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Hacer cuentas con el Gobierno es como leer el extracto del banco ignorando los recibos que llegan por correo: al final, el saldo no cuadra. Pedro Sánchez nos vende un déficit del 2,4% del PIB para 2025, una cifra que suena a dieta equilibrada y gestión responsable. Pero Funcas, que no se traga el cuento, ha sacado la calculadora y ha descubierto que la realidad es un banquete mucho más caro: las necesidades reales de financiación rozan el 4% del PIB. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle para que no nos vendan la moto. Por cada 100 euros que Moncloa dice que nos faltan, en realidad hemos tenido que pedir prestados 167 euros. Es el clásico truco de 'estoy ahorrando' mientras deslizas la tarjeta de crédito para comprar activos que, en teoría, son recuperables, pero que hoy mismo son un agujero en la cartera. El truco de magia contable reside en las 'operaciones financieras'. Préstamos, recapitalizaciones y compras de participaciones que, por un tecnicismo europeo, no cuentan como gasto en el déficit oficial, pero que obligan al Tesoro a emitir deuda sí o sí. En el último trienio, el Estado ha autorizado modificaciones de crédito por 47.700 millones de euros para estos fines. Estamos hablando de un promedio de 16.000 millones anuales que se mueven en una zona gris, lejos de los titulares. Mientras el relato oficial presume de crecimiento y recaudación, la deuda pública española se resiste a bajar porque el grifo de la financiación no deja de gotear. El riesgo es el de siempre: que esos préstamos resulten ser fantasmas y que las participaciones empresariales acaben valiendo lo mismo que un billete de Monopoly. Al final, la brecha de 1,6 puntos del PIB es la diferencia entre la foto retocada de Instagram y la realidad del espejo.
Pedro Sánchez ha decidido jugar al 'salvador de la juventud' con un kit de campaña que incluye tiendas de campaña y promesas etéreas, pero la realidad es que ha dejado la cuenta corriente de los chavales en números rojos antes siquiera de empezar. Estamos ante una ingeniería financiera del absurdo: una generación que no solo no puede emanciparse, sino que ha sido designada como el cajero automático oficial de sus abuelos. La aritmética es cruel. Mientras el salario modal de los jóvenes languidece entre los 1.170 y 1.200 euros netos según el Consejo de la Juventud, las nuevas altas de jubilación ya superan los 1.711 euros (datos de agosto de 2026). Traducido al lenguaje de la calle: el joven trabaja para pagar una pensión que es, irónicamente, más alta que su propio sueldo. Es como si te obligaran a pagar la hipoteca de un chalet en la costa mientras tú vives en un zulo compartido y cenas arroz tres veces por semana. El agujero contable de las pensiones ha pasado de unos 38.000 millones a los 136.000 millones de euros bajo el mandato del PSOE, una cifra que haría temblar a cualquier familia española en el día de pagar el alquiler. Y hablando de alquileres, el mercado ha sufrido un sablazo del 30% en precios, mientras que el 44% de los pisos han desaparecido del alquiler por el pánico a la inseguridad jurídica. El informe de Freemarket lo deja claro: la pensión media de septiembre de 2026 se situó en 1.576 euros. El pacto intergeneracional ya no es un acuerdo, es una extracción de rentas. Sánchez ofrece el Estado como muleta, pero se olvida de que él mismo ha dinamitado el puente hacia la propiedad y el ahorro. La 'generación perdida' no es un accidente; es el resultado de un diseño donde el presente se devora el futuro.
En España, si intentas votar con el DNI caducado o un papel sin foto, el presidente de la mesa te mira como si estuvieras intentando entrar en el club más exclusivo de la ciudad sin invitación. Pero claro, la realidad es un chicle que se estira según la conveniencia del calendario. En el Consulado de Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares decidió que las reglas eran más bien 'sugerencias'. El 14 de julio de 2023, justo una semana antes de que Pedro Sánchez se jugara el tablero, el consulado lanzó un aviso donde el rigor documental pasó a mejor hora: se permitía votar con pasaportes caducados, partidas de nacimiento o la inscripción en el Registro de Matrícula Consular. Sí, documentos sin una sola fotografía. Básicamente, bastaba con decir 'soy yo' y presentar un papel que podría haber sido redactado en una servilleta. Este 'estirón' normativo no es casualidad, es ingeniería electoral. Argentina es el patio de recreo de la Ley de Nietos, concentrando a finales de julio de 2025 unas 366.579 solicitudes (el 40% mundial), con 174.277 expedientes ya aprobados. Mientras el ciudadano medio en Madrid se pelea con la burocracia por un trámite, en Buenos Aires el Gobierno desplegó una logística de campaña digna de una final de Champions. Viajes de José Ramón Gómez Besteiro y Adrián Barbón, y hasta la ministra Milagros Tolón aterrizando para animar el ambiente. Violeta Alonso lo dejó claro: el voto exterior tiene un 'impacto significativo'. En política, cuando el resultado se decide por la mínima, un pasaporte caducado no es un error administrativo, es una herramienta de supervivencia.
En Ceuta, la economía no solo ha tosido; ha tenido un síncope en toda regla. Mientras en Madrid los despachos huelen a colonia cara y optimismo impostado, en la calle el aire huele a miedo y a persianas bajadas. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad, ha soltado el dato que hace temblar el bolsillo: un millón de euros diarios que se esfuman. Un millón. Para que nos entendamos, es como si cada mañana la ciudad tirara a la basura el presupuesto de miles de familias mientras el Gobierno central juega al turista.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito día' mientras se guarda el puñal bajo la chaqueta. Javier Milei, sin embargo, prefiere el método del mazo. Desde la Fundación Faro, el mandatario argentino ha decidido que el 24 de octubre era el día perfecto para recordarle a Pedro Sánchez que, según su catálogo de etiquetas, es un «ladrón corrupto». No hay guante de seda aquí; hay un deseo explícito de que la «ola azul» barra con el Moncloa el próximo 29 de noviembre. El núcleo del conflicto es la «Ley de Nietos». Para Milei, otorgar la nacionalidad a descendientes en el extranjero no es un acto de justicia histórica o reparación, sino una ingeniería electoral para importar votos que se inclinen hacia la izquierda. Es como si en un partido de fútbol el capitán del equipo contrario pudiera traer jugadores de otra liga a mitad del segundo tiempo solo para asegurar el resultado. Una jugada que Milei tilda de amaño electoral. Pero el plato fuerte fue el sarcasmo sobre la identidad. Milei ha diseccionado el eslogan «soy zurdo», ese escudo que Sánchez usa para blindar sus políticas y que la oposición ha transformado en un meme de IA donde Begoña Gómez y otros implicados en sospechas judiciales desfilan con la misma etiqueta. El argentino, con esa ironía que roza el descaro, sugirió que al discurso del «soy zurdo» solo le faltaba añadir: «si ser chorro es de zurdo, soy zurdo». Un cierre que, según él, «hubiera cuadrado perfecto». Mientras España se prepara para el 29-N, Milei actúa como el vecino ruidoso que no solo critica la decoración de tu casa, sino que desea que te mudes cuanto antes para que alguien con sus mismos colores se instale en el salón.
España es el sexto productor mundial de pimiento, con una cosecha de 1.518,61 millones de kilos que debería hacernos sentir orgullosos. Pero aquí viene el chiste: mientras el agricultor local se rompe la espalda, el mercado decide que es más sexy comprar fuera. En el primer semestre de 2026, importamos 83,34 millones de kilos, y el 94,81% (79,01 millones de kilos) aterrizaron desde Marruecos. Es como tener la despensa llena de jamón y decidir pedir una pizza a domicilio cada noche porque el repartidor es más amable. La ingeniería financiera es fascinante. El sablazo a Marruecos alcanzó los 116,33 millones de euros, con un precio medio de 1,47 euros por kilo. Si miramos el retrovisor, la cosa es delirante: en el primer semestre de 2017 comprábamos 33,74 millones de kilos; para 2026, la cifra saltó a 79,01 millones. Un incremento del 134,15% que deja al sector nacional mirando las musarañas. Pero el verdadero atraco no ocurre en la frontera, sino en el ticket del súper. Según el IPOD de COAG, en agosto de 2026 el pimiento rojo vivió una metamorfosis económica: el agricultor cobró 0,84 euros por kilo, mientras que el consumidor pagó 2,91 euros. Un margen del 246% que se queda en el camino, probablemente en los despachos de quienes deciden que es mejor traer 373.958 toneladas de hortalizas marroquíes que apoyar el campo propio. Entre enero y julio de 2026, Marruecos se llevó 982 millones de euros de nuestro bolsillo, consolidándose como el rey del suministro extracomunitario, mientras FEPEX lanza alertas que parecen gritos en el desierto sobre la pérdida de producciones estratégicas.
Bruselas ha decidido que salvar el planeta es prioritario, aunque eso implique que el pescador del Mediterráneo pase más tiempo mirando el techo que tirando de la red. La aritmética es cruel: en 2019, la flota de arrastre podía faenar 230 días al año; para este 2026, la media se ha desplomado a 143 jornadas. Hablamos de 87 días robados, casi tres meses de sueldo que se evaporan en un despacho climatizado de Bélgica mientras el armador ve cómo su cuenta corriente se convierte en un desierto. Es como si te dijeran que puedes trabajar, pero solo los martes y los jueves alternos, mientras te felicitan por tu 'contribución ecológica'. La Visión 2040 para la Pesca y la Acuicultura, publicada el 20 de octubre, es el equivalente burocrático a darte una palmadita en la espalda mientras te quitan la cartera. Javier Garat, de CEPESCA, lo tiene claro: reconocer que el sector envejece y que las flotas desaparecen es muy noble, pero no paga las hipotecas. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando la propia Comisión admite que los peces han vuelto, pero mantiene el grifo cerrado basándose en la especie más débil, un 'cientifismo' que rozó el delirio en diciembre de 2025, cuando propusieron reducir la faena a ridículos nueve días anuales. Luis Planas tuvo que intervenir para recordar que vivimos en este planeta y no en Marte. Mientras la flota española se encoge —de 9.871 buques en 2013 a 8.324 hoy— y las naves envejecen con una media de 37 años, la UE solo produce el 38% del pescado que consume. Básicamente, estamos importando la cena mientras asfixiamos a los nuestros con una Política Pesquera Común de 2013 que ha caducado hace lustros. El Parlamento Europeo pidió el 12 de octubre suavizar las reglas, pero en Bruselas, el dogma verde suele pesar más que la realidad del puerto.
El karma ferroviario ha llegado a Europa y tiene acento italiano. Resulta que la SNCF, la gigante francesa que se dedicó a ponerle zancadillas burocráticas a Renfe para que no pisara suelo galo, ahora está probando su propia medicina. Italia ha decidido jugar al mismo juego: papeleo infinito, 'interpretaciones normativas' creativas y un muro de hormigón administrativo que retrasa la entrada de los franceses en las líneas Turín-Roma y Turín-Milán-Venecia hasta bien entrado 2028. Es la ley de la calle: el que escupe al cielo, acaba mojado. Mientras tanto, en España, el panorama es el de un anfitrión demasiado generoso que invita a cenar a todo el mundo y termina pagando la cuenta y limpiando la cocina. Mientras Francia y Italia cierran sus puertas con llave, Óscar Puente y la CNMC han decidido que aquí todo sea 'open bar'. No solo hemos abierto las líneas más rentables, como el Madrid-Barcelona, sino que la CNMC ha tenido la brillante idea de obligar a Renfe a compartir hasta los cepillos de dientes en sus talleres de mantenimiento. Básicamente, le pedimos a Renfe que le preste el garaje y las herramientas a Ouigo e Iryo para que estas puedan arreglar sus trenes cómodamente. El resultado es una paradoja fascinante. Tenemos una saturación de vías que recuerda a la M-30 en hora punta y una inversión pública que no para de sangrar. Y aunque nos vendieron que la competencia bajaría los precios, la realidad es que Ouigo e Iryo ya acumulan pérdidas superiores a los 250 millones de euros. Ahora, como cualquier negocio que se respeta cuando se da cuenta de que el banquete gratis se acaba, han empezado a subir las tarifas. Al final, el pasajero paga la factura de una liberalización que en el resto de Europa es más un mito que una realidad.
Gestionar la seguridad en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo surrealista. Mientras el ciudadano de a pie lucha por cerrar el balance mensual sin entrar en números rojos, el Ministerio del Interior parece jugar al escondite con 15.000 ilegales que han convertido la ciudad en su patio de recreo. La cifra es lapidaria: el 90% de los citados para el triaje —ese trámite básico de huellas y fotos para poder devolverlos a Marruecos— simplemente pasan de la policía. De cada 100 citas, solo diez se presentan. Es como si el Gobierno hubiera enviado invitaciones a una fiesta a la que nadie quiere ir, pero donde todos quieren quedarse a vivir gratis. Lo más delirante no es la ausencia, sino la consigna. Los agentes denuncian que desde arriba les piden 'suavidad'. Básicamente, que inviten a los invasores a acompañarlos y que, si deciden hacer un sprint en dirección contraria, no se use la fuerza. Un 'cachondeo' administrativo que deja a la Policía Nacional en una posición ridícula mientras el SUP advierte que quitar efectivos para mandarlos a la Península es como intentar apagar un incendio quitando mangueras. El balance oficial intenta maquillar el desastre: 13.101 retornos desde el 10 de agosto, 5.400 triajes de adultos y 310 de menores. Pero la realidad de la calle es otra. Los asentamientos del Trampolín y El Tarajal han desaparecido, sí, pero los invasores no se han evaporado; ahora juegan al juego de las sillas en montes y 'pisos patera'. Mientras Juan Jesús Vivas amenaza con ir al Supremo porque el Gobierno ha dejado en el cajón el decreto para agilizar devoluciones, las mujeres de Ceuta viajan a Madrid para gritar que han perdido la libertad. Al final, parece que la prioridad no es solucionar la crisis, sino dejar una 'herencia envenenada' para el siguiente turno.
Parece que en el Ministerio de Justicia han confundido el exilio político con un crucero de placer por el Caribe. La historia es tan surrealista que roza la comedia: para regalar la nacionalidad española bajo la Ley de Nietos, bastaba con presentar un ticket de barco. Sí, un listado de pasajeros de los años 50 con destino a Venezuela servía como 'prueba' de que el abuelo huía de la represión. Una gestión tan relajada que haría palidecer a cualquier portero de discoteca un sábado noche. Sofía Puente, entonces directora general de Fe Pública y Seguridad Jurídica, diseñó una instrucción tan permisiva que convirtió el exilio en un trámite de ventanilla. El resultado es un agujero administrativo del tamaño del Atlántico. De 31.390 expedientes revisados, solo 91 personas han acreditado el exilio de verdad. Noventa y uno. El resto es ruido, nostalgia o simple ingeniería burocrática. En el consulado de Buenos Aires, tras revisar 10.500 papeles, la conclusión es lapidaria: no hay pruebas de exilio, solo gente que se fue de España. Ahora el Tribunal Supremo ha despertado del letargo y ha soltado el sablazo: el derecho al voto para el 29-N queda suspendido para quienes no demuestren que su ancestro fue realmente un perseguido y no alguien que simplemente buscaba mejores horizontes. Félix Bolaños y José Manuel Albares tienen ahora cinco días para entregar la lista de los 'impostores' o se enfrentarán a multas y responsabilidades penales. Mientras tanto, 600.000 personas ya tienen el pasaporte en el bolsillo gracias a una interpretación tan libre que permitió nacionalizar incluso a bisnietos de emigrantes del siglo XIX, mucho antes de que existiera el conflicto que justifica la ley. Un despliegue de generosidad con el patrimonio nacional que deja a cualquiera boquiabierto.
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Rosa Muñoz