Crítica:
El texto es una radiografía brutal de la gestión presupuestaria, aunque peca de optimismo al no detallar exactamente en qué 'agujeros' se han perdido los 40.000 millones recaudados.
No solo es el tren: los accidentes en carretera aumentan en pleno deterioro de las carreteras
Carreteras: pagamos oro y conducimos sobre escombros
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PSOE: Entre microcréditos y militancia en fuga
Hay quien dice que el optimismo es una cuestión de perspectiva, pero en Ferraz la perspectiva ahora mismo es un precipicio. Pedro Sánchez intentó vender la remontada como el regreso triunfal del hijo pródigo, pero el accidente del AVE en Urda el pasado 28 de octubre fue el hachazo final a una moral que ya estaba en cuidados intensivos. Ahora, con las elecciones del 29 de noviembre respirándoles en la nuca, el PSOE se encuentra en esa situación incómoda en la que el partido de masas ha pasado a ser un club de lectura con poca asistencia. La aritmética es cruel. Para cubrir las 61.033 mesas electorales en los 8.132 municipios de España, el PSOE necesitaría que casi la mitad de sus 147.648 afiliados se pusieran el chaleco de interventores. Es una jibarización orgánica que haría llorar a Felipe González y Alfonso Guerra, que en sus tiempos de gloria movilizaban a medio millón de personas sin despeinarse. Hoy, el partido se ha tenido que conformar con el 'apoderado multiuso', esa figura triste que hace el trabajo de tres porque no hay quien se apunte voluntariamente. Pero claro, donde no llegan los voluntarios, llegan los intereses. Para financiar la campaña, el partido ha lanzado una campaña de microcréditos. Básicamente, le piden al afiliado que actúe como banco. A cambio de prestar hasta 200 euros, el PSOE ofrece un 3,75% anual (el PSC es más tacaño y ofrece un 3,5%). Es un negocio curioso: el partido te pide dinero para sobrevivir y te promete devolverlo con intereses usando las subvenciones públicas que el propio Estado le dará después. En julio de 2023, los militantes soltaron 5.922.600 euros, cubriendo el 30% de los 17,6 millones gastados. Esta vez, con la militancia desanimada y el censo habiendo perdido 27.000 personas desde 2017, conseguir que la gente saque la cartera parece una misión imposible.
Carreteras: pagamos oro y conducimos sobre escombros
España ha descubierto que mantener las cosas es más difícil que inaugurarlas con una cinta roja y un canapé. Mientras nos venden la modernidad, el asfalto se deshace bajo nuestros neumáticos como una galleta mojada en café. El informe 'Todo funciona peor' del Instituto Juan de Mariana, firmado por Diego Sánchez de la Cruz y Manuel Llamas, es el espejo donde nadie quiere mirarse: pagamos más, pero el servicio es un chiste. Empecemos por el sablazo fiscal. El sector del automóvil le ha soltado al Estado 41.995 millones de euros en 2025, con 23.000 millones solo en carburantes. Es una recaudación agresiva, casi quirúrgica. Pero a la hora de devolver el favor, la administración se vuelve tacaña: menos de 3.000 millones van destinados a conservar las carreteras. Básicamente, por cada euro que invertimos en que el asfalto no se coma nuestro coche, el Estado se guarda quince. Es la gestión del 'está bien así', hasta que deja de estarlo. El resultado es una red viaria que recuerda a los años 80, pero sin la nostalgia. El déficit de conservación roza los 15.000 millones de euros y hay 34.000 kilómetros que necesitan una reconstrucción urgente; una cifra que se ha multiplicado por dos y medio desde 2022, cuando solo eran 13.000 kilómetros. Y claro, el precio se paga en sangre. En 2025 registramos 103.591 siniestros con víctimas, frente a los 97.916 de 2022. Un aumento del 5,8% que se traduce en 1.775 fallecidos y 9.888 hospitalizados. La hipocresía es total: mientras la inversión pública en infraestructuras en 2025 (16.114 millones) es un 60% menor que en 2009, el Gobierno prefiere gastar más en subsidios para billetes de tren que en el mantenimiento de las vías. Estamos descapitalizando el país en silencio, transformando el patrimonio público en un agujero contable que algún día, y no mucho, nos pasará una factura impagable.
Andorra: el catalán cae pese a multas
Intentar imponer un idioma por decreto es como querer que el gato se bañe: puedes comprar el champú más caro, pero el animal seguirá haciendo lo que le dé la gana. En el Principado de Andorra, un territorio de 468 kilómetros cuadrados que parece un condominio compartido entre el Obispo de Urgel y el presidente francés, el Gobierno ha decidido jugar a los profesores estrictos. Han lanzado una ley de lengua propia y oficial que obliga a acreditar el catalán para renovar la residencia y hasta han multado a un comercio en 2025 porque sus hojas de reclamaciones no estaban en el idioma oficial. Un sablazo administrativo por un detalle de papelería. Pero la realidad no entiende de sellos ni de BOEs. Mientras la ministra Mònica Bonell insiste en que estas medidas cambiarán las tendencias, los datos le dan un bofetón de realidad. En 2022, el catalán era la lengua habitual para el 63,7% de la gente; ahora ha caído en picado hasta el 55,9%. Mientras tanto, el castellano ha subido del 48,6% al 55%. Es una transferencia de poder lingüístico más rápida que un cambio de moneda en el aeropuerto. La hipocresía alcanza su punto álgido en la sanidad. Exigían un B2 de catalán para curar pacientes, pero para 2025 se dieron cuenta de que los virus no esperan a que el médico termine el curso de gramática. Ante la falta de profesionales, han abierto el grifo permitiendo trabajar hasta dos años sin el título. En casa, el castellano manda con un 38,8% frente al 31,9% del catalán, y entre amigos la brecha es similar: 38,2% contra 34,7%. El Gobierno culpa a la inmigración, pero la calle habla claro: el español no pide permiso, simplemente ocurre.
Voto exterior: retoques urgentes antes de campaña
Hay reuniones que son como esas cenas familiares de Navidad: mucho ruido, platos caros y una tensión subterránea que nadie quiere mencionar en voz alta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado este viernes a los consejeros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) justo una semana antes de que arranque la campaña para las generales del 29 de noviembre. El objetivo oficial es «analizar retos» y «reforzar vínculos», que en lenguaje de calle significa intentar que la diáspora no se sienta como el primo lejano al que solo llaman cuando necesitan un favor. La ironía es tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz presume de querer «garantizar la participación», el Tribunal Supremo ha soltado el hachazo definitivo: sacar del censo a los nacionalizados por la Ley de Nietos que no demostraron el exilio. Resulta curioso que el Ejecutivo, mientras criticaba al Alto Tribunal diciendo que la participación exterior es un chiste (menos del 10%) y que no movería ni un escaño, tuviera a sus organismos redactando informes en 2025 para «subsanar problemas» del voto. Es como decir que el coche no arranca y no sirve para nada, mientras gastas el presupuesto en ponerle llantas de oro. En la mesa estuvieron Elena Bernado e Isabel María González, aunque la gran ausente fue Pilar Cancela. Mientras tanto, el Consejo de Ministros ha decidido ampliar el CGCEE de 43 a 51 miembros. Más asesores, más reuniones, más «vínculos», pero el mismo agujero en el censo provocado por la instrucción de Sofía Puente. Al final, el mensaje para el español en el extranjero es claro: «Infórmate cómo puede ayudarte», siempre y cuando el Supremo no haya decidido que tu nacionalidad es un error de cálculo administrativo.
Sánchez quiere 'congelar' el aceite balear
Madrid ha decidido jugar al Tetris con las despensas del país y, en el proceso, ha pasado el rodillo sobre las Islas Baleares. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha soltado una resolución el viernes que obliga a retirar del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027. Para un gigante industrial, un 12% es un ajuste de cuentas; para un productor balear, es como si le pidieran devolver una docena de huevos de cada caja mientras intenta sobrevivir al mes. Joan Simonet, al frente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, no se ha quedado mirando y prepara un recurso de alzada. La lógica es aplastante: mientras España juega en la liga de los 1,6 millones de toneladas, Baleares produce una media de 600 toneladas anuales. Es como intentar regular el caudal del Amazonas cerrando un grifo que gotea en un patio de Mallorca. La Administración insular advierte que, si se aplican los criterios de la Orden APA/1145/2026, ni siquiera alcanzarían el umbral del 120% respecto a las seis campañas anteriores para justificar tal castigo. El sablazo administrativo es lo que más escuece. Solo en Mallorca, tendrían que inmovilizar unos 40.000 litros de aceite. Para el Estado, esa cantidad es ruido blanco; para las 41 o 44 almazaras del archipiélago —incluyendo las 19 de la DOP Oli de Mallorca y las pequeñas instalaciones de Menorca, Ibiza y Formentera— es una pesadilla de papeles, almacenamiento y controles absurdos. Lo más surrealista es que quieren fiscalizar hasta el aceite de autoconsumo, ese que se queda en casa para las tostadas, tratándolo como si fuera un excedente que desestabiliza los precios mundiales. Una genialidad burocrática que confunde la calidad de la diferenciación con la masa industrial.
Helicópteros públicos: 75 millones en tierra
Hay algo profundamente poético en que el Estado, ese ente que te multa hasta por respirar fuera de tiempo, haya logrado que cinco helicópteros se conviertan en pisapapeles gigantes. Mientras tú peleas con el banco para que no te claven una comisión por mantener la cuenta, la DGT y la Comunidad de Madrid han gestionado 75 millones de euros con la misma precisión que un niño jugando con plastilina. El resultado: tres Pegasus en Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela cogiendo polvo, y dos del Summa 112 en Madrid que son básicamente adornos de jardín. El culpable tiene nombre: Eliance. La empresa decidió jugar a los Monopoly en la vida real, expandiéndose a base de deuda y fondos de inversión hasta que la burbuja estalló. Cerraron el ejercicio de 2025 con unas pérdidas de 24 millones de euros, una cifra que haría llorar a cualquier autónomo, pero que para ellos fue el preámbulo de un preconcurso de acreedores en octubre. Lo más surrealista es que en la base de Lozoyuela el aparato no vuela porque los pilotos no han podido usar el simulador para renovar su licencia. Es decir, tenemos la máquina, tenemos al piloto, pero no hay 'monedas' para la máquina de entrenamiento. La hipocresía es el combustible de esta historia. La Comunidad de Madrid firmó en 2023 un contrato de más de cuatro millones de euros anuales durante cinco años, exigiendo que nada estuviera parado más de doce horas. Mientras tanto, la DGT soltó 51 millones de euros por 38 meses de servicio. CCOO y UGT avisaron al Ministerio del Interior, pero parece que en los despachos el ruido de las alarmas se confunde con el del aire acondicionado. Al final, el día del desfile de las fuerzas armadas, ningún Pegasus voló. Una imagen perfecta: desfile abajo y cielo vacío arriba, cortesía de una ingeniería financiera que terminó en aterrizaje forzoso.
Huelga contra Ayuso: fondos con sello Illa
Hay una ironía deliciosa en el aire madrileño. Mientras los docentes de la Asamblea Menos Lectivas se lanzan a una huelga indefinida contra Isabel Díaz Ayuso desde el 14 de octubre, han decidido que el dinero de su 'Caja de resistencia' no puede estar en cualquier sitio. No, para gestionar esos 50.000 euros que buscan recaudar, han preferido cruzar el mapa hasta Barcelona y confiar en la Fundación Coop57. ¿La razón? Una mezcla de 'apuesta ideológica' y el hambre de deducir el 80% de los primeros 250 euros en la renta. Básicamente, luchar contra el sistema usando los beneficios fiscales del sistema. Pero aquí es donde la trama se pone jugosa. La Fundación Coop57 no es una ONG que sobreviva a base de kermeses. Es una entidad que tiene el grifo abierto en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Salvador Illa, desde el Departament d’Empresa i Treball, le soltó 49.968,22 euros el 19 de diciembre de 2024 para 'reflexionar estratégicamente'. Traducción: pagar el café mientras piensan cómo cambiar el mundo. Por si fuera poco, Jaume Collboni ha sido aún más generoso, sumando 64.000 euros, de los cuales 50.000 llegaron mediante un convenio sin convocatoria pública. Es el equivalente político a saltarse la cola del supermercado porque conoces al gerente. En total, los gobiernos socialistas han inyectado 113.968,22 euros en esta maquinaria desde 2023. Mientras la fundación se define como 'anticapitalista', sus cuentas muestran que gastó 95.949,93 euros en personal en 2024. Una gestión impecable: combatir el capital con subvenciones públicas y beneficios fiscales. Desde giras zapatistas hasta huelgas de alquiler que recaudaron 102.784 euros, la Coop57 es la ventanilla única de la resistencia subvencionada. Un negocio redondo donde la ideología y la burocracia se dan la mano.
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