España lleva gastados más de 2.000 millones en atención a los menas desde la llegada de Sánchez al poder

Menas: el sablazo de 2.000 millones

politica Una ilustración conceptual y satírica. Un gran grifo de oro con la forma del mapa de España vertiendo una cascada de monedas y billetes sobre un mapa fragmentado de regiones administrativas. Al fondo, una puerta abierta y un camino vacío que simboliza la falta de retornos, estilo caricatura editorial de periódico financiero, colores contrastados, alta definición.

Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de excesos: da vértigo y siempre hay un cargo que no recuerdas haber autorizado. Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas, España ha soltado más de 2.000 millones de euros en la integración de menores no acompañados.

Un sablazo monumental que, curiosamente, se cocina a fuego lento entre la opacidad central y la factura que termina pagando el ciudadano a través de las autonomías. La aritmética es, sencillamente, surrealista. Hemos recibido cerca de 28.000 menores y hemos logrado devolver a 41.

Sí, cuarenta y uno. Una tasa de éxito que haría llorar al peor de los gestores de un concesionario de coches usados. Y lo más gracioso: ni uno solo ha vuelto a Marruecos, ese socio tan 'colaborador' que el Gobierno alaba en los comunicados oficiales mientras el flujo no cesa. El juego es sencillo: el Estado central controla la frontera (o no), pero cuando el sistema colapsa, el marrón se lo pasan a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno central ha ido soltando 'propinas' para calmar los ánimos: 40 millones en 2018, unos 60 millones entre 2022 y 2024 para traslados y una partida reciente de 35 millones para las regiones 'tensionadas'. Incluso se han gastado 25 millones en programas como TándEM para que los extutelados encuentren empleo. Pero eso es calderilla comparado con el agujero contable regional.

Mientras el Estado juega al malabarismo con subvenciones, las CCAA han pasado de gastar 300 millones en 2018 a una proyección de hasta 700 millones anuales para el periodo 2024-2026. Mantener una plaza cuesta entre 3.000 y 5.000 euros al mes, pudiendo escalar a los 9.000 euros en casos especiales.

Básicamente, el coste de mantener a un menor supera el sueldo de cualquier trabajador medio, mientras el Gobierno central mira hacia otro lado con una sonrisa diplomática.

Crítica:

El texto original es un panfleto con datos, carece de matices sobre la obligatoriedad legal de la tutela de menores. Prioriza la indignación económica sobre el análisis jurídico del problema.

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