El texto es un ejercicio de contraste brillante, aunque peca de optimismo al asumir que el Gobierno español realmente ignora los datos. La correlación entre indultos y seguridad es evidente, pero le falta profundizar en la presión diplomática real.
Hay quien dice que la generosidad es una virtud, pero cuando Mohamed VI decide limpiar las cárceles a ritmo de oferta de Black Friday, la cosa huele a estrategia. Entre junio de 2019 y agosto de 2026, el monarca ha soltado a 74.633 condenados. No es un error de dedo en la calculadora; es una política de puertas abiertas que hace que el concepto de 'sentencia judicial' en Rabat sea tan flexible como un chicle. Lo verdaderamente fascinante es el calendario. Mientras Pedro Sánchez presume de una 'cooperación ejemplar' con Rabat, la grifería de los indultos se ha abierto a lo bestia. En 2022 eran 4.885 personas; para 2025 la cifra saltó a 26.189. Es decir, en tres años el perdón real se ha multiplicado por cinco. Es como si el Rey hubiera decidido que el espacio en las celdas era un lujo innecesario justo cuando España le daba la llave de la frontera sur. Pero vamos al grano, que aquí está el sablazo. El terrorismo ya no es una línea roja, sino una sugerencia. En 2025 indultaron a 46 extremistas, y en lo que va de 2026 ya van 69. Para que nos entendamos: de los 677 condenados por terrorismo que había en julio, uno de cada diez ha salido a pasear gracias al programa Moussalaha, donde basta con decir que ahora quieres a las instituciones para recuperar la libertad. Casos como el de Abdelkader Belliraj, condenado a perpetua y libre en 2025, son la joya de la corona de esta ingeniería social. Y para rematar el combo, el 19 de agosto de 2024, el Rey borró el expediente a 4.831 cultivadores de cannabis. Un gesto 'industrial' que coincide con que las incautaciones de hachís en España, tras caer un 44% en 2024, repuntaran un 29% en 2025 hasta las 257 toneladas. La Moncloa mira hacia otro lado mientras el socio del Estrecho juega al Monopoly con la seguridad europea.
Mallorca tiene un modelo de negocio fascinante: en verano, el paraíso del lujo; en invierno, un buffet libre de inmuebles vacíos para quien tenga la llave maestra o el valor de saltar una valla. El hotel Elegance, en la calle Gerona de s’Arenal, ha pasado de recibir turistas a albergar a un grupo de magrebíes y rumanos que han decidido que el concepto de 'estancia gratuita' es la mejor oferta de la temporada. Mientras el vecino de Llucmajor intenta dormir, el hotel se ha convertido en un club de debate nocturno a base de gritos y peleas, transformando la tranquilidad de una calle estrecha paralela a la avenida de Europa en una zona de guerra doméstica. La Guardia Civil y la Policía Local de Llucmajor juegan al gato y al ratón, desplazándose al inmueble en repetidas ocasiones, pero con la eficacia de quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Es el eterno retorno mallorquín. Ya lo vimos en enero de 2025 con el aparthotel Sol y Mar de Cala Bona, donde Jaume Bauzá tuvo que ir a hacer acto de presencia para que los okupas, mágicamente, decidieran marchar el 18 de enero. O el Bellevue en Puerto de Alcudia, concretamente en el edificio Neptuno II, que en febrero de 2025 sirvió de ejemplo de lo que pasa cuando un hotel cierra y el Estado mira hacia otro lado. Incluso en s’Arenal ya tenían el antecedente del antiguo horno Joan Tomàs en la calle Marineta, donde un grupo de argelinos se instaló en junio de 2024 hasta que el Ayuntamiento decidió que la mejor solución arquitectónica era tapiar los accesos. Al final, el hotel Elegance es solo el último eslabón de una cadena de inmuebles que, al cerrar la persiana, se convierten en hoteles sociales autogestionados, donde el único check-out es cuando la presión vecinal se vuelve insoportable.
España ha montado un sistema donde el Estado no es solo el árbitro, sino el cajero automático de casi la mitad de los que votan. Según los cálculos de La Bandera, unos 16,3 millones de personas —el 42,1 % de un censo de 38,7 millones— viven pegados al grifo público. No es que sea un dato sorprendente, es que es una arquitectura electoral fascinante: cuatro de cada diez electores cobran pensiones, ayudas o nóminas del Estado. Si desglosamos la factura, el grupo más gordo son los pensionistas contributivos con 9.537.978 personas, a los que se suman 720.276 de Clases Pasivas y 469.709 de pensiones no contributivas. Es un ejército de más de 10,7 millones que miran el calendario de revalorizaciones con más nervios que un estudiante en junio. Luego tenemos a los 3.646.900 empleados públicos (según la EPA del segundo trimestre de 2026), que son los que mantienen la maquinaria funcionando mientras cobran el sueldo de nuestros impuestos. Para rematar el cuadro, sumamos a 1.896.142 personas en paro y 1.647.502 adultos con el Ingreso Mínimo Vital. Claro que aquí hay truco: La Bandera ha tenido que aplicar un 'ajuste hipotético' del 9 % para no contar dos veces al mismo ciudadano que, como dice la AIReF, a veces combina el IMV con otras ayudas. Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, este dato es oro puro. No es que el votante sea un robot programado por la transferencia mensual, pero es difícil pedirle a alguien que vote a favor de cerrar el grifo cuando el grifo es el que paga el alquiler o la compra del mes. Es la paradoja española: el Estado es el mayor empleador y el mayor soporte, convirtiendo el censo electoral en una hoja de excel de pagos públicos.
Estamos en esa época del año donde la política española deja de ser un debate sobre el precio del aceite para convertirse en un guion de serie B de Netflix. A escasas semanas del 29 de noviembre, la precampaña ha decidido saltarse el paso de las promesas vacías para entrar directamente en el terreno de la ciencia ficción. La trama: un supuesto autoatentado del presidente Pedro Sánchez para salvar los muebles en las urnas. Todo empezó con Lucía Etxebarría, la Premio Planeta que, con la misma ligereza con la que uno elige el menú del día, lanzó un tuit advirtiendo que 'corre el rumor' de que Sánchez fingirá un ataque. Sin pruebas, sin fuentes, solo el 'lo dejo aquí por si acaso'. Es la nueva moneda de cambio digital: lanzar la piedra y dejar que el algoritmo haga el resto del trabajo sucio. La cosa escaló rápido, con usuarios prediciendo que el presidente se hará 'un Trump', imitando el episodio del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde Donald Trump sobrevivió a un tirador. La teoría es sencilla: salir indemne, culpar a la derecha y jugar la carta del mártir mientras el resto del país intenta cuadrar la cuenta bancaria. En medio de este delirio colectivo, donde la desconfianza es el único dato sólido, aparece la conmoción por el fallecimiento de Maricarmen, sumando más gasolina a un incendio que ya no busca soluciones, sino clics. Mientras tanto, los problemas reales de los españoles quedan relegados a un segundo plano, sepultados bajo una montaña de hipótesis sin respaldo público. Al final, nos venden una conspiración de película mientras nosotros seguimos pagando la entrada de un cine que ya no sabemos quién dirige.
España se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven sin manual de instrucciones y el sentido común ha pedido la baja laboral. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado, en los despachos de Madrid se cocina una receta surrealista: Maricarmen Sánchez prepara el indulto para el Fiscal General del Estado. Es la definición perfecta de 'rascarse la espalda entre colegas', una ingeniería de favores que deja al resto de los mortales mirando el techo. Bajamos al terreno, donde la temperatura quema. En Sevilla, la movilización contra la nueva mezquita ha pasado de ser un debate urbanístico a un campo de batalla ideológico. No es solo cemento y cúpulas; es la sensación de que el barrio ya no reconoce su propio espejo. Mientras tanto, en Ceuta, la situación es un auténtico festival del absurdo. Juan Ruiz documenta que, tras más de dos meses de invasión, la ciudad parece el patio de recreo de quien quiera. La anécdota del invasor marroquí opinando sobre Pedro Sánchez es la guinda del pastel: el invitado que no fue llamado analizando al anfitrión que no sabe dónde ha dejado las llaves de casa. Para rematar la jornada, la Jueza Biedma ha tenido que soltar en el juzgado que el acoso ha cruzado la línea roja, llegando hasta el colegio de sus hijas. Cuando el miedo se cuela en la mochila de un niño, la justicia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una urgencia. Entre militares marroquíes infiltrados que juegan al escondite en Ceuta y la indignación de Marta Ganadera y sus vecinas contra Paco Álvarez y los 'progres' de En Boca de Todos, el país parece un grupo de WhatsApp donde todo el mundo grita y nadie lee. Ana Rosa Quintana cierra el círculo con un editorial contundente, porque claro, si no hay un grito final, parece que el día no ha sido productivamente caótico.
La Puerta del Sol ha dejado de ser el lugar donde los turistas se hacen fotos con el Oso y el Madroño para convertirse en un experimento social donde, según JUPOL, la radicalización ha pasado de ser un rumor a una realidad tangible. El 9 de octubre, Laura García soltó la bomba en el programa Horizonte de Cuatro: la acampada ya no es solo gente con pancartas, sino un caldo de cultivo donde conviven simpatizantes de Hamás, amantes de la okupación y la Coordinadora Juvenil Socialista —esa escisión del Movimiento Socialista con aroma a izquierda abertzale— que, según el reportaje de Rebeca Crespo, no temen pedir que se 'incendien las calles'. Pero lo verdaderamente surrealista no es quién acampa, sino cómo se gestiona el tablero. Mientras el ciudadano de a pie intenta cruzar la plaza sin que le salpique el conflicto, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) parecen estar jugando a la ruleta rusa operativa. Según García, la Delegación del Gobierno ha dejado a los antidisturbios 'vendidos'. Imaginen que intentan cocinar una cena familiar pero no saben si tienen gas, si hay sartenes o si la cocina está ardiendo; así trabajan los agentes: a ciegas, sin instrucciones operativas y sin planificación. La hipocresía es deliciosa: en los despachos se habla de derechos fundamentales, pero en el asfalto, el mensaje que llega a los violentos es que pueden hacer lo que quieran. Marlaska, desde su atril, parece haber olvidado que la seguridad no es un concepto abstracto que se gestiona con PowerPoints, sino un derecho que se defiende con órdenes de servicio claras. Al final, entre la falta de mando y el envalentonamiento de los radicales, los policías de la UIP se han convertido en el escudo humano de una gestión política que prefiere mirar hacia otro lado mientras la plaza se calienta.
La DGT cumple 67 años y, en lugar de celebrar el pastel, se encuentra con que el invitado de honor —el conductor— ha dejado de saludarla. Desde su nacimiento el 30 de julio de 1959 como Jefatura Central de Tráfico, el organismo ha pasado por 14 directores generales. Entre ellos, Pere Navarro se llevó la medalla al más veterano con 16 años al mando, aunque probablemente también el trofeo al más odiado por quienes pagan las multas. La estrategia ha sido clara: gestionar el asfalto a base de sablazos y represión. Pero el problema de basar tu autoridad solo en la cartera ajena es que, llega un punto, la gente simplemente deja de tener miedo. El resultado es una insumisión silenciosa que hace que las nuevas normas parezcan sugerencias opcionales. Tomemos la baliza V16: un fiasco monumental donde menos del 50% de los conductores se han molestado en comprarla. La ingeniería financiera del pánico no funcionó tan bien que una de las empresas fabricantes acabó en preconcurso de acreedores. Es el mismo cuento con los patinetes; desde principios de año obligan al registro y seguro, pero ni el 10% cumple. Los ayuntamientos ahora tienen los almacenes llenos de chatarra confiscada porque nadie quiere jugar según las reglas. Mientras tanto, el móvil sigue pegado a la oreja hasta que el coche ve el uniforme. Y es que el uniforme escasea. La Agrupación de Tráfico sobrevive con menos de 9.000 agentes cuando hacen falta 11.000 para que España no sea un mapa de zonas liberadas. Hay demarcaciones que son auténticos desiertos de patrullas. Incluso los ayuntamientos, que suelen ser los primeros en obedecer por miedo al presupuesto, ya ningunean la norma de eliminar la posición ámbar y el verde peatón simultáneos. Dinero y tiempo, dicen. Traducción: 'haz lo que quieras, que ya no te creemos'.
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