Crítica:
El informe es quirúrgico, pero la gestión política es anémica. Es alarmante que la vulnerabilidad militar se exponga como un dato más mientras el riesgo es inminente.
Dos células yihadistas, una con orden de atentar, entraron en Ceuta con la avalancha
Yihadistas colados en Ceuta: el peligro invisible
Otros artículos
Botas del Ejército: socios con aroma a pucherazo
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en el mundo de las licitaciones públicas, el amor es, sobre todo, rentable. Mounir Lymouri, el alcalde de Tánger que acaba de aterrizar en el banquillo de los acusados por un presunto pucherazo electoral, resulta ser el socio 'invisible' que calza a nuestras tropas. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca una hipoteca, el Gobierno español soltó 17,1 millones de euros en el mayor contrato de botas militares de la historia reciente, adjudicado a la UTE formada por Calzados Robusta y FAL. La jugada es una obra maestra de la ingeniería financiera para principiantes. Lymouri no se limitó a poner la fábrica Abantic en Tánger; en febrero de 2011, con la astucia de quien sabe dónde sopla el viento, creó en Navarra la sociedad instrumental Abarca Internationale 2011 SL. Básicamente, le puso un 'disfraz' español a su negocio marroquí para que el papeleo fluyera sin fricciones. Poco después, vendió parte de sus participaciones a Calzados Robusta, sellando un matrimonio de conveniencia que hoy huele a cerrado. Lo más fascinante es que la oferta de FAL-Robusta fue tildada inicialmente de 'baja temeraria'. En lenguaje castizo: era tan barata que olía a chamusquina. Pero el Ministerio de Defensa, tras un análisis rápido, decidió que el precio era justo y mandó a paseo el recurso de Iturri, la empresa que hasta entonces suministraba las botas 'camel'. De esos 17,1 millones, ya se han disparado pedidos concretos por 5,76 millones de euros este año: 3,8 millones en febrero y otros 3,2 millones el 31 de julio. Un ritmo de gasto que haría palidecer a cualquier administrador de consorcio. Ahora, con el alcalde detenido, queda la duda: ¿seguirán marchando las botas o el contrato se quedará sin suela?
El Pollo Carvajal: compras secretas contra Zapatero
Imaginen que están en una celda de la prisión de Estremera, con el tiempo pasando lento y la soga de la extradición a EE. UU. apretando el cuello. Ahí está Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', el hombre que sabía dónde estaban enterrados todos los secretos del régimen de Chávez. En lugar de rezar el rosario, el exjefe de la DIM (2004-2011) y la DGCIM (2013-2014) decidió jugar al 'Mercado de Pulgas' de la inteligencia, redactando una carta manuscrita para comprar pruebas sobre el caso Morodo. No era filantropía; era una transacción de supervivencia. 'El Pollo' buscaba moneda de cambio para evitar que la DEA lo mandara a una cárcel yanqui por narcoterrorismo y vínculos con el Cártel de los Soles y las FARC. Básicamente, intentó usar la información sobre José Luis Rodríguez Zapatero como un 'vale de descuento' para conseguir el asilo político en España. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, Carvajal negociaba la compra de documentos sensibles para darle cuerpo a sus declaraciones ante la Audiencia Nacional. La ironía es deliciosa: el tipo entró a España en 2019 con un pasaporte falso a nombre de Adolfo José Mouriño Olsen (cortesía del CNI), fue cazado en 2021 y terminó siendo extraditado el 19 de julio de 2023, justo cuatro días antes de las elecciones generales. Se llevó los papeles comprados en la maleta hacia Estados Unidos, dejando a los jueces españoles con las ganas. Al final, la trama cerró el círculo con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra tras los datos de Rodolfo Reyes Rojas enviados por la HSI el 18 de marzo de 2026. Un tablero de ajedrez donde las piezas son espías, presidentes y maletines con papeles.
Marlaska: Enchufes en Brasil y caos en Ceuta
En el tablero del Ministerio del Interior, las piezas se mueven con una lógica que solo entienden quienes no tienen que patrullar la calle. Mientras la plantilla de la Policía en Ceuta sobrevive a base de café y horas extra, soportando una presión que haría temblar a cualquiera, Fernando Grande-Marlaska ha decidido aplicar la técnica del 'premio al círculo íntimo'. El detalle es exquisito: la pareja de Pedro Ferrer, el número dos de la Policía en Ceuta, ha sido catapultada al Consulado de España en Sao Paulo. Para el agente de a pie, que ve cómo su descanso es un mito urbano, este traslado a Brasil no es una gestión de recursos humanos, sino un billete dorado con una retribución económica que deja en ridículo cualquier incentivo salarial real. Pero el surrealismo no termina en el Atlántico. En Ceuta, el mando operativo ahora recae en Francisco López Gordo, un comisario general con un currículum peculiar: es el hombre que canceló un partido de la Selección sub-20 contra México el 30 de septiembre porque, según sus informes, no podía garantizar la seguridad en un estadio de 6.000 personas. Es la paradoja perfecta: el hombre que no puede controlar un campo de fútbol es el elegido para gestionar una ciudad con más de 20.000 ilegales y un caos operativo donde 70 policías tuvieron que contener a 4.000 personas el pasado 18 de septiembre, terminando con gente haciendo sus necesidades en las escolleras del puerto por falta de aseos. Mientras el SUP, con Ana María Alarcón a la cabeza, pide transparencia, la realidad es que los refuerzos llegan para blindar la caravana de Pedro Sánchez y no para cerrar la frontera. En Ceuta, la seguridad nacional parece manejarse como una lista de la compra mal redactada: se quita personal donde falta y se pone mandos que no saben coordinar dos equipos, todo mientras el presupuesto se escapa en 'premios' diplomáticos.
Maletas vacías y joyas reales: el 'estilo' Zapatero
Hay quien viaja para descubrir el mundo y quien, como Julio Martínez, alias 'Julito', viaja para hacer un vaciado de maletas express. El guion es digno de una película de serie B: entre diez y quince vuelos relámpago a Venezuela, siempre con el mismo kit de Samsonite negro. El patrón es tan absurdo que asusta: salía con las maletas a reventar y volvía vacío, sin siquiera tiempo de cambiarse la corbata o dormir una siesta en Caracas. Menos de 24 horas por viaje. Un servicio de mensajería humana que, según la Fiscalía Anticorrupción, no transportaba recuerdos, sino fajos de billetes que luego aterrizaban en cuentas extranjeras. Para el ciudadano medio, ahorrar 10.000 euros requiere una disciplina monacal; para Julito, esa cifra era el contenido de un sobre con anotaciones en chino. En diciembre de 2025, la Policía Nacional convirtió su casa en Madrid en un juego de 'busca el tesoro' financiero. Hallaron 286.070 euros escondidos en lugares donde uno normalmente guarda el detergente o el equipo de golf: 50.000 euros en un radiador (para mantener el dinero calentito, supongo), 74.900 euros en el baño y hasta 5.270 euros en un neceser. Una ingeniería financiera de nivel 'colchón'. Lo más jugoso es el timing. Mientras Plus Ultra absorbía 53 millones de euros en ayudas públicas a través del FASEE y la SEPI entre marzo y agosto de 2021, los vuelos de Julito se intensificaban en 2022. ¿La magia para saltarse el modelo S-1 de Hacienda? Un presunto 'pase VIP' facilitado por el comisario Jesús María Gómez Martín, jefe de Barajas. Y mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero intenta explicar que sus joyas de 1,3 millones de euros fueron un detalle afectuoso del rey Abdalá de Arabia Saudí. Todo muy natural, como quien recibe un paquete de galletas, mientras sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, esperan su turno para explicar el papel de What the Fav SL en este puzzle de blanqueo.
Banderas en Santiago: VIPs y relegados
Hay una aritmética del cariño muy curiosa en el Pazo de Raxoi. En el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el espacio en la fachada no se mide en metros cuadrados, sino en ideología. Mientras que la bandera de Palestina disfruta de un palco VIP en el centro del edificio desde hace más de un año, la de Ceuta ha tenido que conformarse con el rincón más oscuro de la fachada, como quien esconde una bolsa de basura el día que no pasa el camión. La historia es un manual de instrucciones sobre la hipocresía institucional. Primero, un edil del PP intentó colgar la bandera ceutí durante una concentración en la plaza del Obradoiro contra la invasión marroquí, pero la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, le aplicó un 'borrado rápido': la bandera duró exactamente treinta minutos. Media hora de visibilidad. Menos de lo que tarda uno en hacer la cola del súper un sábado por la mañana. Para evitar el desplante, el PP llevó la propuesta al Pleno. Los once diputados populares lograron que se aprobara, pero el PSOE y el BNG votaron en contra. Sí, han votado en contra de reconocer a Ceuta mientras mantienen el apoyo ferviente a Palestina bajo el pretexto de una 'comisión para visibilizar la situación terrible' del pueblo palestino. Es una gestión del espacio público muy creativa: para unos, un acuerdo del pleno y el centro de la escena; para otros, una votación obligada y el exilio a una esquina. Al final, el Pazo de Raxoi no es un consistorio, es un tablero de ajedrez donde el PSOE decide qué tragedias merecen el centro del escenario y cuáles pueden ir relegadas al margen, como una nota al pie de página que nadie quiere leer.
Ley de nietos: 600.000 nuevos españoles
España ha abierto el grifo de la ciudadanía y la marea es imparable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la burocracia para renovar un carné de conducir sin que le pidan el árbol genealógico completo, la 'ley de nietos' —oficialmente la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— está funcionando como una autopista sin peajes. Hasta el 31 de agosto, el Gobierno ya ha dado el visto bueno a 600.684 solicitudes. Sí, seiscientos mil aprobados. Para que nos entendamos: es como si hubieran llenado el Santiago Bernabéu siete veces y media con nuevos compatriotas que, hasta ayer, solo tenían el pasaporte español en los recuerdos de un abuelo. La maquinaria no descansa. De esos aprobados, 369.017 ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que significa que el tablero electoral se está moviendo mientras nosotros seguimos discutiendo por el precio del aceite. Pero el dato que realmente marea es la cola de espera: 1.317.108 solicitudes presenciales en consulados. Más de un millón de personas haciendo cola para entrar en el club. Desde el Ejecutivo, con una tranquilidad envidiable, aseguran que todo está bajo control y que la red consular se ha reforzado para que el sistema no colapse. Y sobre el ruido que hace Vox alertando sobre posibles trampas, la respuesta es un bostezo institucional: no hay fraudes. La Sección de Investigación de Fraude Documental no ha encontrado ni un solo papel mal puesto. Básicamente, nos dicen que el proceso es tan limpio que el único riesgo es que el Registro Civil se quede sin tinta. Una gestión impecable, dicen, mientras el CERA se infla como un globo en plena temporada de viento.
Sueldo sin trabajar: el premio a Ceuta
En el tablero del Gobierno de Pedro Sánchez, el concepto de 'mérito' parece haberse trasladado a una dimensión paralela donde la audacia para pedir favores es la competencia principal. El último movimiento es una joya del surrealismo administrativo: David de la Encina aterriza como delegado del Gobierno en Ceuta. No es un nombramiento cualquiera; es el rescate de un cuadro histórico que sabe navegar las aguas turbias del PSOE andaluz con la soltura de un delfín. Para quienes no recuerden el 'estilo' de De la Encina, retrocedamos a octubre de 2014. Mientras el ciudadano medio se rompe la espalda para que no le descuenten un euro en la nómina, el entonces coordinador de Diseño y Estrategias en Andalucía Emprende le lanzó un correo a Vanessa Bernad, la gerente de la entidad, con una propuesta tan descarada que roza el arte. El plan era sencillo: quería cobrar sus 47.933,56 euros anuales —un sueldo público que para muchos es el sueño de una vida— pero sin la molesta obligación de pisar la oficina. ¿El motivo? Que liderar la campaña para la alcaldía de El Puerto de Santa María requería 'presencia permanente en la calle', y claro, no podía permitirse el lujo de renunciar a su cheque mensual mientras hacía política. Lo más tierno es que no actuaba solo. Tenía el visto bueno de sus padrinos, Manuel Jiménez Barrios e Irene García, quienes debían hacer la vista gorda mientras sus compañeros de trabajo absorbían sus tareas. Cuando el escándalo estalló en 2019 y la corporación municipal pidió su dimisión, De la Encina aplicó la técnica del 'estaba ingenuo'. No era un defraudador, decía, sino alguien que simplemente no esperaba que alguien rebuscara en su correo. Ahora, tras salir por la puerta de atrás en 2023, Moncloa lo premia enviándolo a Ceuta, sustituyendo a Miguel Ángel Pérez Triano, quien se fue acorralado por el caos de la frontera y el ruido judicial de la Audiencia Nacional. El mensaje es claro: si sabes pedir el sueldo sin trabajar, siempre habrá un despacho con vistas al mar esperándote.
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