La noticia es un simple eco de una rueda de prensa sin contrastar las implicaciones reales del coste de esas 'inversiones continuas'. El título original es tibio; el contenido es puro marketing corporativo disfrazado de estabilidad energética.
Hay una magia muy particular en los juzgados: la capacidad de convertir una prueba evidente en humo con solo dos palabras. 'No pertinente'. Así, con la elegancia de quien cierra la persiana un viernes a las dos, la juez Nuria Ruiz Tobarra ha blindado el silencio sobre una grabación que, curiosamente, ya había sido ofrecida en el mercado público. Resulta que Lorena Silvent, la alcaldesa de Catarroja, se dejó llevar por el entusiasmo el 19 de diciembre de 2024. En pleno pleno municipal, frente a un vecino que probablemente esperaba una respuesta sobre el alumbrado o los baches, la edil soltó la bomba: 'Yo te puedo enseñar la grabación'. Sí, la grabación de su charla con Pedro Sánchez. Una conversación donde, según la propia Silvent, le soltó al presidente que 'estamos solos y necesitamos más medios'. Básicamente, el equivalente político a decir que el barco se hundía mientras en Moncloa seguían puliendo el mármol. El letrado Rubén Gisbert, haciendo un trabajo de detective de barrio, intentó que ese audio pasara de ser una anécdota de ayuntamiento a una prueba judicial. Pero la instructora del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha decidido que ese archivo es, básicamente, ruido blanco. No importa que la alcaldesa lo ofreciera a un ciudadano cualquiera; para la justicia, ese audio tiene la misma relevancia que el ticket del súper en un juicio por malversación. Lo más cínico del calendario es que este 'borrado' judicial ocurre mientras el litoral de Valencia y Alicante, concretamente La Safor y la Marina Alta, vuelven a luchar contra el barro de otra DANA. Mientras la gente intenta rescatar sus vidas, en los despachos se decide que saber qué se dijo exactamente entre la alcaldesa y el presidente es un detalle irrelevante. Un detalle que, sospechosamente, conviene que se quede en el cajón.
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en la sede de la ONU en Nueva York parece que el tiempo es, sobre todo, un buffet libre con vistas al mar. El pasado 15 de octubre, la representante de Estados Unidos decidió que ya era hora de cerrar el chiringuito: ha pedido la disolución del Comité Especial sobre Descolonización. ¿El motivo? Según Washington, el organismo ha 'sobrepasado su propósito original'. Traducción para los que bajamos a la calle: el comité se ha convertido en un club de lectura infinito donde se repiten los mismos textos cada año mientras los presupuestos vuelan. Es fascinante el contraste. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta del supermercado no parezca una hipoteca, el Comité se dedica a organizar 'viajes pagados cada año a resorts del Caribe y el sur del Pacífico'. Una ingeniería financiera del placer disfrazada de diplomacia. Washington ha soltado el zasca definitivo recordando que más de 80 antiguas colonias ya son miembros de la ONU, pero que el comité opera como si viviéramos en 1945. El ejemplo más surrealista es el de Puerto Rico. La Asamblea General lo sacó de la lista de Territorios No Autónomos allá por 1953, pero el Comité sigue celebrando reuniones sobre el tema cada año. Es como pagar la suscripción de un gimnasio al que dejaste de ir hace siete décadas solo por mantener el carné. Al final, EE. UU. sostiene que territorios como el Sáhara Occidental, las Malvinas, Gibraltar, Nueva Caledonia o la Polinesia Francesa no merecen ser 'instrumentalizados' en campañas políticas. En resumen: menos hoteles de lujo en el Pacífico y más realismo, que la fiesta de la descolonización se ha alargado demasiado.
Bruselas ha decidido abrir el grifo y soltar 74,3 millones de euros para 27 proyectos medioambientales en España. Suena a gloria, pero cuando desglosas la factura, la realidad tiene un tinte surrealista. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, la Unión Europea ha decidido que la prioridad absoluta es el desmán ibérico. Sí, la famosa 'rata trompetera' se lleva 13,2 millones de euros para no desaparecer, una cifra que haría palidecer a cualquier pyme local en plena crisis. El reparto sigue una lógica casi poética. La alondra ricotí se lleva 10,8 millones y el tritón del Montseny —del que quedan menos de 3.500 ejemplares en Cataluña— absorbe 6,5 millones. Mientras tanto, en Canarias y Baleares, se gastarán 4,9 millones en una guerra contra serpientes invasoras, como si estuviéramos en una película de serie B. Pero no todo es fauna exótica. Hay un toque de ciencia ficción en Cáceres, donde 2,7 millones de euros servirán para que 982 contenedores tengan inteligencia artificial. Básicamente, el cubo de la basura ahora será más listo que el gestor que aprobó la partida. En Murcia, se lanzan 2,2 millones para limpiar aguas residuales en la cuenca del Segura, intentando que el agua no sea un recuerdo lejano, y en Sevilla, 4,5 millones convertirán las podas de los olivares en gas, evitando que el campo parezca una barbacoa gigante. Para rematar el cuadro, en Cataluña intentarán que 378 inmuebles en Olot y Sant Joan de les Abadesses vuelvan al alquiler asequible asesorando a 640 propietarios. Todo esto es parte de un pastel europeo de 579 millones de euros, donde Bruselas pone 390 millones y el resto lo ponen los locales. Un despliegue de generosidad que nos recuerda que, en Europa, salvar a una rata es, a veces, más rentable que salvar el bolsillo del vecino.
En Bruselas han descubierto que la mejor forma de gestionar un problema es hacer como que no existe, o mejor aún, aplicarlo 'provisionalmente' mientras el Parlamento Europeo duerme la siesta. Ursula von der Leyen y su equipo han montado un tinglado comercial con la dinastía alauí que es una auténtica obra de ingeniería financiera y diplomática, diseñada para esquivar una sentencia del TJUE del 4 de octubre de 2024. El tribunal luxemburgués fue claro: nada de aranceles cero ni etiquetas marroquíes para productos del Sáhara Occidental sin preguntar al pueblo saharaui. Pero claro, en la política de alto nivel, las sentencias judiciales son como las sugerencias en una caja de quejas: se leen, pero no siempre se hacen caso. Para evitar que Rabat abra las válvulas de la presión migratoria —un chantaje que ya vimos en Ceuta—, la Comisión Europea se ha inventado un 'apaño' en octubre de 2025. En lugar de respetar la ley, han decidido jugar al juego de las palabras. Ahora, los tomates no vienen del Sáhara, sino de 'Dakhla Oued Ed-Dahab' o 'El Aaiún-Sakia El Hamra'. Es como si para evitar una multa de tráfico, cambiaras el nombre de tu coche por 'carruaje vintage'; el coche sigue siendo el mismo, pero el papel dice otra cosa. Mientras tanto, el agricultor español de tomate está pagando el pato. Sus ventas al continente han caído un 37% en una década y su producción un 20%. Mientras nosotros contamos los céntimos, Bruselas envía fondos para regadíos y energía al desierto, intentando colar que el consentimiento saharaui es 'implícito' porque hay dinero de por medio. Un razonamiento que en la calle llamaríamos 'comprar el silencio'. El acuerdo sigue en el limbo porque von der Leyen sabe que llevarlo al Parlamento es jugar a la ruleta rusa: una moción del PP ya casi tumba el etiquetado el pasado 26 de noviembre, fallando por un solo voto debido al veto socialista. Así que, mientras tanto, el acuerdo sigue funcionando en la sombra, como ese contrato de alquiler que nadie firma pero que todos pagan.
Hay una coreografía muy depurada en la gestión de la miseria: primero se desalojan los asentamientos con la eficiencia de quien limpia un trastero y luego se deja que los protagonistas duerman bajo la lluvia. El domingo, la Policía Nacional decidió que era el momento de 'limpiar' Los Rosales, el Poblado de Regulares y las naves del Tarajal. El resultado fue un operativo que sacó a 500 personas de la calle, de las cuales casi la mitad eran niños. Unos 200 menores fueron retirados del Tarajal, pero el destino final no fue una cama, sino el Paseo de Colón. Imaginen la escena: más de 50 chavales pasando la noche frente a la Jefatura Superior de Policía, como quien espera la apertura de una tienda en rebajas, pero con carteles que rezan «Soy menor» y el frío calando los huesos. A las 10:00 del lunes, los agentes empezaron a dejarlos entrar en grupos de diez, como si estuvieran gestionando la cola de un banco, para filiarlos antes de mandarlos a alguno de los once centros de acogida de la ciudad. Lo absurdo es que, mientras el delegado del Gobierno, David De la Encina, presume de cifras, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, soltó la bomba: esos niños podrían haber dormido en un centro porque había sitio. O sea, que la burocracia del 'papelito' pesó más que el sentido común y la lluvia. Mientras tanto, el ping-pong político entre Vivas y Fernando Grande-Marlaska sigue su curso. Marlaska dice que Ceuta no hace los deberes; Vivas responde que el Gobierno central es el que no sabe negociar con Marruecos, lanzando un dato que dinamita cualquier narrativa de eficiencia: solo 160 expedientes de repatriación iniciados de un universo de entre 3.500 y 4.000 menores. En resumen, los niños son el balón en un partido donde los jugadores se pelean por quién tiene la culpa mientras los menores esperan en la acera.
Parece que en algunos consulados españoles el rigor administrativo ha pasado a ser una sugerencia opcional, algo parecido a cuando ignoramos los términos y condiciones de una app. Manos Limpias, con Miguel Bernad Remón al mando, ha lanzado una piedra el pasado 14 de octubre que ha aterrizado directamente en la Fiscalía Anticorrupción. El motivo: nueve responsables consulares en Cuba, Argentina, México y Venezuela que, presuntamente, han gestionado la 'Ley de Nietos' con la ligereza de quien firma un ticket de parking. La denuncia apunta a que en La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas se han aceptado fotocopias como si fueran el Santo Grial, saltándose verificaciones básicas. Es la burocracia en modo 'fast track': nacionalidades concedidas sin mirar si el árbol genealógico era real o un invento de última hora. En el centro del tablero aparece Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, quien el 25 de octubre de 2022 firmó la instrucción que flexibilizó la presunción de exilio entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Para Manos Limpias, esto es como intentar ampliar la capacidad de un vaso echándole agua con un embudo: una instrucción administrativa no puede inflar los derechos de una ley. El ruido llega justo cuando el Tribunal Supremo pone la lupa sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones, que afectan a unos 163.000 españoles residentes en el extranjero. Con las generales del 29 de noviembre en el horizonte, el censo electoral se ha convertido en el campo de batalla. Mientras el Defensor del Pueblo pelea en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía deberá decidir si los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal tienen que aplicarse a quienes confundieron la diplomacia con una agencia de viajes express hacia la ciudadanía española.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras buscas la correa. En el Estrecho, el juego es más rudo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, el buque 'Mar Caribe' juega al repartidor de Amazon, pero con combustible y agua potable para los puestos militares en Alhucemas y las Islas Chafarinas. Un despliegue logístico que, para Rabat, no es más que un recordatorio molesto de que España sigue plantando la bandera en zonas que Marruecos desea como quien desea el último trozo de tarta en una cena familiar. El 'Mar Caribe' no es un crucero de lujo; es un bicho de 1.860 toneladas, 57 metros de eslora y 11,8 metros de manga que sale de Cádiz para que los soldados no pasen sed ni se queden sin gasoil. Desde enero de 2010, este barco ha sido el pulmón de las posiciones en el norte de África y las islas Alborán, haciendo el trabajo sucio tras la retirada de dos buques especializados. Es una rutina militar, sí, pero en el tablero geopolítico nada es rutina. El timing es la clave del sarcasmo. El movimiento coincide con las visitas del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, un paseo institucional que en Rabat se lee como un desafío. Lo curioso es el silencio actual de Marruecos. No es el mismo ruido que hubo en 2007, cuando la visita del rey Juan Carlos terminó con la retirada del embajador marroquí de Madrid. Ahora callan, pero observan cada nudo marinero y cada litro de combustible que desembarca el 'Mar Caribe'. Saben que, en este tablero, el suministro es la mejor forma de decir: 'Aquí seguimos y no nos movemos'.
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