Crítica:
El texto original es una mina de datos, pero le falta el valor de conectar los puntos con más agresividad. Es demasiado deferente con la estructura narrativa cuando el hecho es un escándalo de manual.
El texto original es una mina de datos, pero le falta el valor de conectar los puntos con más agresividad. Es demasiado deferente con la estructura narrativa cuando el hecho es un escándalo de manual.
Mientras Pedro Sánchez terminaba de broncearse en La Mareta, Lanzarote, la ciudad de Ceuta se convertía en un tablero de juego donde las piezas son personas y los espacios, el patrimonio de los vecinos. El calendario es cruel: el 30 de julio estalla el caos migratorio y el Consejo de Ministros, que parece operar con el ritmo de una siesta eterna, decide despertar el 25 de agosto. Veinticinco días después, cuando la paciencia de la calle ya no cabe en un vaso de agua, el Gobierno activa el mando único bajo la batuta de Ángel Víctor Torres, quien promete flexibilidad hasta el 31 de diciembre, como quien te dice que la factura del gas es 'negociable'. La solución propuesta es un ejercicio de optimismo surrealista. Mediante un real decreto, el Ejecutivo ha decidido que los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor —sí, esos donde los niños juegan y hay piscinas climatizadas— son el sitio ideal para gestionar la crisis. Es como si, ante una inundación en tu casa, la solución fuera convertir el salón y la cocina en un almacén de esponjas. A esto se suma el Hospital Militar, el aparcamiento de Loma Colmenar y la antigua fábrica de harinas. El Ministerio de Defensa y el de Transición Ecológica también han puesto sus granos de arena, cediendo terrenos en Loma Margarita, la Hípica, la explanada del Guano y el Acuartelamiento Coronel Fiscer. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad, ha reaccionado con la indignación de quien descubre que le han cambiado la cerradura de casa sin avisar, ya que estos sitios no figuraban en la lista del domingo. El Gobierno local recurrirá a la justicia, sabiendo que convertir el barrio en un campamento improvisado es la receta perfecta para que la convivencia explote como un petardo en agosto.
Hay quien lucha por llegar a fin de mes con el ticket del supermercado en la mano, y luego está Pedro Sánchez, que gestiona el Estado como quien organiza una agenda de citas en un spa. La secuencia es casi poética: el Gobierno tarda 25 días en admitir que Ceuta es un caos y decide crear un mando único para gestionar la crisis migratoria desde Marruecos. Justo cuando el ciudadano medio piensa que el presidente ha recordado dónde está su despacho, el hombre hace el truco de magia definitivo. 48 horas después de reunir el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez se esfuma. Destino: Andorra. No es una visita oficial, es un 'viaje privado' con Begoña Gómez. El refugio es el Sport Hotel Hermitage & Spa en Soldeu, un complejo de cinco estrellas gran lujo donde el aire es más puro que las promesas electorales. Para los que tengan problemas de memoria, ya en 2025 la pareja reservó una planta entera del hotel para que los escoltas no les interrumpieran la paz. Es el equivalente a alquilar el cine entero para no escuchar al de al lado comer palomitas. Lo más fascinante es el sentido del tiempo del presidente. El 31 de julio interrumpió su estancia en el Palacio de La Mareta, en Lanzarote, solo unas horas para pisar la frontera del Tarajal, soltar cuatro frases y volver a la tumbona el mismo día. Tras pasar allí hasta el lunes 24 de agosto, ha decidido que la crisis territorial de Ceuta puede esperar mientras él despeja su agenda hasta el lunes. Al final, gestionar el país parece ser el pasatiempo que Sánchez practica entre hotel y hotel, siempre que el servicio de habitaciones sea excelente.
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de excesos: da vértigo y siempre hay un cargo que no recuerdas haber autorizado. Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas, España ha soltado más de 2.000 millones de euros en la integración de menores no acompañados. Un sablazo monumental que, curiosamente, se cocina a fuego lento entre la opacidad central y la factura que termina pagando el ciudadano a través de las autonomías. La aritmética es, sencillamente, surrealista. Hemos recibido cerca de 28.000 menores y hemos logrado devolver a 41. Sí, cuarenta y uno. Una tasa de éxito que haría llorar al peor de los gestores de un concesionario de coches usados. Y lo más gracioso: ni uno solo ha vuelto a Marruecos, ese socio tan 'colaborador' que el Gobierno alaba en los comunicados oficiales mientras el flujo no cesa. El juego es sencillo: el Estado central controla la frontera (o no), pero cuando el sistema colapsa, el marrón se lo pasan a las Comunidades Autónomas. El Gobierno central ha ido soltando 'propinas' para calmar los ánimos: 40 millones en 2018, unos 60 millones entre 2022 y 2024 para traslados y una partida reciente de 35 millones para las regiones 'tensionadas'. Incluso se han gastado 25 millones en programas como TándEM para que los extutelados encuentren empleo. Pero eso es calderilla comparado con el agujero contable regional. Mientras el Estado juega al malabarismo con subvenciones, las CCAA han pasado de gastar 300 millones en 2018 a una proyección de hasta 700 millones anuales para el periodo 2024-2026. Mantener una plaza cuesta entre 3.000 y 5.000 euros al mes, pudiendo escalar a los 9.000 euros en casos especiales. Básicamente, el coste de mantener a un menor supera el sueldo de cualquier trabajador medio, mientras el Gobierno central mira hacia otro lado con una sonrisa diplomática.
Cuando los argumentos geopolíticos se quedan cortos y el tablero diplomático se pone terco, siempre queda la carta del cielo. Marruecos, que ya ha probado el camino de los mapas y la historia, ha decidido sacar el manual de teología para reclamar Ceuta. Ahora, según el medio Hespress, la ciudad no es solo un trozo de tierra estratégica, sino el epicentro espiritual donde nació la celebración del cumpleaños del Profeta en el reino alauita. Es una jugada maestra de marketing identitario: pasar de la disputa territorial al sentimiento místico. Para darle cuerpo al asunto, rescatan la figura de Abu al-Abbas al-Azfi al-Sabti, un personaje que ya en 1236 escribía 'Al-Durr al-Munazzam fi Mawlid al-Nabi al-Mu'azzam'. Básicamente, nos dicen que Ceuta era el aula magna del Islam en el Occidente, un lugar donde se educaba a los niños en el amor al Profeta mucho antes de que nosotros supiéramos leer un mapa. Es como si un vecino intentara quitarte el jardín argumentando que hace ochocientos años allí crecía la mejor menta de la comarca. El relato es seductor. Mezclan la nostalgia del siglo XIII, la caída de los reinos musulmanes tras la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 y la erudición de Qadi Iyad al-Sabti con su libro 'Al-Shifa'. Nos venden una Ceuta que forjó la ética social marroquí, el sufismo suní y el credo ash'ari. Es una arquitectura narrativa impecable. Mientras nosotros discutimos presupuestos y vallas fronterizas, ellos elevan la apuesta a un nivel donde no hay abogados que valgan, sino fe y memoria. Al final, convertir una ciudad fronteriza en un santuario de la identidad es la forma más elegante de decir que el contrato de alquiler ha expirado hace siglos y que ahora vienen a cobrar la deuda con intereses divinos.
En la política, como en el mercadillo, el truco está en cómo vendes la mercancía. María Jesús Montero ha salido a la plaza pública con un dato que parece música para los oídos: el tráfico de drogas ha bajado un 7,8%. Sobre el papel, suena a éxito rotundo, casi como si hubiéramos limpiado las calles con un plumero. Pero claro, la realidad tiene una letra pequeña que quema. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado el jarro de agua fría: que bajen los atestados no significa que haya menos droga, sino que quizá hay menos manos para pillar a los que la mueven. Mientras Montero le lanza dardos a Juanma Moreno Bonilla acusándolo de 'sembrar miedo', los números del CITCO del 19 de agosto cuentan una historia muy distinta. En Andalucía, el hachís incautado ha pegado un salto del 38,56%, pasando de 143.070 a 198.244 kilos. Es una cantidad de resina que haría temblar a cualquier almacén logístico. Lo más surrealista ocurre en Huelva, donde la droga intervenida se ha disparado un 105,62%, y en Córdoba, que sin tener un solo metro de playa, ha visto subir sus incautaciones 17,5 veces. Es pura ingeniería financiera del crimen. Lo verdaderamente gamberro es el contraste: más droga en la calle, pero un 21,68% menos de detenciones. Es como si el narco hubiera aprendido a hacer el truco de magia de desaparecer mientras deja el paquete en la puerta. Todo esto ocurre mientras recordamos la tragedia de Barbate el 9 de febrero de 2024, la muerte de agentes en Huelva el 8 de mayo de 2026 y la masacre de Isla Cristina el 16 de agosto. Al final, el debate político se queda en 'la paja en el ojo ajeno', mientras el OCON-Sur, esa unidad que detuvo a 12.000 personas, desapareció en 2022 como quien borra un mensaje comprometido de WhatsApp.
El centro de menores Zambrana de Valladolid se ha convertido en un curioso experimento de gestión administrativa donde la mayoría de edad es un detalle secundario. Resulta casi cómico que, en un lugar diseñado para reformar chavales, 23 de los 66 internos ya son adultos. Es decir, uno de cada tres ha pasado la barrera de los 18 mientras esperaba que la maquinaria judicial se despierte de su siesta. Mientras el ciudadano medio espera meses por una cita médica, estos señores disfrutan de una estancia prolongada en un reformatorio porque los procesos judiciales van a la velocidad de un caracol con reuma. Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox, ha visitado el centro para confirmar que el sitio está 'completo', una palabra elegante para decir que están hasta los topes. Pollán no se ha quedado en la logística y ha lanzado el dardo sociológico: hay un 'número elevado' de pandilleros de origen hispanoamericano, una delincuencia que, según él, es 'importada' y desconocida hasta ahora en España. El contraste es delicioso: por un lado, se predica la 'tolerancia cero', pero por otro, el centro funciona como una sala de espera infinita para adultos que ya deberían estar en una prisión de verdad. La gestión del caos tiene fecha de caducidad. Hay contratos de servicios que vencen en diciembre y el de seguridad en junio, lo que deja la puerta abierta a 'mejorar los pliegos', lenguaje corporativo para decir que el sistema actual tiene más agujeros que un colador. Entre ratios asfixiantes y protocolos que, según los trabajadores, les quitan la autoridad, el Zambrana es el espejo de una realidad donde la seguridad de los barrios se discute en reuniones sindicales mientras los adultos siguen durmiendo en camas de menores.
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo gestiona como si fuera un alquiler de temporada en Lanzarote. Mientras Ceuta se convertía en el epicentro de un caos absoluto los pasados 30 y 31 de julio, con 80.000 marroquíes cruzando la frontera y poniendo en jaque la seguridad nacional, el presidente Pedro Sánchez decidió que el calendario de sus vacaciones era la prioridad absoluta. Un mes después, el secretario general del PSOE reaparece, pero no para dar la cara, sino para montar un muro de contención humano. La estrategia es tan vieja como el hilo negro: lanzar a siete ministros al ruedo para que el jefe no se manche el traje. El despliegue empieza este 25 de agosto con Margarita Robles en la Comisión de Defensa, quien tendrá que explicar por qué la soberanía nacional se desmoronó con la facilidad de un castillo de naipes. Luego vendrá el goteo: Félix Bolaños y Mónica García el jueves; Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz el viernes; y para cerrar el telón, Sira Rego el lunes 31. Es una ingeniería de blindaje donde los ministros hacen de paragüas mientras el presidente asoma la cabeza solo en el Consejo de Seguridad Nacional, junto a figuras como Loreto Gutiérrez Hurtado, Esperanza Casteleiro y Teodoro López Calderón. Borja Sémper, portavoz del PP, lo ha resumido con una precisión quirúrgica: se ha gestionado una emergencia nacional en chanclas y bañador. Mientras los habitantes de Ceuta lidian con crisis de salubridad y orden público, en Moncloa el 'cartel de cerrado por vacaciones' ha sido la norma. Al final, el balance es triste: más ministros compareciendo que tiempo real del presidente en la ciudad autónoma. Una gestión de 'estilo remoto' que deja la frontera abierta y la responsabilidad delegada.
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