El Gobierno admite que se ha tardado 20 años en hacer el reglamento de una ley de Zapatero

España: 20 años para leer un manual

politica Una ilustración satírica de un enorme reloj de arena donde la arena son expedientes gubernamentales acumulados. A un lado, un funcionario dormido sobre un escritorio antiguo lleno de telarañas; al otro, una multitud de personas modernas con maletas esperando en un aeropuerto. Estilo editorial de revista, colores contrastados, atmósfera de absurdo burocrático.

Hay que tener un talento especial para que se te pase la vida y no te acuerdes de redactar las instrucciones de uso de una ley. El Gobierno acaba de confesar, con la naturalidad de quien admite que ha dejado un tupper olvidado en la nevera desde el año pasado, que han tardado casi 20 años en aprobar el reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Sí, hablamos de la Ley 40/2006, aprobada el 14 de diciembre bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el mundo pasaba del Nokia al iPhone y nosotros sobrevivíamos a tres crisis económicas, la administración española operaba en modo 'espera'. Durante dos décadas, el Ejecutivo se conformó con poner parches.

Lanzaron el Real Decreto 8/2008 para las necesidades básicas, el 230/2008 para el Consejo General y el 1960/2009 para los Consejos de Residentes. Una especie de ingeniería financiera de la burocracia: en lugar de construir la casa, fueron poniendo ladrillos sueltos por el jardín.

Lo más delirante es que la política de retorno, el Título II de la ley, era un desierto absoluto; no tenía desarrollo reglamentario alguno. Básicamente, si querías volver a España, te deseábamos suerte y que el viento soplara a favor. El Real Decreto 954/2026 llega ahora, con 105 artículos, cuando la realidad ya los había adelantado por la derecha.

Según el INE, la población española fuera pasó de 1.471.691 personas en 2009 a 3.202.002 en 2026. El número de emigrantes se ha duplicado, pero la maquinaria del Estado se mueve a la velocidad de un caracol con reumatismo. Ahora prometen asesoramiento laboral, homologación de títulos y protección contra la violencia de género para las españolas en el exterior.

Genial, pero llegan veinte años tarde. En la calle, eso no es eficiencia, es una siesta administrativa de proporciones épicas.

Crítica:

La noticia es un ejercicio de honestidad accidental del BOE que el periodista original trata con demasiada deferencia. Falta analizar el coste humano y económico de dejar a millones de ciudadanos en un limbo legal durante dos décadas.

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