Crítica:
El texto original es demasiado amable con las promesas de 'ecosistema abierto'. Ignora que en el mundo de los algoritmos, la 'preferencia de ubicación' es la nueva censura invisible.
The Murdochs Expand Media Empire as Fox’s Roku Acquisition Closes
Murdoch compra Roku: el mando ahora es suyo
Otros artículos
Binance: 6.300 millones volados y sin seguro
Imaginen que dejan la puerta de casa abierta, con un cartel que dice 'hay oro en el salón', y luego se sorprenden de que alguien se lo lleve. Pues bien, Binance acaba de vivir su propia versión de este chiste, solo que el 'oro' eran 6.300 millones de dólares que se esfumaron en una operación presuntamente orquestada por Corea del Norte. Lo más delirante no es el robo, sino que el gigante del intercambio, que navega en una industria valorada en más de 2.5 billones de dólares, parece haber olvidado contratar un seguro contra ciberataques. Sí, aseguraron los egos y la responsabilidad personal de sus ejecutivos, pero se olvidaron de asegurar la caja fuerte. Un detalle curioso, ¿verdad? Ahora, las aseguradoras están en modo pánico. Jacqueline Quintal, de Marsh, lo deja claro: nadie quiere ser el 'iluso' que firme una póliza para una entidad cripto y despierte con otro agujero contable de miles de millones. Mientras que el ciudadano medio sufre por el precio de la luz, los aseguradores están recalculando sus libros. Según la NAIC, las reclamaciones para empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de dólares han subido un 586% desde 2021, alcanzando una media de 4.4 millones en 2025. El problema es que los ataques ya no son goteos, sino tsunamis: menos frecuentes, pero devastadores. El juego se pone feo para las cripto. Alan Lyons, de Herrick, advierte que vendrán letras pequeñas y exclusiones quirúrgicas. De hecho, Lloyd’s ya excluye ataques respaldados por Estados desde 2023. Si Corea del Norte es el culpable, las aseguradoras sacarán el manual de 'aquí no pasó nada'. Entre entrevistas de trabajo falsas y malware, el sector ha demostrado que su seguridad es un colador, y ahora que la IA permite escalar los ataques, el mercado se pregunta si el riesgo es simplemente inasegurable.
Anthropic: el sueño IA choca con realidad
Silicon Valley acaba de descubrir que el mundo real no es un prompt de ChatGPT donde todo sale perfecto. Tras unas elecciones intermedias donde los votantes mandaron un mensaje claro —basta de centros de datos devorando el paisaje y líderes tecnológicos intocables—, Wall Street entró en modo pánico. El resultado fue una purga digital que borró 2,3 billones de dólares en valor de mercado el jueves. Un sablazo que hace que cualquier crisis hipotecaria parezca un descuido en la propina. En medio de este incendio está Anthropic, la casa de Claude. Hace una semana, se paseaban con la arrogancia de quien cree que el cielo es el límite, apuntando a una valoración de 2 billones de dólares para su salida a bolsa. Ahora, la realidad les ha dado un bofetón y los inversores, que tienen la memoria más corta que un hilo de Twitter, ya barajan ofertas de 1,1 billones. Sí, sigue siendo una cifra astronómica, pero es un aterrizaje forzoso para una empresa que se permitió el lujo de perder más de 80.000 millones de dólares solo en la primera mitad de 2026. Quemar dinero a esa velocidad no es emprendimiento, es pirotecnia corporativa. El miedo es tangible. Con un Congreso que apunta a mayoría demócrata en enero, figuras como Hakeem Jeffries podrían verse en la encrucijada de morder la mano que les alimenta (el dinero de Silicon Valley) o escuchar el rugido de los votantes que quieren frenar la expansión de la IA. Mientras tanto, Donald Trump guarda el veto hasta 2028 como un as bajo la manga, ofreciendo un refugio temporal. Anthropic ahora tiene que decidir: ¿salen a bolsa con el precio inflado y arriesgan una masacre el primer día, o aceptan que el mercado ya no compra el cuento de la omnipotencia tecnológica?
BuzzFeed: la IA los dejó en quiebra
Hay una forma muy elegante de decir que te has quedado sin blanca, y BuzzFeed la llama 'duda sustancial sobre su capacidad de continuar'. Traducido al lenguaje de quien mira la cuenta corriente un lunes por la mañana: están en el hoyo. La apuesta de Jonah Peretti por la IA no ha sido un giro estratégico, sino un salto al vacío sin paracaídas que ha dejado una pérdida neta de 57,3 millones de dólares para 2025. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, Peretti jugaba a los dados con el futuro de la empresa. La realidad ha golpeado la mesa esta mañana con la sutileza de un mazo. La acción se ha desplomado un 38% en cuestión de horas, pasando de un optimista 2,09 dólares a unos miserables 0,57 dólares. Es el tipo de caída que te revuelve el estómago. Para rematar la faena, el beneficio por acción (EPS) ha cerrado en -0,22 dólares, 13 centavos peor de lo que ya predecían los analistas, que ya eran pesimistas. Entra en escena Byron Allen, el magnate de las estaciones de TV, quien compró una participación mayoritaria en mayo con la promesa de convertir a BuzzFeed en el nuevo YouTube gracias a la IA. Un plan brillante, si ignoramos que hasta Google está viendo cómo los ingresos publicitarios se evaporan por culpa de esa misma IA. El resultado de esta 'visión' ha sido un sablazo al personal: el despido del 33% de la plantilla restante apenas dos meses después de la llegada de Allen. Peretti, ahora autoproclamado 'presidente de BuzzFeed AI', sigue hablando de 'nuevos medios' mientras la empresa persigue la gloria de MySpace: directo hacia el abismo, pero con un título muy brillante en la tarjeta de visita.
Alquileres por las nubes: ¿culpa de quién?
El pasado 3 de octubre, Madrid se llenó de consignas contra los 'fondos buitre' y gritos para expropiar hasta el último ladrillo. Entre 70.000 manifestantes según el Gobierno y medio millón según los organizadores, la narrativa era clara: el culpable es el dueño del piso. Pero mientras la calle pide milagros, la economía hace cuentas, y los números no saben de ideologías. En el libro 'Un país sin casas', los economistas Daniel Fernández y Santiago Calvo sueltan una bomba de realidad: la inmigración explica el 41% de la subida real de los alquileres entre 2018 y 2025, y hasta el 60% en la compraventa. No es xenofobia, es aritmética básica de barrio: si metes a tres millones de residentes nuevos en un país que ha olvidado cómo poner un ladrillo, los precios suben como la espuma. Es como intentar meter a cien personas en un ascensor para cuatro; el que logre entrar pagará el precio que el dueño quiera. La hipocresía es deliciosa. Mientras el Estado valida la entrada de población, bloquea el suelo. El 95,7% del territorio es 'no urbanizable' y el Gobierno se sienta sobre el 58% del suelo urbano sin edificar. Es el colmo del absurdo: tenemos el terreno, pero no el permiso. Para colmo, la burocracia le añade un 'impuesto invisible' de 12.800 euros al coste de cada casa solo por la espera de una licencia. Sumemos la Ley de Vivienda de 2023 y sus controles de precios, que en lugar de crear casas, ha hecho que la oferta caiga un 19%. Al final, el sablazo lo paga el más débil: el quintil más pobre destina el 36% de su sueldo al alquiler, frente al 14% del rico. El resultado es una gestión política de la escasez donde el Estado pone la traba y luego se sorprende de que no haya donde dormir.
Sindicatos: el chollo de cobrar sin currar
En este país, si te gusta el teatro, te pagas el taller; si te gusta la caza, sueltas la pasta por la licencia y la escopeta. Reglas básicas de supervivencia. Pero hay un grupo que ha hackeado el sistema: los amantes de la representación sindical. Aquí, el hobby no solo es gratis, sino que te pagan por él mientras el resto de los mortales seguimos picando piedra. Es el 'chollo' definitivo. Saquemos la calculadora, que aquí vienen los sablazos. Tenemos a unos 284.000 delegados sindicales en el sector privado. Para que nos entendamos, suman más de 73 millones de horas al año dedicadas a 'tareas de representación'. Si aplicamos el coste laboral medio de 25,8 euros por hora, el agujero contable asciende a unos 1.900 millones de euros anuales. Un monto que las empresas absorben y que, al final, acabamos pagando nosotros en el precio del café o de la compra del súper. Y ojo, que esto es sin contar a los 45.000 delegados del sector público, que se pagan directamente con nuestros impuestos. Traducido al lenguaje de la calle, estas horas equivalen al sueldo anual de 40.300 personas que cobran sin producir un solo tornillo. Tenemos 4.200 liberados plenos —los 'estrellas' que no pisan la línea de montaje— y una legión de liberados parciales. Mientras que en Francia una empresa de 900 empleados puede sobrevivir con un solo representante, en España necesitamos un comité de 21 miembros. Veintiuno. Es como querer montar un equipo de fútbol y terminar contratando a tres plantillas completas y un cuerpo técnico solo para decidir el color de las camisetas. Una ingeniería financiera que nos resta competitividad frente a Alemania o Reino Unido, mientras mantenemos una casta de privilegiados que cobra por existir en el organigrama.
Aceite español guardado y el importado vuela
La burocracia tiene ese don maravilloso de intentar apagar un fuego echándole gasolina. El pasado 6 de noviembre, el BOE publicó una norma de comercialización que suena a manual de economía para dummies: para que el precio del aceite no se desplome, la solución es, sencillamente, no venderlo. Así de brillante. El plan permite retirar hasta un 20% de la producción, aunque en este caso se han quedado en un 12%. Es como si, para que no baje el precio de tu coche, el Gobierno te obligara a dejarlo guardado en el garaje mientras ves cómo el vecino compra uno chino más barato. Luis Planas, el ministro de Agricultura, se escuda en el artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013 para justificar este malabarismo. El problema es que mientras las cisternas se llenan de aceite español que no puede salir al mercado —con unas 1,6 millones de toneladas previstas y 375.000 de enlace—, la puerta trasera está abierta de par en par. Los datos del Ministerio de Economía son un puñetazo en la mesa: entre octubre de 2025 y agosto de 2026, España importó 230.040,96 toneladas de aceite, un incremento del 17,36% comparado con las 34.024,70 toneladas de la campaña anterior. Fernando Giraldo, el olivarero que no se calla nada, ha puesto el dedo en la llaga. ¿Cuál es la gracia de almacenar el 'oro líquido' nacional mientras importamos un 20% más de aceite extranjero producido con normativas laborales y fitosanitarias que harían llorar a cualquier inspector europeo? Lo más cínico es que las envasadoras, que son las que traen el aceite de fuera, ahora se quejan de la complejidad del sistema. Giraldo lo resume con la elegancia de quien ha trabajado la tierra toda su vida: que se jodan. Porque mientras el agricultor ve cómo su esfuerzo se queda cogiendo polvo en una cisterna, el mercado se llena de producto importado bajo el ala protectora de Bruselas.
Carreteras: pagamos oro y conducimos sobre escombros
España ha descubierto que mantener las cosas es más difícil que inaugurarlas con una cinta roja y un canapé. Mientras nos venden la modernidad, el asfalto se deshace bajo nuestros neumáticos como una galleta mojada en café. El informe 'Todo funciona peor' del Instituto Juan de Mariana, firmado por Diego Sánchez de la Cruz y Manuel Llamas, es el espejo donde nadie quiere mirarse: pagamos más, pero el servicio es un chiste. Empecemos por el sablazo fiscal. El sector del automóvil le ha soltado al Estado 41.995 millones de euros en 2025, con 23.000 millones solo en carburantes. Es una recaudación agresiva, casi quirúrgica. Pero a la hora de devolver el favor, la administración se vuelve tacaña: menos de 3.000 millones van destinados a conservar las carreteras. Básicamente, por cada euro que invertimos en que el asfalto no se coma nuestro coche, el Estado se guarda quince. Es la gestión del 'está bien así', hasta que deja de estarlo. El resultado es una red viaria que recuerda a los años 80, pero sin la nostalgia. El déficit de conservación roza los 15.000 millones de euros y hay 34.000 kilómetros que necesitan una reconstrucción urgente; una cifra que se ha multiplicado por dos y medio desde 2022, cuando solo eran 13.000 kilómetros. Y claro, el precio se paga en sangre. En 2025 registramos 103.591 siniestros con víctimas, frente a los 97.916 de 2022. Un aumento del 5,8% que se traduce en 1.775 fallecidos y 9.888 hospitalizados. La hipocresía es total: mientras la inversión pública en infraestructuras en 2025 (16.114 millones) es un 60% menor que en 2009, el Gobierno prefiere gastar más en subsidios para billetes de tren que en el mantenimiento de las vías. Estamos descapitalizando el país en silencio, transformando el patrimonio público en un agujero contable que algún día, y no mucho, nos pasará una factura impagable.
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