La noticia es un ejercicio de equidistancia peligrosa; separa la 'falta de acreditación de firmas' de la tragedia humana como si fueran compartimentos estancos. El texto es preciso en cifras, pero insuficiente en conectar la negligencia administrativa con el resultado mortal.
Hay una ironía deliciosa en el aire madrileño. Mientras los docentes de la Asamblea Menos Lectivas se lanzan a una huelga indefinida contra Isabel Díaz Ayuso desde el 14 de octubre, han decidido que el dinero de su 'Caja de resistencia' no puede estar en cualquier sitio. No, para gestionar esos 50.000 euros que buscan recaudar, han preferido cruzar el mapa hasta Barcelona y confiar en la Fundación Coop57. ¿La razón? Una mezcla de 'apuesta ideológica' y el hambre de deducir el 80% de los primeros 250 euros en la renta. Básicamente, luchar contra el sistema usando los beneficios fiscales del sistema. Pero aquí es donde la trama se pone jugosa. La Fundación Coop57 no es una ONG que sobreviva a base de kermeses. Es una entidad que tiene el grifo abierto en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Salvador Illa, desde el Departament d’Empresa i Treball, le soltó 49.968,22 euros el 19 de diciembre de 2024 para 'reflexionar estratégicamente'. Traducción: pagar el café mientras piensan cómo cambiar el mundo. Por si fuera poco, Jaume Collboni ha sido aún más generoso, sumando 64.000 euros, de los cuales 50.000 llegaron mediante un convenio sin convocatoria pública. Es el equivalente político a saltarse la cola del supermercado porque conoces al gerente. En total, los gobiernos socialistas han inyectado 113.968,22 euros en esta maquinaria desde 2023. Mientras la fundación se define como 'anticapitalista', sus cuentas muestran que gastó 95.949,93 euros en personal en 2024. Una gestión impecable: combatir el capital con subvenciones públicas y beneficios fiscales. Desde giras zapatistas hasta huelgas de alquiler que recaudaron 102.784 euros, la Coop57 es la ventanilla única de la resistencia subvencionada. Un negocio redondo donde la ideología y la burocracia se dan la mano.
Hay una técnica legislativa que es como colar un ingrediente que no te gusta en un guiso ya servido: se llama 'disposición final'. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, ha usado el decreto de ayudas para las 69 víctimas del accidente de Urda (Toledo) como caballo de Troya. Mientras el titular es la solidaridad con Urda, en la letra pequeña del Real Decreto-ley 32/2026 han deslizado una trampa burocrática para las víctimas de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). La jugada es maestra en su cinismo. El pasado 18 de enero, la narrativa oficial era la 'respuesta económica inmediata'. Nueve meses después, el Estado ha decidido que el reloj administrativo es demasiado estresante y ha decidido detenerlo. Si la Administración pide un papel a un juzgado y este no responde en un mes, o si el funcionario de turno considera que la información es 'insuficiente', el plazo para pagar las indemnizaciones por responsabilidad civil se congela. Sin fecha de vuelta. Es como si te prometieran el pago de una deuda en seis meses, pero luego te dicen que, mientras busquen la factura en el cajón, el tiempo no cuenta. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ya avisaba de que hay familias que, tras nueve meses, siguen esperando el dinero mientras lidian con la precariedad. La hipocresía es deliciosa: el Gobierno vende la norma como una vía para evitar esperas judiciales, pero introduce una cláusula que permite que la espera sea eterna si el juzgado guarda silencio o el expediente es secreto. Han pasado de la 'urgencia' a la 'pausa indefinida' con la elegancia de quien te quita la cartera mientras te da una palmada en la espalda. El 4 de noviembre fue la fecha límite; a partir de ahí, el Estado ha decidido que el calendario es opcional.
Hay que tener el valor —o la cara dura— de trabajar para el FBI y decidir que las carteras digitales de los criminales son, en realidad, un fondo de pensiones anticipado. Patrick Steven Yaroch, de 37 años, no se limitó a mirar; se convirtió en el administrador no oficial de 35 investigaciones federales. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, Yaroch vació carteras vinculadas a Estados adversarios y a diez víctimas de fraudes financieros, llevándose un botín de 2.474.380,66 dólares. Básicamente, convirtió el archivo de pruebas del Bureau en su propio cajero automático. El despliegue de 'ingeniería financiera' fue sencillamente casero: memorizó frases semilla y realizó unas 100 transferencias fraudulentas. Para Yaroch, esto no era un robo, sino una cuestión de principios; decía estar frustrado porque el FBI no actuaba contra esos fondos. Una narrativa conmovedora que los fiscales dinamitaron rápidamente: no era un Robin Hood digital, sino un tipo que usaba el dinero sustraído para pagar tarjetas de crédito, préstamos y el coche. El lujo de la moralidad termina donde empieza el extracto bancario. Lo más surrealista es su plan de escape. Yaroch delegó su estrategia de vida a ChatGPT, preguntándole dónde esconderse en la Unión Europea con un 'cubo de dinero' de un millón de dólares. La IA, con la eficiencia de un agente de viajes, le recomendó Portugal. El agente ya había hecho turismo secreto en mayo y ya tenía abogados portugueses gestionando su número de identificación fiscal. Pero el sueño luso se evaporó el 31 de julio, día de su despido, y terminó en un arresto tras una confesión motivada por la culpa (o el pánico). Ahora, el hombre que quería vivir en el Algarve espera sentencia en marzo, enfrentando hasta 20 años de prisión por haber confundido la seguridad nacional con una cuenta de ahorros personal.
Hay una forma muy elegante de decir que has vaciado la hucha de los frenos para pagar las cañas del verano: se llama 'transferencia de crédito'. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para llegar al día 30, el Ministerio de Transportes, bajo el mando de Óscar Puente, aplicó una ingeniería financiera creativa. El Gobierno decidió que era más prioritario que los menores de 30 años viajaran casi gratis con el Verano Joven que mantener el software que evita que los trenes se conviertan en proyectiles. El balance es un ejercicio de cinismo contable: 857.488,26 euros fueron succionados de la partida de 'reposición operativa' entre 2024 y 2025. Concretamente, se llevaron 110.998,31 euros y 522.526,30 euros en 2024, y otros 223.963,65 euros en 2025. Dinero destinado a monitores, CPUs y software que, según Ineco, estaban ya en la UCI por obsolescencia. El resultado de este ahorro 'estratégico' no fue un balance positivo, sino el horror en Urda (Toledo), donde un fallo de sincronización del sistema LZB dejó un saldo de 69 muertos. Sumando la tragedia de Adamuz (Córdoba), la factura asciende a 115 fallecidos. Es fascinante observar la coreografía política. Puente dimitió apelando a la 'dignidad política' y la 'empatía', justo después de admitir en el Congreso que había llevado el presupuesto 'al límite'. Claro que estaba al límite; resulta que para financiar un programa de 130 millones de euros sin tener Presupuestos Generales desde 2023, alguien tenía que pagar el pato. Y el pato, en este caso, fueron los sistemas de seguridad ferroviaria que ya no encontraban ni repuestos en el mercado. Priorizar el marketing electoral sobre la vida de los pasajeros no es gestión, es una ruleta rusa presupuestaria.
El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de lanzar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, y lo ha hecho con esa elegancia burocrática de quien te quita la cartera mientras te explica que, en realidad, solo está 'reorganizando tu espacio personal'. La jugada es maestra: dicen que no es normativo, que es una 'hoja de ruta flexible', palabras que en el lenguaje de la calle significan 'lo hacemos como queremos y cuando nos apetezca'. El plan afecta a 1,55 millones de estudiantes, pero el verdadero hueso son los 319.115 alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). De ellos, el 14,3% —unos 45.633 chavales— están en centros de educación especial (CEE). El Ejecutivo quiere que estos centros pasen a ser meros 'apoyos' de los colegios ordinarios. Traducido: quieren convertir centros especializados en una especie de consultoría externa, donde los profesionales vayan a echar un cable en su horario lectivo, mientras el presupuesto global sigue siendo un misterio, un agujero contable que el Ministerio de Milagros Tolón prefiere no cerrar con cifras concretas. La hipocresía tiene un aroma intenso. Mientras Tolón aseguraba en el Parlamento que las familias no tenían de qué preocuparse, el Consejo de Ministros daba luz verde al plan el pasado martes, ignorando el portazo que dieron las comunidades del PP y Canarias en la Conferencia Sectorial del 18 de septiembre. Jaime de los Santos, del PP, no se ha andado con rodeos y ha hablado de 'robar el derecho' a estos alumnos. Es la eterna historia: nos venden una inclusión romántica en el papel, pero en la práctica parece que quieren meter a todo el mundo en el mismo saco sin haber comprado primero el saco adecuado. Al final, entre la LOMLOE y los resultados de PISA en Melilla, la educación española parece un coche que intenta subir una cuesta con el freno de mano puesto.
Hay lugares donde cruzar la calle se siente como jugar a la ruleta rusa con el presupuesto del Estado. El paso a nivel de Alfafar, Sedaví y Benetússer es, básicamente, el 'punto negro' oficial de España: 79 muertos en los últimos cuarenta años. Una cifra que no es un dato estadístico, sino una carnicería lenta que el exministro Óscar Puente ha decidido dejar en el aire, probablemente para que no le manche el currículum ahora que se ha marchado en medio de un caos ferroviario que haría temblar a cualquiera. Puente aterrizó en la cartera de Transportes en noviembre de 2021 y, desde entonces, el balance es una bofetada: dos muertes más en este tramo y una gestión que ha preferido mirar hacia otro lado mientras los vecinos ven cómo sus casas se agrietan por las vibraciones. Mientras nosotros contamos los céntimos para que la factura de la luz no nos deje en la calle, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido el proyecto de soterramiento guardado en un cajón, como quien guarda una factura vencida esperando que el acreedor se olvide de cobrar. Ahora, con las elecciones generales del 29 de noviembre respirando en la nuca, la política se acuerda de la humanidad. Vox ha lanzado una PNL en las Cortes Valencianas exigiendo que el soterramiento sea prioridad absoluta y que las obras arranquen en seis meses. Miguel Pascual denuncia que 260 trenes diarios pasan rozando colegios y parques, convirtiendo la vida vecinal en un ejercicio de supervivencia. Es la clásica coreografía política: el ministro dimite, el problema se queda y los vecinos siguen esperando que alguien deje de tratar sus vidas como un gasto superfluo en el presupuesto general.
Hay una lógica muy particular en el Ministerio del Interior: parece que el riesgo desaparece si simplemente borras al experto que sabe cómo gestionarlo. El 5 de noviembre de 2026 nos enteramos de que Tarragona se queda sin su Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX). Sí, así como lo lees. Han decidido que cuatro puestos —un sargento y tres agentes especialistas TEDAX-NRBQ— sobran en el presupuesto, como quien decide que en casa ya no hace falta tener extintor porque 'seguro que no hay fuego'. La ironía es deliciosa si no vives allí. Tarragona no es precisamente un campo de margaritas; alberga el mayor complejo petroquímico del sur de Europa y una red de hidrocarburos que, en el peor de los casos, podría convertir la provincia en un espectáculo de fuegos artificiales no deseado. A eso sumamos los 'recuerdos' de la Batalla del Ebro: granadas y proyectiles activos que brotan de la tierra en Terra Alta como si fueran setas después de la lluvia. Ahora, ante un artefacto, habrá que esperar a que el especialista venga de otra provincia, porque la eficiencia administrativa manda sobre la urgencia del reloj. Pero esto no es un desliz, es un patrón. Es un goteo constante, una especie de 'dieta forzosa' de seguridad. Primero fue el GEAS de l'Estartit, luego los recortes en el SEPRONA —que ya tienen a los alcaldes de la Cerdanya sudando frío— y ahora el GEDEX. JUCIL lo tiene claro: estamos ante un desmantelamiento quirúrgico. Mientras el discurso oficial habla de optimización, en la calle se traduce como: 'si explota algo, ya llamaremos a alguien que esté libre en otra ciudad'. Una gestión brillante, siempre que no necesites que la bomba no estalle.
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