Crítica:
La noticia es un ejemplo perfecto de cómo un error técnico puede ser interpretado como un sesgo ideológico deliberado. Falta que RTVE salga del silencio para saber si el editor es un incompetente o un artista del sabotaje.
La noticia es un ejemplo perfecto de cómo un error técnico puede ser interpretado como un sesgo ideológico deliberado. Falta que RTVE salga del silencio para saber si el editor es un incompetente o un artista del sabotaje.
La sanidad pública española se ha convertido en el 'todo incluido' más codiciado del planeta, pero sin buffet libre y con las colas del infierno. Mientras el ciudadano de a pie juega a la ruleta rusa con su salud, el Instituto Juan de Mariana nos suelta el sablazo: el gasto sanitario subió un 43% desde 2018, pero las listas de espera quirúrgicas han engordado un 27,7%. Traducido al cristiano: pagamos más para esperar más. La demora media es de 121 días; básicamente, para cuando te operan, el problema ya ha mutado o te has acostumbrado al dolor. En este escenario de colapso, David Andina, Premio Nacional de Medicina, ha destapado un negocio redondo. Hay 'agencias' que venden paquetes turísticos de salud: billete de avión y manual de instrucciones para aterrizar en el aeropuerto y saltar directamente a Urgencias en taxi o ambulancia. Es la ingeniería financiera del dolor: el paciente pone el vuelo y España pone el tratamiento, que en ocasiones supera los 9.000 euros, como el caso de una señora en Alicante que entró con cartas de invitación fraudulentas. Lo más cínico ocurre de noche. Cuando el médico de guardia lleva 15 horas sin dormir y tiene los ojos como platos, llega un paciente sin vínculo alguno con el país, diagnosticado de una enfermedad grave en Venezuela, Colombia o Perú, para ocupar la única cama disponible. Mientras el 61,5% de los locales espera más de dos meses para ver a un especialista, el sistema absorbe casos complejos no programados que pueden acabar en trasplantes. Desde las mafias que traen cubanos vía Belgrado por 3.000 euros hasta los empadronamientos fantasma en Las Palmas para conseguir la tarjeta sanitaria, la sanidad ya no es un derecho, es el reclamo estrella de un mercado negro que opera mientras el resto espera su cita de primaria, que llega, con suerte, en 9,15 días.
Hay quien cree que el mundo es una mesa de negociación de barrio donde basta con tener buena voluntad y un discurso redondo para llevarse el gato al agua. Yolanda Díaz pensó que Ginebra era su siguiente parada, pero se ha encontrado con que, en la liga de los pesos pesados, el 'networking' real pesa más que las promesas electorales. A solo diez días de la votación del 16 de noviembre, el sueño de la ministra de Trabajo se parece más a una burbuja pinchada con un alfiler administrativo. El sablazo llegó el 30 de octubre. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) —básicamente, los que cortan el bacalao en el trabajo y el capital a nivel global— decidieron que no querían cambiar el disco. Prefieren mantener al togolés Gilbert Houngbo en el sillón de la dirección general de la OIT. Es el clásico caso de 'mejor malo conocido que bueno por conocer', o más bien, mejor un gestor que ya sabe dónde están los cajones que una candidata que viene con el manual de instrucciones bajo el brazo. La aritmética es cruel, como una factura de la luz en enero. El Consejo de Administración tiene 56 votos: 28 gobiernos, 14 empleadores y 14 trabajadores. Si los sindicatos y las patronales votan en bloque por Houngbo, ya tiene 28 votos en el bolsillo. Solo necesita un empujoncito más para llegar a los 29 y cerrar la persiana. Y considerando que África tiene seis votos gubernamentales (Gabón, Libia, Malaui, Níger, Senegal y Sudán) y que la CSI-África ya dio el aviso el 23 de julio, la jugada está cerrada. Lo más irónico es el timing. Yolanda ya ha quemado sus naves en casa: en febrero dijo que no repetía en generales y en abril que no iba en ninguna lista al Congreso. Se lanzó al vacío esperando que Ginebra fuera su red de seguridad, pero se ha quedado colgada del trapecio.
En el ecosistema de la televisión pública, donde el rigor a veces tiene vacaciones permanentes, ha ocurrido un 'desliz' digno de un premio al surrealismo. El programa 'Malas lenguas' de RTVE decidió que, para ilustrar las detenciones de Núcleo Nacional, lo más lógico era proyectar la cara de Santiago Abascal y de Álvaro Zancajo. Sí, así como lo lees. Es como si en las noticias informaran sobre un atraco a un banco y pusieran la foto del panadero del barrio solo porque ambos usan camisa blanca. Lo más exquisito del montaje no es solo el error de casting, sino el detalle quirúrgico con el que editaron la imagen de Zancajo: le plantaron una diana, un punto de mira, justo en el rostro. Un detalle que, en la calle, llamaríamos 'tener ganas de liarla', pero que en los despachos de José Pablo López probablemente intenten vender como un lapsus del editor de imágenes. El presentador Gonzalo Miró y su compañera Esther Palomera miraron el desastre pasar en directo con la misma naturalidad con la que uno mira llover desde la ventana, sin soltar una sola rectificación mientras el reportero seguía hablando. La paradoja es deliciosa. Núcleo Nacional, esos románticos de las protestas de Ferraz de 2023, consideran a Vox un partido 'asimilado al régimen del 78'. Por su parte, Vox los ve como una 'disidencia controlada' para fragmentar el voto. Son como dos primos que se odian en Navidad, pero RTVE ha decidido hacerles un favor y juntarlos en el mismo saco de detenciones. Ahora, a una semana de la campaña electoral, Vox prepara el contraataque ante la Junta Electoral. Y lo más cómico: Abascal tiene cita el lunes en 'La revuelta'. Ir a un programa de la misma cadena que te ha puesto en el escaparate de los arrestados es, cuanto menos, un ejercicio de estoicismo o una jugada de marketing muy agresiva.
Hay momentos en los que el Código Penal parece redactado por alguien que nunca ha sentido el pánico de un padre viendo a su hija desmoronarse en el asiento trasero. El 17 de abril de 2025, un Mercedes GLE 450d se convirtió en un proyectil de 228 km/h por las carreteras de Cuenca. El motivo no era una apuesta ni un capricho de adrenalina, sino una niña de once años con metástasis en la columna y convulsiones que no daban tregua. El destino: el Hospital de Albacete, el único sitio donde la oncología pediátrica y la neurocirugía podían hacer algo contra el dolor. Pero claro, el Veloláser de la Guardia Civil no tiene corazón, solo sensores. El Juzgado de lo Penal número 1 de Cuenca, en un despliegue de rigor burocrático casi quirúrgico, decidió el 26 de junio de 2025 que el margen de error del radar dejaba la velocidad en 218,88 km/h. ¿El resultado? Un sablazo de 1.620 euros (nueve meses de multa a seis euros diarios) y un año y un día sin carné. Básicamente, le dijeron al padre que, mientras su hija luchaba por respirar, él debía preocuparse por no pasarse de los 120 km/h. Por suerte, la Audiencia Provincial de Cuenca puso sentido común sobre el papel el pasado 15 de septiembre. Aplicando el artículo 20.5 del Código Penal —la eximente de estado de necesidad—, los magistrados entendieron que no se puede conducir con un diagnóstico médico en la guantera. Mientras la Fiscalía insistía en mantener la condena, el tribunal recordó que el miedo racional es una variable que el radar no mide. Al final, la justicia ha entendido que salvar una vida pesa más que un límite de velocidad, aunque el PSOE esté ahora mismo en el Congreso intentando que correr sea un delito aún más grave. Una victoria humana frente a la dictadura del velocímetro.
Hay prioridades que son como la lista de la compra: algunas cosas son imprescindibles y otras pueden esperar a que baje el precio. Para Pedro Sánchez, el martes 10 de noviembre, la prioridad no es el luto, sino el 'engagement'. Mientras 69 familias se reúnen en la catedral de Toledo para despedir a sus muertos en una de las peores tragedias ferroviarias recientes, el jefe del Ejecutivo ha decidido que su mejor perfil no encaja en un funeral, sino frente a los micrófonos de Jordi Wild. El contraste es un bofetón de realidad. De un lado, el protocolo del dolor con los reyes Felipe VI y Letizia, Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page asistiendo al entierro. Del otro, un viaje exprés a Cataluña para grabar un pódcast electoral que se estrenará el viernes 13 de noviembre. Es una ingeniería de agenda fascinante: no hay hueco para el respeto institucional, pero sí para una charla de 90 minutos diseñada para seducir a los jóvenes que no ven el Telediario. Para maquillar el agujero, Moncloa envía a Carlos Cuerpo y Milagros Tolón. Básicamente, han aplicado la técnica del 'sustituto en el partido': si el capitán no puede ir al entierro porque está ocupado haciendo marketing, que vayan los ministros. Lo más surrealista es que el mismo sábado convocó una reunión urgente con Fernando Clavijo por la inmigración en Canarias, pero tampoco se presentó. Sánchez juega a ser el presidente moderno, el que bromea en X con realizadores sobre su ángulo de cámara, mientras ignora que la política, antes de ser un pódcast viral, es estar donde te necesitan cuando el país llora. Cambiar el incienso por el micrófono electoral no es estrategia, es una falta de tacto que huele a desesperación por los votos del 29 de noviembre.
Hay quien gestiona el presupuesto público como si fuera un cajero automático sin límite de crédito. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le cobren una comisión por transferencia, la Fiscalía de la Unión Europea (EPPO) ha decidido poner la lupa sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. No es un desliz puntual; hablamos de 74 casos abiertos por fraude, irregularidades y malversación. El agujero contable estimado asciende a 390,6 millones de euros, una cifra que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Lo verdaderamente cínico es el contraste. Por un lado, tenemos la 'ingeniería financiera' de los fondos NextGenerationEU y los fondos Feder; por otro, la realidad de los raíles. España recibió 110 millones para renovar la línea Madrid-Sevilla, una inversión que, en el papel, debía garantizar seguridad. En la práctica, el resultado fueron las tragedias de Urda y Adamuz, con un saldo macabro de 115 muertos. Resulta fascinante que la EPPO haya tenido que iniciar una investigación 'ex officio' —porque nadie en casa se había enterado o quería contarlo— registrando las sedes de ADIF, la AESF y el Tribunal de Cuentas. El ritmo de 'creatividad' administrativa no decae: solo en 2025 se abrieron 57 casos, de los cuales 26 apuntan directamente a las autoridades nacionales. Si sumamos los fraudes del IVA y otras corrupciones, el daño potencial para Bruselas escala hasta los 796,2 millones de euros. En resumen, mientras la OLAF y la Fiscalía Europea coordinan sus esfuerzos para rastrear el rastro del dinero, el Gobierno parece haber confundido la política de cohesión con una política de 'cohesión de carteras'. Un despliegue de gestión que, más que modernizar el país, parece haber modernizado el arte de hacer desaparecer los fondos públicos.
En el mundo real, cuando alguien te dice que 'esto viene de arriba', normalmente significa que alguien ha decidido que las reglas son sugerencias y que el presupuesto público es su hucha personal. En ADIF, la ingeniería financiera no se aplicó a las vías, sino a las puntuaciones. Un audio de enero de 2022, enviado por José Vicente Porras, jefe de coordinación de inversiones, resume la gestión pública actual: 'Sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda'. Traducido al idioma de la calle: 'Haced el truco de magia con las notas porque el jefe quiere que gane su amigo'. El 'truco' consistió en desplumar la valoración técnica de la empresa francesa Thales para que una alianza entre Siemens y FCC pudiera llevarse el contrato de señalización entre Los Rosales y Zafra. Un proyecto de 139 kilómetros de vía única que costó 20,4 millones de euros, pagados con fondos Next Generation de la UE. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de cinco euros, aquí se jugaban con millones como quien reparte cartas en una partida de póker amañada. Y no fue un desliz puntual; hubo otro contrato en el tramo Villanueva de la Serena y Brazatortas por 28 millones de euros en 2023, y un tercero más pequeño. Lo más fascinante es el 'plan de carrera' de los implicados. En lugar de una carta de despido, recibieron un traslado con vistas. Ángel Contreras, quien pasó de director general de Conservación y Mantenimiento a presidente de la compañía, fue reubicado estratégicamente. Otros como Gustavo Adolfo Álvarez y Abel Rajo también fueron movidos de tablero. Incluso el propio Porras sigue en la casa, ahora como jefe de área de coordinación de inversiones sur. Todo bajo la mirada cómplice de Óscar Puente, quien defendió a Contreras hasta septiembre de 2024, cuando finalmente fue sustituido por Luis Pedro Marco de la Peña. Una danza de sillas musicales donde el único que pierde es el que paga la entrada: el contribuyente.
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