Crítica:
El informe es una bofetada de realidad, aunque peca de optimista al confiar en que un Plan Estatal con presupuesto ridículo solucione un problema estructural. No menciona el impacto real de los fondos alquileres turísticos en ese déficit.
La vivienda nueva no alcanza: solo cubrirá la mitad de los hogares previstos hasta 2027
Viviendas en España: la mitad se queda fuera
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Fondos europeos: mucho ruido y poca productividad
España se encuentra en ese momento incómodo donde te das cuenta de que el tiempo se acaba y el trabajo sigue en el cajón. El 31 de agosto de 2026 es la fecha del juicio final para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno tiene menos de dos semanas para justificar 148 hitos y objetivos si quiere hincarle el diente al séptimo pago: un botín de 25.862 millones de euros (21.462 en transferencias y 4.400 en préstamos). Básicamente, intentar aprobar el examen final habiendo pasado cinco años haciendo el vago en el aula. La ingeniería financiera ha sido creativa, pero el resultado es un chiste. De los 163.000 millones prometidos inicialmente (80.000 en subvenciones y 83.000 en préstamos), hemos acabado cobrando 78.000 millones, el 76,5% de la asignación. El resto es humo o prudencia forzada: el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos porque, con una deuda pública al 101% del PIB, pedir más dinero sería como intentar pagar una tarjeta de crédito abriendo otra línea de crédito en el banco de enfrente. Lo más triste es el 'efecto goteo'. Mientras el dinero volaba entre administraciones, se atascaba al intentar llegar a la calle. Radar nos cuenta que de 90.718 millones convocados, solo se adjudicaron 60.403 millones. Un agujero de 27.315 millones que demuestra que gestionar una ayuda a una pyme es, para el Estado, más complejo que organizar una boda real. ¿El resultado? Un balance anémico. El PIB por ocupado apenas ha subido dos décimas respecto a la prepandemia y la inversión privada cerró 2025 un 3,3% por debajo de 2019. Hemos crecido en cantidad, pero no en calidad. Es el clásico caso de comprarse el coche más caro del concesionario pero no saber conducirlo: tenemos el motor de los fondos, pero la productividad cayó un 0,1% a comienzos de 2026. El vicepresidente Cuerpo apuesta por un crecimiento del 2,6%, pero es un crecimiento con ruedas auxiliares; sin el maná europeo, el motor se apaga.
Fondos internacionales congelan la cartera en España
España se ha convertido en ese restaurante donde el menú parece increíble, pero nadie se atreve a sentarse porque el camarero y el dueño se están pegando a gritos en la cocina. Los grandes fondos internacionales han activado el modo 'wait and see', que en lenguaje castizo significa: 'no voy a soltar un euro hasta que sepa quién manda aquí'. Entre la falta de Presupuestos, el malabarismo político de Pedro Sánchez y el roce con la OTAN y la UE por el caos migratorio en Ceuta, el país ha pasado de ser una oportunidad a ser un riesgo. El sablazo se nota en los números. La venta de Burger King España por Cinven al fondo Mubadala —los dueños del Manchester City— es el ejemplo perfecto de este 'descuento por incertidumbre'. El precio se desplomó de 2.500 a 2.100 millones de euros, y aun así, la matriz RBI ha pisado el freno. Es como intentar vender un coche usado mientras el motor hace ruidos extraños: el comprador te pide una rebaja agresiva o, simplemente, decide no comprar. El efecto dominó llega a todos lados. La salida a bolsa de Digi fue un baño de realidad, cotizando por debajo de su precio inicial, y la compra de ITP Aero por Indra sigue en el limbo. Mientras tanto, el Gobierno juega a la ruleta rusa con las socimis, amenazando con quitarles las ventajas fiscales en septiembre. En el sector de las renovables, la cosa es más dramática: las empresas pequeñas están al borde del precipicio, vendiéndose a derribo porque nadie quiere comprar activos en un país que no sabe hacia dónde va. Solo los peces gordos como Repsol, que ha movido 150 millones con Masdar, o la venta de Acciona Energía por 8.800 millones (con Brookfield, KKR, EQT y BlackRock acechando) se atreven, aunque sea porque sus activos están repartidos por 30 países y España es solo una ficha más en el tablero.
Galicia: Pagan por no estar enfermo
En Galicia han decidido que la salud es una cuestión de incentivos económicos, casi como si el cuerpo humano funcionara con monedas en una máquina de vending. Mientras el ciudadano medio ve cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo, la industria gallega ha inaugurado la era del 'premio por existir en la oficina'. No es un aumento salarial por méritos o productividad, es un pago por no estar enfermo. Una genialidad conceptual que traduce la lealtad laboral en un par de euros diarios. Tomemos el caso de Impex Europa en Vilagarcía de Arousa. El 6 de abril, en el BOP, sellaron un pacto con CC OO y UGT que es pura ingeniería del comportamiento: si tu tasa de bajas supera el 4% en tres meses, te quitan el complemento de incapacidad temporal. Básicamente, te penalizan por estar mal. Por otro lado, en Aludec (recientemente engullida por CIE Automotive), el 'pacto de asistencia' puede llegar a los 700 euros brutos anuales para 2026. Es el equivalente a decir: 'Si no te rompes, te invito a una cena decente al año'. La cosa sigue en Ourense, donde el sector siderometal y talleres, con 7.000 trabajadores y el visto bueno de Atave, Acauto e Instaelectro, implantará en 2027 el PAE. ¿El premio? 2 euros por día de asistencia efectiva. Un sablazo insignificante para la empresa, pero un mensaje claro: tu presencia vale dos monedas. En Procsa, en Ribeira, el premio es de 32,15 euros mensuales, que vuelan si llegas tarde tres veces. Y en Megasa, si el absentismo es inferior al 6%, te sueltan 200 euros en enero. Todo esto mientras Galicia encabeza la duración media de las bajas con 80,96 días y registra 112.716 procesos entre enero y abril. Una paradoja deliciosa: premiamos la asistencia en la región donde las bajas duran más tiempo.
Tomate marroquí: el sablazo al campo español
Hacer la compra en el supermercado se ha convertido en un ejercicio de masoquismo para el agricultor español. Mientras nosotros nos peleamos por ahorrar unos céntimos en la bandeja de plástico, en el campo se está librando una guerra donde el enemigo no usa balas, sino precios imposibles. La matemática es cruel: el tomate marroquí entra en nuestro mercado a 46 céntimos el kilo, mientras que el producto nacional ronda el euro. Es como intentar jugar una partida de póker donde el rival tiene todas las cartas marcadas y nosotros pagamos la entrada. El resultado de este 'descuentazo' institucional es una sangría que no se detiene. En los últimos cinco años, España ha visto evaporarse 4.000 hectáreas de cultivo. No es un dato cualquiera; es el 33% de la superficie dedicada al tomate en invierno, que ha pasado de 12.000 a unas miserables 8.000 hectáreas. Pero el verdadero sablazo llega cuando traducimos la tierra en personas. Según Andrés Góngora, secretario general de COAG, cada hectárea sostiene seis puestos de trabajo. Hagan la cuenta: 24.000 familias que se quedan sin el sueldo porque la Unión Europea prefiere el ahorro inmediato que la supervivencia del campo. Y como si el agujero no fuera ya lo bastante profundo, Bruselas prepara el siguiente movimiento. En octubre se ratifica el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, una joya de la ingeniería diplomática que, tras una sentencia del TJUE, pretende incluir los productos del Sáhara Occidental bajo las mismas preferencias arancelarias. Básicamente, le están abriendo la puerta de casa al competidor que ya nos ha dejado tiritando, asegurándose de que el tomate nacional sea un objeto de lujo mientras el campo español se convierte en un recuerdo nostálgico.
Sánchez: el recaudador estrella del siglo
Hacer la compra hoy en día es un deporte de riesgo, pero el verdadero deporte extremo es mirar la nómina y preguntarse dónde ha quedado el dinero. Mientras el ciudadano medio intenta que el sueldo no se evapore antes del día diez, el Gobierno de Pedro Sánchez ha montado una maquinaria de recaudación que haría palidecer a cualquier recaudador del siglo XIX. Desde su llegada al poder, la factura fiscal y las cotizaciones sociales se han inflado en unos descomunales 213.286 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si nos hubieran pasado el recibo del IRPF anual de todo el país dos veces y media, sin previo aviso y sin descuento por fidelidad. La Agencia Tributaria (AEAT) no descansa. Solo entre enero y junio de 2026, el sablazo ha sido de 14.000 millones adicionales comparado con el mismo periodo de 2025. Pasamos de 134.855 millones a 148.944 millones en un abrir y cerrar de ojos, un salto del 10,44% que ocurre mientras el poder adquisitivo se va por el sumidero. Lo más irónico es que el Gobierno ha decidido apretar las tuercas justo donde más duele: el IRPF ha subido un 11,1% y el Impuesto de Sociedades un 17,3%. Básicamente, le están cobrando más al que trabaja y al que intenta montar un negocio, justo lo que necesitas para que el empleo se ponga en huelga. Pero aquí viene la verdadera joya de la corona: la paradoja del gasto. Tenemos una hucha pública que rebosa con 325.356 millones en impuestos al cierre de 2025 y 176.918 millones en cotizaciones, pero cuando miras hacia Ceuta, la Guardia Civil o el Ejército, parece que están operando con presupuesto de ONG. Hay dinero para subir impuestos cien veces, pero no hay medios para frenar invasiones, apagar incendios o rescatar a los damnificados de volcanes e inundaciones. Es la gestión perfecta: recaudar como si no hubiera un mañana y gestionar como si no hubiera presupuesto.
ADIF: 100 millones en planos externos
Hay una magia contable fascinante en los despachos de ADIF. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pánico, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha decidido que redactar proyectos de ingeniería es un lujo que prefiere delegar. Para el año 2026, la entidad ha previsto un desembolso de 100 millones de euros en subcontrataciones. Sí, han leído bien. No es un error de dedo; es una estrategia de 'flexibilidad'. El año pasado, en 2025, la cifra era de 75 millones, lo que significa que el apetito por el dinero público ha crecido 25 millones de euros en un abrir y cerrar de ojos. La narrativa oficial es la de siempre: necesitan 'adaptar los recursos' y aprovechar la 'alta especialización'. Traducido al lenguaje de la calle: prefieren pagar un sobreprecio a consultoras privadas que cargar con el peso de una plantilla fija. Es el modelo del 'alquiler' aplicado a la ingeniería estatal. Así, el personal propio se queda con la parte cómoda: planificar, redactar pliegos y validar, mientras que la responsabilidad civil —esa que duele cuando algo sale mal— se delega elegantemente en las adjudicatarias bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del Sector Público (LCSP). El reparto del botín es exquisito. Se gastan 6 millones de euros solo en pensar cómo cerrar zonas de la red convencional. En Bilbao, la integración ferroviaria de Zorrotza se lleva 5,4 millones, y la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega otros 5,2 millones. En Madrid, el tramo Hortaleza-San Fernando de Henares consume 4,9 millones, mientras que la autopista ferroviaria Madrid-Júndiz requiere 4,2 millones para adecuar túneles. Incluso en Barcelona, la Estación de Francia se lleva 3 millones por expediente para arquitectura y patrimonio. Todo muy profesional, todo muy 'estratégico', pero con el cheque siempre firmado por el contribuyente.
Europa pone el freno al ahorro marroquí
Marruecos tiene un problema de los gordos y no es precisamente diplomático, sino de billetera. Resulta que la Unión Europea ha decidido ponerle el sello de 'complicado' a las reglas bancarias, y en el camino ha dejado en el aire las remesas, ese flujo de dinero que para Rabat no es un detalle, sino el 7,5 % de su PIB. Para que nos entendamos: mientras muchos aquí pelean por el precio del aceite, Marruecos ve cómo el motor de miles de hogares podría empezar a toser por una directiva europea que, aunque jure que no es personal, pone trabas a los bancos de fuera de la UE. Las cifras son para quitarse el sombrero. En el primer semestre de 2026, los marroquíes en el exterior enviaron 5.700 millones de euros, un salto del 9,9 % respecto al año anterior. Si miramos el 2025, la cifra escaló hasta los 11.300 millones, dejando en ridículo los 2.900 millones de inversión extranjera directa. Básicamente, el ahorro de la diáspora es el verdadero pulmón, casi empatando con los 12.760 millones que deja el turismo. Es el dinero del día a día; el 87 % de esos fondos se va directo al consumo corriente, es decir, a llenar la nevera y pagar el alquiler. Ahora, Rabat juega al ajedrez bilateral. Ya han cerrado un trato con Francia, donde viven 1,1 millones de marroquíes (y que aportaba el 30,2 % del total en 2021). Pero ojo, que España, con otros 1,1 millones de residentes y un 13,3 % de las remesas, es el terreno pantanoso. Negociar con Madrid mientras la crisis migratoria en Ceuta tiene los cables pelados es como intentar arreglar una gotera durante un huracán. Abdellatif Jouahri, el gobernador de Bank Al-Maghrib, sabe que el riesgo es que el dinero se quede 'estacionado' en Europa, y por eso ha montado un equipo de choque con Finanzas y Exteriores para que el ahorro nacional no se evapore en el camino.
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