Crítica:
La noticia es un ping-pong de acusaciones donde los datos se usan para blindar egos más que para solucionar el problema. Falta analizar si el aumento de desahucios en Cataluña se debe a leyes autonómicas o a la inacción del Estado.
La noticia es un ping-pong de acusaciones donde los datos se usan para blindar egos más que para solucionar el problema. Falta analizar si el aumento de desahucios en Cataluña se debe a leyes autonómicas o a la inacción del Estado.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras el animal te muerde el tobillo. En Melilla, el perro ahora vuela. Marruecos ha decidido jugar al gato y al ratón con el espacio aéreo español, enviando drones 'furtivos' que parecen más una provocación coreografiada que una simple patrulla de vigilancia. Mientras nosotros intentamos que el presupuesto público no se evapore en el aire, Rabat despliega juguetes tecnológicos de unos 15 kilogramos que han convertido el aterrizaje en Melilla en una ruleta rusa. El 18 de septiembre, la noche se iluminó con una luz blanca fija que no era una estrella, sino un dron no controlado en la senda de aproximación a la pista 33 de GEML. No fue un ensayo. El 22 de septiembre, la broma se repitió, obligando a un avión de Iberia procedente de Málaga a dar vueltas en el aire durante casi una hora. Imaginen la escena: pasajeros esperando aterrizar mientras un aparato de la Gendarmería marroquí hace elto en la pista, sin haber enviado el preceptivo Notam. Es como si un vecino decidiera aparcar su coche en medio de tu garaje sin avisar y luego te dijera que solo estaba 'vigilando que no entren ladrones'. La Delegación del Gobierno, con esa capacidad de hacer que un incendio parezca una vela aromática, restó importancia al asunto. Dicen que es para evitar saltos de inmigrantes. Pero la Guardia Civil no compra el cuento: los drones volaban a una altura anormal, entre 75 y 100 metros, justo donde las aeronaves bajan para superar la valla. Y mientras el Escuadrón de Vigilancia Aérea 9 (EVA 9) en Motril intenta coordinar seis cazas F-18 en los ejercicios Eagle Eye 26, los F-16 marroquíes hacen 'touch-and-go' en Alhucemas, mirando de reojo cómo nos organizamos. Lo más irónico es que, según fuentes militares, no tenemos el equipo técnico para derribar esos aparatos. Básicamente, nos están haciendo el baile y nosotros solo podemos mirar el radar.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil para equiparar un collar de diamantes con una cesta de embutidos y quesos artesanos. Pero Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, lo ha hecho. Con una naturalidad pasmosa, el ministro ha comparado las joyas incautadas por la UCO en el despacho de Ferraz con una simple «caja de productos típicos para degustar». Básicamente, nos sugiere que recibir oro y piedras preciosas es como si te regalaran un pack de jamón y chorizo en Navidad: algo anecdótico, casi gastronómico. El protagonista del drama, José Luis Rodríguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011), ha intentado jugar la carta de la diplomacia frente al juez José Luis Calama, asegurando que el botín fue un obsequio del ya fallecido rey de Arabia Saudí durante una visita en 2007. Un detalle, claro. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para pagar la luz, en las altas esferas los regalos se miden en quilates y se justifican como 'cortesías internacionales'. Torres, en una entrevista con La Radio Canaria, ha aprovechado el incendio para proponer que haya que «regular» los regalos para que sean iguales en todas las administraciones. Una propuesta valiente, considerando que el propio ministro ha preferido hacer el vacío cuando le preguntaron si él se habría quedado con las joyas. El ruido de fondo es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, marco donde se mueve la investigación judicial. Al final, la narrativa es siempre la misma: esperamos a que el juez decida mientras nos venden que un diamante es, en realidad, un queso manchego muy brillante.
Hay gente que reza por Pedro Sánchez, pero no por convicción ideológica, sino por puro pragmatismo administrativo. En los rincones oscuros de Telegram, miles de descendientes de españoles han montado una especie de 'ayuda mutua' para navegar el laberinto de la Ley de Memoria Democrática, la famosa Ley de Nietos. El pánico es real: saben que su pasaporte europeo pende de un hilo electoral. Para ellos, que el PP llegue al Moncloa no es una cuestión de gestión, es el fin de la fiesta. La jugada es sencilla. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, estos usuarios calculan los plazos de la ley como quien cuenta los días para que termine la hipoteca. Recuerdan con nostalgia el 3 de octubre de 2023, cuando Felipe VI designó a Sánchez como candidato; para muchos, aquello fue un salvavidas que les regaló un par de años más de margen. La Ley de Memoria Democrática, vigente desde el 21 de octubre de 2022, es el billete dorado que permite recuperar la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados, incluyendo a las mujeres que la perdieron al casarse antes de 1978. El contraste es delicioso. El Gobierno intenta vender que estos nuevos españoles no son precisamente militantes del PSOE, pero en los chats la afinidad es clara: el miedo a la derogación es el mejor pegamento político. Mientras tanto, la administración funciona al ritmo de una tortuga con reumatismo. Los consulados están tan desbordados que la gente pregunta en Telegram si han soltado citas hoy, como quien espera que abran las puertas de un concierto agotado. Hay solicitudes desde el 15 de julio que siguen en el limbo, demostrando que, en España, el papeleo es la única religión que nunca falla.
Hay una gimnasia mental que ya quisiera cualquier atleta olímpico. Pedro Sánchez, en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, ha decidido que es el momento ideal para jugar al diccionario. Cuando un periodista se atreve a mencionar que a Begoña Gómez se le abre un juicio oral por tráfico de influencias y malversación, el presidente activa el modo 'corrector de estilo'. «Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez», sentenció. El matiz es, según él, fundamental. Es como si alguien te pillara con la mano en la masa y tú insistieras en que no eres 'el ladrón', sino 'el individuo que sostiene la masa'. Una pirueta semántica digna de un manual de supervivencia política. El problema es que intentar separar el cargo de la almohada es, a estas alturas, como querer quitarle el azúcar al café una vez que ya lo has bebido: imposible y ridículo. La hipocresía tiene un aroma penetrante. Mientras Sánchez insiste en el nombre propio para blindar la identidad, el Gobierno se comporta como un equipo de seguridad privada. El pasado martes, Elma Saiz utilizó la mesa del Consejo de Ministros —el altar sagrado de la gestión pública— para defender a Begoña Gómez a título individual. Es el clásico movimiento de 'yo no la conozco en el trabajo', pero 'ponemos toda la maquinaria del Estado a su servicio'. Lo más irónico es que el corazón del delito de tráfico de influencias late precisamente en ese vínculo. No se acusa a la ciudadana Gómez por sus méritos académicos, sino por ser la mujer del jefe. Intentar borrar el parentesco en una rueda de prensa es como intentar tapar el sol con un colador mientras el juicio oral ya está llamando a la puerta.
Hay quienes gestionan su agenda con Google Calendar y otros, como José Luis Rodríguez Zapatero, que manejan los tiempos judiciales con la soltura de quien cree que el reloj es una sugerencia. El expresidente prometió al juez del caso Plus Ultra resolver el misterio de su 'ajuar' en diez días máximo. Spoiler: no ocurrió. Se tomó su tiempo, probablemente mientras recordaba el brillo de aquellos rubíes, esmeraldas y zafiros que aparecieron en su despacho como quien encuentra un ticket del súper en el bolsillo de un abrigo viejo. La jugada es maestra en su descaro. El 16 de junio, justo un día antes de comparecer ante la justicia, Zapatero redactó una carta a la Corte Real de Arabia Saudí. No fue una nota formal; fue un ejercicio de lisonja casi poética donde 'ruega' que confirmen que tres juegos de joyería fueron un regalo personal del Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en junio de 2007. Es el equivalente político a pedirle a un exnovio que testifique que el collar de diamantes no es robado, pero con el protocolo de una monarquía absoluta de por medio. Para darle sabor, recordó la Conferencia Mundial sobre el Diálogo Interreligioso de julio de 2008, envolviendo la petición en una nube de 'respeto mutuo' y 'alta consideración'. Cuando el silencio saudí se prolongó, el 12 de agosto volvió a escribir, esta vez avisando que pediría una comisión rogatoria. Básicamente, le dijo a Riad: 'si no me hacéis el favor por las buenas, llamaré al juez para que os pregunte oficialmente'. Una ingeniería financiera de la memoria donde el lujo se justifica con la diplomacia y los plazos judiciales se tratan como si fueran una recomendación de lectura.
En el tablero político, hay una técnica muy depurada que consiste en inflar los globos antes de la foto y dejarlos desinflar en cuanto el flash deja de brillar. Fernando Grande-Marlaska ha intentado vendernos que la frontera de Ceuta es un búnker impenetrable con más de trescientos agentes antidisturbios, pero Laura García, portavoz de JUPOL, ha decidido hacer la auditoría de la calle. Y el resultado es un chiste de mal gusto. Resulta que la aritmética del Ministerio del Interior es creativa. Nos hablan de refuerzos, pero la realidad es que solo hay unos doscientos cuarenta componentes de la UIP y cuarenta y dos agentes de la UPR llegados de la península. El truco del almendruco consiste en solapar el relevo de las unidades el día 23: hacen que los que se van y los que llegan coincidan un momento para que la foto salga llena, como quien pone tres platos en la mesa para que parezca que hay banquete cuando en realidad solo hay un filete para compartir. Pero hay más. Esos agentes no son un ejército infinito; se dividen en tres turnos y hay que descontar a los que están durmiendo tras una guardia nocturna. Al final, si ocurre una invasión, la suma de Policía Nacional y Guardia Civil no llegaría ni a los seiscientos efectivos simultáneos. Es como intentar tapar una piscina con un colador. Para rematar la función, tenemos a tres mil quinientos militares mirando el paisaje. Están allí, sí, pero sin estado de emergencia no son agentes de la autoridad. Básicamente, son vigilantes de lujo que no pueden intervenir, generando una frustración que se huele desde Madrid. Mientras tanto, en Benzú esperan cuatrocientas personas de origen subsahariano, piezas de un juego geopolítico donde Marruecos mueve los hilos y Estados Unidos parece haber olvidado que España también vive en este lado del Estrecho.
En Talayuela, el AVE ya avanza desde Talavera de la Reina, pero el sentido común parece haber cogido el tren en dirección contraria. Durante veinte años, el pueblo ha gestionado la convivencia con una naturalidad envidiable, integrando a una población donde una cuarta parte nació en Marruecos desde aquel boom de temporeros del tabaco de 1991. Sin embargo, la política de despacho ha decidido que aprender el idioma de tus raíces es, ahora sí, una 'injerencia extranjera'. El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), vigente desde 1985 y pagado íntegramente por la Fundación Hassan II —es decir, coste cero para el contribuyente, que ya tiene bastante con la lista de la compra—, ha sido sacrificado en el altar del pacto entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola. El resultado es un vacío pedagógico en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, donde más de 200 alumnos se han quedado sin sus docentes. Lo más surrealista es el baile burocrático: los colegios, el Ayuntamiento y la Consejería intentaron un 'apaño' de última hora para salvar 17 horas de mediación y mover las 8 horas de lengua a aulas municipales. Un parche típico de quien intenta arreglar una tubería rota con celo. Pero el Ministerio de Educación, en un giro de ironía administrativa, ha tumbado la maniobra alegando que el convenio bilateral exige que todo ocurra dentro del centro. El Ministerio admite que esto dificulta la integración social, pero prefiere la pureza del reglamento al bienestar de los chavales. Mientras tanto, Madrid mantiene programas similares para búlgaros, rumanos o kazajos. Parece que el 'adoctrinamiento' solo es peligroso cuando el profesor viene del Magreb. Como bien dice Luis Alfonso Corrales, director del Gonzalo Encabo, donde el 60% del alumnado es marroquí: nos han dejado sin nada.
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