Crítica:
El texto original es un ejercicio de contradicción fascinante: celebra la bajada de precios mientras lamenta la muerte de la industria verde. Le falta profundizar en el lobby real detrás de la decisión gubernamental.
El texto original es un ejercicio de contradicción fascinante: celebra la bajada de precios mientras lamenta la muerte de la industria verde. Le falta profundizar en el lobby real detrás de la decisión gubernamental.
El absentismo en España ha dejado de ser una estadística para convertirse en un deporte nacional. Tenemos a 1,7 millones de trabajadores de baja todo el año, una cifra que hace que el mercado laboral parezca más una sala de espera de mutua que una maquinaria productiva. Para 2025, los procesos de baja ya rozan los 9,1 millones, un incremento del 7,13% respecto al año anterior. Si miramos el retrovisor desde 2015, el salto es del 133%. Es un crecimiento que ni el mejor fondo de inversión de Wall Street envidiaría. Mientras los empresarios se llevan las manos a la cabeza, Alberto Garzón, exministro de Consumo, ha decidido que el culpable no es el sistema ni la cultura del 'estoy agotado', sino el jefe. En su última incursión en 'La Sexta Xplica', Garzón ha traducido el problema a lenguaje de calle: si te pasas diez horas cargando cajas, es normal que la espalda te pase factura. Para él, el absentismo no es vagancia, sino la factura que el cuerpo cobra por unas condiciones laborales deficientes. Es el clásico cuento de que el trabajador no está enfermo, sino que el puesto de trabajo es el que enferma. Pero el análisis no estaría completo sin el toque doméstico. Garzón ha invocado la autoridad de su mujer, médica de atención primaria, para cerrar el círculo. Según el relato, las bajas se eternizan no por gusto, sino por las listas de espera en la sanidad pública y la presión para volver al ruedo. Así, el hilo conductor es sencillo: recortes en sanidad y patronales implacables. En resumen, el trabajador es una víctima atrapada entre un jefe que le rompe la espalda y una sanidad que no tiene tiempo de arreglársela, mientras los datos de absentismo siguen subiendo como la espuma de una cerveza mal tirada.
El Gobierno ha descubierto que ordeñar a los que más ganan es un negocio redondo. Hasta mayo de 2026, la llamada 'cuota de solidaridad' ya ha dejado en la caja 308 millones de euros. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el ticket del supermercado sube mientras su sueldo se queda congelado, estas cifras parecen números de otro planeta, pero la realidad es que la recaudación ha pegado un salto del 73% respecto al año pasado. Básicamente, el Estado ha pasado de pedir una propina a exigir un menú degustación completo. La trampa —o la genialidad, según se mire— reside en que esta cuota solo afecta a quienes superan los 61.214 euros anuales (o más de 5.100 euros al mes). El diseño es quirúrgico: mientras el trabajador medio celebra que los convenios suban un 3%, los salarios tope están siendo esquilados con una precisión industrial. El Ministerio, liderado por Elma Saiz, se llevó la sorpresa de que el dinero fluye más rápido que sus propias previsiones. Esperaban un crecimiento del 42% y recaudar 567 millones, pero el ritmo actual sugiere que el Ejecutivo se va a encontrar con un botín mayor al planeado en la Comisión del Pacto de Toledo. Todo esto es parte de la arquitectura diseñada por José Luis Escrivá para que la jubilación del 'baby boom' no sea un agujero negro financiero. Entre el MEI (que ya escala al 0,9% este año) y la cuota de solidaridad, que sube en tramos de hasta 0,29 puntos, la maquinaria está programada para succionar fondos automáticamente hasta 2045. Según la AIReF, esto supondrá unos 1.700 millones de euros anuales (el 0,1% del PIB). En resumen: la solidaridad es obligatoria, el calendario es inamovible y el Estado ya tiene la tarjeta de crédito de los más ricos configurada en el pago automático.
Hablemos claro: el Estado tiene un hambre voraz y ha encontrado un buffet libre en el cementerio de nuestras cuentas bancarias. El Banco de España nos recuerda que, si te olvidas de una cuenta durante 20 años, el dinero deja de ser tuyo para convertirse en 'patrimonio público'. Básicamente, si no asomas la nariz por el cajero o no cambias un teléfono en dos décadas, la Administración te hace un 'ghosting' financiero y se queda con el botín. No es una broma de mal gusto ni un error de sistema; es la ley. Para que nos entendamos, es como dejar un paraguas en un restaurante: si no vuelves por él en un tiempo razonable, el dueño se lo queda. Solo que aquí el tiempo es absurdo y el dueño es Hacienda. En 2021, esta ingeniería del olvido le permitió al Estado engullir casi 29 millones de euros. Dinero que probablemente eran saldos ridículos, el cambio de unas vacaciones en 2004 o el ahorro de un niño que creció y se mudó de ciudad. ¿Que si el banco avisa? Sí, pero con la misma eficacia con la que llega un correo de spam. Si cambiaste de domicilio o tu email es ahora una reliquia digital, el aviso se pierde en el limbo. Y aquí viene la joya de la corona: si tienes tan poco dinero que el coste del sello del aviso es mayor que tu saldo, el banco ni se molesta en escribirte. Simplemente, chas, el dinero vuela hacia la Administración General del Estado. Recuperarlo es entrar en el laberinto burocrático español, donde el certificado bancario es solo la llave para empezar a pelear con Hacienda. La moraleja es sencilla: dejar una cuenta a cero no es cerrarla. Es dejar la puerta abierta para que el Estado pase a limpiar la casa cuando tú no estés.
España ha logrado un récord olímpico en la disciplina más triste de todas: hacer que sus jóvenes se empobrezcan más rápido que nadie en la Unión Europea. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se regodea con un PIB que creció un 2,8% en 2025 —una cifra que en los despachos suena a gloria pero en la calle no compra ni un paquete de pipas—, la realidad de los chavales de entre 15 y 29 años es un auténtico agujero negro. La tasa de privación severa ha saltado del 7,2% en 2024 al 8,1% en 2025. Nueve décimas de subida que nos catapultan al cuarto puesto del ranking del hambre, superando a Hungría y Eslovaquia, que ahora nos miran desde la tranquilidad de tener sus cuentas más saneadas. Para el ciudadano medio, el 8,1% suena a estadística fría, pero traducido al lenguaje de la calle significa que hay miles de jóvenes que no pueden calentar la casa o que ven las vacaciones como un mito urbano. Es la paradoja del 'crecimiento para unos pocos'. Mientras el Ejecutivo presume de macroeconomía, 12,5 millones de españoles están en riesgo de pobreza. La ingeniería financiera del Estado ha decidido que el IRPF no se deflacte, dejando que la inflación se coma el salario como si fuera un buffet libre. El resultado es la cultura del pluriempleo: gente que encadena tres trabajos para que la cuenta corriente no se quede en números rojos. Con el IVA vuelto a subir al 21% y los precios de la energía disparados por conflictos geopolíticos, el optimismo oficial choca frontalmente con la lista de la compra. Rumanía, Grecia y Bulgaria siguen siendo el pódium de la miseria, pero España es el país que más rápido corre hacia ellos.
El oro líquido se ha vuelto un juego de espejos donde España, la eterna presumida del olivar, ha acabado haciendo el papel de cliente desesperado. No es que el mercado haya cambiado; es que le han dado la vuelta a la tortilla con una fuerza brutal. Según los datos de DataComex, pasamos de importar unas tímidas 103,04 toneladas de aceite de oliva marroquí en el primer cuatrimestre de 2025 a tragarnos 10.384,70 toneladas en el mismo periodo de 2026. Un salto del 9.979% que no es un crecimiento, es un aterrizaje forzoso de nuestra soberanía productiva. Mientras nosotros miramos el cielo esperando que llueva, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa registra cómo el flujo monetario ha cambiado de sentido. En 2025, el capricho de importar aceite marroquí costó 340.000 euros; para abril de 2026, el sablazo subió a 32,76 millones de euros. Un incremento del 9.535% que hace que cualquier factura de la luz parezca un chiste de mal gusto. La hipocresía es deliciosa: mientras importamos a ritmo de vértigo, nuestras exportaciones al país africano se han desplomado un 75,2%, pasando de 2.721 toneladas a unas miserables 673,72. En euros, el golpe es más seco: de 11,11 millones bajamos a 2,44 millones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya nos avisaba en abril que la producción de la campaña 2025/26 caería un 9%, bajando de las 1.421.097 toneladas de la temporada anterior a unas 1.295.000. Al final, el cuento es sencillo: producimos menos, vendemos menos y ahora compramos el aceite al vecino para que no se nos quede la sartén vacía.
Imaginen que el Estado tiene un hucha de 10.000 millones de euros para salvar empresas, pero que el portero decide a quién deja pasar basándose en quién le cae mejor o quién sabe maquillar mejor el balance. Así funcionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Mientras 44 compañías se quedaron fuera —entre ellas Abengoa, con sus 249 millones rechazados por 'falta de viabilidad', o Ezentis con 70 millones—, otros lograron que la SEPI mirara hacia otro lado. El caso de Plus Ultra es una obra maestra del surrealismo contable. La aerolínea, que representaba un insignificante 0,03% del tráfico aéreo español en 2019, se llevó 53 millones de euros. Para lograrlo, pasaron de tener una ratio deuda/capital de 9,66 en 2018 a un milagroso 1,05 en 2019. ¿El truco? Ingeniería financiera de guerrilla: préstamos fantasma desde Panamá con fondos bloqueados en Dominica y el embargo de un avión para engañar a los bonistas. Básicamente, Plus Ultra era un barco hundiéndose que la SEPI decidió llamar 'estratégico' mientras ignoraba que ya estaba en causa de disolución. Pero la fiesta no terminó ahí. Air Europa se llevó 475 millones bajo la lupa de la justicia, con reuniones 'previas' entre el CEO Javier Hidalgo y Bartolomé Lora que, según el imputado, solo servían para 'agilizar' el proceso. Como si fuera un pase VIP en la discoteca. Y para rematar el cuadro, la UCO ha registrado Tubos Reunidos por un rescate de 112 millones, en medio de una trama que huele a protectorado político y agendas manuscritas del PSOE. En total, se soltaron 3.000 millones, pero la sensación es que el dinero público se usó como un cheque en blanco para los amigos, mientras los Room Mate, con sus 52 millones denegados, descubrieron que la cercanía con el poder no siempre llena la caja.
Hay quien dice que la inflación nos está comiendo los vivos, pero parece que para el sector canino el cielo es el límite. Mientras nosotros ajustamos la lista de la compra y miramos el precio del aceite con pánico, en Madrid ha nacido un ecosistema donde el perro tiene mejor agenda social que cualquier graduado en ADE. Hablamos de WagWag, la pionera que Paula López de María fundó en 2016 tras un viaje a Nueva York, importando ese concepto de 'estatus' donde el perro no solo tiene techo, sino un centro de día en pleno centro, lejos de las residencias caninas periféricas que parecen hoteles de carretera. El negocio es redondo: cuotas desde 340 euros al mes para que el animal no se aburra mientras su dueño se deja la piel en la oficina. Un sablazo que, para muchos, es el precio de la tranquilidad emocional. Los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no mienten: España tiene más de 15 millones de animales de compañía, con 7,5 millones de perros liderando el ranking. Esta 'humanización' ha llegado a tal delirio que en China organizan bodas caninas con tarta y fotógrafo; aquí, nos conformamos con la Ley de Bienestar Animal de 2023 y guarderías que crecen a un ritmo estimado del 20%. El perfil del cliente es previsible: menores de 50 años y, mayoritariamente, mujeres, que cargan con el peso del cuidado. En WagWag, con centros junto al parque de Berlín y el Retiro, gestionan hasta 80 canes divididos por tamaños para evitar que un chihuahua sea absorbido por un labrador. Sin machos sin castrar ni hembras en celo (para evitar que se pongan 'gallitos'), los perros viven una vida de lujo: paseos escalonados y socialización supervisada. Como dice Ariadna Piwowarczyk, la socialización es clave, pero claro, que el perro aprenda el lenguaje canino tiene ahora un coste mensual que ya quisiera cualquier estudiante de idiomas.
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