La noticia es un despliegue de negligencia administrativa, aunque el texto original peca de ser demasiado amable con la falta de diligencia de Adif. El contraste entre los puntos de penalización belgas y la adjudicación española es el verdadero escándalo.
Hay quien confunde la diplomacia con el liquidismo, y Pedro Sánchez parece haber hecho un máster en esto último. Mientras el ciudadano de a pie pelea con la inflación y mira la cuenta corriente como quien mira una película de terror, en Ceuta se ha montado un despliegue que haría palidecer a cualquier general de carrera. Metieron a 100.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes en apenas dos días; una logística envidiable si lo que buscas es colapsar un municipio. Lo más curioso es que, según la juez Tardón, el mando no estaba en Madrid, sino que oficiales marroquíes plenamente identificados dirigían el cotarro, mientras el Gobierno retiraba policías y militares como quien quita los muebles antes de entregar las llaves de un piso alquilado. Pero el verdadero 'sablazo' moral llega con el funeral de las víctimas de Urda. Sánchez, el hombre que se siente cómodo en el solsticio de invierno pero le pone alergia al incienso, decidió que un funeral católico no era lugar para él. Mandó a las ministras Rodríguez y a la llamada 'Pili Juerga' (la ministra de Educación) a hacer el trámite, como quien envía a un becario a recoger un paquete. Es una ironía deliciosa: el mismo presidente que le pide favores al Papa para asegurar votos, se siente indignado ante un rito de 2.000 años, pero no tiene problema en felicitar el Ramadán o en prohibir el jamón en los menús escolares de Ceuta y Melilla para no molestar al Sultán. Al final, la aritmética es sencilla. Entre la sumisión a Rabat y el desprecio por las tradiciones propias, Sánchez ha convertido la gestión del Estado en una especie de saldo de liquidación. Prohibir el cerdo en las escuelas para halagar al Comendador de los Creyentes es, básicamente, entregar la cocina entera para que no nos echen la casa.
Hay una coreografía clásica en el teatro del poder: primero llega el despliegue de la UCO, luego el ruido de las sirenas y, finalmente, el drama de la 'víctima' que no entiende cómo ha acabado en el centro del tiroteo. Andrea de la Torre, la pareja de José Luis Ábalos, ha decidido romper el silencio tras el registro de su domicilio el pasado jueves. Su narrativa es la de siempre: la prensa es muy dura y ella es una espectadora inocente de un guion que no escribió. Resulta casi tierno que pida 'ir más despacio' mientras el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ya ha pisado el acelerador, imputándola por blanqueo, organización criminal, delito fiscal y tráfico de influencias. Es el combo completo, el menú degustación de la corrupción institucional. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para que no le cobren una comisión por respirar, la pareja del exministro —condenado a 24 años de prisión— vivía en el piso de Ábalos, habiendo alquilado su propia casa en Madrid para mudarse a Valencia con los perros. Un desplazamiento logístico digno de una operación militar. La escena es surrealista: horas de registro, una abogada al lado y un viaje hasta la comandancia de Valencia donde, siguiendo el manual del 'no sé nada', se negó a declarar. De Torre se queja de que al encender la televisión parece que ya ha sido condenada. Quizás es que el contraste entre su perfiles de 'acompañante' y la magnitud del Caso Koldo —que empezó con el negocio de las mascarillas y ha terminado salpicando al Tribunal Supremo y a figuras como Koldo García y Víctor de Aldama— es demasiado ruido para quien pretendía pasar desapercibida. Al final, admite que el entorno tendrá que dar explicaciones. Lógico. Cuando el barco se hunde y el capitán lleva 24 años de condena, es difícil convencer al mundo de que uno solo estaba allí para pasear a los perros.
Hay una forma muy elegante de decir 'te he mentido en la cara' y es borrar un punto del orden del día. El Ministerio del Interior, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, ha aplicado la técnica del borrador mágico: convocan al Consejo de la Policía este viernes, pero la jubilación anticipada ha desaparecido de la agenda como si fuera un truco de magia barata. La jugada es maestra en su cinismo. Aina Calvo, la Secretaría de Estado de Seguridad, llevó ocho meses haciendo que los sindicatos creyeran que el papeleo estaba listo. Los agentes ya se veían jubilándose con 31 años de cotización en la Seguridad Social (en vez de 37) o con 30 en Clases Pasivas (en lugar de 35). Estaban tan convencidos que el pasado 27 de octubre fueron a la cita pensando que solo faltaba el boli para firmar. Pero Calvo soltó el comodín electoral: 'No hay tiempo, no hay presupuesto, mala suerte'. La respuesta fue un encierro de 10 horas que terminó con una escena surrealista: agentes de la UPR desalojando a sus propios compañeros a la una de la madrugada. Mientras los sindicatos, liderados por Carlos Prieto del SUP, denunciaban que les negaran hasta un vaso de agua, desde los despachos volaban amenazas de prisión y allanamiento. Es la clásica gestión de 'guante de seda' para negociar y 'puño de hierro' para desalojar. La hipocresía es el plato fuerte. Nos dicen que no hay dinero para reconocer que ser policía es una profesión de riesgo, pero el grifo de las partidas presupuestarias sigue abierto para otros caprichos institucionales. Al final, 130.000 agentes se quedan con la promesa rota y una concentración en Canillas que es solo el aperitivo de un calendario de protestas que promete ser mucho más ruidoso que un silencio administrativo.
Hay quien cree que el mundo es una mesa de negociación de barrio donde basta con tener buena voluntad y un discurso redondo para llevarse el gato al agua. Yolanda Díaz pensó que Ginebra era su siguiente parada, pero se ha encontrado con que, en la liga de los pesos pesados, el 'networking' real pesa más que las promesas electorales. A solo diez días de la votación del 16 de noviembre, el sueño de la ministra de Trabajo se parece más a una burbuja pinchada con un alfiler administrativo. El sablazo llegó el 30 de octubre. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) —básicamente, los que cortan el bacalao en el trabajo y el capital a nivel global— decidieron que no querían cambiar el disco. Prefieren mantener al togolés Gilbert Houngbo en el sillón de la dirección general de la OIT. Es el clásico caso de 'mejor malo conocido que bueno por conocer', o más bien, mejor un gestor que ya sabe dónde están los cajones que una candidata que viene con el manual de instrucciones bajo el brazo. La aritmética es cruel, como una factura de la luz en enero. El Consejo de Administración tiene 56 votos: 28 gobiernos, 14 empleadores y 14 trabajadores. Si los sindicatos y las patronales votan en bloque por Houngbo, ya tiene 28 votos en el bolsillo. Solo necesita un empujoncito más para llegar a los 29 y cerrar la persiana. Y considerando que África tiene seis votos gubernamentales (Gabón, Libia, Malaui, Níger, Senegal y Sudán) y que la CSI-África ya dio el aviso el 23 de julio, la jugada está cerrada. Lo más irónico es el timing. Yolanda ya ha quemado sus naves en casa: en febrero dijo que no repetía en generales y en abril que no iba en ninguna lista al Congreso. Se lanzó al vacío esperando que Ginebra fuera su red de seguridad, pero se ha quedado colgada del trapecio.
En el ecosistema de la televisión pública, donde el rigor a veces tiene vacaciones permanentes, ha ocurrido un 'desliz' digno de un premio al surrealismo. El programa 'Malas lenguas' de RTVE decidió que, para ilustrar las detenciones de Núcleo Nacional, lo más lógico era proyectar la cara de Santiago Abascal y de Álvaro Zancajo. Sí, así como lo lees. Es como si en las noticias informaran sobre un atraco a un banco y pusieran la foto del panadero del barrio solo porque ambos usan camisa blanca. Lo más exquisito del montaje no es solo el error de casting, sino el detalle quirúrgico con el que editaron la imagen de Zancajo: le plantaron una diana, un punto de mira, justo en el rostro. Un detalle que, en la calle, llamaríamos 'tener ganas de liarla', pero que en los despachos de José Pablo López probablemente intenten vender como un lapsus del editor de imágenes. El presentador Gonzalo Miró y su compañera Esther Palomera miraron el desastre pasar en directo con la misma naturalidad con la que uno mira llover desde la ventana, sin soltar una sola rectificación mientras el reportero seguía hablando. La paradoja es deliciosa. Núcleo Nacional, esos románticos de las protestas de Ferraz de 2023, consideran a Vox un partido 'asimilado al régimen del 78'. Por su parte, Vox los ve como una 'disidencia controlada' para fragmentar el voto. Son como dos primos que se odian en Navidad, pero RTVE ha decidido hacerles un favor y juntarlos en el mismo saco de detenciones. Ahora, a una semana de la campaña electoral, Vox prepara el contraataque ante la Junta Electoral. Y lo más cómico: Abascal tiene cita el lunes en 'La revuelta'. Ir a un programa de la misma cadena que te ha puesto en el escaparate de los arrestados es, cuanto menos, un ejercicio de estoicismo o una jugada de marketing muy agresiva.
Hay prioridades que son como la lista de la compra: algunas cosas son imprescindibles y otras pueden esperar a que baje el precio. Para Pedro Sánchez, el martes 10 de noviembre, la prioridad no es el luto, sino el 'engagement'. Mientras 69 familias se reúnen en la catedral de Toledo para despedir a sus muertos en una de las peores tragedias ferroviarias recientes, el jefe del Ejecutivo ha decidido que su mejor perfil no encaja en un funeral, sino frente a los micrófonos de Jordi Wild. El contraste es un bofetón de realidad. De un lado, el protocolo del dolor con los reyes Felipe VI y Letizia, Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page asistiendo al entierro. Del otro, un viaje exprés a Cataluña para grabar un pódcast electoral que se estrenará el viernes 13 de noviembre. Es una ingeniería de agenda fascinante: no hay hueco para el respeto institucional, pero sí para una charla de 90 minutos diseñada para seducir a los jóvenes que no ven el Telediario. Para maquillar el agujero, Moncloa envía a Carlos Cuerpo y Milagros Tolón. Básicamente, han aplicado la técnica del 'sustituto en el partido': si el capitán no puede ir al entierro porque está ocupado haciendo marketing, que vayan los ministros. Lo más surrealista es que el mismo sábado convocó una reunión urgente con Fernando Clavijo por la inmigración en Canarias, pero tampoco se presentó. Sánchez juega a ser el presidente moderno, el que bromea en X con realizadores sobre su ángulo de cámara, mientras ignora que la política, antes de ser un pódcast viral, es estar donde te necesitan cuando el país llora. Cambiar el incienso por el micrófono electoral no es estrategia, es una falta de tacto que huele a desesperación por los votos del 29 de noviembre.
Hay quien gestiona el presupuesto público como si fuera un cajero automático sin límite de crédito. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le cobren una comisión por transferencia, la Fiscalía de la Unión Europea (EPPO) ha decidido poner la lupa sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. No es un desliz puntual; hablamos de 74 casos abiertos por fraude, irregularidades y malversación. El agujero contable estimado asciende a 390,6 millones de euros, una cifra que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Lo verdaderamente cínico es el contraste. Por un lado, tenemos la 'ingeniería financiera' de los fondos NextGenerationEU y los fondos Feder; por otro, la realidad de los raíles. España recibió 110 millones para renovar la línea Madrid-Sevilla, una inversión que, en el papel, debía garantizar seguridad. En la práctica, el resultado fueron las tragedias de Urda y Adamuz, con un saldo macabro de 115 muertos. Resulta fascinante que la EPPO haya tenido que iniciar una investigación 'ex officio' —porque nadie en casa se había enterado o quería contarlo— registrando las sedes de ADIF, la AESF y el Tribunal de Cuentas. El ritmo de 'creatividad' administrativa no decae: solo en 2025 se abrieron 57 casos, de los cuales 26 apuntan directamente a las autoridades nacionales. Si sumamos los fraudes del IVA y otras corrupciones, el daño potencial para Bruselas escala hasta los 796,2 millones de euros. En resumen, mientras la OLAF y la Fiscalía Europea coordinan sus esfuerzos para rastrear el rastro del dinero, el Gobierno parece haber confundido la política de cohesión con una política de 'cohesión de carteras'. Un despliegue de gestión que, más que modernizar el país, parece haber modernizado el arte de hacer desaparecer los fondos públicos.
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