Crítica:
El texto original es una joya de la denuncia, pero falla al no cuestionar por qué el Congreso aprobó a un ingeniero naval para un cargo ferroviario sin pestañear. Es un retrato perfecto de la endogamia administrativa española.
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Embajadores del pufo: el 'favor' de Ros
En el manual de supervivencia política, hay una regla de oro: si tienes un amigo en el despacho de al lado, las facturas se vuelven sugerencias. El caso de Ángel Ros es una clase magistral de ingeniería de favores. Mientras el ciudadano medio suda tinta para pagar el IBI, Ros firmó en junio de 2014 un 'borrón y cuenta nueva' de 281.783 euros para Adaix de Negocios, la empresa del novio de Montse Mínguez. Básicamente, le quitó de encima un pufo que para cualquier mortal sería una condena a vivir bajo un puente, permitiendo que Sergi Vélez esquivara el pago del canon y la garantía de derribo de una discoteca. Un gesto generoso, casi filial. La recompensa por este tipo de 'gestiones' no llega en sobres, sino en Real Decreto. En agosto de 2018, Pedro Sánchez, con la firma de Josep Borrell —viejo conocido de Ros por sus días en el PSC—, lo catapultó a Embajador en Andorra. Lo fascinante es que Ros no era diplomático; era un político con contactos. Pasó cuatro años y medio disfrutando del aire pirenaico, organizando la Cumbre Iberoamericana de 2021 y gestionando la diplomacia entre siestas, hasta que pidió la jubilación en febrero de 2023. Pero el lujo tiene grietas. Marta Camps, la teniente de alcalde que terminó en la calle, soltó la bomba: dietas sospechosas en China y Hannover (unos 18.400 euros en total) y un gusto exquisito por fulares y corbatas de diseño que costaron 36.000 euros al erario. Todo archivado, claro. Mientras tanto, Mínguez, la arquitecta del ahorro ajeno, dimite ahora que se sabe que su pareja es un 'gran tenedor' con 30 pisos y un holding de 6,2 millones de euros. La lucha contra la especulación inmobiliaria es muy noble, siempre que el cheque no sea el tuyo.
Sánchez y el 'kit' para legalizar okupas
Tener una segunda vivienda en España ha pasado de ser un ahorro para la jubilación a convertirse en una ruleta rusa donde el premio es que no te quiten la llave. El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a jugar la carta de la prohibición de desahucios, rescatando ese manual de instrucciones que ya conocíamos desde 2020, cuando la pandemia sirvió de excusa para instaurar una 'vulnerabilidad' tan elástica que cabe cualquier cosa. Es como si el Estado decidiera que tu escritura de propiedad es, en realidad, una sugerencia opcional. La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación lleva desde octubre de 2021 enviando cartas al Ministerio de Vivienda que probablemente se usan para calzar mesas. Hablamos de cinco años de un silencio institucional que hace que el juego del escondite parezca una conversación fluida. Mientras tanto, Isabel Rodríguez, la ministra que presume de redactar decretos a la velocidad de un tuit, ha ignorado sistemáticamente solicitudes concretas, como la del 23 de noviembre de 2023 o la más reciente del 2 de octubre. Es la gestión del 'visto' en WhatsApp aplicada a la administración pública. El nuevo despliegue legislativo, que pasó por el Congreso y los reales decretos, vuelve a blindar la situación de quienes no pagan, dejando al pequeño propietario en un limbo jurídico. Lo más surrealista es el reparto de facturas: el decreto pretende que las CCAA se conviertan en deudoras de los caseros si no ofrecen alternativa habitacional a inquilinos morosos con más de dos viviendas. Básicamente, el Gobierno te dice que no puedes echar al que no paga, pero que no te preocupes, que quizá algún día una administración autonómica te devuelva el dinero con la misma agilidad con la que gestionan las citas de la Seguridad Social. Una ingeniería financiera donde el único que pierde es el que paga los impuestos y las hipotecas.
Oliva bajo el agua: rentabilidad antes que vidas
Oliva ha vuelto a convertirse en una piscina municipal involuntaria. La DANA Adam ha llegado este lunes para recordarnos que, mientras los vecinos se juegan la vida en plantas bajas y los servicios de emergencia hacen malabares para rescatarlos, en los despachos de Madrid el lenguaje es otro: el de la 'rentabilidad'. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se ha marcado un ejercicio de contabilidad creativa en su 'Memoria resumen de los análisis coste-beneficio', concluyendo que proteger el municipio no salía a cuenta. Traduzcamos el lenguaje burocrático al castellano de calle: el Gobierno miró la factura de las obras y decidió que el 'sablazo' era demasiado grande para el beneficio obtenido. Para que nos entendamos, la alternativa 4 —la joya de la corona con un valor actual neto de 35,6 millones de euros y una ratio de 2,28— era básicamente un placebo. En un escenario de inundación cada 500 años, la cifra de afectados pasaría de 9.391 a 9.360 personas. Sí, han hecho las cuentas: salvar a 31 personas no compensaba el desembolso. Es como pagar una reforma integral de la cocina para que deje de gotear un solo grifo. Hubo otras opciones: la alternativa 1 (28,3 millones de euros, ratio 1,84) y la alternativa 3 (20,1 millones, ratio 1,73). Incluso la alternativa 2, que fue la única tachada de 'no rentable' con un 0,90, parecía más honesta que el resto. Mientras Sara Aagesen y la cúpula gubernamental gestionan el riesgo sobre el papel, en Oliva siguen esperando que alguien termine la presa de la Rambla Gallinera, congelada desde 2014 por problemas de cimentación. Al final, la administración prefiere 'estudiar nuevas combinaciones de medidas' que mojarse, literalmente, en el barro. La rentabilidad es baja, pero el coste humano, ese no aparece en los excels del MITECO.
EEUU castiga el aceite por armas israelíes
La diplomacia moderna ha dejado de ser un juego de cenas elegantes para convertirse en una pelea de patio de colegio, pero con presupuestos de Estado. Resulta que España decidió jugar al portero estrictamente en el Puerto de Algeciras durante 2024, denegando el atraque a tres buques de Maersk —el Maersk Denver, el Maersk Seletar y el Maersk Hartford— bajo la sospecha de que transportaban juguetes bélicos para Israel. Un gesto ético, quizá, pero que a la Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos le ha sentado como un café frío. La respuesta del Tío Sam no es una nota de protesta educada, sino un sablazo financiero con aroma a cocina mediterránea. La FMC propone una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por cada viaje de barcos españoles, como quien te cobra un recargo absurdo por el equipaje en una aerolínea low-cost. Pero el verdadero golpe bajo viene en la despensa: plantean limitar la importación de azulejos, confitería, perfumería y, el plato fuerte, el aceite de oliva. Hablar de aceites no es un detalle menor. Estamos hablando de un mercado que en 2025 movió 1.100 millones de dólares. Para el sector olivarero, que ve en EEUU su cajero automático prioritario, esto no es una simple 'restricción comercial', es un cierre de grifo en seco. Mientras la FMC se llena la boca hablando de la 'eficiencia de la cadena de suministro' y la 'seguridad nacional', lo que realmente están haciendo es usar el aceite de oliva como moneda de cambio en una partida de ajedrez geopolítica. España ahora tiene que presentar alegaciones y rezar para que la FMC decida que el aceite es demasiado rico como para dejarlo fuera de sus mesas.
DANA: La grabación 'invisible' de Sánchez
Hay una magia muy particular en los juzgados: la capacidad de convertir una prueba evidente en humo con solo dos palabras. 'No pertinente'. Así, con la elegancia de quien cierra la persiana un viernes a las dos, la juez Nuria Ruiz Tobarra ha blindado el silencio sobre una grabación que, curiosamente, ya había sido ofrecida en el mercado público. Resulta que Lorena Silvent, la alcaldesa de Catarroja, se dejó llevar por el entusiasmo el 19 de diciembre de 2024. En pleno pleno municipal, frente a un vecino que probablemente esperaba una respuesta sobre el alumbrado o los baches, la edil soltó la bomba: 'Yo te puedo enseñar la grabación'. Sí, la grabación de su charla con Pedro Sánchez. Una conversación donde, según la propia Silvent, le soltó al presidente que 'estamos solos y necesitamos más medios'. Básicamente, el equivalente político a decir que el barco se hundía mientras en Moncloa seguían puliendo el mármol. El letrado Rubén Gisbert, haciendo un trabajo de detective de barrio, intentó que ese audio pasara de ser una anécdota de ayuntamiento a una prueba judicial. Pero la instructora del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha decidido que ese archivo es, básicamente, ruido blanco. No importa que la alcaldesa lo ofreciera a un ciudadano cualquiera; para la justicia, ese audio tiene la misma relevancia que el ticket del súper en un juicio por malversación. Lo más cínico del calendario es que este 'borrado' judicial ocurre mientras el litoral de Valencia y Alicante, concretamente La Safor y la Marina Alta, vuelven a luchar contra el barro de otra DANA. Mientras la gente intenta rescatar sus vidas, en los despachos se decide que saber qué se dijo exactamente entre la alcaldesa y el presidente es un detalle irrelevante. Un detalle que, sospechosamente, conviene que se quede en el cajón.
EEUU quiere cerrar el 'club vacacional' ONU
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en la sede de la ONU en Nueva York parece que el tiempo es, sobre todo, un buffet libre con vistas al mar. El pasado 15 de octubre, la representante de Estados Unidos decidió que ya era hora de cerrar el chiringuito: ha pedido la disolución del Comité Especial sobre Descolonización. ¿El motivo? Según Washington, el organismo ha 'sobrepasado su propósito original'. Traducción para los que bajamos a la calle: el comité se ha convertido en un club de lectura infinito donde se repiten los mismos textos cada año mientras los presupuestos vuelan. Es fascinante el contraste. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta del supermercado no parezca una hipoteca, el Comité se dedica a organizar 'viajes pagados cada año a resorts del Caribe y el sur del Pacífico'. Una ingeniería financiera del placer disfrazada de diplomacia. Washington ha soltado el zasca definitivo recordando que más de 80 antiguas colonias ya son miembros de la ONU, pero que el comité opera como si viviéramos en 1945. El ejemplo más surrealista es el de Puerto Rico. La Asamblea General lo sacó de la lista de Territorios No Autónomos allá por 1953, pero el Comité sigue celebrando reuniones sobre el tema cada año. Es como pagar la suscripción de un gimnasio al que dejaste de ir hace siete décadas solo por mantener el carné. Al final, EE. UU. sostiene que territorios como el Sáhara Occidental, las Malvinas, Gibraltar, Nueva Caledonia o la Polinesia Francesa no merecen ser 'instrumentalizados' en campañas políticas. En resumen: menos hoteles de lujo en el Pacífico y más realismo, que la fiesta de la descolonización se ha alargado demasiado.
Nucleares: el plan para no cerrar
Hay quien dice que el calendario de cierre de las nucleares en España es sagrado, pero en el Foro Nuclear ya están midiendo el viento. Marta Ugalde, presidenta de la entidad, ha soltado el anzuelo en un curso con la Asociación de la Prensa de Madrid: quieren 'sosegadamente' repensar el cierre de aquí a 2030. Traducción para mortales: están esperando a ver quién gana las elecciones para intentar que el reloj se detenga o, al menos, que camine más despacio. El argumento es el de siempre, envuelto en papel de regalo tecnológico. Hablan de 'neutralidad tecnológica' e 'inversiones continuas' para renovar equipos. Básicamente, piden que el Estado no les cierre la persiana mientras ellos siguen invirtiendo en el negocio. Para justificarlo, miran hacia Estados Unidos, donde la central North Anna —la gemela de nuestras Ascó y Almaraz— presume de licencias de hasta 80 años. Es como decir que, porque el vecino tiene un coche clásico que aún arranca, nosotros deberíamos mantener el nuestro en el garaje aunque el motor tosa. Sobre Almaraz, la jugada es más cínica. Una orden ministerial ya ha alargado su vida útil tres años, alegando que reduce el consumo de gas en un 7 %. Un porcentaje que suena a gloria en los despachos, pero que en la calle es el típico 'ajuste de cuentas' para no quedar expuestos a los mercados internacionales. Ugalde jura que esto no cambia la política energética del PNIEC, pero luego admite que ven una 'oportunidad' para modificar el calendario. Es la clásica maniobra de quien dice que no quiere cambiar de planes mientras ya tiene el mapa nuevo desplegado sobre la mesa y el teléfono listo para llamar a los partidos políticos.
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