Crítica:
La noticia es un despliegue de oportunismo político disfrazado de urgencia administrativa. El texto original omite la viabilidad real del encaje jurídico, vendiendo una intención como un hecho consumado.
El Gobierno valora llevar la condonación de la deuda autonómica a la Diputación Permanente antes del 29-N
Sánchez borra 83.000 millones: el sablazo electoral
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La 'cloaca' del PSOE: audios y saunas
Hay quien se toma cinco días para meditar sobre el sentido de la vida; Pedro Sánchez se los tomó para montar un centro de mando. Mientras el país se preguntaba si el presidente tiraba la toalla el 24 de abril de 2024, tras el sablazo judicial del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, en la calle Ferraz se estaba cocinando una receta mucho más turbia que un caldo de juzgado. La jugada era sencilla: transformar un problema de tráfico de influencias y corrupción en los negocios —con la trama Koldo y Air Europa como telón de fondo— en una guerra de guerrillas mediática. El despliegue fue digno de una película de espías de bajo presupuesto. El 25 de abril, la 'fontanera' Leire Díez entró en la sede del PSOE escoltando a Patricia López y Javier Pérez Dolset, saltándose los controles de seguridad como quien entra en su propia cocina. Sobre la mesa no había propuestas legislativas, sino 14 terabytes de audios filtrados por el eterno Villarejo. La oferta era tentadora: munición pesada para contraatacar, incluyendo grabaciones en saunas y despachos, donde el nombre de Óscar López aparecía buscando cómo dinamitar al jefe. Santos Cerdán, lejos de asustarse por la procedencia del material, vio en esos archivos la oportunidad perfecta para 'dar la vuelta a la tortilla'. La operación 'Salvar al soldado Sánchez' no fue gratis. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para llegar a fin de mes, la UCO ha detectado que Leire Díez se embolsó 43.225 euros por sus servicios de 'consultoría'. Una ingeniería financiera curiosa que utilizó a Gaspar Zarrías y un bufete cercano al partido para camuflar el pago. Al final, la reflexión terminó el lunes con un Sánchez renovado, pero dejando atrás una estela de intentos de desacreditar a jueces y fiscales que huele peor que el agua estancada.
RTVE paga miles para echar conejos
Hay que tener una imaginación desbordante para gestionar el dinero público, pero RTVE acaba de subir la apuesta. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con el mismo pavor que quien abre una carta del juzgado, la corporación ha decidido que sus conejos silvestres en Las Rozas-Majadahonda necesitan una gestión profesional. No cualquiera puede echar a un orejudo de un jardín, y para ello han montado un despliegue burocrático digno de una misión a Marte. El expediente S-03050-2026 es la joya de la corona: un recinto de 269.547 metros cuadrados —unas 27 hectáreas donde los conejos probablemente vivían mejor que muchos alquileres en Madrid— que requería una limpieza profunda. RTVE salió al mercado el 7 de julio con un presupuesto máximo de 10.000 euros sin IVA, demostrando que en el mundo de las licitaciones, el 'por si acaso' tiene un precio elevado. Al final, el 16 de julio, la empresa ADDA OPS SA se llevó el gato (o el conejo) al canto con una oferta de 6.000 euros antes de impuestos. Un ahorro del 40% que seguramente hará que algún auditor suspire de alivio mientras se toma un café pagado con canon. Lo más fascinante es la meticulosidad del pliego. No basta con espantarlos; hay que gestionar 'cadáveres y restos biológicos'. Básicamente, han contratado un servicio de limpieza forense para lagomorfos. Para adjudicar este banquete, se pelearon tres empresas: IBERAVEX SL (6.450 euros) y UCRA Control de Fauna SL (8.200 euros), que quedaron fuera porque en este juego el precio es el único dios. El contrato, que dura 150 días y puede alargarse hasta finales de 2026, incluye penalizaciones del 10% si alguien olvida recoger un conejo muerto. Porque claro, dejar un resto biológico en 27 hectáreas sería una negligencia imperdonable para la televisión pública.
Lucha por la vivienda con ático y cuadra
Hay una poesía casi surrealista en convocar una huelga general el 11 de noviembre para pedir 'viviendas dignas' cuando tu propio inventario inmobiliario parece el catálogo de un señorito del siglo XIX. Mientras el trabajador medio hace malabares con la hipoteca y reza para que el casero no le suba el alquiler, Pepe Álvarez, el timonel de UGT, gestiona su patrimonio con la tranquilidad de quien sabe que el suelo no se mueve bajo sus pies. Empecemos por el plato fuerte: un ático dúplex de 132 metros cuadrados en el barrio de Gracia, Barcelona. Una joya tasada en 498.180 euros que adquirió en 1992, cuando ya estaba en la directiva del sindicato. Para el ciudadano de a pie, medio millón de euros es un sueño inalcanzable o una deuda eterna; para Álvarez, es solo una nota simple en el Registro de la Propiedad, complementada con una plaza de garaje para que el coche no pase frío. Pero la verdadera 'humildad' sindical se despliega en Asturias. En 2017, justo después de coronarse como secretario general, Álvarez decidió expandir sus horizontes en Belmonte de Miranda. No se limitó a una casita de pueblo de 60 metros con cuadra —que ya es un lujo—, sino que se hizo con cinco parcelas que suman 9.261 metros cuadrados. Hablamos de extensiones de 2.968, 2.352, 1.650, 1.400 y 891 metros cuadrados. Es decir, tiene más tierra que algunos municipios pequeños. La paradoja es deliciosa: el hombre que pide limitar el alquiler y la compra de viviendas desde la comodidad de sus fincas libres de cargas. Convocar una huelga a dos días de la campaña electoral del 29 de noviembre suena a estrategia política, pero hacerlo con un imperio de parcelas y un ático en Gracia suena a broma de mal gusto. La lucha por el techo es sagrada, pero es más fácil gritar 'vivienda para todos' cuando ya tienes el mapa de Asturias y Barcelona bien asegurado.
Sindicatos peleados: el SLT planta la huelga
En el tablero del sindicalismo, donde las banderas suelen ondear al mismo ritmo, ha saltado un fusible. El Sindicato Libre de Transporte (SLT) ha decidido hacerle un 'ghosting' monumental a CCOO y UGT, negándose a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre. La jugada es sencilla: mientras los gigantes sindicales preparan el despliegue, el SLT se pregunta, con una ironía que corta, ¿por qué ahora? La respuesta parece estar en el calendario, ese viejo cómplice de la política, ya que la proximidad de las elecciones generales huele más a estrategia de campaña que a lucha obrera. El SLT no se ha guardado nada. Ha soltado que ocho años de respuestas insuficientes frente al drama de la vivienda son el verdadero currículum de CCOO y UGT. Para el trabajador medio, que ve cómo el alquiler se come su nómina como si fuera un buffet libre, que le pidan dejar de trabajar justo antes de votar parece un chiste de mal gusto. Es el clásico caso de querer arreglar el grifo cuando la casa ya está inundada y el dueño se prepara para las elecciones de la comunidad. La cosa se pone fea cuando el SLT menciona el 'dudoso encaje jurídico' de la convocatoria. Básicamente, sugieren que si la huelga es un peón electoral y no una herramienta laboral, el fundamento legal se vuelve tan delgado como el papel de fumar. Saben que ir a la huelga no es gratis; para quien ya hace malabares para llegar a fin de mes, perder un día de salario es un sablazo que no se puede ignorar. En definitiva, el SLT ha decidido que prefiere defender la dignidad del trabajador sin que el calendario electoral le dicte el paso, dejando a los grandes sindicatos en una posición incómoda: la de quienes confunden la plaza pública con un mitin partidista.
Marruecos vacía cárceles: indultos y 'regalitos'
Hay quien dice que la generosidad es una virtud, pero cuando Mohamed VI decide limpiar las cárceles a ritmo de oferta de Black Friday, la cosa huele a estrategia. Entre junio de 2019 y agosto de 2026, el monarca ha soltado a 74.633 condenados. No es un error de dedo en la calculadora; es una política de puertas abiertas que hace que el concepto de 'sentencia judicial' en Rabat sea tan flexible como un chicle. Lo verdaderamente fascinante es el calendario. Mientras Pedro Sánchez presume de una 'cooperación ejemplar' con Rabat, la grifería de los indultos se ha abierto a lo bestia. En 2022 eran 4.885 personas; para 2025 la cifra saltó a 26.189. Es decir, en tres años el perdón real se ha multiplicado por cinco. Es como si el Rey hubiera decidido que el espacio en las celdas era un lujo innecesario justo cuando España le daba la llave de la frontera sur. Pero vamos al grano, que aquí está el sablazo. El terrorismo ya no es una línea roja, sino una sugerencia. En 2025 indultaron a 46 extremistas, y en lo que va de 2026 ya van 69. Para que nos entendamos: de los 677 condenados por terrorismo que había en julio, uno de cada diez ha salido a pasear gracias al programa Moussalaha, donde basta con decir que ahora quieres a las instituciones para recuperar la libertad. Casos como el de Abdelkader Belliraj, condenado a perpetua y libre en 2025, son la joya de la corona de esta ingeniería social. Y para rematar el combo, el 19 de agosto de 2024, el Rey borró el expediente a 4.831 cultivadores de cannabis. Un gesto 'industrial' que coincide con que las incautaciones de hachís en España, tras caer un 44% en 2024, repuntaran un 29% en 2025 hasta las 257 toneladas. La Moncloa mira hacia otro lado mientras el socio del Estrecho juega al Monopoly con la seguridad europea.
España: 4 de cada 10 votantes cobran
España ha montado un sistema donde el Estado no es solo el árbitro, sino el cajero automático de casi la mitad de los que votan. Según los cálculos de La Bandera, unos 16,3 millones de personas —el 42,1 % de un censo de 38,7 millones— viven pegados al grifo público. No es que sea un dato sorprendente, es que es una arquitectura electoral fascinante: cuatro de cada diez electores cobran pensiones, ayudas o nóminas del Estado. Si desglosamos la factura, el grupo más gordo son los pensionistas contributivos con 9.537.978 personas, a los que se suman 720.276 de Clases Pasivas y 469.709 de pensiones no contributivas. Es un ejército de más de 10,7 millones que miran el calendario de revalorizaciones con más nervios que un estudiante en junio. Luego tenemos a los 3.646.900 empleados públicos (según la EPA del segundo trimestre de 2026), que son los que mantienen la maquinaria funcionando mientras cobran el sueldo de nuestros impuestos. Para rematar el cuadro, sumamos a 1.896.142 personas en paro y 1.647.502 adultos con el Ingreso Mínimo Vital. Claro que aquí hay truco: La Bandera ha tenido que aplicar un 'ajuste hipotético' del 9 % para no contar dos veces al mismo ciudadano que, como dice la AIReF, a veces combina el IMV con otras ayudas. Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, este dato es oro puro. No es que el votante sea un robot programado por la transferencia mensual, pero es difícil pedirle a alguien que vote a favor de cerrar el grifo cuando el grifo es el que paga el alquiler o la compra del mes. Es la paradoja española: el Estado es el mayor empleador y el mayor soporte, convirtiendo el censo electoral en una hoja de excel de pagos públicos.
Sánchez y el 'estilo Trump': ¿autoatentado viral?
Estamos en esa época del año donde la política española deja de ser un debate sobre el precio del aceite para convertirse en un guion de serie B de Netflix. A escasas semanas del 29 de noviembre, la precampaña ha decidido saltarse el paso de las promesas vacías para entrar directamente en el terreno de la ciencia ficción. La trama: un supuesto autoatentado del presidente Pedro Sánchez para salvar los muebles en las urnas. Todo empezó con Lucía Etxebarría, la Premio Planeta que, con la misma ligereza con la que uno elige el menú del día, lanzó un tuit advirtiendo que 'corre el rumor' de que Sánchez fingirá un ataque. Sin pruebas, sin fuentes, solo el 'lo dejo aquí por si acaso'. Es la nueva moneda de cambio digital: lanzar la piedra y dejar que el algoritmo haga el resto del trabajo sucio. La cosa escaló rápido, con usuarios prediciendo que el presidente se hará 'un Trump', imitando el episodio del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde Donald Trump sobrevivió a un tirador. La teoría es sencilla: salir indemne, culpar a la derecha y jugar la carta del mártir mientras el resto del país intenta cuadrar la cuenta bancaria. En medio de este delirio colectivo, donde la desconfianza es el único dato sólido, aparece la conmoción por el fallecimiento de Maricarmen, sumando más gasolina a un incendio que ya no busca soluciones, sino clics. Mientras tanto, los problemas reales de los españoles quedan relegados a un segundo plano, sepultados bajo una montaña de hipótesis sin respaldo público. Al final, nos venden una conspiración de película mientras nosotros seguimos pagando la entrada de un cine que ya no sabemos quién dirige.
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