuda decidió tomarse unas vacaciones antes que los españoles. Al final, la cuenta no sale: nos vendieron un paraguas que cerraron justo cuando empezó a llover gasolina cara.
Imaginen que pagan a su vecino para que no use la lavadora mientras ustedes intentan que no se fundan los plomos de casa. Suena a locura, pero es exactamente el negocio del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD). Red Eléctrica ha decidido que la mejor forma de evitar un apagón es pagarle a la industria para que, sencillamente, deje de trabajar. El resultado es un agujero contable que ya roza los 1.000 millones de euros, una cifra que no sale de un pozo mágico, sino de nuestra factura de la luz. El sistema es un despliegue de generosidad corporativa: las empresas reciben una paga fija solo por estar disponibles y un extra variable cuando Red Eléctrica les pide que apaguen las máquinas. El pasado 20 de agosto, a eso de las 18 horas, volvió a sonar la campana. Ya van siete activaciones este año y doce desde que el SRAD nació en 2022. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para llegar a fin de mes, la industria ha engrosado su hucha con 954 millones de euros solo en retribuciones fijas. En 2026, el guion se repite: entre los 256 millones del primer semestre y los 179 millones adjudicados en mayo para el segundo, la fiesta costará 434 millones. Lo más cínico ocurre de noche, cuando el KWh se pone caprichoso y los precios suben, haciendo que las activaciones sean aún más jugosas para las compañías. Pero ojo, que nos venden el cuento del ahorro. Nos dicen que es un 'chollo' porque el antiguo servicio de interrumpibilidad (2007-2019) se llevó 5.258 millones de euros. Claro, es la clásica lógica de quien te dice que te ha robado menos que el anterior: sigue siendo un sablazo, pero técnicamente es el más barato de la historia.
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Adolfo Sáez