Crítica:
El texto original es un panfleto de denuncia que confunde la imputación con la condena. Sin embargo, la contradicción de dar dinero a quien ya devolvió fondos por fraude es un dato irrefutable.
Yolanda Díaz da 60.000 € a la asociación de autónomos de Landaburu (Uatae) pese a estar imputada por fraude...
Díaz premia con 60.000€ a imputada
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TDT: Moncloa juega al escondite con La Séptima
En el tablero de la televisión pública, la transparencia parece haberse quedado sin señal. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha decidido jugar al escondite con los datos del concurso para la nueva licencia de TDT, esa frecuencia que en mayo de 2026 terminó en el bolsillo de La Séptima. Para quienes no sigan la agenda del poder, La Séptima es el nuevo juguete de José Miguel Contreras y Javier Ruiz, que estrenaron proyecto este 5 de noviembre con Sarah Santaolalla al frente. El problema no es quién ganó, sino cómo lo hizo mientras Mediaset miraba desde la barrera. Cuando THE OBJECTIVE pidió las puntuaciones y los nombres de los técnicos que validaron el proceso, el ministro Óscar López activó el escudo clásico: la Ley de protección de datos. Es la misma jugada que haces cuando no quieres enseñar la cuenta del bar; dices que es 'privado' para evitar que alguien sume los consumos. El Ministerio admite que el pliego se aprobó el 14 de octubre de 2025 y que hubo una Mesa de Evaluación, pero los informes técnicos son ahora secretos de Estado. Según la administración, revelar los planes económicos o las estrategias de programación vulneraría intereses comerciales. Traducción: 'Si os digo cuánto puntuamos a cada uno, podríais daros cuenta de que el resultado estaba más cocinado que un pavo de Navidad'. La ironía es exquisita. Se amparan en la Ley 13/2022 y el Real Decreto 250/2025 para gestionar un bien público, pero cuando llega la hora de rendir cuentas, el interés público se vuelve 'inexistente'. Han blindado la identidad de los revisores y las deliberaciones internas, dejando la adjudicación del 26 de mayo de 2026 como un acto de fe. En resumen, nos dicen que el proceso fue limpio, pero nos prohíben mirar el jabón.
Cuentas dormidas y trenes sin seguridad
Hay quien dice que el Tribunal de Cuentas es el perro guardián del erario público, pero resulta que el perro de Enriqueta Chicano se quedó dormido la siesta mientras pasaban los camiones. No es que se olvidaran de mirar; es que decidieron aplicar la técnica del 'ojito cerrado' para no despeinar al Gobierno de Pedro Sánchez durante su Presidencia europea entre julio y diciembre de 2023. Mientras el ciudadano medio suda sangre para que no le suban la cuota de la luz, el Tribunal se limitó a enviar cuestionarios —estilo encuesta de satisfacción de hotel— a los Ministerios, evitando profundizar en cómo se repartían los pasteles. La broma ha dejado de hacer gracia ahora que la Fiscalía Europea y la UCO han entrado al trapo. Investigan un posible fraude en la seguridad y señalización del AVE Madrid-Sevilla, precisamente donde la tragedia de Urda se llevó por delante 69 vidas. Es el contraste más macabro: una gestión de la seguridad que parece hecha con plastilina y una fiscalización que fue un mero trámite burocrático. Para rematar la jugada, Chicano montó un 'macrodepartamento' bajo el mando de Dolores Genaro. Una ingeniería organizativa brillante para que el PSOE se fiscalizara a sí mismo, convirtiendo el control del dinero en un círculo cerrado de confianza. Estamos hablando de un despliegue financiero brutal: más de 8.200 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia, sumados a otros 800 millones de fondos de cohesión (2021-2027). En cualquier casa, mover nueve mil millones sin que el auditor pregunte '¿en qué se ha gastado esto?' sería motivo de divorcio inmediato. Aquí, fue simplemente una cuestión de cortesía diplomática hacia el Ejecutivo.
Buffet libre con dinero público en Oslo
Hay puestos en la administración pública que son como ganar la lotería sin comprar el boleto. Las Consejerías de Turismo en el exterior son esa 'joya de la corona' donde el sueldo anual oscila entre los 140.000 y los 300.000 euros, la mayoría libres de impuestos. Pero parece que para algunos, vivir como reyes con el dinero del contribuyente no era suficiente; hacían falta los 'extras'. El sistema era de una sencillez pasmosa, casi artesanal. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta del supermercado con pánico, en Oslo, Nueva York y Milán se habría montado un esquema de dietas infladas. La jugada consistía en cobrar manutenciones por comidas y cenas que ya estaban pagadas por los programas oficiales de Marca España. Básicamente, cobrar dos veces por el mismo plato de pasta: una vez vía invitación oficial y otra vez cargando el gasto al erario público. Un 'doble dip' financiero que convierte la promoción turística en un buffet libre a costa de todos. Lo más fascinante no es el hambre de algunos, sino la sordera de los de arriba. El consejero de turismo de Oslo, en un arranque de honestidad que probablemente no le haya gustado a sus colegas, denunció el tinglado internamente. Sin embargo, los altos mandos del Ministerio de Industria y Turismo habrían preferido mirar hacia otro lado, ignorando los correos y conversaciones que ahora sirven de prueba. Ahora, el Instituto de Turismo de España y ocho altos cargos están en el punto de mira por malversación, encubrimiento y tráfico de influencias. La Fiscalía ya ha visto que esto no fue un desliz puntual de un funcionario hambriento en Noruega, sino una práctica reiterada en las 33 consejerías del mundo. Al final, la Marca España se vende como excelencia, pero en los libros de cuentas parece que se gestionaba como una hucha comunitaria para cenas gratis.
Voto exterior: sacas con lazos y dudas
Votar desde el extranjero en España es, básicamente, confiar el destino del país a un sistema de logística que parece gestionado por un primo lejano con mala voluntad. A tres semanas de las generales del 29 de noviembre, la tensión es palpable. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, en los consulados de Iberoamérica el drama es otro: sacas de votos que, según diplomáticos de carrera, están 'atadas con un lazo a oscuras'. Traducido al lenguaje de la calle: es como enviar los ahorros de tu vida en un sobre abierto por correo ordinario y esperar que llegue el importe exacto. La derecha, con el PP y Vox al frente, ha activado el modo paranoia. No es para menos; el crecimiento del censo CERA por la 'ley de nietos' dejó un sabor amargo que ni el Tribunal Supremo, paralizando la disposición adicional de Sofía Puente, ha logrado borrar. El miedo es real: que te 'birlen' 10 diputados mientras miras para otro lado. Hay funcionarios que cuentan que algunas sacas simplemente 'no subieron al avión'. Un detalle menor, casi anecdótico, si no fuera porque estamos hablando de la democracia y no de un pedido de Amazon que se pierde en el almacén. Para compensar este caos, Correos ha decidido que el voto postal nacional ahora lleve escolta, como si las papeletas fueran lingotes de oro. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil custodiarán las oficinas, y se han instalado 4.000 balizas de geolocalización. Parece que el robo de una caja fuerte con 124 votos en Fuente de Cantos (Badajoz) fue el chispazo necesario para que se acordaran de que las cajas no vuelan solas. Al final, tenemos un despliegue tecnológico de ciencia ficción para el voto interno y un 'lazo a oscuras' para el exterior. Una coherencia admirable.
Sánchez: Menús sin jamón y ausencias católicas
Hay quien confunde la diplomacia con el liquidismo, y Pedro Sánchez parece haber hecho un máster en esto último. Mientras el ciudadano de a pie pelea con la inflación y mira la cuenta corriente como quien mira una película de terror, en Ceuta se ha montado un despliegue que haría palidecer a cualquier general de carrera. Metieron a 100.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes en apenas dos días; una logística envidiable si lo que buscas es colapsar un municipio. Lo más curioso es que, según la juez Tardón, el mando no estaba en Madrid, sino que oficiales marroquíes plenamente identificados dirigían el cotarro, mientras el Gobierno retiraba policías y militares como quien quita los muebles antes de entregar las llaves de un piso alquilado. Pero el verdadero 'sablazo' moral llega con el funeral de las víctimas de Urda. Sánchez, el hombre que se siente cómodo en el solsticio de invierno pero le pone alergia al incienso, decidió que un funeral católico no era lugar para él. Mandó a las ministras Rodríguez y a la llamada 'Pili Juerga' (la ministra de Educación) a hacer el trámite, como quien envía a un becario a recoger un paquete. Es una ironía deliciosa: el mismo presidente que le pide favores al Papa para asegurar votos, se siente indignado ante un rito de 2.000 años, pero no tiene problema en felicitar el Ramadán o en prohibir el jamón en los menús escolares de Ceuta y Melilla para no molestar al Sultán. Al final, la aritmética es sencilla. Entre la sumisión a Rabat y el desprecio por las tradiciones propias, Sánchez ha convertido la gestión del Estado en una especie de saldo de liquidación. Prohibir el cerdo en las escuelas para halagar al Comendador de los Creyentes es, básicamente, entregar la cocina entera para que no nos echen la casa.
Novia de Ábalos: del perro al juzgado
Hay una coreografía clásica en el teatro del poder: primero llega el despliegue de la UCO, luego el ruido de las sirenas y, finalmente, el drama de la 'víctima' que no entiende cómo ha acabado en el centro del tiroteo. Andrea de la Torre, la pareja de José Luis Ábalos, ha decidido romper el silencio tras el registro de su domicilio el pasado jueves. Su narrativa es la de siempre: la prensa es muy dura y ella es una espectadora inocente de un guion que no escribió. Resulta casi tierno que pida 'ir más despacio' mientras el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ya ha pisado el acelerador, imputándola por blanqueo, organización criminal, delito fiscal y tráfico de influencias. Es el combo completo, el menú degustación de la corrupción institucional. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para que no le cobren una comisión por respirar, la pareja del exministro —condenado a 24 años de prisión— vivía en el piso de Ábalos, habiendo alquilado su propia casa en Madrid para mudarse a Valencia con los perros. Un desplazamiento logístico digno de una operación militar. La escena es surrealista: horas de registro, una abogada al lado y un viaje hasta la comandancia de Valencia donde, siguiendo el manual del 'no sé nada', se negó a declarar. De Torre se queja de que al encender la televisión parece que ya ha sido condenada. Quizás es que el contraste entre su perfiles de 'acompañante' y la magnitud del Caso Koldo —que empezó con el negocio de las mascarillas y ha terminado salpicando al Tribunal Supremo y a figuras como Koldo García y Víctor de Aldama— es demasiado ruido para quien pretendía pasar desapercibida. Al final, admite que el entorno tendrá que dar explicaciones. Lógico. Cuando el barco se hunde y el capitán lleva 24 años de condena, es difícil convencer al mundo de que uno solo estaba allí para pasear a los perros.
AVE a Sevilla: Seguridad a precio de saldo
Hay una regla de oro en la vida: cuando alguien te ofrece un coche de lujo al precio de una bicicleta usada, es porque el motor está sujeto con cinta americana. Adif aplicó esta misma lógica inversa en septiembre de 2021 al adjudicar el sistema ERTMS de la línea Madrid-Sevilla a Thales España GRP. Mientras Siemens pedía 100 millones y CAF 102, Thales llegó con una oferta de 77,5 millones, un 28,45% por debajo del presupuesto. En cualquier oficina normal, un descuento así es una bandera roja; en la administración pública, parece ser un imán. La jugada maestra fue el juego de espejos corporativo. Thales vendió su unidad ferroviaria a Hitachi Rail justo antes de firmar, pero Adif miró hacia otro lado. El problema es que Hitachi Rail es el nuevo traje elegante de AnsaldoBreda, una empresa que en Bélgica fue vetada por la SNCB tras el desastre de los trenes Fyra. Aquellos convoyes eran básicamente trastos con ruedas: piezas que se caían en marcha, baterías que se incendiaban y una oxidación prematura que haría llorar a un chatarrero. Los ingenieros belgas les pusieron hasta 2.019 puntos de penalización, cuando el límite para no morir en el intento es de 10. En Bruselas prefirieron dejar la ruta desierta que arriesgarse con este fabricante. En España, sin embargo, decidimos que era una idea brillante confiar la señalización de nuestra alta velocidad a quien ya había demostrado que sus cables y frenos eran una sugerencia, no una garantía. Resultado: estamos a finales de 2026 y el sistema sigue sin funcionar. La obra se ha dilatado tanto que parece que el ERTMS viaja en tren regional. Se espera que esté listo para finales de 2027, siempre y cuando no se nos olvide apretar algún tornillo fundamental.
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