Crítica:
El texto es una radiografía brutal de la ineficiencia del sistema, aunque peca de optimista al no calcular el coste real del transporte y ropa de trabajo. Es un espejo incómodo para cualquier gestor de políticas sociales.
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Marruecos nos hace el 'sablazo' logístico
Mientras en España discutimos si el precio del aceite es un deporte extremo, al otro lado del charco han levantado una muralla de hormigón que nos deja en ridículo. El Nador West Med no es un puerto; es un puñetazo sobre la mesa. Marruecos ha soltado más de 4.700 millones de euros para construir 5,4 kilómetros de diques que hacen que nuestros muelles parezcan el puerto de un pueblo de costa. Hablamos de una capacidad inicial de 5 millones de contenedores y un calado de 18 metros, suficiente para que los buques que miden cuatro campos de fútbol atraquen sin rozar el fondo, como quien aparca un Smart en zona azul. La jugada es maestra y cruel. Mientras Algeciras y Valencia se pelean entre ellas en un sistema fragmentado, Marruecos ha concentrado el fuego en Tánger Med y Nador West Med para mover 17 millones de contenedores anuales para 2030. Pero el verdadero sablazo no es el cemento, sino la hipocresía verde de Bruselas. La UE obliga a pagar impuestos por emisiones de CO2 (EU ETS) en puertos españoles, pero en Nador, el aire es 'gratis'. Las navieras, que no son precisamente santas del ecologismo, ya están haciendo las cuentas: es más barato descargar en África y luego colar la mercancía en Europa que pagar la tasa ecológica. Maersk, MSC y CMA CGM ya están moviendo sus fichas hacia la ruta africana. España intenta reaccionar. Valencia suelta 1.600 millones en su Terminal Norte y Algeciras electrifica vías, pero llegan tarde a la fiesta. Si Marruecos se queda con el mando del embudo del Estrecho, el precio de tu café o de tu televisor dejará de decidirse en Madrid o Bruselas para decidirse en Nador. Básicamente, estamos viendo cómo nos quitan el mando de la tele logística mientras nosotros seguimos peleando por el mando del mando.
Cuerpo dice que vivimos mejor: cuento corto
Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha salido al balcón a decir que las familias españolas están 'significativamente mejor' que en 2018. Una declaración con la misma credibilidad que un vendedor de enciclopedias en un mundo de Google. Mientras el ministro hace malabares con las cifras, la realidad en la calle es que hacer la compra se ha convertido en un deporte de riesgo y el alquiler en un atraco a mano armada. Rafael Pampillón y Daniel Lacalle han decidido bajar al ministro a la tierra con datos que duelen. Empecemos por el chiste: la renta per cápita ha crecido prácticamente cero. Mientras nuestros vecinos europeos subían el escalón, nosotros nos hemos quedado mirando el techo. Pampillón es tajante: el precio de la vivienda ha pegado un salto del 50% y los precios generales han subido un 25%. Para un joven hoy, independizarse no es un plan de vida, es una fantasía erótica. Lacalle, por su parte, no se anda con guantes de seda y califica la situación de 'desesperada'. El truco del ministro consiste en usar el 'coste salarial de la Contabilidad Nacional', que es básicamente sumar lo que le cuesta el empleado a la empresa, no lo que llega al bolsillo del trabajador. El resultado real es un sablazo: los salarios reales netos han caído un 3,4% desde 2018. Si a esto le sumamos una inflación acumulada con Sánchez que supera el 27% y una subida de los alimentos por encima del 40%, la cuenta no sale. No es que el dinero no llegue, es que se evapora antes de tocar la cartera. Entre el petróleo caro por la guerra de Irán y unos resultados en el Informe Pisa que dan ganas de llorar, el crecimiento nominal del PIB es solo un maquillaje barato para esconder un empobrecimiento generalizado.
Rescate dental: 40 millones y fuga
Hay quien dice que el dinero público es como el agua, pero en el Gobierno de Pedro Sánchez parece que lo gestionan como si fuera un buffet libre para amigos con mala suerte financiera. El caso de Vivanta es la joya de la corona de esta ingeniería: 40 millones de euros rescatados en 2022 a través del FASEE para salvar una cadena de clínicas dentales que, curiosamente, ya estaba en números rojos antes de que el Covid nos obligara a todos a usar mascarilla. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: mientras el Estado presupuestaba 44 millones para mejorar la salud bucodental pública de todo el país, decidió que era 'estratégico' soltar casi la misma cantidad para que una sola empresa privada no cerrara el chiringuito. Un detalle exquisito. La SEPI, actuando como el portero de una discoteca exclusiva, se ha negado sistemáticamente a enseñar los papeles que justifican por qué Vivanta era 'estratégica'. Prefirieron ir a la Audiencia Nacional antes que admitir que quizá el criterio de selección fue el azar o un apretón de manos. El Consejo General de Dentistas, que no es tonto, ha denunciado que mientras el autónomo de barrio se dejaba la piel pagando créditos bancarios, Vivanta disfrutaba de un privilegio casi real. La comedia alcanza su clímax ahora. El Gobierno, en un alarde de generosidad, ha recalendarizado la deuda hasta julio de 2028, permitiendo que la compañía respire mientras Fairy Investments Topco compra el control de Aestes Dental y sus filiales (Vivanta Canarias y Vivantadental). El resultado es un clásico del género: la empresa cambia de manos, los dueños se desmarcan y los 40 millones de los contribuyentes siguen flotando en el aire, sin devolverse, mientras la CNMC pone el sello a la operación. Es el arte de rescatar el negocio ajeno con la cartera de todos.
Bono: más millones y menos detalles
Hay gente que gestiona su cartera como quien organiza el cajón de los calcetines: con un caos deliberado. José Bono, el eterno camaleón de la política española, ha decidido que el detalle es el enemigo de la elegancia financiera. Su sociedad, Joasa 2012, ha registrado en 2025 una entrada de 186.284 euros en inmovilizado material. Para el ciudadano medio, eso es un sablazo que requeriría tres vidas de hipotecas; para Bono, es simplemente añadir un pincelazo más a un lienzo que ya suma 1,392 millones de euros en saldo bruto. Lo verdaderamente fascinante no es cuánto gana, sino qué deja de contar. En 2024, la memoria de la empresa era un catálogo turístico: detallaba cinco inmuebles en Tánger (desde el Ben Charki 28 hasta el 38-40) valorados en 259.901 euros. Pero en las cuentas de 2025, ese apartado de 'Bienes en el extranjero' ha sufrido una evaporación selectiva. No es que los ladrillos hayan volado, es que ahora prefieren jugar al escondite. Mientras tanto, el balance total de Joasa roza los dos millones de euros (1,999 millones exactamente), multiplicando por 2,7 su valor desde 2020, cuando apenas llegaba a los 738.839 euros. Un crecimiento envidiable que contrasta con la realidad de quien cuenta los céntimos en el súper. Y aunque su facturación bajó a 727.000 euros, el beneficio se duplicó hasta los 173.362 euros gracias a una partida mágica de 'Otros resultados' por 342.236 euros. Todo esto ocurre mientras el exministro disfruta de su nacionalidad dominicana y de un imperio inmobiliario en el Caribe valorado en 1,4 millones de euros. Al final, la política es un buen currículum, pero la ingeniería financiera es el verdadero premio de consolación.
Tus cañas ahora con 'fianza' obligatoria
España ha decidido que la mejor forma de salvar el planeta es metiéndonos la mano en el bolsillo cada vez que pidamos una caña o un refresco. Desde el 12 de agosto, el Reglamento europeo de envases y residuos de envases ha aterrizado en nuestras barras con el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Traducido al idioma de la calle: te van a cobrar un 'sobrecoste' de unos 10 céntimos por botella o lata. No es un impuesto, dicen, sino un depósito. Es como cuando dejabas la fianza por un alquiler en los 90; si devuelves el envase, recuperas tu moneda. La jugada es desesperada. Mientras en Alemania o Dinamarca esto es pan cotidiano, aquí hemos gestionado el reciclaje con la misma eficacia con la que algunos gestionan sus cuentas corrientes. En 2023, la recogida de botellas de plástico de un solo uso fue de un patético 41,3%, cuando Bruselas nos exige un 70%. Básicamente, el contenedor amarillo ha sido un experimento fallido y ahora el Gobierno, para evitar que la UE nos meta un sablazo en sanciones, decide que el ciudadano sea el gestor de residuos oficial. El plan es ambicioso: botellas de plástico, latas y briks de hasta 3 litros entrarán en este baile. Podrás devolver el envase en el bar donde lo compraste o en cualquier otro establecimiento autorizado, incluso mediante máquinas que escanean el código de barras. El Ministerio para la Transición Ecológica ha pasado de las súplicas de fabricantes y distribuidores que pedían más tiempo para adaptarse. No hay prórroga. Ahora, el pequeño hostelero, que ya lucha contra la inflación y la luz, tendrá que hacer de cajero de envases vacíos para que España deje de ser el alumno suspenso de la economía circular europea.
Anthropic: el 'fair use' no paga royalties
Dario Amodei, el cerebro detrás de Anthropic, ha descubierto que el karma no acepta pagos con créditos de computación. Sony Music y Warner, esos titanes que gestionan los derechos de todo lo que suena en el ascensor y en la radio, han soltado un zarpazo legal el pasado viernes noche. La acusación es sencilla y brutal: un 'robo descarado' de propiedad intelectual. Básicamente, Anthropic decidió que pagar licencias era un gasto superfluo y prefirió aspirar decenas de miles de composiciones protegidas para alimentar a su IA, Claude. Aquí es donde la cosa se pone fea. No estamos hablando de un error de cálculo en la factura de la luz. Los demandantes piden hasta 150.000 dólares por obra y una multa de 25.000 dólares cada vez que Anthropic borró los datos de copyright. Si echamos cuentas, el agujero contable podría alcanzar varios miles de millones de dólares. Para que nos entendamos: es pasar de pedir un préstamo para el coche a deber el PIB de un país pequeño. Lo más irónico es que el dataset pirata es el mismo que Benjamin Mann, cofundador y ahora demandado, ya había descargado ilegalmente, lo que terminó en aquel acuerdo millonario de 1.500 millones de dólares en septiembre de 2025. Resulta que entre los millones de libros 'torrented' se colaron joyas como 'Livin’ on a Prayer' de Bon Jovi, 'September' de Earth, Wind & Fire y la eterna 'Hallelujah' de Leonard Cohen. Anthropic ahora intenta vender la moto del 'fair use', ese comodín legal que dice que usar el trabajo ajeno es justo si es para 'aprender'. Pero después de haber soltado ya más de mil millones para callar bocas, intentar convencer al juez de que esta vez fue un malentendido es como intentar explicar que te has colado en el cine porque pensabas que era un museo gratuito.
CEO de Coinbase: donar es perder dinero
Hubo una época en la que los magnates estadounidenses, esos tiburones con el alma oxidada, practicaban la filantropía como quien compra un seguro contra incendios: para evitar que la plebe les quemara la mansión. Rockefeller y Carnegie levantaban bibliotecas y erradicaban parásitos no por amor al prójimo, sino para limpiar el rastro de sangre y sudor de sus fortunas. Pero los nuevos barones del código y el algoritmo han decidido que la modestia es un gasto superfluo. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, ha decidido subir el tono. Con una fortuna estimada en 8.700 millones de dólares —una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto municipal mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz—, Armstrong soltó en el Katie Miller Podcast que la caridad es, básicamente, un 'efecto neto negativo' para el mundo. Según su lógica, donar dinero es una pérdida de tiempo porque las fundaciones acaban 'capturadas por la ideología'. Es fascinante el giro mental: para Armstrong, Bill Gates no es un filántropo, sino alguien que intentó rehabilitar su imagen tras el lío con el Departamento de Justicia (DoJ). El jefe de Coinbase prefiere mantener sus miles de millones bajo llave, convencido de que su abstinencia generosa es una postura 'contraria' y valiente. Mientras tanto, la tendencia en Silicon Valley es clara: menos hospitales y más yates. El altruismo ha pasado de ser una herramienta de relaciones públicas a ser visto como un error de cálculo financiero. Armstrong no solo cierra el grifo; presume de haberlo hecho, transformando la tacañería a escala global en una declaración de principios.
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