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Hay una diferencia abismal entre el tiempo del reloj y el tiempo de la Administración. Para las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, han pasado dos años; para los despachos, parece que el calendario se ha quedado congelado en una eterna pausa para el café. Mientras 233 personas fueron borradas del mapa, la justicia avanza a paso de tortuga con artritis, dejando a los afectados en lo que ellas mismas llaman la 'casilla de salida'. Es el clásico truco del poder: sustituir la reparación por la burocracia. Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Elisabeth González, las voces que llevan el peso de tres asociaciones de víctimas, no compran el cuento del 'aprendizaje'. Para ellas, que el Gobierno ahora aplique los protocolos no es una lección aprendida, sino simplemente dejar de hacer el ridículo. Es como si después de quemar la casa por dejar el gas abierto, el dueño presumiera de haber descubierto cómo cerrar la llave. No es evolución, es que el 24 de octubre de 2024 decidieron ignorar el manual de instrucciones y el precio lo pagaron otros. El trauma se ha vuelto un invitado permanente. Cada vez que el cielo se nubla, el estómago se revuelve y el insomnio vuelve a cobrar alquiler. La Generalitat ofreció una ayuda psicológica que fue más un parche que una cura, obligando a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Sanidad a sacar las USMES para hacer el trabajo sucio. Mientras tanto, la sombra de Carlos Mazón planea sobre el tablero, con la posibilidad de blindarse como senador para esquivar el viento de la justicia. Al final, piden que los expertos manden y los políticos se quiten de en medio, porque gestionar alertas no puede ser una cuestión de marketing electoral ni de aforamientos estratégicos.
Hay niveles de hipocresía que ya no caben en el BOE. La plataforma Stop Abolición ha decidido soltarle la manta al presidente del Gobierno con un vídeo que es, básicamente, un 'te pillo' en toda regla. Mientras Pedro Sánchez se pone la capa de salvador feminista y lanza cuatro intentos de leyes abolicionistas en cuatro años —como aquel intento fallido de colarlo en la ley del solo sí es sí en 2022 o las iniciativas truncadas de 2024—, resulta que el negocio del placer familiar no es precisamente un secreto de estado. Las trabajadoras sexuales no se han andado con chiquitas: han visitado más de 15 locales gestionados en su día por la familia del presidente y han hablado con tres extrabajadores. El mensaje es lapidario: Sánchez sabe perfectamente que los clubes de alterne no son los campos de concentración que venden algunas diputadas del PSOE para ganar votos en los salones del feminismo moderno. Es el clásico caso de querer limpiar el mantel mientras debajo hay un banquete de ingeniería familiar que no cuadra con el discurso oficial. Para estas mujeres, el 'patológico optimismo' del Moncloa es un lujo que ellas no pueden permitirse mientras viven en un limbo laboral, sin marco legal y con el miedo metido en el cuerpo. Mientras tanto, en el Parlamento, el espectáculo sigue. Cayetana Álvarez de Toledo, que no deja pasar ni una mosca, ya ha usado el vídeo en su precampaña en Toledo para subrayar que hasta quienes están en el escalón más bajo de la escala social ven la costura del disfraz. Al final, la política se ha convertido en una lista de la compra de promesas vacías donde el coste lo pagan las que, sencillamente, no tienen un despacho con aire acondicionado.
Hay quien usa el gimnasio para ponerse en forma y hay quien usa el patrimonio nacional para ponerse el traje de candidato. Pedro Sánchez ha decidido que el Museo Reina Sofía no es solo un templo del arte, sino el plató perfecto para su última producción de precampaña. El 24 de octubre de 2026, el presidente se coló en el museo para grabar un vídeo en X donde, con el Guernica de Pablo Picasso haciendo de fondo, soltó el mantra del "No a la guerra". Es la clásica jugada de quien quiere comprarse una coherencia ética usando el carrito de la compra de todos los españoles. El relato es sencillo: Sánchez presume de una diplomacia "sin dobles raseros" y de haber resistido "enormes presiones" para no recortar ni un céntimo del Estado del bienestar, rechazando subir el gasto militar al 5% del PIB. Suena muy noble, casi poético, si no fuera porque los presupuestos de Defensa y los compromisos con la OTAN cuentan una historia distinta, una donde las cifras no bailan al ritmo de su discurso. Es como decir que estás a dieta mientras te escondes un donut detrás de la espalda. La indignación no ha tardado en llegar. Miguel Tellado ya ha soltado el zasca en redes, denunciando que el 29N se acabará este "privilegio" de usar fondos públicos como si fueran el salón de su casa para inflar el ego. Mientras el ciudadano medio pide cita previa para entrar en el museo, el jefe del Ejecutivo lo convierte en su estudio de grabación privado. Al final, el Guernica, que nació para denunciar el horror, termina siendo el decorado de un spot electoral donde la única tragedia es la desfachatez de instrumentalizar el arte para ganar votos.
Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a sacar el bisturí en Toledo, y esta vez no ha dejado ni un trozo de piel intacto. Con la soltura de quien pide un café mientras incendia la oficina, la candidata número dos del PP por Madrid ha traducido el 'feminismo' de Pedro Sánchez a lenguaje de calle: básicamente, un envoltorio brillante para un producto caducado. Para Cayetana, la coherencia del presidente es como el saldo de una cuenta corriente tras un fin de semana de desenfreno: inexistente. La crónica del 'sultán de la hipocresía' empezó con un sablazo familiar: Sabiniano, el suegro, y aquella sauna Adán que, según la diputada, financió pizzas y carrera política. Luego pasó al menú de 'excesos' del entorno: Tito Berni y sus orgías con cocaína en plena pandemia, y José Luis Ábalos, que según ella, usaba el dinero público para contratar 'Jésicas y Nicoletas', llegando incluso al surrealismo de pagarle un piso en la Plaza de España a una trabajadora sexual. Como si fuera un catálogo de errores, sumó a Paco Salazar, el asesor que supuestamente acosaba en Moncloa y terminó como 'premio' en Buenos Aires amañando votos. Pero el golpe final fue técnico. Cayetana recordó que la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero terminó siendo una puerta giratoria para 1.230 agresores sexuales, de los cuales 126 salieron a la calle. Y para rematar, mencionó las pulseras de control telemático de Ana Redondo, que resultaron ser tan útiles como un cenicero en una moto. Incluso el arte sufrió el ataque. El vídeo de Sánchez frente al Guernica fue tachado de 'uso espurio', recordándole que fue Leopoldo Calvo-Sotelo quien trajo la obra en septiembre de 1981. Para cerrar, lanzó un dardo a Emiliano García-Page, calificándolo de 'socialista con piel de cordero' y cómplice del cinismo del PSOE.
Bienvenidos al surrealismo inmobiliario español, donde el derecho a la propiedad tiene el valor de un ticket de Pepperoni. Resulta que, para blindar una ocupación y convertir un asalto en 'habitabilidad', no hace falta un contrato de alquiler ni pagar una sola letra de la hipoteca; basta con pedir una pizza y recogerla en la puerta. Una genialidad táctica que Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, ha tenido que confirmar en el programa Kilómetro Cero de esRadio, después de que Alberto Núñez Feijóo soltara la bomba en un acto político. La ingeniería es tan sencilla que asusta: pides la cena, guardas el papelito y, cuando la policía llega a la puerta de la casa que acabas de forzar, presentas el ticket como si fuera el Santo Grial de la residencia. Es el 'hack' definitivo para que las fuerzas de seguridad se encojan de hombros y te digan que el proceso ahora es judicial. Y si quieres subir el nivel de sofisticación, puedes aplicar la técnica del 'cocido express': entrar en la vivienda con una olla caliente o comida medio descompuesta para simular que llevas días allí instalando el hogar. Es como intentar engañar al fisco con un ticket del mercadillo, pero aquí el premio es un piso gratis. Mientras el propietario ve cómo su patrimonio se convierte en un hotel gratuito, la administración practica el arte del silencio. La Plataforma denuncia que llevan cinco años pidiendo una cita con la ministra Isabel Rodríguez, quien parece haber aplicado la misma técnica de los okupas: hacer como que no está en casa. El contraste es lacerante: si es tu primera vivienda, el desalojo es un suspiro; si es un inmueble para alquilar o una segunda residencia, prepárate para un calvario judicial que dura años, mientras el intruso presume de su pizza.
Hay una magia muy particular en la gestión del tiempo de nuestros ministros: lo que durante meses fue un trámite relajado, se convierte en una emergencia nacional cuando el Tribunal Supremo saca la cartera. De repente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares ha descubierto que los fines de semana existen, y ha decidido que sus cónsules los pasen en la oficina. El motivo es un auto judicial que no admite más 'olvidos' y que exige la lista de los 163.020 afectados por la suspensión del voto de nacionalizados. Todo este incendio administrativo nace de la 'creatividad' de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, quien en 2022 decidió que la Ley de Nietos era más bien una sugerencia flexible para repartir pasaportes españoles como si fueran folletos de una inmobiliaria. Ahora, el Gobierno se encuentra en el aprieto de filtrar quién es descendiente de exiliados y quién entró por la puerta trasera antes de las elecciones del 29 de noviembre. La urgencia es tan real que Albares ha fulminado vacaciones y permisos, ordenando que el personal de las Embajadas se ponga el mono de trabajo. Félix Bolaños, que también está en la lista de espera del Supremo, asegura que ya dio instrucciones, pero la realidad es que solo 48 oficinas consulares han logrado avanzar en el caos. Lo más tierno de la crónica es el castigo: una multa de 1.000 euros para los ministros si no cumplen. Para alguien que gestiona presupuestos millonarios, mil euros son el precio de un almuerzo ejecutivo mal pagado, pero el Supremo amenaza con reiterar el sablazo hasta que los nombres aparezcan. Es la danza clásica del poder: ignorar el proceso hasta que el ruido judicial se vuelve insoportable.
En San Bartolomé de Pinares, la burocracia tiene la capacidad asombrosa de ignorar el olor a sangre. Javier, un ganadero que lleva seis años peleando contra la tuberculosis bovina y partos complicados, se ha convertido, sin querer, en el catering gratuito de la fauna local. Ocho ataques en diez días. No es una mala racha; es una carnicería sistemática. Mientras nosotros discutimos el precio del aceite en el súper, Javier ve cómo su cuenta bancaria se desangra: entre 30.000 y 40.000 euros perdidos este año, una cifra que para muchos es el ahorro de una vida y para él es el coste de alimentar a una loba y sus adolescentes, además de un híbrido negro que parece haber salido de una pesadilla con un pastor alemán. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con una pata de ternero mutilada en el suelo— es el baile de las indemnizaciones. La Junta de Castilla y León opera a una velocidad glacial. Hay vecinos que no cobran desde marzo, obligando a Javier a jugar al equilibrista financiero para que el diésel del todoterreno no se agote y sus vacas rubias charolesas sigan comiendo. Es la paradoja perfecta: el Estado protege al lobo con leyes, pero deja que el ganadero se hunda en el barro. No se trata de odiar al animal, sino de denunciar la hipocresía de quienes, desde un despacho climatizado en la ciudad, romantizan la 'naturaleza salvaje'. Para el animalista de salón, el lobo es un símbolo; para Javier, el lobo es el tipo que entra en su negocio cada noche a estresar al ganado, provocar abortos y llevarse la inversión de todo un año. Al final, la Administración pide medir las dentelladas con escuadra y cartabón antes de soltar un euro, convirtiendo el duelo rural en un trámite administrativo interminable.
Hay una ironía deliciosa en el hecho de que quienes predican la utopía laboral y la justicia social terminen gestionando sus equipos como si estuvieran en un campamento de entrenamiento militar con mal humor. Tesh Sidi, la número dos de Frente Amplio por Madrid para el 29 de noviembre, ha pasado de ser la promesa de Sumar a la protagonista de una pesadilla de oficina. Tres extrabajadores del Congreso la han puesto contra las cuerdas, denunciando un ambiente donde el respeto era un artículo de lujo y el acoso laboral, el pan de cada día. Imaginen la escena: un equipo de seis personas navegando entre 20 y 30 grupos de Telegram. No es gestión, es un bombardeo digital. Mientras el ciudadano medio intenta que el Wi-Fi no se corte, estos poor souls soportaban instrucciones contradictorias y jornadas que pulverizaban las 37,5 horas semanales legales, todo sin un euro extra en la nómina. El resultado no fue un ascenso, sino una baja médica por ansiedad y asistencia psicológica, debidamente acreditada en informes clínicos. Un sablazo emocional que no se cura con un mensaje de WhatsApp. Pero lo más jugoso es el silencio cómplice de Más Madrid. Entre junio y octubre de 2025, cuatro responsables del partido miraron hacia otro lado. ¿La razón? Un cálculo matemático frío: si reprendían a Sidi, ella podría haber soltado el escaño y habrían tenido que darle la silla a Isabel Serra, de Podemos. Prioridades. El 20 de octubre, mientras Sidi celebraba su ascenso en la lista, los afectados lanzaban su denuncia al Comité de Código Ético y, al día siguiente, a Sumar. El partido ahora juega la carta clásica: dicen que es una 'vendetta' electoral. Porque claro, cuando alguien denuncia que lo han tratado como a un trapo, lo más lógico es pensar que es una conspiración política y no que el jefe es un tirano.
Barcelona ha decidido jugar a los 'estudiantes franceses' y el resultado ha sido un sábado de fuego y cristales rotos que costará más que un alquiler en el Eixample. Bajo el lema 'Instituts Indignats' —una copia carbonio del movimiento 'Lyceés Indignés' de Francia—, unas 500 personas decidieron que la mejor forma de expresar su malestar era convirtiendo la plaza de Cataluña en un set de rodaje de una película distópica. Mientras el ciudadano medio lucha por cerrar el mes, el mobiliario urbano ha sufrido un 'sablazo' monumental. Papeleras, semáforos y hasta la terraza del mítico bar Zúrich terminaron en llamas, creando una barricada en la calle Bergara con motocicletas y contenedores que hacían honor a la estética parisina. La escena era surrealista: los Mossos d'Esquadra cargando para dispersar a encapuchados, un helicóptero haciendo ruido arriba y los turistas, esos que pagan la ciudad, siendo escoltados hacia la salida como si estuvieran en una evacuación de emergencia. La hipocresía corporativa no se hizo esperar. Zara blindó sus escaparates y Apple retiró sus juguetes caros, mientras El Corte Inglés cerraba sus puertas, dejando a clientes atrapados en el interior, probablemente preguntándose si el 'sistema' también incluía el derecho a salir de la tienda. Al final del día, el balance es un libro de cuentas triste: 14 comercios vandalizados y 100 detenidos, de los cuales el 25% son menores que han confundido la rebeldía con el vandalismo puro y duro. Salvador Illa, Jaume Collboni y Nuria Parlon ya han soltado el discurso reglamentario sobre la democracia y la impunidad, pero la realidad es que la plaza de Cataluña ha sido el escenario de un experimento social donde la rabia se traduce en cristales rotos y el orden público en cargas policiales.
Hay una línea muy fina entre un mitin político y un programa de tardes de antena con premios en especie. El PSOE, en su gira hacia el 29 de noviembre, decidió que en Granada esa línea era un simple dibujo en el suelo. Mientras el ciudadano medio intenta que el ticket del supermercado no parezca una hipoteca, el aparato socialista montó un despliegue que haría palidecer a cualquier organizador de bodas kitsch. Empezaron con la 'Kiss Cam'. Sí, han importado la dinámica de los estadios de la NBA para que los militantes se besen en pantalla gigante, intentando replicar la química de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Fuenlabrada. Es el marketing del afecto forzado: besos bajo eslogan oficial para vender una alegría que no se siente en la cartera. Luego vino el baile. María Jesús Montero y la primera fila de dirigentes se lanzaron a una coreografía de manual, luciendo camisetas de 'La fuerza del amor'. Ver a la cúpula del poder bailando coordinada es como ver a un gato intentando usar un ordenador: genera una mezcla de fascinación y profunda vergüenza ajena. Pero el verdadero 'sablazo' cultural llegó al final. Pedro Sánchez, con la soltura de quien cree que el patrimonio nacional es un buffet libre, decidió que Federico García Lorca era el mejor portavoz para su agenda. Tras mencionar correos con Ian Gibson, el presidente recitó 'Cantos nuevos' para intentar que el aborto y la eutanasia pasaran por la 'España de Lorca'. Usar a un poeta universal para justificar la agenda del Ejecutivo es como intentar vender un coche usado pintándolo de dorado: el brillo es provisional, pero el engaño es evidente. Han convertido la lírica en un folleto electoral, transformando la cultura en un accesorio de moda para el mitin.
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Rosa Muñoz