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España ha vivido unos años de fiesta económica, pero la resaca ya está llamando a la puerta y no trae desayuno. El ciclo expansivo que arrancó en el segundo trimestre de 2021, aquel que nos hizo creer que habíamos hackeado el sistema tras la pandemia, se ha quedado sin batería. No es una intuición de café; es la sentencia de BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino. El diagnóstico es gélido: una desaceleración de dos décimas del PIB este año y otras seis el próximo. Básicamente, estamos pasando de correr un sprint a caminar con bastón. El problema es que hemos estado viviendo con una tarjeta de crédito que no era nuestra. Los fondos Next Generation han sido como ese ingreso inesperado que te permite cenar en sitios caros durante un tiempo, pero el grifo se cierra. A esto súmale la guerra de Irán disparando el petróleo y una deuda pública que, con los costes financieros actuales, pesa más que una mochila llena de piedras en plena subida al Everest. Lo más triste es que, mientras nosotros nos felicitamos por los números, la productividad española es un mueble antiguo que nadie sabe cómo arreglar. Según el ICER, entre 1995 y 2025 el aumento acumulado ha sido de un tímido 21,4%, con un crecimiento medio anual del 0,6%. Es una cifra de risa. Seguimos un 26% por debajo de la UE8 (esa élite donde Alemania y Francia miran el reloj mientras nosotros seguimos intentando arrancar el motor). José E. Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri, Vicente Pallardó y Camilo Ulloa lo dejan claro: para finales de 2026, el PIB por persona en edad de trabajar (PET) volverá a su promedio histórico del 1%. En cristiano: volveremos a la mediocridad de siempre, pero esta vez sin fondos europeos que maquillen la foto.
Hay quien dice que gobernar es el arte de mirar hacia otro lado mientras el incendio consume la alfombra. En Ceuta, el 30 y 31 de julio, el incendio fue una entrada masiva de personas y la alfombra, la frontera. Ahora, el Instituto de Política Social (IPSE), con Pablo Hertfelder al mando y la abogada María Juher en los papeles, ha decidido que ya basta de juegos de espejos y lanza una querella al Tribunal Supremo contra Fernando Grande-Marlaska y su mano derecha, Aina Calvo Sastre. Los cargos son pesados, de esos que no se quitan con una ducha: alta traición y prevaricación. La trama es un clásico de la burocracia española: el juego del 'yo ya avisé'. Miguel Ángel Pérez Triano, el exdelegado del Gobierno, se marchó de su puesto dejando una nota mental muy clara: que él había avisado a Interior sobre los informes del CNI. Según Pérez Triano, pidió refuerzos y hasta la intervención del Ejército, pero el Ministerio parece que estaba en modo avión. Mientras el ciudadano de a pie lucha contra la inflación y el sablazo de la luz, en las altas esferas se gestionó el asalto de 80.000 inmigrantes como quien ignora un correo electrónico no prioritario. Lo más jugoso es el vídeo del Faro de Ceuta, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedican a discutir sobre quién abrió la valla, mientras el IPSE sostiene que el verdadero agujero no estaba en la frontera, sino en el despacho de Marlaska. Hertfelder no piensa ir con tibieza; ya apunta a ONG y otros miembros del Gobierno, sugiriendo que se atendió más al asaltante que al vecino. Todo esto llega justo antes de las elecciones, cuando el calendario político es más sensible que un sensor de movimiento, y con la Fiscalía mirando hacia otro lado, obligando a una asociación civil a hacer el trabajo sucio de la justicia.
La narrativa del 'fondo buitre' ha chocado frontalmente contra la realidad de una cuenta bancaria en números rojos. Resulta casi cómico, si no fuera trágico, que el Gobierno y el Sindicato de Inquilinas montaran un circo mediático calificando a Urbagestión como una 'pyme carroñera', cuando la operación financiera de Ricardo y Fernando era, en lenguaje llano, un suicidio económico. Mientras el relato oficial hablaba de especulación, los dueños del piso en la calle Sainz de Baranda estaban haciendo una donación mensual forzosa al Estado y a la inquilina: pagaban una hipoteca de 1.300 euros para recibir, a cambio, unos irrisorios 199 euros de renta antigua. Es como si tú pagaras la letra de un coche de lujo y dejaras que alguien lo usara pagándote el precio de un menú del día al mes. El giro orwelliano llega con el Sindicato de Inquilinas. Mientras gritaban 'no nos vamos' y agitaban la bandera del rentismo, enviaban correos electrónicos intentando comprar el piso a través de cooperativas afines, sin siquiera proponer una cifra. Una maniobra de presión que huele a saldo rebajado. La hipocresía alcanzó su cénit cuando el Consejo de Ministros utilizó el caso como palanca para sus decretos de vivienda, ignorando que los 'villanos' eran dos asesores de farmacias con un solo inmueble y no un fondo de inversión de Wall Street. El desenlace es un cuadro negro: amenazas de muerte, fotos de hijos menores circulando por la red y un desahucio ejecutado el 23 de septiembre que terminó en tragedia con el fallecimiento de Maricarmen en el hospital Gregorio Marañón. Lo más sangrante es que ya existía un acuerdo para un contrato de 8 a 11 años con una renta de unos 500 euros. Al final, el 'efecto mariposa' de este caso terminó dinamitando decretos gubernamentales y provocando elecciones anticipadas, demostrando que, en la política actual, el relato importa más que el extracto bancario.
La nacionalidad española, ese tesoro que algunos custodian como el Santo Grial, se ha convertido en el Consulado de México en una especie de tarjeta de fidelidad para privilegiados. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, en Ciudad de México se ha montado un 'VIP Pass' donde el pasaporte europeo no es un acto de reparación histórica, sino un ticket gratuito para el quirófano. Resulta fascinante: llegan correos electrónicos pidiendo adelantar expedientes porque alguien necesita una operación urgente. Básicamente, usan la sanidad pública española como un seguro médico premium, pagado con el sudor del contribuyente que ya ve las listas de espera más largas que una cola de descuentos en Black Friday. Pero el 'negocio' no termina en la salud. Para muchos, el pasaporte es simplemente el sésamo abrir para saltarse la cola de visados hacia Estados Unidos. Y claro, en este banquete no faltan los invitados de honor. Según un testimonio interno, la cúpula diplomática ha usado la ley de nietos como moneda de cambio para hacerse amigos de la élite azteca, especialmente de políticos afines al partido Morena, empresarios y artistas. Estos expedientes 'especiales' volaban por encima de los funcionarios, esquivando cualquier control real sobre si sus antepasados fueron exiliados del franquismo o si simplemente tienen un apellido que suena a Castilla. Para rematar la faena, el Gobierno juega al escondite con los números. Mientras el Ejecutivo le dice al Tribunal Supremo que hay 163.000 nacionalizados en el mundo, el trabajador consular suelta la bomba: la cifra es muy superior. Solo en México se estiman unos 60.000, sin contar que consulados como el de Argentina trabajaban 12 horas diarias a ritmo de fábrica textil. Todo esto bajo la bendición de la directriz de Sofía Puente, convirtiendo la ciudadanía en un coladero administrativo donde la ética se ha ido de vacaciones.
Hay paseos militares que no necesitan desfile, solo un plató de TVE y un presentador que confiesa, entre risas, que la neutralidad es un deporte extremo. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' el 22 de octubre de 2026 no para rendir cuentas, sino para hacerse un masaje de imagen pagado con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y ve la vivienda como un sueño inalcanzable, el presidente despachó el drama inmobiliario con un optimismo macroeconómico que suena a chiste de mal gusto: dice que hay empleo y salarios dignos, ignorando que para muchos alquilar un zulo ya es un lujo.
Gestionar RTVE es, básicamente, jugar al Monopoly con el dinero de los demás y esperar que nadie mire el tablero. José Pablo López, el timonel de la corporación, ha vuelto a estirar la mano hacia la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De esos, ya se ha gastado 30 millones como quien saca dinero del cajero para pagar una cena que no puede costear. El objetivo es 'competir' con las privadas, que en lenguaje llano significa pagar el Mundial de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno mientras el resto de los mortales miramos la cuenta del súper con angustia. Lo fascinante no es el gasto, sino la gimnasia mental. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López ha practicado el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras en 2025 presumía de que los 63 millones recibidos seguían intactos en la contabilidad, ahora necesite un nuevo rescate. Es la magia de la ingeniería financiera pública: el dinero existe y no existe según sople el viento político. Sumando los 100 millones de 2024, la cuenta ya asciende a un sablazo considerable que el ciudadano paga sin haber firmado el contrato. Pero el verdadero 'agujero contable' es la joya de la corona: un pleito del IVA que el auditor sitúa cerca de los 1.000 millones de euros. Para evitar que la cadena se hunda, el Gobierno prepara un real decreto —esta vez esquivando a Junts en la Diputación Permanente— para que la Administración pague la factura. Mientras tanto, los sindicatos UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando un nuevo contrato programa que, seguramente, servirá para justificar que el servicio público es caro, pero muy necesario para que los consejeros desfilen por el Festival de San Sebastián.
Hay una forma muy elegante de pedir mejoras salariales y luego hay la 'vía pedagógica' de usar a niños de primaria como escudos humanos. Así se vivió este jueves frente a la Asamblea de Madrid, donde el calendario escolar fue sustituido por un despliegue de pancartas y saltos coordinados. La escena era surrealista: menores de infantil, que deberían estar aprendiendo a sumar, fueron colocados en primera línea, cara a cara con el cordón policial, coreando un 'Ayuso el que no bote' que suena más a patio de recreo que a reivindicación laboral. La huelga indefinida, que arrancó el 14 de este mes bajo el ala de CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y el Sindicato de Estudiantes, ha pasado de los libros a la calle con una agresividad que asusta. Mientras los niños saltaban, a pocos metros el Sindicato de Estudiantes recordaba que para ellos la policía son 'putos nazis' al servicio de una 'puta nazi' como Isabel Díaz Ayuso. Es el contraste perfecto: la inocencia de un niño sentándose en el asfalto porque le dicen que 'viene Zarzalejo' (la consejera de Educación) y, al lado, radicales fantaseando con 'prender fuego' a la sede de Sol o celebrando que la policía tuviera que cargar para sacar a la presidenta del edificio. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Mar Espinar del PSOE apareció para el 'selfie' reglamentario antes de huir, justo el día en que sale a la luz que vive en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos sin cumplir los requisitos. Un lujo inmobiliario que no se puede pagar con el 19% de participación que dice la Comunidad, aunque los sindicatos, en su optimismo habitual, insistan en que el 60% de los docentes se ha unido al paro. Al final, los únicos que han aprendido una lección hoy son los niños: que en política, el profesorado a veces enseña que el parapeto más efectivo es el más pequeño.
Hay una distancia sideral entre el discurso de salón y la escritura de propiedad. María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE-A, nos vende en redes sociales que la vivienda debe estar «al servicio de las personas» y no del mercado, con un tono que casi huele a incienso social. Nos habla de Mari Carmen y los desahucios como quien lee un poema triste, asegurando que quien no vea el problema es porque no conoce la calle. El detalle es que la calle que conoce Montero es, probablemente, la que lleva a sus tres viviendas en Sevilla, además de un local y un garaje, todos en la misma capital. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban el alquiler, la declaración patrimonial de la senadora, registrada el 27 de julio de 2026, revela una ingeniería inmobiliaria montada entre 2004 y 2006. No es que haya comprado un piso para vivir; es que se montó un portfolio. Para lograrlo, tiró de tarjeta bancaria con dos hipotecas que sumaron un importe inicial de 328.808 euros. Una de ellas, la más ambiciosa, fue de 240.000 euros en 2006, justo cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su punto más delirante. Hoy, el saldo pendiente de esos préstamos es de 70.928 euros (31.214 de la primera y 39.714 de la segunda). Es decir, Montero ya ha liquidado casi todo el sablazo bancario y ahora disfruta del pleno dominio del 50% de sus activos bajo régimen de gananciales. Resulta fascinante que use el mercado inmobiliario como arma arrojadiza contra Juanma Moreno y los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, cuando su propio patrimonio es el resultado perfecto de haber sabido jugar el juego del mercado en el momento preciso. La coherencia, al parecer, no entra en el registro de la propiedad.
Hay una ironía deliciosa en el aire, de esas que huelen a archivador viejo y conveniencia política. Resulta que la Asociación Descendientes del Exilio ha decidido que su memoria tiene la elasticidad de un chicle. Hace veinte años, concretamente en agosto de 2004, le enviaron un informe al recién estrenado José Luis Rodríguez Zapatero con una petición clarísima: que no se mezclaran los churros con las croquetas. Querían que el Estado distinguiera con bisturí quién fue un exiliado político huyendo de la represión y quién fue un emigrante que simplemente buscaba una vida mejor. Para Ludovica García Arias y compañía, equiparar ambos perfiles era un insulto al sacrificio forzado. Pero el tiempo pasa y los intereses mutan. Tras la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, que permitió que más de 370.000 nietos se colgaran el pasaporte español sin presentar ni un ticket de compra que acreditara el exilio, la asociación ha pegado un giro de 180 grados. Ahora, que el Tribunal Supremo ha decidido poner orden en el censo electoral tras un recurso de Vox, la entidad se pone el traje de víctima. Pilar Nova Melle ya no quiere bisturíes; ahora califica la exigencia de acreditar la condición de exiliado como un «ataque contra el derecho a voto». Es el clásico baile de la hipocresía institucional: ayer pedían rigor jurídico para no diluir la tragedia del exilio; hoy, cuando el Supremo aplica ese mismo rigor, culpan al PP y a Vox de jugar a la política con el censo de 2027. Resulta fascinante ver cómo una organización fundada para diferenciar el dolor forzado de la migración voluntaria ahora lucha para que cualquiera pueda entrar en el club sin presentar la invitación. Al final, parece que la memoria histórica no es un libro cerrado, sino una pizarra que se borra según sople el viento electoral.
Hay una diferencia abismal entre huir de una dictadura con una maleta de cartón y haber tenido un tatarabuelo que se fue a América en el siglo XIX porque el maíz pagaba mejor. Pero para Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, esa distinción era un mero detalle administrativo, una especie de 'error de dedo' que requería una corrección urgente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado de empadronamiento, Puente decidió que la Ley de Memoria Democrática era, en realidad, un cupón de nacionalidad abierta para cualquiera que pudiera rastrear un antepasado español en el árbol genealógico. La jugada fue maestra en su sencillez: el 25 de octubre de 2022 lanzó una instrucción que abría la puerta a todo el mundo. El problema es que los formularios oficiales eran demasiado estrictos y pedían pruebas de exilio. ¿La solución? El 14 de febrero de 2023, con la precisión de quien corrige una errata en un menú de restaurante, Puente cambió la redacción para que bastara con ser 'originariamente español'. Así, sin más, el concepto de 'exilio' se volvió elástico como un chicle, permitiendo que descendientes de emigrantes de hace más de un siglo se colaran en el censo. El resultado es un agujero contable de identidad: más de 2,4 millones de solicitudes y un Tribunal Supremo que ha tenido que poner el freno de mano, suspendiendo el voto de 163.020 personas para las elecciones del 29-N. Ahora, un juzgado de Madrid, bajo la mirada de la magistrada Inmaculada Lova, ha admitido a trámite una querella por prevaricación impulsada por Hazte Oír. Al final, la 'voluntad del legislador' terminó pareciendo más bien una gestión familiar, considerando que Sofía es hermana del ministro Óscar Puente. Una ingeniería jurídica fascinante donde el exilio ya no es un trauma histórico, sino un trámite de ventanilla.
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Rosa Muñoz