Crítica:
La noticia confunde la conveniencia administrativa con la afinidad política, basándose en chats anónimos para generalizar. Es un ejercicio de lectura de Telegram disfrazado de análisis sociológico.
La noticia confunde la conveniencia administrativa con la afinidad política, basándose en chats anónimos para generalizar. Es un ejercicio de lectura de Telegram disfrazado de análisis sociológico.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil para equiparar un collar de diamantes con una cesta de embutidos y quesos artesanos. Pero Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, lo ha hecho. Con una naturalidad pasmosa, el ministro ha comparado las joyas incautadas por la UCO en el despacho de Ferraz con una simple «caja de productos típicos para degustar». Básicamente, nos sugiere que recibir oro y piedras preciosas es como si te regalaran un pack de jamón y chorizo en Navidad: algo anecdótico, casi gastronómico. El protagonista del drama, José Luis Rodríguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011), ha intentado jugar la carta de la diplomacia frente al juez José Luis Calama, asegurando que el botín fue un obsequio del ya fallecido rey de Arabia Saudí durante una visita en 2007. Un detalle, claro. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para pagar la luz, en las altas esferas los regalos se miden en quilates y se justifican como 'cortesías internacionales'. Torres, en una entrevista con La Radio Canaria, ha aprovechado el incendio para proponer que haya que «regular» los regalos para que sean iguales en todas las administraciones. Una propuesta valiente, considerando que el propio ministro ha preferido hacer el vacío cuando le preguntaron si él se habría quedado con las joyas. El ruido de fondo es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, marco donde se mueve la investigación judicial. Al final, la narrativa es siempre la misma: esperamos a que el juez decida mientras nos venden que un diamante es, en realidad, un queso manchego muy brillante.
En el tablero político español, el desahucio de una ciudadana llamada Maricarmen ha sido la chispa para que Isabel Díaz Ayuso saque el artillero pesado. Mientras en La Moncloa se cocina un relato donde Madrid es la tierra del pecado inmobiliario, la presidenta madrileña ha decidido hacer cuentas rápidas en el foro 'Ideas para crecer' del Círculo de Empresarios. La aritmética es cruel: Ayuso sostiene que por cada persona que pierde su techo en Madrid, hay cinco haciendo maletas en la Cataluña de Salvador Illa y Pedro Sánchez. Los datos no mienten, aunque se usen como proyectiles. En 2025, España registró más de 24.000 desahucios, una cifra que para el ciudadano de a pie es un abismo, pero para el político es una estadística de ataque. Cataluña se lleva la palma del desastre con 6.814 lanzamientos, lo que supone el 27,8% del total nacional. Es decir, casi un tercio de los dramas habitacionales ocurren bajo el paraguas socialista, mientras Sánchez intenta pintar a Madrid como el epicentro del problema. Ayuso, con el sarcasmo afilado, ha recordado que los 25.000 desahucios anuales los ejecuta la Policía Nacional —que responde al Gobierno central— por orden judicial. Es la clásica jugada de quien te regaña por el desorden mientras él mismo ha dejado la puerta abierta durante ocho años sin tocar la ley. Mientras Sánchez se refugia en la ONU en Estados Unidos, evitando los micrófonos y los expedientes judiciales como quien esquiva un charco, Ayuso defiende su modelo de construcción libre y protegida. Al final, la vivienda se ha convertido en el nuevo campo de batalla donde el dinero público y la demagogia se dan la mano, dejando que el ciudadano siga sintiendo que pagar un alquiler es, básicamente, un deporte de riesgo.
Hay una gimnasia mental que ya quisiera cualquier atleta olímpico. Pedro Sánchez, en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, ha decidido que es el momento ideal para jugar al diccionario. Cuando un periodista se atreve a mencionar que a Begoña Gómez se le abre un juicio oral por tráfico de influencias y malversación, el presidente activa el modo 'corrector de estilo'. «Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez», sentenció. El matiz es, según él, fundamental. Es como si alguien te pillara con la mano en la masa y tú insistieras en que no eres 'el ladrón', sino 'el individuo que sostiene la masa'. Una pirueta semántica digna de un manual de supervivencia política. El problema es que intentar separar el cargo de la almohada es, a estas alturas, como querer quitarle el azúcar al café una vez que ya lo has bebido: imposible y ridículo. La hipocresía tiene un aroma penetrante. Mientras Sánchez insiste en el nombre propio para blindar la identidad, el Gobierno se comporta como un equipo de seguridad privada. El pasado martes, Elma Saiz utilizó la mesa del Consejo de Ministros —el altar sagrado de la gestión pública— para defender a Begoña Gómez a título individual. Es el clásico movimiento de 'yo no la conozco en el trabajo', pero 'ponemos toda la maquinaria del Estado a su servicio'. Lo más irónico es que el corazón del delito de tráfico de influencias late precisamente en ese vínculo. No se acusa a la ciudadana Gómez por sus méritos académicos, sino por ser la mujer del jefe. Intentar borrar el parentesco en una rueda de prensa es como intentar tapar el sol con un colador mientras el juicio oral ya está llamando a la puerta.
Hay quienes gestionan su agenda con Google Calendar y otros, como José Luis Rodríguez Zapatero, que manejan los tiempos judiciales con la soltura de quien cree que el reloj es una sugerencia. El expresidente prometió al juez del caso Plus Ultra resolver el misterio de su 'ajuar' en diez días máximo. Spoiler: no ocurrió. Se tomó su tiempo, probablemente mientras recordaba el brillo de aquellos rubíes, esmeraldas y zafiros que aparecieron en su despacho como quien encuentra un ticket del súper en el bolsillo de un abrigo viejo. La jugada es maestra en su descaro. El 16 de junio, justo un día antes de comparecer ante la justicia, Zapatero redactó una carta a la Corte Real de Arabia Saudí. No fue una nota formal; fue un ejercicio de lisonja casi poética donde 'ruega' que confirmen que tres juegos de joyería fueron un regalo personal del Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en junio de 2007. Es el equivalente político a pedirle a un exnovio que testifique que el collar de diamantes no es robado, pero con el protocolo de una monarquía absoluta de por medio. Para darle sabor, recordó la Conferencia Mundial sobre el Diálogo Interreligioso de julio de 2008, envolviendo la petición en una nube de 'respeto mutuo' y 'alta consideración'. Cuando el silencio saudí se prolongó, el 12 de agosto volvió a escribir, esta vez avisando que pediría una comisión rogatoria. Básicamente, le dijo a Riad: 'si no me hacéis el favor por las buenas, llamaré al juez para que os pregunte oficialmente'. Una ingeniería financiera de la memoria donde el lujo se justifica con la diplomacia y los plazos judiciales se tratan como si fueran una recomendación de lectura.
En el tablero político, hay una técnica muy depurada que consiste en inflar los globos antes de la foto y dejarlos desinflar en cuanto el flash deja de brillar. Fernando Grande-Marlaska ha intentado vendernos que la frontera de Ceuta es un búnker impenetrable con más de trescientos agentes antidisturbios, pero Laura García, portavoz de JUPOL, ha decidido hacer la auditoría de la calle. Y el resultado es un chiste de mal gusto. Resulta que la aritmética del Ministerio del Interior es creativa. Nos hablan de refuerzos, pero la realidad es que solo hay unos doscientos cuarenta componentes de la UIP y cuarenta y dos agentes de la UPR llegados de la península. El truco del almendruco consiste en solapar el relevo de las unidades el día 23: hacen que los que se van y los que llegan coincidan un momento para que la foto salga llena, como quien pone tres platos en la mesa para que parezca que hay banquete cuando en realidad solo hay un filete para compartir. Pero hay más. Esos agentes no son un ejército infinito; se dividen en tres turnos y hay que descontar a los que están durmiendo tras una guardia nocturna. Al final, si ocurre una invasión, la suma de Policía Nacional y Guardia Civil no llegaría ni a los seiscientos efectivos simultáneos. Es como intentar tapar una piscina con un colador. Para rematar la función, tenemos a tres mil quinientos militares mirando el paisaje. Están allí, sí, pero sin estado de emergencia no son agentes de la autoridad. Básicamente, son vigilantes de lujo que no pueden intervenir, generando una frustración que se huele desde Madrid. Mientras tanto, en Benzú esperan cuatrocientas personas de origen subsahariano, piezas de un juego geopolítico donde Marruecos mueve los hilos y Estados Unidos parece haber olvidado que España también vive en este lado del Estrecho.
En Talayuela, el AVE ya avanza desde Talavera de la Reina, pero el sentido común parece haber cogido el tren en dirección contraria. Durante veinte años, el pueblo ha gestionado la convivencia con una naturalidad envidiable, integrando a una población donde una cuarta parte nació en Marruecos desde aquel boom de temporeros del tabaco de 1991. Sin embargo, la política de despacho ha decidido que aprender el idioma de tus raíces es, ahora sí, una 'injerencia extranjera'. El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), vigente desde 1985 y pagado íntegramente por la Fundación Hassan II —es decir, coste cero para el contribuyente, que ya tiene bastante con la lista de la compra—, ha sido sacrificado en el altar del pacto entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola. El resultado es un vacío pedagógico en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, donde más de 200 alumnos se han quedado sin sus docentes. Lo más surrealista es el baile burocrático: los colegios, el Ayuntamiento y la Consejería intentaron un 'apaño' de última hora para salvar 17 horas de mediación y mover las 8 horas de lengua a aulas municipales. Un parche típico de quien intenta arreglar una tubería rota con celo. Pero el Ministerio de Educación, en un giro de ironía administrativa, ha tumbado la maniobra alegando que el convenio bilateral exige que todo ocurra dentro del centro. El Ministerio admite que esto dificulta la integración social, pero prefiere la pureza del reglamento al bienestar de los chavales. Mientras tanto, Madrid mantiene programas similares para búlgaros, rumanos o kazajos. Parece que el 'adoctrinamiento' solo es peligroso cuando el profesor viene del Magreb. Como bien dice Luis Alfonso Corrales, director del Gonzalo Encabo, donde el 60% del alumnado es marroquí: nos han dejado sin nada.
Gestionar un país es, al parecer, como organizar una cena familiar: lo importante no es que haya comida, sino que nadie se pelee por el mando de la tele. Pedro Sánchez ha decidido que marzo es zona prohibida para las elecciones generales. Mientras los alcaldes y líderes regionales le soplan al oído que adelanten el calendario antes de las municipales de mayo, en Moncloa han activado el radar de 'eventos incómodos'. El pánico no es una crisis económica ni el hecho de que Begoña Gómez tenga que sentarse en el banquillo. No. El verdadero terror es Gianni Infantino. El jefe de la FIFA se juega la reelección el 18 de marzo en Rabat y podría soltar la bomba: que la final del Mundial 2030 se juegue en Casablanca y no en el Bernabéu o el Camp Nou. Para el Gobierno, que una noticia así caiga en plena campaña sería como que te llegue el sablazo de la factura de la luz el día de tu cumpleaños: un golpe emocional que no saben cómo gestionar. Así, mientras la Constitución marca el final del mandato para el 23 de julio y la Loreg obligaría a convocar comicios el 22 de agosto como fecha límite, el Ejecutivo juega al Tetris con el calendario. Ignoran la presión de los Presupuestos y prefieren agotar la legislatura para evitar que el estadio Hassan II, ese monstruo de 115.000 asientos, se convierta en el monumento a su derrota diplomática. Mientras Milagros Tolón sigue vendiendo optimismo sobre la sede española, en los pasillos se sabe que Marruecos tiene los votos atados gracias a la ingeniería de Youssef Amrani y Fouzi Lekjaa. Al final, la política española se ha vuelto un partido de fútbol donde el miedo a un gol en contra de la FIFA pesa más que cualquier crisis migratoria en Ceuta.
Comentarios