Crítica:
El texto original es una joya de la ambigüedad administrativa que oculta la sospecha bajo tecnicismos. Le falta courage para preguntar directamente por qué el tren auscultador sí fue revisado y el contrato de Thales no.
ADIF examinó la financiación europea de sus contratos tres meses antes de que la UCO investigara las obras del AVE
ADIF: Limpieza de fondos antes del susto
Otros artículos
Correos: Voto postal, Black Friday y miseria
Gestionar el voto por correo es, habitualmente, como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con la mitad de los tornillos perdidos. Pero lo de Pedro Saura en Correos es llevar el surrealismo a otro nivel. Llegamos al 29-N con una plantilla que no está precisamente para fiestas, sino en pie de guerra. La jugada es maestra: coincidir en el calendario con el Black Friday y la campaña de Navidad. Es decir, pedirle al cartero que gestione la democracia, las ofertas de freidoras de aire y los regalos de Santa Claus, todo al mismo tiempo y con el mismo equipo. Un triatlón logístico donde el premio es el agotamiento. Mientras el Ministerio del Interior prepara un cheque de entre 60 y 70 millones de euros para financiar el despliegue, la dirección parece haber olvidado que el dinero no mueve los sobres, sino las personas. CCOO ya ha hecho los números: un millón de solicitudes de voto por correo requieren 20.000 contrataciones. Sin embargo, la respuesta de la empresa ha sido entregar la documentación diez minutos antes de la reunión, un movimiento de 'magia' corporativa que los sindicatos tachan de opacidad. Lo más gordo no es solo la falta de manos, sino la 'gratificación roñosa'. En lugar de incentivar el esfuerzo, la propuesta rebaja las compensaciones respecto a 2023. Es como si te pidieran hacer el doble de horas extras pero te pagaran el café con un cupón de descuento caducado. Entre las sombras del caso Leire Díez y las sospechas de PP y Vox sobre la limpieza del proceso, Correos intenta navegar una tormenta perfecta. Al final, la profesionalidad de la plantilla es el colchón donde la dirección se apoya para no caerse, pero el colchón ya tiene demasiados agujeros.
Firmas baratas mientras Urda se desangraba
Hay una coreografía del absurdo que solo el Estado sabe ejecutar con precisión quirúrgica. Mientras en Urda (Toledo) el horror se escribía con sangre el pasado 28 de octubre, dejando un saldo desgarrador de 68 fallecidos, en los despachos del Ministerio de Hacienda el reloj marcaba las 17.29 horas. Justo en ese instante, José Santos Santamaría Cruz estampaba su firma electrónica en un contrato de auditoría para Adif y Adif Alta Velocidad. El contraste es obsceno: en un lado, el caos de un accidente ferroviario; en el otro, la burocracia moviéndose con la calma de quien pide un café. El negocio, adjudicado a Grant Thornton, es una joya del ahorro administrativo. El presupuesto de salida era de 422.401,59 euros, pero la consultora llegó con una oferta tan agresiva que Hacienda casi se asusta. Un 72,3% de rebaja es, en lenguaje de calle, comprarse un coche de lujo al precio de una bicicleta usada. Al final, el contrato se cerró en 117.000 euros (141.570 euros con IVA), una cifra que parece más un descuento de temporada que un servicio de revisión para los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Lo más irónico es que mientras Grant Thornton presume de 'herramientas tecnológicas' para justificar que trabajará menos horas, la Fiscalía Europea y la UCO están rebuscando en el cajón de los trastes de Adif. Hay investigaciones abiertas por fondos comunitarios y el Tribunal de Cuentas ya había avisado sobre deficiencias en contratos de más de 95 millones de euros destinados precisamente a la seguridad y señalización de la línea donde ocurrió la tragedia. Al final, el Gobierno firma auditorías baratas el mismo día que el sistema colapsa, demostrando que en la gestión pública, el ahorro en el papel suele salir muy caro en la realidad.
Zapatero: De Moncloa a galpones en Caracas
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible, pero para el clan Zapatero parece ser el arte de lo invisible. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que el sueldo llegue al día 20, la Sudeban —el perro guardián del sistema bancario venezolano— ha soltado la correa y revela que José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas manejaban una ingeniería financiera digna de un casino de Las Vegas en plena Caracas. No hablamos de una cuenta de ahorros para el futuro, sino de un entramado de empresas pantalla y testaferros diseñados para que el dinero del chavismo fluyera sin dejar rastro, como si fuera agua en un colador. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos. Mientras en España se vende una imagen de sobriedad, en Venezuela Laura y Alba Rodríguez se movían en helicóptero, cortesía de Nicolás Maduro, disfrutando de una libertad que solo se compra con el silencio o el favor político. Lo más surrealista no es el lujo, sino la oficina: el 'clan Zapatero' utilizaba galpones industriales en zonas como La Yaguara y La Naya como domicilios fiscales. Básicamente, usaban naves vacías, esos cobertizos donde normalmente se guardan tractores o aviones viejos, para dar apariencia legal a sus negocios. Es el equivalente a poner la sede de una multinacional en un trastero húmedo para que Hacienda no encuentre la puerta. El mapa del tesoro no termina en el Caribe. El magistrado José Luis Calama ya tiene en el radar la causa de Plus Ultra, donde las hijas deberán declarar el 30 de noviembre. A esto sumamos cobros en Bolivia bajo el gobierno de Luis Arce, joyas del rey Abdalá que aparecen mágicamente en un despacho sin factura, y un fondo opaco en Hong Kong para pagar abogados ante la CPI. Zapatero no hacía lobby; diseñaba un ecosistema de sociedades offshore para que el rastro financiero fuera tan difuso como sus promesas electorales.
Urda: Recomendaciones a ciegas y 69 muertos
En el mundo de la alta burocracia, parece que el orden lógico de las cosas es una sugerencia opcional. El Consejo de la AITAT ha decidido jugar al detective amateur y lanzar recomendaciones de seguridad sobre la tragedia de Urda sin molestarse en preguntar a los investigadores que, casualmente, son los que saben dónde está el cuerpo enterrado. Es como si en tu casa hubiera un incendio y el administrador de la comunidad decidiera comprar extintores nuevos antes de que los bomberos terminen de decir por dónde entró el fuego. El escenario es dantesco: el 28 de octubre, el AVE 2080 de Renfe decidió que el Iryo 6076, detenido en el kilómetro 118+800, era un buen lugar para aparcar. El resultado fueron 69 fallecidos y un silencio administrativo que ahora se rompe con un documento publicado el viernes 6 de noviembre, a última hora, cuando ya nadie puede hacer preguntas incómodas. El detonante fue una pérdida de transmisión en el sistema LZB a las 8:31 horas, que obligó a pasar al sistema de respaldo BSL. Veintidós minutos después, a las 8:53, la tragedia. Ahora, el Consejo, amparándose en el artículo 12.3 de la Ley 2/2024, propone la 'marcha a la vista' y pide a la AESF y a Adif Alta Velocidad que evalúen riesgos. Traducido al lenguaje de la calle: han soltado un parche preventivo para calmar los ánimos mientras los técnicos miran desde la barrera, indignados porque el Consejo ha actuado 'por su cuenta y riesgo'. Básicamente, han decidido poner la tirita antes de saber si la herida necesita puntos o una amputación, priorizando el postureo institucional sobre la rigor técnico.
Sablazo electoral: 7.600€ para los 'nietos'
Hay una técnica milenaria para seducir que no requiere perfumes caros, sino el BOE y un calendario electoral muy bien ajustado. El Gobierno ha decidido que la nostalgia tiene precio, y es un precio generoso: hasta 7.600 euros para quienes regresen a España bajo la Ley de Memoria Democrática. Lo curioso no es la generosidad, sino el 'timing'. Publicar el real decreto el 9 de noviembre —aprovechando que Madrid estaba de fiesta por la Virgen de la Almudena para que nadie hiciera mucho ruido— para que entre en vigor el 29 de noviembre. Sí, exactamente el día de las elecciones. Es como prometerle a alguien que le pagarás la cena justo cuando el camarero trae la cuenta y tú no tienes la cartera encima, pero le enseñas una foto de un cheque. La ingeniería financiera es fascinante. En 2019, la ayuda era un chiste: una media de 930,40 euros para 858 personas. Luego llegó José Luis Escrivá y, en 2020, cerró el grifo con una frialdad quirúrgica, dejando 1.817 solicitudes en el vacío absoluto. Ahora, mágicamente, el grifo no solo se abre, sino que explota. Hemos pasado de distribuir unos 798.285 euros a proyectar un gasto anual de 8.084.255,76 euros. Una multiplicación por diez que haría palidecer a cualquier auditor. La jugada maestra lleva la firma de Sofía Puente, quien en 2022 decidió que los beneficiarios de la ley de nietos fueran 'españoles de origen'. Un giro semántico que convierte a miles de personas en candidatos aptos para cobrar. Mientras el ciudadano medio lucha con la inflación, el Ejecutivo diseña un catálogo de promesas: 4.000 euros para solteros y hasta 7.600 para familias. El detalle es que el cheque no existe aún; el Gobierno se ha dado un año para redactar cómo se paga. Es la política del 'te lo daré si confías en mí', con el sello oficial del Estado como garantía de fe.
PRISA: El 'error' de Durán que huele mal
Hay errores que son simples despistes y otros que son auténticas obras de ingeniería creativa. El grupo PRISA, con la Cadena SER y El País a la cabeza, ha decidido que el rigor periodístico es un lujo prescindible cuando se trata de lanzar dardos al PP. La jugada es brillante en su torpeza: utilizan los cuadernos de Leire Díez —la 'fontanera de Ferraz' imputada por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho— como si fueran el Evangelio según San Koldo. El detalle es delicioso. En la entrada del 25 de febrero de 2025, Leire escribió: «Miguel Durán, Koldo es un buen Aldama». Ahora, resulta que se refería a Alberto Durán, el abogado del PP en el caso Koldo. Sí, exactamente así. Confundir a Miguel Durán —exdirector de la ONCE y antiguo presidente de Telecinco y Onda Cero— con Alberto Durán es como confundir un Ferrari con un carrito de la compra solo porque ambos tienen ruedas. Lo más fascinante es la gimnasia mental de la SER. El nombre en el papel dice 'Miguel', pero la imputada dice que es 'Alberto', y el medio lo compra sin pestañear. Es una corrección sobre la marcha, un 'ups, me equivoqué de Durán' que en cualquier redacción seria habría terminado con el periodista recogiendo sus cosas en una caja de cartón. La ironía cierra el círculo con un broche de oro. Hace nada, las columnas de Luz Sánchez-Mellado y Berna González Harbour en El País se partían de risa comparando a Leire con personajes de Berlanga, Mortadelo y Filemón o el Inspector Gadget. La trataban de 'tercer espécimen' del periodismo. Pero claro, cuando la fuente sirve para dinamitar la imagen del rival antes del 29-N, la 'fontanera' se convierte súbitamente en una fuente fiable y sagrada. Alberto Durán lo ha resumido bien: es un 'despropósito total'. En la calle, a esto lo llamamos intentar colar un gol con la mano y que el árbitro sea el dueño del balón.
Landaburu: el imán de subvenciones de Díaz
Hay quien dice que el dinero público es como el agua, pero en el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz parece que fluye más bien como el champán en una boda de lujo. Mientras el autónomo de a pie hace malabarismos con el IVA y reza para que no le llegue una multa, María José Landaburu, la jefa de Uatae, sigue recibiendo transferencias que parecen premios de lotería sin necesidad de comprar boleto. La última jugada es una obra maestra de la ingeniería administrativa: 32.570 euros destinados a 'Autónomas por la Igualdad'. Un nombre precioso para una asociación que, curiosamente, comparte el mismo teléfono y la misma calle que Uatae. Es como si el Ministerio hubiera decidido darle un propina extra a Landaburu usando un alias para que no saltaran las alarmas. Pero el menú no se queda ahí. Si sumamos los 60.634 euros concedidos el 28 de octubre para promocionar la Responsabilidad Social Empresarial, llegamos a un total de 93.204 euros. Todo esto mientras Landaburu y su organización están imputadas por fraude y falsedad documental. Se les acusa de inflar la plantilla con trabajadores de Pimec para engordar subvenciones, como aquella de diciembre de 2021 que alcanzó los 266.000 euros. Sí, esa misma que tuvieron que devolver después de que ATA soplara el agujero contable. La hipocresía es el plato fuerte. Landaburu, que se mueve por los platós de TVE y La Séptima con la soltura de quien no debe nada a nadie, gestiona fondos públicos mientras su pareja arrastra una condena de dos años por el escándalo de las tarjetas black de Bankia. En el Ministerio de Trabajo, al parecer, la imputación por fraude es solo un detalle anecdótico, una mancha en el currículum que no impide que el grifo siga abierto. Al final, la 'responsabilidad social' parece consistir en cuidar muy bien a los amigos.
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