El texto es una sucesión de datos fríos que evita cuestionar si la regularización es una medida económica o puramente electoral. Le falta profundidad al no analizar el coste de los servicios públicos que consume ese 14% frente a lo que aporta.
Hay una forma muy elegante de decir 'estáis solos' sin usar esas palabras: se llama 'las relaciones las llevan Bruselas'. Mientras Donald Trump lanza dardos desde Ankara, calificando a España de 'causa perdida' y exigiendo cortar todo comercio porque no le gusta el ritmo de Pedro Sánchez en la OTAN ni su tibieza con Irán, en Moncloa se han puesto el traje de espectador. Es la clásica jugada del que te dice que el incendio es responsabilidad del seguro mientras tú ves cómo se quema el salón. No hablamos de cuatro tiendas de artesanía. Estamos hablando de 26.000 empresas que han jugado la partida en EEUU en lo que va de año. En solo cinco meses, estas compañías han colocado más de 5.500 millones de euros en productos; una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una propina. Cataluña lidera la fila con 7.400 empresas y más de 1.700 millones exportados, seguida por Madrid con 6.200 y Andalucía. Desde electrodomésticos hasta el aceite de oliva y el vino, el catálogo español está en la cuerda floja porque el 'jefe' de Washington ha decidido que no quiere saber nada de nosotros. Lo más delirante es el contraste. Mientras el Gobierno pide tranquilidad y Carlos Cuerpo recuerda que somos 'iguales que los franceses', la realidad es que dependemos de EEUU como un adolescente de la paga de sus padres. Importamos gas y petróleo en cantidades industriales: el 32% de nuestro gas natural licuado y el 12,6% del petróleo vienen de allí. En 2025, la brecha fue brutal: exportamos 16.700 millones pero importamos 30.000 millones. Básicamente, estamos comprando el combustible para que el coche ruede, mientras el dueño del parking nos amenaza con prohibirnos la entrada y el Gobierno nos dice que el contrato lo firmó el coche, no el conductor.
Hay que tener un tupé monumental para salir en televisión vendiendo la seguridad del oro mientras, en el sótano, tienes lingotes pintados con spray dorado. Gabriel Ruiz, el autoproclamado 'rey' de la inversión, ha pasado de los congresos glamurosos a la fría realidad de una celda en Cádiz. Su empresa, Sempi Gold, no era más que un castillo de naipes con 22 sedes que servían para dar una imagen de solvencia mientras vaciaban los bolsillos de 3.600 personas. El agujero contable asciende a 50 millones de euros, una cifra que hace que la lista de la compra de cualquier mortal parezca un chiste. El modus operandi era de manual: promesas de un 4% anual y un 'toreo' constante. Cuando el cliente quería recuperar sus ahorros —dinero que para muchos era la tranquilidad de su jubilación—, los comerciales aplicaban la técnica del 'contrato más suculento' o, sencillamente, se evaporaban. La hipocresía alcanza niveles artísticos cuando descubrimos que Ruiz, incluso tras su primera detención en 2022 por la UDEF, siguió captando víctimas hasta el 15 de octubre de 2024, sacando otros 320.000 euros de 25 ingenuos. La ingeniería financiera aquí no fue muy sofisticada: transferencias al yerno y conceptos falsos de 'alquiler de vehículos' o 'nóminas' para mover el botín a cuentas personales. Mientras un ciudadano perdía 220.000 euros y recibía visitas de un CEO con chófer para que no denunciara, Ruiz se negaba a pagar una fianza de un millón de euros, probablemente porque el oro de su cuenta era tan falso como sus promesas. La magistrada María Tardón ha cerrado el grifo, y ahora el 'rey' descubrirá que en la Audiencia Nacional no aceptan lingotes pintados como moneda de cambio.
El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en esa fase deliciosa donde decir 'A' y luego 'B' se llama estrategia, pero en la calle se llama echarse atrás. Mientras esperamos que el Consejo de Seguridad Nuclear suelte su informe esta misma semana, el aire huele a prórroga para Almaraz. La planta de Cáceres, que debería estar ya en el museo de la arqueología energética, podría estirar sus piernas hasta 2030. Para el ciudadano medio, que mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, que el precio baje es música para sus oídos. Pero para el sector de las renovables, esto es un disparo en el pie con calibre 50. La paradoja es exquisita: nos han vendido la solar fotovoltaica como la salvación, pero el exceso de capacidad ha hecho que el precio del kWh caiga a niveles cero o incluso negativos en horas centrales. Es como si montaras un puesto de limonada y, de repente, el vecino empezara a regalar jarras gratis; tu negocio deja de ser rentable. Las pequeñas compañías, que no tienen el colchón financiero de un imperio, se están ahogando en sus propias deudas mientras los peces gordos esperan el 'boom' de las baterías y los data centers. Almaraz es la energía síncrona más barata. Si se queda, el gas —el combustible caro que infla los precios y regala beneficios caídos del cielo a los generadores— deja de marcar el ritmo del mercado. Menos gas significa precios más bajos, y precios más bajos significan que las renovables pequeñas se vuelvan a comer los mocos. La banca, muy cómoda en sus despachos, dice que la hibridación y el almacenamiento salvarán el día, pero claro, solo para quienes tengan la solvencia de no estar hasta arriba de préstamos. El resto, simplemente, se apagan.
El absentismo en España ha dejado de ser una estadística para convertirse en un deporte nacional. Tenemos a 1,7 millones de trabajadores de baja todo el año, una cifra que hace que el mercado laboral parezca más una sala de espera de mutua que una maquinaria productiva. Para 2025, los procesos de baja ya rozan los 9,1 millones, un incremento del 7,13% respecto al año anterior. Si miramos el retrovisor desde 2015, el salto es del 133%. Es un crecimiento que ni el mejor fondo de inversión de Wall Street envidiaría. Mientras los empresarios se llevan las manos a la cabeza, Alberto Garzón, exministro de Consumo, ha decidido que el culpable no es el sistema ni la cultura del 'estoy agotado', sino el jefe. En su última incursión en 'La Sexta Xplica', Garzón ha traducido el problema a lenguaje de calle: si te pasas diez horas cargando cajas, es normal que la espalda te pase factura. Para él, el absentismo no es vagancia, sino la factura que el cuerpo cobra por unas condiciones laborales deficientes. Es el clásico cuento de que el trabajador no está enfermo, sino que el puesto de trabajo es el que enferma. Pero el análisis no estaría completo sin el toque doméstico. Garzón ha invocado la autoridad de su mujer, médica de atención primaria, para cerrar el círculo. Según el relato, las bajas se eternizan no por gusto, sino por las listas de espera en la sanidad pública y la presión para volver al ruedo. Así, el hilo conductor es sencillo: recortes en sanidad y patronales implacables. En resumen, el trabajador es una víctima atrapada entre un jefe que le rompe la espalda y una sanidad que no tiene tiempo de arreglársela, mientras los datos de absentismo siguen subiendo como la espuma de una cerveza mal tirada.
El Gobierno ha descubierto que ordeñar a los que más ganan es un negocio redondo. Hasta mayo de 2026, la llamada 'cuota de solidaridad' ya ha dejado en la caja 308 millones de euros. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el ticket del supermercado sube mientras su sueldo se queda congelado, estas cifras parecen números de otro planeta, pero la realidad es que la recaudación ha pegado un salto del 73% respecto al año pasado. Básicamente, el Estado ha pasado de pedir una propina a exigir un menú degustación completo. La trampa —o la genialidad, según se mire— reside en que esta cuota solo afecta a quienes superan los 61.214 euros anuales (o más de 5.100 euros al mes). El diseño es quirúrgico: mientras el trabajador medio celebra que los convenios suban un 3%, los salarios tope están siendo esquilados con una precisión industrial. El Ministerio, liderado por Elma Saiz, se llevó la sorpresa de que el dinero fluye más rápido que sus propias previsiones. Esperaban un crecimiento del 42% y recaudar 567 millones, pero el ritmo actual sugiere que el Ejecutivo se va a encontrar con un botín mayor al planeado en la Comisión del Pacto de Toledo. Todo esto es parte de la arquitectura diseñada por José Luis Escrivá para que la jubilación del 'baby boom' no sea un agujero negro financiero. Entre el MEI (que ya escala al 0,9% este año) y la cuota de solidaridad, que sube en tramos de hasta 0,29 puntos, la maquinaria está programada para succionar fondos automáticamente hasta 2045. Según la AIReF, esto supondrá unos 1.700 millones de euros anuales (el 0,1% del PIB). En resumen: la solidaridad es obligatoria, el calendario es inamovible y el Estado ya tiene la tarjeta de crédito de los más ricos configurada en el pago automático.
Hablemos claro: el Estado tiene un hambre voraz y ha encontrado un buffet libre en el cementerio de nuestras cuentas bancarias. El Banco de España nos recuerda que, si te olvidas de una cuenta durante 20 años, el dinero deja de ser tuyo para convertirse en 'patrimonio público'. Básicamente, si no asomas la nariz por el cajero o no cambias un teléfono en dos décadas, la Administración te hace un 'ghosting' financiero y se queda con el botín. No es una broma de mal gusto ni un error de sistema; es la ley. Para que nos entendamos, es como dejar un paraguas en un restaurante: si no vuelves por él en un tiempo razonable, el dueño se lo queda. Solo que aquí el tiempo es absurdo y el dueño es Hacienda. En 2021, esta ingeniería del olvido le permitió al Estado engullir casi 29 millones de euros. Dinero que probablemente eran saldos ridículos, el cambio de unas vacaciones en 2004 o el ahorro de un niño que creció y se mudó de ciudad. ¿Que si el banco avisa? Sí, pero con la misma eficacia con la que llega un correo de spam. Si cambiaste de domicilio o tu email es ahora una reliquia digital, el aviso se pierde en el limbo. Y aquí viene la joya de la corona: si tienes tan poco dinero que el coste del sello del aviso es mayor que tu saldo, el banco ni se molesta en escribirte. Simplemente, chas, el dinero vuela hacia la Administración General del Estado. Recuperarlo es entrar en el laberinto burocrático español, donde el certificado bancario es solo la llave para empezar a pelear con Hacienda. La moraleja es sencilla: dejar una cuenta a cero no es cerrarla. Es dejar la puerta abierta para que el Estado pase a limpiar la casa cuando tú no estés.
España ha logrado un récord olímpico en la disciplina más triste de todas: hacer que sus jóvenes se empobrezcan más rápido que nadie en la Unión Europea. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se regodea con un PIB que creció un 2,8% en 2025 —una cifra que en los despachos suena a gloria pero en la calle no compra ni un paquete de pipas—, la realidad de los chavales de entre 15 y 29 años es un auténtico agujero negro. La tasa de privación severa ha saltado del 7,2% en 2024 al 8,1% en 2025. Nueve décimas de subida que nos catapultan al cuarto puesto del ranking del hambre, superando a Hungría y Eslovaquia, que ahora nos miran desde la tranquilidad de tener sus cuentas más saneadas. Para el ciudadano medio, el 8,1% suena a estadística fría, pero traducido al lenguaje de la calle significa que hay miles de jóvenes que no pueden calentar la casa o que ven las vacaciones como un mito urbano. Es la paradoja del 'crecimiento para unos pocos'. Mientras el Ejecutivo presume de macroeconomía, 12,5 millones de españoles están en riesgo de pobreza. La ingeniería financiera del Estado ha decidido que el IRPF no se deflacte, dejando que la inflación se coma el salario como si fuera un buffet libre. El resultado es la cultura del pluriempleo: gente que encadena tres trabajos para que la cuenta corriente no se quede en números rojos. Con el IVA vuelto a subir al 21% y los precios de la energía disparados por conflictos geopolíticos, el optimismo oficial choca frontalmente con la lista de la compra. Rumanía, Grecia y Bulgaria siguen siendo el pódium de la miseria, pero España es el país que más rápido corre hacia ellos.
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