Crítica:
La noticia es un resumen procesal correcto, pero omite el contexto previo de los fondos utilizados para ese puesto. Es un texto frío que deja la hipocresía en manos del lector.
Caso David Sánchez: recurren la sentencia para exigir 6 años de prisión al hermano del presidente y 4 a Gallardo
Hermano de Sánchez: ¿De inhabilitación a prisión?
Otros artículos
Hermano de Sánchez: ¿De inhabilitación a prisión?
Hay quien dice que en este país existen dos códigos penales: uno para los que hacen la cola del paro y otro para los que tienen el apellido adecuado. El caso de David Sánchez es el ejemplo perfecto de esa gimnasia jurídica. La Audiencia Provincial de Badajoz ya dejó claro que se montó un chiringuito con un puesto 'innecesario' para el hermano del presidente, pero la condena fue un simple 'estás suspendido' de 9 años de inhabilitación. Un castigo que, para alguien que no depende de un sueldo público, es como regañar a un niño por comerse un caramelo. Pero la Asociación Hazte Oír no ha comprado este relato de cortesía. Han recurrido la sentencia exigiendo que el tablero cambie: quieren 6 años de prisión para David Sánchez y 4 para Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz que se llevó 18 años de inhabilitación por prevaricación. No es una petición modesta; buscan que se incluya el tráfico de influencias, ese arte de mover hilos invisibles que convierte la administración pública en una agencia de colocación familiar. El recurso es quirúrgico. Divide la trama en bloques (A, B y C), pidiendo multas que doblen el beneficio obtenido. Es la traducción jurídica de decir: 'no basta con que no trabajes en el Estado, devuelve el dinero con intereses'. Mientras tanto, Gallardo sigue en el ojo del huracán con una nueva denuncia por la creación de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, un nombre pomposo para un puesto que, según la sentencia, no servía para nada más que para dar cobijo a Luis María Carrero y sus vínculos con el hermano del jefe del Gobierno. Al final, lo que está en juego no es solo una cifra de años en una celda, sino si el 'influjo' es un delito o simplemente una ventaja competitiva.
Tomates a precio de oro por boicot
Hay una ironía deliciosa, casi cruel, en el arte de intentar proteger el huerto propio poniéndole una valla demasiado alta: acabas pagando el tomate a precio de caviar. Mientras los grupos de presión agrícolas en España y Francia juegan al protectorado, el consumidor medio se encuentra con que llenar la cesta es ahora un deporte de riesgo. Los agricultores marroquíes, que observan la escena desde el otro lado del Estrecho, no pueden evitar una risa nerviosa. Saben que su producto es el motor silencioso de las fruterías europeas y que intentar borrarlo del mapa es como querer quitarle el azúcar al café: el resultado es amargo y caro. Los datos no mienten, aunque intenten maquillarlos con retórica proteccionista. En los mercados de Francia y España, el precio del kilo de tomate común ha trepado hasta los 8 euros. Una cifra que hace que cualquier ama de casa se replantee si el tomate es realmente un vegetal o una inversión inmobiliaria. Pero el verdadero chiste —si es que alguien se ríe mientras paga— llega con el tomate francés, que ha alcanzado la estratosférica cifra de 12,39 euros por kilo. Es un sablazo en toda regla, una ingeniería de precios que castiga al bolsillo del ciudadano para salvar el orgullo de unos pocos. El mercado europeo, ese animal impredecible, ha respondido con la lógica más básica: menos oferta marroquí equivale a precios de lujo. Los productores del Magreb reconocen que el boicot es una estrategia de miedo de quienes temen la competencia, pero saben que la calidad y el precio de sus cosechas son una droga difícil de dejar, especialmente cuando la demanda aprieta y el tomate nacional se vuelve un artículo de colección.
LaLiga aplica el 'borrador' a Ceuta
Hay cosas que en el fútbol pesan más que un fuera de juego: el silencio selectivo. En el Metropolitano, mientras más de 70.000 almas vibraban en un derbi madrileño, el Fondo Sur decidió que el minuto 15 era el momento exacto para soltar un mensaje directo: «Ceuta es España, ni se arruga ni se tapa». Un gesto que, en la grada, logró lo imposible: que indios y vikingos dejaran de mirarse con odio para cantar a coro que «Ceuta no se vende». Una tregua geopolítica en el cemento que, curiosamente, fue invisible para quien paga la factura de la luz en casa y ve el partido por televisión. La realización de LaLiga operó con la precisión de un cirujano que decide extirpar la parte incómoda del cuadro. Mientras el mundo digital ardía con vídeos filtrados, la señal oficial decidió que esa zona del estadio era un agujero negro. No es un debut en el arte del recorte; ya en agosto, el Andorra-Ceuta sufrió la misma 'miopía' televisiva. Parece que hay mensajes que no encajan en el catálogo de marketing global de la competición. El ruido viene de lejos. Esta semana, en el Elche-Real Madrid, la campaña «Todos somos caballas» puso a prueba la diplomacia del vestuario. Mientras unos lucían el lema, Mbappé, Vinícius Jr. y Konaté aplicaron la técnica del remangado, ocultando el mensaje. Mbappé, con la elegancia de quien no quiere mojarse, justificó su gesto apelando a todos los sufrimientos del mundo, una respuesta tan universal que termina siendo un escudo perfecto para no elegir bando. Entre la declaración de «situación de interés para la seguridad nacional» del 25 de agosto por Pedro Sánchez y el respaldo de Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo, el fútbol intentó ser el altavoz. Pero en el Metropolitano, la señal de televisión decidió que, para algunos, Ceuta es invisible.
Meloni: Cupos étnicos y veto al velo
Giorgia Meloni ha decidido que el aula es el nuevo campo de batalla cultural. Con la sutileza de un martillo pilón, la primera ministra italiana planea presentar ante el Consejo de Ministros un menú de restricciones que parecen diseñadas para que el colegio sea un espejo del programa electoral de Hermanos de Italia. La joya de la corona es el cupo: limitar el número de alumnos extranjeros por clase. Según Meloni, los italianos no pueden ser minoría en su propia casa, una lógica que suena muy bien en el encuentro Fenix de Gioventù Nazionale, pero que en la calle choca con la realidad. Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores, ya ha soltado la primera piedra: aplicar esto en barrios donde el extranjero es el vecino de al lado es, básicamente, intentar meter un elefante en un maletero de mano. Pero no se queda ahí. El Gobierno quiere vetar el burka y el hiyab, vendiendo la prohibición como un acto de feminismo y visibilidad facial. Para rematar el paquete de 'integración', los padres extranjeros con dificultades deberán aprender italiano, porque aparentemente el idioma no se aprende solo respirando el aire de Roma. Entre tanta tensión, Meloni lanza un caramelo: llamar 'liceo' a la formación técnica para que no parezca el premio de consolación y presume de haber subido el Fondo de Financiación Ordinaria de las universidades a 9.400 millones de euros. Dice que es un salto desde los 8.400 millones anteriores y un 25% más que en 2019. Es el clásico truco de magia política: mientras te prohíben el velo y te cuentan los compañeros por etnia, te enseñan un cheque millonario para que no mires dónde están las costuras del sistema. Todo bajo la bandera de la 'cultura del esfuerzo', que en lenguaje administrativo suele significar: 'aquí no regalamos aprobados'.
Marlaska cierra OCON-Sur y narcos celebran
Hay decisiones políticas que son como quitarle el freno de mano a un camión en bajada: el resultado es previsible, pero el responsable insiste en que el paisaje se ve mejor así. En 2022, Fernando Grande-Marlaska decidió que OCON-Sur, la unidad de la Guardia Civil que tenía al narcotráfico en Andalucía contra las cuerdas, ya había cumplido su 'tiempo'. Básicamente, desmontaron una maquinaria que había incautado 1.400 toneladas de droga y realizado miles de detenciones para repartir los efectivos entre las comandancias. Una jugada maestra de ingeniería administrativa que, en la calle, se traduce como 'cada uno a su verbena'. El General Manuel Contreras, quien llevó el timón de OCON-Sur, no se anda con rodeos: dice que los narcos probablemente montaron una fiesta cuando se enteraron del cierre. Y claro, mientras Interior vendía la reorganización como una 'consolidación', la realidad en la costa andaluza se volvió un deporte de riesgo. Pasamos de operativos masivos, como aquel donde 400 guardias civiles limpiaron 14 toneladas de hachís de un plumazo, a una situación donde las narcolanchas mandan en el Guadalquivir y Huelva. El coste de esta 'optimización' no se mide solo en kilos de resina, sino en vidas. Cuatro guardias civiles han caído en el camino, incluyendo la tragedia del 9 de febrero de 2024 en Barbate, donde Miguel Ángel González y David Pérez fueron embestidos por una lancha, y otros dos agentes fallecidos el 8 de mayo de 2026 en Huelva. Mientras Juanma Moreno pide hasta a la Armada para patrullar la costa, el Ministerio sigue jugando al Monopoly con la seguridad nacional. Desmantelar una unidad efectiva para 'integrarla' es como desarmar un reloj suizo para guardar las piezas en cajones distintos y esperar que siga dando la hora.
Diésel por las nubes: el campo agoniza
Llenar el depósito se ha convertido en un deporte de riesgo financiero. Mientras el ciudadano medio mira la pantalla de la gasolinera como quien mira una película de terror, el gasóleo ha pegado un salto del 70% desde febrero, un sablazo que deja al campo y al transporte en cuidados intensivos. Para que nos entendamos: llenar el tanque de un tractor ya cuesta 600 euros, una cifra que hace que cualquier presupuesto agrícola parezca un chiste de mal gusto. El Gobierno jugó a la lotería con una rebaja de 20 céntimos que se evapora el 30 de septiembre, y el silencio administrativo es ensordecedor. En una sola semana, la gasolina ha trepado a los 1,866 euros (un 2,88% más) y el gasóleo a los 1,834 euros (un 2,17% arriba). Básicamente, cualquier ahorro previo se ha esfumado más rápido que el sueldo el día uno. Según el Boletín Petrolero de la UE, hacer un 'mix' de carburantes ya supera los 100 euros, un lujo que el transportista no puede permitirse. La escala del desastre es masiva. Anfac nos recuerda que más de 18 millones de vehículos —el 60% de los turismos y el 80% de la flota comercial y autobuses— dependen del diésel. No es un detalle técnico, es la columna vertebral del país quebrándose. El CETM advierte que, sin medidas, el 1 de octubre el precio podría subir otros 24 céntimos por litro, un golpe final para el autónomo que ya no sabe dónde recortar. Mientras Fenadismer intenta desesperadamente que Carlos Cuerpo le devuelva la llamada para evitar el colapso, Asaja, COAG y UPA ya están afilando las pancartas. El campo está en situación límite, asfixiado entre el gasóleo caro y fertilizantes que cuestan un riñón.
Falsos policías: secuestro exprés en AP-7
Imaginen la escena: sábado por la tarde, las 19:30, el tráfico de la AP-7 fluyendo con esa inercia hipnótica entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès. De repente, el teatro. Cinco tipos con chalecos reflectantes que gritan 'Policía' y la cara tapada, haciendo un control de carretera que no figuraba en ningún manual de seguridad ciudadana. No eran los Mossos, eran actores de un guion criminal que decidieron que era un buen momento para llevarse a un ciudadano en el maletero de la realidad. El despliegue fue quirúrgico, casi profesional, si no fuera porque el objetivo no era el orden público, sino resolver unas 'desavenencias entre bandas criminales'. Así, en lenguaje administrativo, nos dicen que el coche fue el escenario de una liquidación de cuentas pendiente. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, estos señores juegan al Monopoly con personas reales. La víctima apareció más tarde, en buen estado de salud, aunque con la cara ensangrentada. Un detalle estético que nos recuerda que, para los secuestradores, el respeto por la integridad física es como el manual de instrucciones de un mueble de IKEA: algo que se ignora olímpicamente hasta que el resultado no encaja. Ahora la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) intenta rastrear a estos cinco impostores que confundieron una autopista de Barcelona con el set de una película de acción de bajo presupuesto. La ironía es deliciosa: usar el disfraz de la ley para saltársela en plena luz del día, confiando en que el ciudadano medio, acostumbrado a detenerse ante un chaleco amarillo, no cuestionara la legitimidad de unos policías que parecen salidos de un atraco a un banco de los años noventa.
Comentarios