Crítica:
El texto original es un bombardeo de sospechas con un sesgo evidente, aunque los datos del CERA son el verdadero núcleo del escándalo. Mezcla la gestión administrativa con la intención criminal sin presentar la contraparte del Ministerio.
La Ley de Nietos permitirá dar el derecho a voto ‘sine die’ a los descendientes de emigrantes del siglo XIX...
Pasaportes 'fantasma' y el pucherazo de los nietos
Otros artículos
Bono: mansión, pucherazos y urbanismo creativo
Hay quien dice que el patrimonio histórico es sagrado, pero para José Bono parece ser más bien una sugerencia flexible. El exministro ha convertido la antigua casa-taller del pintor Josep Tapiró en Tánger en un proyecto de ingeniería inmobiliaria que haría palidecer a cualquier promotor de la costa. No se limitó a comprar la propiedad en 2021; decidió que el cielo era el límite y le plantó una planta adicional en 2023, justo en el corazón de la medina, donde las restricciones urbanísticas suelen ser muros infranqueables para el ciudadano de a pie. Mientras el resto de los mortales peleamos con el ayuntamiento por cambiar una persiana, Bono se deslizó con la elegancia de quien conoce los pasillos del poder. Para lograr este 'palacete', no escatimó en gastos: madera de cedro, azulejos zellige y un ascensor turco que probablemente sube más rápido que las promesas electorales. El sablazo en la factura se estima entre 1,2 y 1,5 millones de euros. Pero el verdadero truco de magia fue la expansión horizontal: absorbió cuatro inmuebles colindantes, incluida la antigua Pensión Sevilla, disparando la superficie de 700 a más de 1.800 metros cuadrados. Todo este despliegue ocurrió bajo la mirada complaciente de Mounir Lymouri, el alcalde de Tánger que ahora decora una celda tras ser detenido por un 'pucherazo electoral' el pasado 23 de septiembre. Resulta casi poético que el hombre que presuntamente manipulaba papeletas en maletas fuera el mismo que daba el visto bueno para perforar la muralla histórica y conectar una futura red hotelera con el paseo marítimo. Como guinda al pastel, Bono disfrutó de un mes de 'estancia gratuita' en la residencia de la cónsul Aurora Díaz-Rato, con coche oficial incluido. Una gestión impecable: casa protegida, alcalde flexible y alojamiento público. Así se hace el imperio en el Magreb.
Menas de Ceuta: el Tetris del Gobierno
Gestionar una frontera parece, hoy en día, similar a organizar un reparto de pizzas: algunos reciben lo que pidieron y otros se quedan con la caja vacía. Tras la avalancha del 30 de julio, donde casi 80.000 personas decidieron que Ceuta era el lugar ideal para aterrizar, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar al Tetris demográfico. El resultado: 213 menores extranjeros no acompañados han sido repartidos por la Península, como quien distribuye folletos en un semáforo. Ángel Víctor Torres, el mando único de esta coreografía migratoria y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, presume de expedientes y protocolos. La aritmética es sencilla pero cínica. De esos 213, 69 menores han hecho el 'truco de la familia': alegar parientes en la Península para evitar el viaje de vuelta. El resto, 144 chavales, han sido trasladados bajo el amparo del artículo 5 del decreto de medidas de contingencia migratoria, una pieza legal que funciona como un pase VIP para saltarse la cola de la repatriación. Lo más desternillante ocurre con los ocho expedientes enviados para reagrupación en Marruecos. El Gobierno los lanza al aire sabiendo que no aterrizarán en ningún sitio; admiten internamente que el éxito de estas vueltas sería, literalmente, una noticia. Es la ingeniería del optimismo: enviar papeles sabiendo que el Reino Alauí probablemente pase de ellos. Además, han aplicado un 'triaje' por edad. A los más pequeños intentan devolverlos, pero a los de 16 o 17 años ya los dan por perdidos en el sistema. Es la lotería de la edad: si eres adolescente, tienes más papeletas para quedarte en España que para volver a casa, mientras el Ejecutivo sigue jugando a que todo está bajo control.
Sánchez y la vivienda: promesas en alquiler
Hay promesas que envejecen como el buen vino y otras que, como la ley de vivienda de Pedro Sánchez, se convierten en vinagre en la despensa del Estado. El 12 de septiembre de 2018, el presidente salió al Congreso con el pecho inflado, prometiendo una norma que blindaría la vivienda social y mandaría a paseo a los fondos buitre. En aquel entonces, el discurso era puro fuego: hablaba de garantizar la igualdad y de frenar la venta de casas públicas como quien promete limpiar la cocina el sábado y acaba el domingo viendo series. Sánchez puso el dedo en la llaga con la Comunidad de Madrid, denunciando que el PP y Ciudadanos habían regalado el parque público a los fondos de inversión. Las cifras eran un sablazo: 5.000 viviendas públicas que desaparecieron en el agujero contable de la especulación, repartidas entre 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y 2.935 del IVIMA. Prometió que la Abogacía General del Estado se personaría en el proceso penal y que no le temblaría la mano. Al final, la mano no tembló, pero parece que se quedó dormida durante ocho años. Llegamos a 2026 y la realidad es un jarro de agua fría. Mientras el caso de Maricarmen pone los pelos de punta a la opinión pública, el Gobierno intenta rescatar el mueble con dos decretos que el Congreso ha dinamitado este viernes. El 'decreto ómnibus' ha muerto por los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y la prórroga de alquileres ha sido fulminada sumando el rechazo del PNV y Coalición Canaria. Al final, lo que empezó como una cruzada contra los fondos buitre ha terminado siendo un ejercicio de equilibrismo político que huele, sospechosamente, a adelanto electoral.
Sánchez usa el CIS como oráculo electoral
Hay quien reflexiona en silencio y quien necesita que le lean el futuro en una hoja de cálculo. Pedro Sánchez está en ese limbo existencial donde no sabe si aguantar el tipo hasta 2027 o tirar la toalla y convocar elecciones el 29 de noviembre. Para ayudarle a decidir, Félix Tezanos ha despertado al CIS, que se ha puesto a hacer llamadas como quien hace inventario en una tienda que se va a la quiebra. El truco es brillante: entran por la puerta trasera hablando de la vivienda y el drama de Maricarmen, pero una vez que el ciudadano tiene el teléfono en la oreja, le sueltan un interrogatorio de más de 60 preguntas. Es como si te llamaran para preguntar si te gusta el pan y acabaran preguntándote dónde guardas las llaves de casa. Mientras el país intenta cuadrar la cuenta del supermercado, el CIS mide con una escala del 0 al 10 si irías a votar, a quién elegirías y quién es el 'menos malo' de la lista. Todo esto ocurre mientras Óscar Puente suelta viñetas que sugieren que el presidente está más noqueado que un boxeador en el decimosegundo asalto. La hipocresía es el plato del día: el Gobierno finge analizar decretos de vivienda —esos que el PP, Vox y Junts ya han mandado a la papelera— mientras en realidad están haciendo un estudio de mercado para ver si el producto 'Sánchez' sigue vendiendo o si es hora de liquidar el stock. Entre un Podemos que calienta la calle con el apoyo de los Antifascistas y un Sumar que ya no ve sentido a seguir jugando a las casitas si no pueden legislar, el presidente busca en los datos la excusa perfecta para su próximo movimiento.
Baliza V16: Seguridad vial o sablazo político
Hay un arte casi místico en la capacidad de la administración para convertir un gasto doméstico en una cuestión de principios políticos. Pere Navarro, el timonel de la DGT, ha salido a la luz pública con una perplejidad digna de un Oscar: no entiende cómo hay ciudadanos que se niegan a soltar entre 40 y 60 euros por la nueva baliza V16 solo porque la idea lleva el sello de Pedro Sánchez. Es fascinante. Para el Estado, que el ciudadano se gaste lo mismo que cuestan dos cenas modestas en un dispositivo con eSIM y GPS es un trámite lógico; para el bolsillo del conductor, es otro 'sablazo' más en la lista de la compra obligatoria. El dispositivo es una joya tecnológica que chiva tu posición a la plataforma DGT 3.0 cada 100 segundos, jubilando a los viejos triángulos que obligaban a jugar a la ruleta rusa en el arcén. Pero claro, la modernidad tiene un precio: si decides mantenerte fiel al plástico naranja de toda la vida, la multa es de 80 euros. Una ecuación sencilla donde el Estado gana siempre, ya sea por la venta del aparato (con su correspondiente IVA para Hacienda) o por la sanción. Pero la reforma no se queda en el gadget. Navarro ha decidido que la fluidez del tráfico es un lujo prescindible frente a la seguridad, eliminando esos cruces donde el peatón tenía verde y el coche ámbar. Además, han puesto la mira en los 'vulnerables'. Si vas en moto y te pillan con sandalias o sin guantes en carretera, prepárate para un tajo de 200 euros en la cuenta bancaria. A los ciclistas les han quitado la excusa del calor para no usar casco y a los riders se lo imponen por decreto. En resumen: más seguridad, más control y, sobre todo, más tickets de pago.
Campamentos en Ceuta: hotel barato y cárcel al lado
El Gobierno ha decidido que el mejor sitio para montar un nuevo campamento de inmigrantes es, precisamente, al lado de la cárcel de Fuerte Mendizábal. Una genialidad urbanística que sitúa el alojamiento a solo 420 metros de la frontera con Marruecos. Básicamente, han puesto la puerta de entrada y la salida de emergencia en el mismo pasillo, ignorando que los sindicatos de prisiones y la propia dirección del centro ya han gritado que esto es un riesgo de seguridad. La CSIF ha tenido que acudir a la Inspección de Trabajo porque, claro, mezclar la logística penitenciaria con un campamento improvisado es como intentar organizar una boda en medio de una manifestación: el caos está garantizado. Mientras Ángel Víctor Torres, el mando único de esta crisis, dice que la ubicación 'no es negociable' y que este será el último campamento, la realidad en la calle es otra. En Ceuta, el tejido social se deshilacha. Tenemos a cocineros obligados a pillar un ERTE porque sus bares han pasado de servir cafés a ser zonas inhabitables. Es la economía del 'no se puede trabajar'. Y mientras el Ejecutivo despliega una red de campamentos que parece el mapa de un festival de música —desde Loma Margarita y La Hípica hasta el Guano y las naves del Tarajal—, la gestión del personal es un chiste de mal gusto. El ministro Maslaska le ofrece a la policía una dieta de pernocta de 49 €, cuando cualquier hotel medio decente en la zona clava 130 €. Es como pedirle a alguien que se mude a una ciudad cara dándole el presupuesto para un menú del día. Al final, el Gobierno construye infraestructuras 'temporales' que huelen a permanentes, mientras los que mantienen el orden pagan la fiesta de su bolsillo y los comerciantes cierran la persiana.
Sánchez y Gómez: ocho casas y contando
Mientras la generación Z juega a la ruleta rusa con los alquileres y muchos treintañeros ven la emancipación como una leyenda urbana, en la cúspide del poder la realidad tiene otro color. Pedro Sánchez y Begoña Gómez navegan la crisis de vivienda con la tranquilidad de quien tiene el tablero completo. El matrimonio suma ocho propiedades: seis viviendas y dos plazas de garaje. Un inventario que hace que el decreto urgente de vivienda del Consejo de Ministros parezca, más que una solución, una broma de mal gusto escrita desde un ático. La ingeniería patrimonial recae principalmente en Begoña Gómez. Antes de los 35 años ya tenía tres pisos, una cifra que para el ciudadano medio suena a ciencia ficción. Entre sus activos destacan un apartamento de 181 metros en Pozuelo con piscina y un piso de 112 metros en la calle del Prado, el cual hipotecó en abril con el BBVA para rascar un préstamo de 240.000 euros. Pero el verdadero 'premio gordo' está en el horizonte: la herencia de su padre, Sabiniano Gómez, fallecido en junio de 2024. Entre inmuebles en Pozuelo y Majadahonda, Begoña podría sumar otras tres viviendas, rozando el título de 'gran tenedora' (más de diez inmuebles). El mapa inmobiliario es variado: desde el refugio de verano en Mojácar, comprado en 2013 con un sigilo casi quirúrgico para no manchar la imagen de Sánchez cuando aspiraba al mando del PSOE, hasta un piso de 80 metros en Aluche adquirido en 2005. Mientras el Gobierno intenta regular el mercado, la familia presidencial acumula metros cuadrados como quien colecciona sellos. Al final, la paradoja es deliciosa: el arquitecto de la ley de vivienda vive en un ecosistema donde la propiedad es el único refugio seguro contra la tormenta que él mismo describe en sus discursos.
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