Crítica:
La noticia es un despliegue de datos alarmantes que choca frontalmente con la narrativa oficial. Pecado: el uso de la palabra 'invasores' es un sesgo terminológico evidente que busca impactar más que informar.
El Gobierno envía a cárceles de la península a los 70 invasores más peligrosos por agresión sexual y robos ...
Siete decenas de peligrosos saltan a península
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Pasaporte español: el 'kit' sin manual instrucciones
España ha abierto el grifo de la nacionalidad y el resultado es un surrealismo digno de una comedia de enredos. La Ley de Memoria Democrática ha provocado que 2,4 millones de personas en todo el mundo se lancen a pedir el pasaporte rojo, como quien pide una pizza a domicilio pero sin saber dónde queda la pizzería. Argentina se lleva el premio gordo, concentrando el 40% de las peticiones; solo en el Consulado de Buenos Aires se amontonan 645.052 expedientes, una cifra que hace que cualquier cola de supermercado en Navidad parezca un paseo tranquilo por el parque. Lo verdaderamente fascinante no es el volumen, sino el vacío. Mientras que el que quiere la nacionalidad por residencia tiene que sudar tinta con un examen de la Constitución y cultura general, el 'nieto' entra por la puerta grande sin saber distinguir un mapa de una servilleta. Hemos llegado al punto en que hay aspirantes que confunden Navarra con el País Vasco con una naturalidad pasmosa: «Mi abuelo era navarro, somos puros vascos», sueltan sin pestañear. Es el equivalente a decir que tu abuelo era de Madrid y por eso eres un experto en el clima de Sevilla. Hay jóvenes cuyos ancestros vienen de Los Barrios de Luna, en León, o de Lugo, que jamás han pisado esas tierras. Han visitado Madrid o Barcelona como turistas, pero el pueblo del abuelo es una 'cuenta pendiente', una especie de leyenda urbana familiar. Mientras tanto, en la calle Guido del barrio Recoleta, las filas de 200 metros son el paisaje habitual. Todo esto ocurre mientras el Tribunal Supremo intenta poner un freno cautelar al voto de quienes no acrediten ser descendientes de exiliados, pero el papeleo sigue fluyendo. Al final, España está sumando millones de ciudadanos que conocen el país por el catálogo de una agencia de viajes, pero que ya tienen el poder de decidir el futuro político de quienes sí pagan el IBI.
Buses en Palma: Residentes primero, turistas después
En Palma, donde sobrevivir a la temporada de verano es casi un deporte extremo, el PSOE ha decidido que la solución al caos del transporte no es, precisamente, poner más autobuses, sino organizar una fila de castigo. Iago Negueruela, secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la alcaldía, propone que los turistas sean los últimos en subir a los buses de la EMT. Una especie de 'apartheid de transporte' basado en el plástico: si tienes la tarjeta TIB o la Única, pasas primero; si vienes a ver la catedral, espera tu turno mientras el residente que va al médico o al trabajo te mira con superioridad moral. Negueruela argumenta que este verano ha sido 'supermasificado' y que el alcalde ha mirado hacia otro lado, priorizando el flujo del visitante sobre el del currante que intenta llegar al aeropuerto sin sufrir un ataque de ansiedad. La lógica es tan simple como cruel: si un trabajador llega tarde, le cae un marrón en la oficina; si un turista llega tarde a pasear por Palma, pues llega tarde a no hacer nada. Para darle barniz de prestigio a la ocurrencia, han sacado la carta de Venecia, sugiriendo que si los italianos lo hacen para gestionar su propia agonía turística, nosotros también podemos. Es la clásica ingeniería política: en lugar de resolver el agujero de servicio con más flota y mejores frecuencias, se propone gestionar la cola. Es como intentar solucionar que el supermercado no tenga pan organizando quién tiene más hambre para que entre primero en la tienda vacía. Una medida de 'corto y medio recorrido' que, en el fondo, es un parche brillante para un sistema que ya no aguanta más peso.
Ceuta: desalojo aplazado y juegos de culpas
En el tablero político español, Ceuta se ha convertido en el tablero de Monopoly donde los ministros juegan con casas que no existen. Mientras el ciudadano de a pie intenta que la factura de la luz no le deje en números rojos, el Gobierno ha decidido que desalojar la playa del Trampolín es como montar un mueble de IKEA sin instrucciones: se ha aplazado la operación porque el 'campamento del Puerto' aún no está rematado. Básicamente, han querido mover a 1.500 personas de las 4.000 que viven allí, pero se han dado cuenta de que no tienen dónde meterlas. Un despliegue de eficiencia que haría llorar a cualquier gestor de barrio. En los pasillos del Congreso, el ambiente es de chợ (mercado). Pedro Sánchez, con la soltura de quien pide un crédito sin avales, ha aplicado la técnica del 'balón fuera'. Cuando le preguntan por los 700 a 1.000 menas que siguen durmiendo a la intemperie, su respuesta es un dardo directo: «Eso a Vivas, pregúntele». Una jugada maestra de ingeniería administrativa: si el problema es grande, busca a alguien con un cargo inferior y échale la culpa. Mientras tanto, el PP lo tacha de «amoral» y «sinvergüenza», y Marlaska, el ministro más reprobado de la legislatura, insiste en que el trabajo es «extraordinario». Claro, extraordinario es el optimismo que hace falta para decir que todo va bien mientras la Fiscalía investiga si el delegado Miguel Ángel Pérez Triano se quedó dormido al volante de la gestión. Para rematar la función, la Diputación de Badajoz ha decidido que no pedirá el reintegro de los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y Luis Carrero. Un agujero contable que se cierra con un sello oficial, mientras en Ceuta los estudiantes huyen a Castilla-La Mancha porque estudiar en una ciudad invadida es un deporte de riesgo. Así es la España de 2026: mucha retórica europea de Von der Leyen en Estrasburgo, pero en la calle, el desalojo sigue esperando a que terminen de montar la carpa.
Vox busca 'traición' en camisetas del Madrid
Hay que tener valor. Mucho valor. José María Figaredo, el secretario general de Vox en el Congreso, ha decidido que la geopolítica del norte de África se resuelve analizando el vestuario del Real Madrid. El pecado mortal de Vinicius, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté ha sido no lucir al completo una camiseta en homenaje a Ceuta tras el partido contra el Elche. Para Figaredo, que tres futbolistas no se pongan un trozo de tela es un 'desprecio' a los españoles, casi como si el destino de la integridad territorial de la nación dependiera de la elección de vestuario de tres tipos que cobran más en una tarde que un pueblo entero en una década. Es fascinante el razonamiento: reconoce que los jugadores son 'muy libres' de defender sus causas, pero nos recuerda que nosotros también somos 'muy libres' de indignarnos porque tres millonarios no pasen por el aro. Es el clásico reproche de quien ve el mundo en blanco y negro mientras los protagonistas están jugando en otra liga, literalmente. Pero claro, la camiseta es solo el aperitivo. El plato fuerte es la insistencia de Vox en que España se retire de organizar el Mundial junto a Marruecos, alegando una 'guerra híbrida' y una 'invasión' que el Gobierno de Pedro Sánchez ignora mientras, según ellos, se queda 'cruzado de brazos'. La narrativa escala rápido. Pasamos de una camiseta no puesta a una 'traición' histórica. Figaredo ha pedido al Partido Popular que se anime a aplicar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez, quien, según el portavoz, usa la posible visita del rey Felipe VI a Ceuta como una cortina de humo para no mencionar al rey de Marruecos. Al final, la crónica es la de siempre: usar un desplante deportivo para intentar dinamitar la Moncloa, convirtiendo un asunto de marketing en el campo en una cuestión de Estado.
El Gobierno juega al mecenas con millones
Gobernar sin Presupuestos Generales del Estado es como llevar la tarjeta de crédito del vecino en la cartera: el límite es la imaginación y el control, inexistente. En este escenario de 'cheque en blanco', el Consejo de Ministros ha decidido que es un momento estupendo para jugar a ser el mecenas del mundo. Han soltado una primera partida de 83.778.707 euros en contribuciones voluntarias a entes como la OIT y la OMS. Resulta casi tierno el timing, considerando que Yolanda Díaz y Mónica García miran esas instituciones con el deseo con el que uno mira un escaparate de lujo. ¿Filantropía pura o estamos pagando la reserva del asiento para sus futuros cargos internacionales con el dinero de todos? Pero la generosidad no se queda en Ginebra. El Gobierno ha decidido que el agua potable es más urgente en El Salvador (4 millones), Colombia (3,1 millones para la comunidad Wayuu Las Delicias) y Yucatán (1,5 millones), mientras que en casa se crean 'comités de inversiones estratégicas' que huelen a chiringuito desde la distancia. Mientras tanto, el Ministerio de Bolaños ha priorizado el menú del día, ajustando gastos para contratar un servicio de restaurante y bar-cafetería en su sede. Prioridades. El despliegue de billetes sigue: 98 millones para helicópteros NH90, 17,2 millones en repuestos navales y 13 millones en simuladores H135. A esto sumamos 11,3 millones extra para la Agencia EFE, que ya disfruta de un presupuesto anual superior a los 60 millones, y unos 46 millones en el Ministerio del Interior para 'difundir resultados electorales'. En Ceuta, la cuenta sigue subiendo con 50 millones para autónomos y casi 400.000 euros para vallar colegios. Todo esto ocurre mientras el presupuesto oficial es, básicamente, un adorno de oficina.
Von der Leyen: Apoyo europeo a base de discursos
Ursula von der Leyen ha decidido que el mejor momento para recordarles a los ceutíes que no están solos es desde la comodidad de Estrasburgo, más de un mes después de que la ciudad autónoma se convirtiera en el epicentro de un caos migratorio. Con la elegancia de quien firma un cheque sin fondos, la presidenta de la Comisión Europea lanzó su mantra: «la frontera de Ceuta es la frontera de Europa». Traducción para el ciudadano de a pie: el apoyo llega en forma de discurso, pero las vallas y el estrés los pusieron los españoles. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la compra semanal, Bruselas se dedica a repasar su 'hoja de ruta' en el SOTEU, proponiendo una ley de emergencia para que la próxima crisis no sea tan improvisada. Lo fascinante es el silencio sepulcral sobre el papel de Marruecos. Von der Leyen ha esquivado mencionar al vecino del sur con la misma destreza con la que un político evita una pregunta incómoda en un debate, a pesar de que casi 80.000 personas cruzaron la frontera los pasados 30 y 31 de julio. La estrategia es clara: endurecer el Pacto de Migración y agilizar las deportaciones. Magnus Brunner, el comisario de Interior y Migración, ha sido más directo: la prioridad es 'retornar rápidamente' a quienes no tienen derecho a quedarse. Brunner aterriza en Madrid este jueves para una ronda de visitas que parece más una agenda de cortesía que un plan de rescate, reuniéndose con Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres. Y claro, porque en este juego de sillas, el PP ya ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo también recibirá al comisario. Al final, Europa 'estará ahí', pero siempre llega justo a tiempo para la foto, nunca para el primer empujón.
Muface borra rastros tras 'gangazo' de los Gómez
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de hacer desaparecer datos justo cuando el aire empieza a oler a chamusquina. Muface, que hasta ayer era un libro abierto, decidió que el 27 de febrero de 2025 sus inmuebles debían entrar en el programa de protección de testigos. De repente, las direcciones exactas y el estado de los alquileres se esfumaron de sus registros oficiales, justo siete días antes de que THE OBJECTIVE soltara la bomba sobre los alquileres de la familia de Begoña Gómez. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el madrileño medio paga un riñón por un zulo, la familia Gómez disfrutaba de un ático de 115 metros en pleno centro de Madrid por 850 euros al mes. Un tercio del precio de mercado. Un regalo que haría llorar a cualquier inquilino que tenga que tirar de tarjeta cada fin de mes para llegar al día 30. Y no era un descuido; en el edificio de San Bernardo 38, la mutualidad tenía tres propiedades (bajo, primer piso y sexta planta) con capitales asegurados que sumaban más de 1,2 millones de euros. Datos que, curiosamente, estaban en el BOE en 2020 y en el expediente 88/2024, pero que ahora son un secreto de Estado. La excusa es la clásica: 'protección de datos personales'. Una genialidad jurídica que llega justo cuando se descubre que Sabiniano Gómez Serrano y Francisco Gómez mantenían el contrato desde 2015. Lo más delirante es que el 61,54% de las propiedades del Fondo Especial (136 de 221) están libres. Tienen el parque inmobiliario vacío, pero prefieren borrar el mapa antes que explicar por qué algunos privilegiados pagan una renta de risa mientras el resto del mundo lucha contra la inflación.
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