Crítica:
La noticia es un ejercicio de periodismo de investigación impecable que expone la negligencia administrativa. El contraste entre la versión oficial y los documentos recuperados deja al Gobierno sin escapatoria.
La noticia es un ejercicio de periodismo de investigación impecable que expone la negligencia administrativa. El contraste entre la versión oficial y los documentos recuperados deja al Gobierno sin escapatoria.
Hay que tener un talento especial para que se te pase la vida y no te acuerdes de redactar las instrucciones de uso de una ley. El Gobierno acaba de confesar, con la naturalidad de quien admite que ha dejado un tupper olvidado en la nevera desde el año pasado, que han tardado casi 20 años en aprobar el reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Sí, hablamos de la Ley 40/2006, aprobada el 14 de diciembre bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el mundo pasaba del Nokia al iPhone y nosotros sobrevivíamos a tres crisis económicas, la administración española operaba en modo 'espera'. Durante dos décadas, el Ejecutivo se conformó con poner parches. Lanzaron el Real Decreto 8/2008 para las necesidades básicas, el 230/2008 para el Consejo General y el 1960/2009 para los Consejos de Residentes. Una especie de ingeniería financiera de la burocracia: en lugar de construir la casa, fueron poniendo ladrillos sueltos por el jardín. Lo más delirante es que la política de retorno, el Título II de la ley, era un desierto absoluto; no tenía desarrollo reglamentario alguno. Básicamente, si querías volver a España, te deseábamos suerte y que el viento soplara a favor. El Real Decreto 954/2026 llega ahora, con 105 artículos, cuando la realidad ya los había adelantado por la derecha. Según el INE, la población española fuera pasó de 1.471.691 personas en 2009 a 3.202.002 en 2026. El número de emigrantes se ha duplicado, pero la maquinaria del Estado se mueve a la velocidad de un caracol con reumatismo. Ahora prometen asesoramiento laboral, homologación de títulos y protección contra la violencia de género para las españolas en el exterior. Genial, pero llegan veinte años tarde. En la calle, eso no es eficiencia, es una siesta administrativa de proporciones épicas.
Hay una ironía deliciosa, casi coreografiada, en volver a presentar el mismo menú cuando el cliente ya se ha intoxicado con el primer plato. Ada Colau regresa al ruedo electoral el 29 de noviembre con el Frente Amplio, prometiendo expropiaciones y límites a los grandes tenedores, como si el calendario hubiera borrado sus ocho años al mando de Barcelona. La realidad, esa que no se maquilla en los mítines, es que entre junio de 2015 y junio de 2023, el acceso a un techo en la capital catalana se convirtió en un deporte de riesgo financiero. Mientras la narrativa oficial hablaba de combatir la especulación, la vivienda de segunda mano se encareció un 45,5%. Para que el ciudadano medio lo entienda: el metro cuadrado saltó de 2.933,7 euros a 4.267,7 euros. Un sablazo de 1.334 euros por cada metro que, básicamente, es el precio de la buena voluntad política. Pero el verdadero drama ocurrió en el alquiler. Aquí la cifra no es un dato, es un puñetazo: la renta media de los nuevos contratos subió un 54,6%, pasando de 734,94 euros a 1.136,40 euros mensuales. Un incremento de 401 euros al mes que, en la economía de cualquier familia, significa elegir entre comer salmón o pagar la luz. La joya de la corona fue la reserva obligatoria del 30% de vivienda protegida de diciembre de 2018. Una medida con nombre de utopía que terminó siendo el repelente perfecto para la inversión. El resultado fue un desierto constructivo: en 2022, los proyectos visados cayeron un 48% respecto al año anterior, con solo 1.454 proyectos. Intentaron forzar la mano del mercado y el mercado, que no entiende de banderas pero sí de rentabilidades, simplemente apagó la luz y se fue a otros municipios.
En la política municipal, la memoria es un músculo que se atrofia convenientemente según sople el viento. En Esteríbar, el guion es de manual: primero te ponen la dieta a dieta y luego te sirven el banquete. Retrocedamos al verano de 2023. Guillermo Larrayoz Otazu acababa de aterrizar en la alcaldía el 17 de junio, gracias a un pacto con Independientes de Esteríbar y Alternativa Esteríbar. Parecía un matrimonio de conveniencia estable, hasta que llegó el 28 de junio y tocaron el tema del dinero. Larrayoz pidió 32.042 euros brutos anuales. Una cifra que, para quien maneja presupuestos públicos, es casi calderilla, pero que a EH Bildu e Independientes de Esteríbar les pareció un exceso. Se aliaron con la precisión de un reloj suizo para fulminar la propuesta por 6 votos contra 4. No se conformaron con el 'no'; fueron más allá y lo obligaron a bajarse el sueldo hasta los 29.397 euros. Básicamente, le recortaron la cartera mientras le recordaban que la austeridad es una virtud, especialmente cuando la aplica otro. Fast-forward al presente. Matilde Añón, que en aquel entonces fue una de las arquitectas del recorte, ahora luce la banda de alcaldesa. Y aquí la aritmética se vuelve creativa. Añón se ha blindado un sueldo de 47.160,98 euros brutos. Estamos hablando de un incremento del 60,43 % respecto a lo que cobraba Larrayoz. Un sablazo de 17.763,98 euros extra al año que, curiosamente, ha sido bendecido por el mismo bloque de Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar. Como si el chiste no tuviera ya suficiente gracia, el acuerdo del 29 de septiembre de 2026 podría ser papel mojado. Un vecino, que probablemente sabe leer un calendario mejor que el secretario municipal, ha recurrido al Tribunal Administrativo de Navarra. ¿El motivo? Convocaron el pleno con apenas 19 horas y 18 minutos de antelación, saltándose los dos días legales. Una prisa sospechosa por cobrar más que parece sacada de una comedia de enredos.
En el pequeño tablero de Esteríbar, la aritmética del poder tiene una lógica muy particular: lo que para unos es un 'exceso', para otros es un 'merecido'. Resulta fascinante observar cómo la austeridad es una asignatura que algunos políticos aprueban solo cuando el cheque no lleva su nombre. Retrocedamos al 5 de agosto de 2023. En aquel entonces, EH Bildu e Independientes de Esteríbar se pusieron la capa de los ahorradores. Vieron que para Guillermo Larrayoz se proponían 35.241 euros y, con una sensibilidad social ejemplar, decidieron que era demasiado. Le recortaron la propuesta en un 16,58 %, dejándolo en 29.397 euros. Un sablazo de 5.844 euros en nombre del rigor presupuestario, aprobado con ocho votos a favor. Pero el viento cambió y la cartera también. El 29 de septiembre de 2026, la nueva alcaldesa, Matilde Añón, ha aterrizado en el despacho con una tarifa muy distinta. Los mismos socios de siempre —Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar— han decidido que la austeridad ya no es tendencia. Han aprobado que la primera edil cobre 47.160,98 euros brutos anuales. Un incremento del 60,43 % respecto a su antecesor. En plata: un extra de 17.763,98 euros que, comparado con el recorte anterior, parece una broma de mal gusto. Como si el monto no fuera suficiente, el proceso ha sido un ejercicio de velocidad olímpica. La alcaldesa firmó la convocatoria el 28 de septiembre a las 14:12 y el pleno se celebró el 29 a las 9:30. Diecinueve horas y dieciocho minutos. Un despliegue de eficiencia que ignora los dos días hábiles que marca la Ley Foral 6/1990. Ahora, un vecino ha llevado el asunto al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), esperando que la ley sea más rígida que la memoria salarial de los concejales.
Hay niveles de surrealismo que ya no se encuentran ni en el fondo de un bote de gomitas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que la mejor estrategia para evitar el escrutinio político es refugiarse en el sofá de 'La Séptima'. Mientras el Rey Felipe se queda esperando en la banca y la Selección española navega sin su apoyo, Sánchez se ha dedicado a jugar al 'chulazo' con Alba Carrillo y Marta Márquez. El resultado no ha sido una entrevista, sino una sesión de terapia de pareja televisada donde la gestión del Estado ha pasado a ser un ruido de fondo, como el de una nevera vieja. La dinámica fue tan ligera que parecía que estaban discutiendo el menú de un brunch y no el rumbo de España. Entre elogios y risas, el presidente se dedicó a detallar su romance con Begoña Gómez, rescatando la anécdota de la pedida de matrimonio en un restaurante chino, como si estuviéramos en un programa de tardes de domingo. Pero aquí llega el giro que te deja frío: la capacidad de hacer una pirueta mental digna de un gimnasta olímpico. Sánchez logró conectar la Dana, la pandemia y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda con la fortaleza de su matrimonio. Sí, han leído bien. Mientras el país contaba los daños, el presidente explicaba que esas tragedias lo habían unido más a su mujer gracias a la meditación y al deporte. Es como intentar venderte un seguro de vida mientras tu casa se quema, diciéndote que el fuego es ideal para hacer barbacoas en familia. El clímax llegó cuando Alba Carrillo, en un despliegue de sinceridad que rozaba el delirio, confesó que el mandatario la tenía 'narcotizada'. Un resumen perfecto de la velada: un hipnotismo mutuo donde el poder se disfraza de cercanía y la responsabilidad se diluye en piropos. Una oportunidad de oro para preguntar que terminó siendo un desfile de vanidades.
Gestionar el agua de un país es como operar a corazón abierto: o sabes dónde cortar o terminas en una tragedia. Pero al parecer, en el Ministerio de Transición Ecológica han decidido que para manejar presas y embalses basta con tener el carné del partido y mucha voluntad. La Asociación de Ingenieros de Caminos (AICCP) ha soltado la bomba: la cúpula de la Dirección General del Agua se ha descafeinado. En 2018, diez de los catorce puestos clave eran para ingenieros de Caminos; hoy, esa cifra se ha desplomado a la mitad, dejando solo seis profesionales del gremio en el mando. Mientras el ciudadano medio ve cómo la factura de la luz sube sin permiso, el Ejecutivo ha aplicado una 'ingeniería financiera' de personal donde el mérito técnico es un accesorio opcional. El caso de Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente desde 2018, es la joya de la corona: manda sobre el agua sin tener siquiera un título universitario. Debajo de él, María Dolores Pascual Vallés, licenciada en Derecho, dirige la Dirección General del Agua. Es como poner a un experto en leyes a diseñar el motor de un Ferrari; muy elegante el contrato, pero el coche no arranca. La hipocresía alcanza su pico en las confederaciones hidrográficas. Tenemos a José Antonio Quiroga Díaz, un historiador, al frente de la CH Miño-Sil, y a Joaquín Páez Landa, biólogo y exsecretario del PSOE en Chiclana, que manejó el Guadalquivir entre 2018 y 2025. El resultado de este 'canje' de perfiles se sintió en la DANA del 29 de octubre de 2024. En la CH del Júcar, Miguel Polo Cebellán prefiere el ataque político a Carlos Mazón antes que admitir que sus presas siguen sin planes de emergencia. Al final, el agua no entiende de ideologías, pero sí de gravedad, y jugar a los músicos con la infraestructura hidráulica es una apuesta donde el premio es el desastre.
La aritmética del poder tiene una lógica propia, una especie de gimnasia mental donde uno más uno a veces suma cero, dependiendo de quién sostenga la calculadora. El Tribunal Supremo acaba de ejecutar un malabarismo jurídico digno de un circo: ha decidido que los hijos de los nacionalizados pueden votar el próximo 29 de noviembre, aunque sus padres tengan el voto suspendido por no haber probado que sus ancestros fueron realmente exiliados. Es como si te prohibieran entrar en un club por no tener invitación, pero dejaran pasar a tus hijos con alfombra roja y champagne. El agujero contable de la memoria es profundo. Empezamos con los 373.616 nacionalizados bajo la ley de Zapatero en 2007, donde bastaba con haber salido de España entre 1936 y 1955 para obtener el pasaporte, sin más papeleo que un suspiro. Luego llegó la Ley de Nietos de 2022, que abrió la puerta a otros 189.678 hijos mayores de edad. El contraste es obsceno: el Gobierno solo pudo demostrar que 901 de los 163.355 nacionalizados habían justificado documentalmente su exilio. El resto es humo, una presunción de condición que se ha convertido en un CERA inflado desde La Habana (186.830), Buenos Aires (56.489), México (35.570) y Miami (20.459). ¿Por qué el Supremo permite este baile? Por la 'estabilidad electoral'. Básicamente, que Vox e Iustitia Europa llegaron tarde al reparto de cartas y no hay tiempo de limpiar el censo. Así que, mientras los padres esperan que alguien valide sus papeles, los hijos acudirán a las urnas. El Gobierno, en un despliegue de cinismo institutional, celebra la decisión calificándola de freno a la ultraderecha. Al final, la seguridad jurídica es el nombre elegante que le ponemos a no querer recoger el desastre que nosotros mismos hemos montado.
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