Crítica:
La noticia es un despliegue de declaraciones unilaterales sin dar espacio a la defensa del Ministerio. Se apoya excesivamente en la narrativa de una asociación civil sin aportar pruebas documentales del 'aviso' previo.
Una asociación denuncia a Marlaska y a su ‘número dos’ por alta traición y prevaricación
Marlaska al Supremo por el caos ceutí
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Plus Ultra: ¿Rescate gratis o caos aéreo?
El Gobierno se encuentra en ese momento incómodo en el que tienes que decidir si tirar la toalla o intentar un parche desesperado justo antes de que llegue la factura. El caso es Plus Ultra, la aerolínea que en 2021 se bebió 53 millones de euros de dinero público en una operación tan turbia que ha dejado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero imputado. Ahora, el holding público SEPI juega a la ruleta rusa: o venden la empresa a Iberojet para que alguien absorba el agujero contable, o esperan a que pasen las elecciones del 29 de noviembre y rezan para que la compañía no implosione en el camino. La jugada es casi cómica. Iberojet, bajo el ala de Barceló, podría llevarse el negocio por cero euros, pagando únicamente la deuda con la SEPI y manteniendo los empleos. Básicamente, se llevan siete Airbus A330 gratis a cambio de limpiar el desastre. Mientras tanto, la aerolínea intenta sobrevivir vendiendo billetes a precios de saldo para conseguir algo de liquidez, una maniobra que en el barrio llamaríamos 'quemar los muebles para calentar la casa'. El pánico de Pedro Sánchez es real. Si la empresa quiebra ahora, miles de pasajeros quedarían tirados entre España, Colombia y Argentina, repitiendo el trauma de Spanair y confirmando que el rescate inicial fue un error garrafal impulsado por Zapatero. Pero si autorizan el salvamento ahora, admiten que Plus Ultra es un paciente crónico que necesita oxígeno constante en plena campaña electoral. Es el clásico dilema entre admitir que te han timado con la inversión o seguir echando monedas en una máquina que ya no da premios, todo mientras intentan que el nombre de Zapatero desaparezca de los titulares como si fuera un error de ortografía.
Pasaporte español: el nuevo seguro médico VIP
La nacionalidad española, ese tesoro que algunos custodian como el Santo Grial, se ha convertido en el Consulado de México en una especie de tarjeta de fidelidad para privilegiados. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, en Ciudad de México se ha montado un 'VIP Pass' donde el pasaporte europeo no es un acto de reparación histórica, sino un ticket gratuito para el quirófano. Resulta fascinante: llegan correos electrónicos pidiendo adelantar expedientes porque alguien necesita una operación urgente. Básicamente, usan la sanidad pública española como un seguro médico premium, pagado con el sudor del contribuyente que ya ve las listas de espera más largas que una cola de descuentos en Black Friday. Pero el 'negocio' no termina en la salud. Para muchos, el pasaporte es simplemente el sésamo abrir para saltarse la cola de visados hacia Estados Unidos. Y claro, en este banquete no faltan los invitados de honor. Según un testimonio interno, la cúpula diplomática ha usado la ley de nietos como moneda de cambio para hacerse amigos de la élite azteca, especialmente de políticos afines al partido Morena, empresarios y artistas. Estos expedientes 'especiales' volaban por encima de los funcionarios, esquivando cualquier control real sobre si sus antepasados fueron exiliados del franquismo o si simplemente tienen un apellido que suena a Castilla. Para rematar la faena, el Gobierno juega al escondite con los números. Mientras el Ejecutivo le dice al Tribunal Supremo que hay 163.000 nacionalizados en el mundo, el trabajador consular suelta la bomba: la cifra es muy superior. Solo en México se estiman unos 60.000, sin contar que consulados como el de Argentina trabajaban 12 horas diarias a ritmo de fábrica textil. Todo esto bajo la bendición de la directriz de Sofía Puente, convirtiendo la ciudadanía en un coladero administrativo donde la ética se ha ido de vacaciones.
Sánchez en TVE: Masaje VIP con Broncano
Hay paseos militares que no necesitan desfile, solo un plató de TVE y un presentador que confiesa, entre risas, que la neutralidad es un deporte extremo. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' el 22 de octubre de 2026 no para rendir cuentas, sino para hacerse un masaje de imagen pagado con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y ve la vivienda como un sueño inalcanzable, el presidente despachó el drama inmobiliario con un optimismo macroeconómico que suena a chiste de mal gusto: dice que hay empleo y salarios dignos, ignorando que para muchos alquilar un zulo ya es un lujo.
RTVE: El cajero infinito de la SEPI
Gestionar RTVE es, básicamente, jugar al Monopoly con el dinero de los demás y esperar que nadie mire el tablero. José Pablo López, el timonel de la corporación, ha vuelto a estirar la mano hacia la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De esos, ya se ha gastado 30 millones como quien saca dinero del cajero para pagar una cena que no puede costear. El objetivo es 'competir' con las privadas, que en lenguaje llano significa pagar el Mundial de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno mientras el resto de los mortales miramos la cuenta del súper con angustia. Lo fascinante no es el gasto, sino la gimnasia mental. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López ha practicado el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras en 2025 presumía de que los 63 millones recibidos seguían intactos en la contabilidad, ahora necesite un nuevo rescate. Es la magia de la ingeniería financiera pública: el dinero existe y no existe según sople el viento político. Sumando los 100 millones de 2024, la cuenta ya asciende a un sablazo considerable que el ciudadano paga sin haber firmado el contrato. Pero el verdadero 'agujero contable' es la joya de la corona: un pleito del IVA que el auditor sitúa cerca de los 1.000 millones de euros. Para evitar que la cadena se hunda, el Gobierno prepara un real decreto —esta vez esquivando a Junts en la Diputación Permanente— para que la Administración pague la factura. Mientras tanto, los sindicatos UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando un nuevo contrato programa que, seguramente, servirá para justificar que el servicio público es caro, pero muy necesario para que los consejeros desfilen por el Festival de San Sebastián.
Niños de escudo en huelga docente
Hay una forma muy elegante de pedir mejoras salariales y luego hay la 'vía pedagógica' de usar a niños de primaria como escudos humanos. Así se vivió este jueves frente a la Asamblea de Madrid, donde el calendario escolar fue sustituido por un despliegue de pancartas y saltos coordinados. La escena era surrealista: menores de infantil, que deberían estar aprendiendo a sumar, fueron colocados en primera línea, cara a cara con el cordón policial, coreando un 'Ayuso el que no bote' que suena más a patio de recreo que a reivindicación laboral. La huelga indefinida, que arrancó el 14 de este mes bajo el ala de CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y el Sindicato de Estudiantes, ha pasado de los libros a la calle con una agresividad que asusta. Mientras los niños saltaban, a pocos metros el Sindicato de Estudiantes recordaba que para ellos la policía son 'putos nazis' al servicio de una 'puta nazi' como Isabel Díaz Ayuso. Es el contraste perfecto: la inocencia de un niño sentándose en el asfalto porque le dicen que 'viene Zarzalejo' (la consejera de Educación) y, al lado, radicales fantaseando con 'prender fuego' a la sede de Sol o celebrando que la policía tuviera que cargar para sacar a la presidenta del edificio. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Mar Espinar del PSOE apareció para el 'selfie' reglamentario antes de huir, justo el día en que sale a la luz que vive en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos sin cumplir los requisitos. Un lujo inmobiliario que no se puede pagar con el 19% de participación que dice la Comunidad, aunque los sindicatos, en su optimismo habitual, insistan en que el 60% de los docentes se ha unido al paro. Al final, los únicos que han aprendido una lección hoy son los niños: que en política, el profesorado a veces enseña que el parapeto más efectivo es el más pequeño.
Montero: tres casas y discurso de alquiler
Hay una distancia sideral entre el discurso de salón y la escritura de propiedad. María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE-A, nos vende en redes sociales que la vivienda debe estar «al servicio de las personas» y no del mercado, con un tono que casi huele a incienso social. Nos habla de Mari Carmen y los desahucios como quien lee un poema triste, asegurando que quien no vea el problema es porque no conoce la calle. El detalle es que la calle que conoce Montero es, probablemente, la que lleva a sus tres viviendas en Sevilla, además de un local y un garaje, todos en la misma capital. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban el alquiler, la declaración patrimonial de la senadora, registrada el 27 de julio de 2026, revela una ingeniería inmobiliaria montada entre 2004 y 2006. No es que haya comprado un piso para vivir; es que se montó un portfolio. Para lograrlo, tiró de tarjeta bancaria con dos hipotecas que sumaron un importe inicial de 328.808 euros. Una de ellas, la más ambiciosa, fue de 240.000 euros en 2006, justo cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su punto más delirante. Hoy, el saldo pendiente de esos préstamos es de 70.928 euros (31.214 de la primera y 39.714 de la segunda). Es decir, Montero ya ha liquidado casi todo el sablazo bancario y ahora disfruta del pleno dominio del 50% de sus activos bajo régimen de gananciales. Resulta fascinante que use el mercado inmobiliario como arma arrojadiza contra Juanma Moreno y los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, cuando su propio patrimonio es el resultado perfecto de haber sabido jugar el juego del mercado en el momento preciso. La coherencia, al parecer, no entra en el registro de la propiedad.
Nacionalidad: la memoria que cambia de bando
Hay una ironía deliciosa en el aire, de esas que huelen a archivador viejo y conveniencia política. Resulta que la Asociación Descendientes del Exilio ha decidido que su memoria tiene la elasticidad de un chicle. Hace veinte años, concretamente en agosto de 2004, le enviaron un informe al recién estrenado José Luis Rodríguez Zapatero con una petición clarísima: que no se mezclaran los churros con las croquetas. Querían que el Estado distinguiera con bisturí quién fue un exiliado político huyendo de la represión y quién fue un emigrante que simplemente buscaba una vida mejor. Para Ludovica García Arias y compañía, equiparar ambos perfiles era un insulto al sacrificio forzado. Pero el tiempo pasa y los intereses mutan. Tras la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, que permitió que más de 370.000 nietos se colgaran el pasaporte español sin presentar ni un ticket de compra que acreditara el exilio, la asociación ha pegado un giro de 180 grados. Ahora, que el Tribunal Supremo ha decidido poner orden en el censo electoral tras un recurso de Vox, la entidad se pone el traje de víctima. Pilar Nova Melle ya no quiere bisturíes; ahora califica la exigencia de acreditar la condición de exiliado como un «ataque contra el derecho a voto». Es el clásico baile de la hipocresía institucional: ayer pedían rigor jurídico para no diluir la tragedia del exilio; hoy, cuando el Supremo aplica ese mismo rigor, culpan al PP y a Vox de jugar a la política con el censo de 2027. Resulta fascinante ver cómo una organización fundada para diferenciar el dolor forzado de la migración voluntaria ahora lucha para que cualquiera pueda entrar en el club sin presentar la invitación. Al final, parece que la memoria histórica no es un libro cerrado, sino una pizarra que se borra según sople el viento electoral.
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