Crítica:
El texto original es un Exercise de equilibrismo entre datos oficiales y denuncias, pero falla al no cuestionar por qué la 'falta de medios' es crónica. Es una noticia que maquilla la negligencia con términos técnicos.
La Fiscalía destapa que hay 4.000 menas pendientes de que se les haga la prueba de edad por «falta de medio...
Menas: 4.000 en el limbo por 'falta de medios'
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Pegasus: el hackeo que costó mil millones
Hay quien paga el parking con ticket y quien paga el silencio con el presupuesto del Estado. La historia es tan delirante que parece un guion de serie B: te hackean el móvil, te roban 2,6 gigabytes de secretos y, en lugar de llamar al embajador para darle un repaso, le abres la cartera. Desde que el programa Pegasus convirtió el teléfono de Pedro Sánchez en un libro abierto en mayo de 2021, la generosidad de Madrid hacia Rabat ha pasado de ser una cortesía diplomática a un despliegue de generosidad casi mística. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, el Gobierno ha inyectado 1.015 millones de euros en créditos FIEM entre 2021 y 2026. Para que nos entendamos: es multiplicar por cinco los 207 millones que se dieron en el trienio 2017-2020. Un sablazo monumental que convierte a Marruecos en el cliente VIP de nuestra Secretaría de Estado de Comercio, desplazando a Arabia Saudí y Ecuador como si fueran extras de una película. La cronología es un poema. Once meses de silencio sepulcral tras el hackeo y, ¡pam!, el 18 de marzo de 2022, España cambia su postura sobre el Sáhara Occidental. El premio al chantaje más exitoso de la historia moderna. No hubo demandas, no hubo quejas oficiales contra Karima Benyaich Millán, ni siquiera se escuchó a Bruselas el 15 de junio de 2023. En cambio, hubo material antidisturbios para Grande-Marlaska y una deuda marroquí que saltó del 263% al 471% entre 2019 y 2025. Al final, el coste de borrar el rastro de esos 2,6 gigabytes ha sido la sumisión total: desde perder la final del Mundial de 2030 hasta mirar hacia otro lado mientras 80.000 personas asaltaban Ceuta. Una gestión impecable, si el objetivo era comprar el silencio con dinero público.
Amnistía: el muro de la malversación
Hay quien piensa que la ley de amnistía es un borrador mágico que borra pecados con un pase de goma, pero el magistrado José María Macías ha decidido que, en el caso de Jordi Turull, el borrador no tiene tinta. En su ponencia, Macías le ha dado la razón al Tribunal Supremo: hubo malversación y punto. Para el magistrado, que pertenece al bloque conservador, decir que el Supremo actuó por 'capricho' o 'animadversión' es como decir que el cajero del súper te cobra de más porque le caes mal; simplemente se ajustó a la doctrina vigente. Lo más jugoso es el concepto de 'beneficio personal'. Macías explica que no hace falta comprarse un yate con dinero público para malversar; basta con el 'ahorro patrimonial'. Traducido al lenguaje de la calle: es como usar la tarjeta de la empresa para pagar la cena de Navidad y decir que no te has enriquecido porque no tienes el dinero en la mano, sino que simplemente no has tenido que vaciar tu propia cartera. Un truco contable que el TC no compra. Mientras tanto, el calendario marca el 22 de septiembre como la fecha del debate, aunque todos sabemos que esta ponencia tiene menos posibilidades de prosperar que una dieta empezada un lunes. Si el pleno la rechaza, buscarán a otro ponente más 'flexible'. El quid es que este recurso de Turull es la primera ficha del dominó. Si cae, el futuro de Carles Puigdemont se vuelve un terreno pantanoso, ya que Pablo Llarena no piensa esperar a que el TC termine de leer los manuales de derecho para aplicar la doctrina. El TJUE ya dio su visto bueno a la ley el pasado 16 de julio, pero aquí, en el patio de casa, la malversación sigue siendo el muro donde chocan las esperanzas de los independentistas.
Illa vacía cárceles con 'cuotas' de semilibertad
Gestionar una cárcel es, aparentemente, como organizar un Tetris donde las piezas no encajan y el tablero está saturado. Ante el caos de las prisiones catalanas, la Generalitat de Salvador Illa ha decidido aplicar una ingeniería creativa: si no hay camas, que duerman en casa. No es una cuestión de redención, sino de logística pura y dura. El plan, filtrado por el Sindicato Catalán de Prisiones (SICAP-Fepol), busca que más del 25% de los internos estén en régimen abierto. Para lograrlo, necesitan liberar a unos 288 presos más, transformando el tercer grado en una especie de 'pase VIP' para evitar el hacinamiento. La jugada maestra consiste en estirar el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario hasta que el tejido se rompa. Ya no hace falta ser un ejemplo de civismo ni haber pagado la responsabilidad civil a las víctimas; ahora, el riesgo de violencia medio o alto es un detalle secundario que no impide que el interno deje de pernoctar en el centro. Es como si en la lista de la compra de la justicia, la seguridad ciudadana hubiera pasado a ser un artículo opcional. Desde el 21 de agosto, Gemma Torres Ferrer, subdirectora general de Programas de Rehabilitación, envió las instrucciones para que los técnicos concedan estos permisos casi en automático. Según SICAP, en algunos centros se piden 'cuotas de producción' de hasta 20 tercer grados, como si estuviéramos despachando hamburguesas en un autoservicio y no evaluando la peligrosidad de criminales. Mientras Domingo Estepa Camacho, director general de Asuntos Penitenciarios, mira las estadísticas para alcanzar ese 25%, el sindicato ha tenido que acudir a la Fiscalía Superior de Cataluña. Porque vaciar las celdas para maquillar la falta de plazas no es reinserción, es un juego de azar donde la víctima es la que paga el sablazo.
Armas a Marruecos: entre regalos y millones
Hay quien dice que la diplomacia es un arte, pero en el tablero España-Marruecos parece más bien un mercadillo de ocasión con presupuestos de Estado. Mientras el ciudadano medio se pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco, el Gobierno ha jugado a ser el 'tío generoso' del barrio. ¿La prueba? Seis torpedos MK 46 MOD 2 cedidos el 27 de junio de 2008 por la suma astronómica de un euro. Sí, un euro por el lote. Una ganga que, según el Consejo de Ministros, servía para 'ahorrar gastos de desmilitarización' y mimar las relaciones bilaterales. Un truco contable brillante: te doy el arma que ya no quiero para no pagar el coste de destruirla y, de paso, me gano un favor en Rabat. Pero no todo ha sido caridad cristiana. El negocio serio sigue bombeando millones. Solo entre enero y junio de 2025, España exportó material de defensa por 30,1 millones de euros, incluyendo municiones y equipos de dirección de tiro. En 2024, la cifra fue de 25,4 millones, centrada en el 'kit de supervivencia' del ejército marroquí: prensas y moldes para reparar zapatas de blindados. Es la lógica del concesionario: te vendo el coche, pero te ato a mis talleres durante décadas. Navantia es la joya de esta corona industrial. Desde la corbeta Lieutenant Colonel Errahmani (encargada en 1977 y recibida en 1983) hasta el nuevo patrullero de 87 metros botado el 27 de mayo de 2025 en San Fernando, la relación es un matrimonio por conveniencia. Este último contrato ha movido más de un millón de horas de trabajo y 1.100 empleos. Mientras tanto, Rabat mira hacia Texas con L3Harris para modernizar sus C-130 hasta 2029, intentando que su propio proyecto en Benslimane deje de ser un sueño. España vende, regala y repara, mientras el SIPRI nos recuerda que el verdadero músculo lo ponen EE. UU. (60%) e Israel (24%).
Puigdemont vuelve: el 'borrador' judicial ya está listo
Hay quien dice que la justicia es ciega, pero en España parece que también tiene un calendario muy flexible. Carles Puigdemont, el hombre que convirtió el maletero de un coche en su refugio predilecto en octubre de 2017, ya tiene fecha de aterrizaje: el 5 de octubre. Lo fascinante no es el regreso, sino la coreografía jurídica. El juez Pablo Llarena, que hasta ahora mantenía la orden de busca y captura como quien guarda un tesoro, planea levantarla de forma 'automática'. La jugada es maestra. Llarena no quiere esperar a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el amparo de los huidos; prefiere adelantarse y usar el fallo que el TC dará a favor de Jordi Turull para aplicar la ley de amnistía por extensión. Es como si en un restaurante te sirvieran la cena gratis solo porque el cliente de la mesa de al lado tiene un cupón, sin que tú hayas presentado el tuyo. Mientras tanto, en el Pleno del TC, el magistrado José María Macías se prepara para presentar una propuesta negativa el próximo día 22, pero sabemos cómo termina esta película: la mayoría del bloque izquierdista, respaldada por Cándido Conde-Pumpido, pasará por encima de su voto particular como un camión de mudanzas. Ahora solo queda el suspense del 'timing'. Si Puigdemont busca el final épico y pisa suelo español antes de que el BOE publique la resolución y Llarena firme la nulidad, acabará como Clara Ponsatí: esposas, comisaría y fotos para el recuerdo. Si prefiere la lírica y la prudencia, esperará a mediados de mes para entrar triunfante, sin que nadie le pida el billete ni el pasaporte judicial. Una ingeniería financiera del derecho donde el saldo final siempre parece favorecer al que mejor sabe jugar al escondite.
Wifi 'urgente' en Ceuta: el sablazo invisible
Hay una danza muy curiosa en la gestión de las emergencias estatales. Mientras que para algunos el Gobierno se pone el traje de gala y saca la tarjeta de crédito sin mirar el saldo, para otros el presupuesto es como el papel higiénico en un avión: escaso y racionado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió que era una 'emergencia' vital que Telefónica instalara cinco puntos de wifi abierta en Ceuta para los inmigrantes que saltaron la valla a finales de julio. Una urgencia tan apremiante que saltaron la licitación pública y el Portal de Transparencia, moviéndose en esa zona gris de la 'excepcionalidad' donde el dinero público fluye con la soltura de un tobogán engrasado. La ironía es que, mientras el Gobierno sudaba para darles internet gratis, los protagonistas ya estaban conectados. No necesitaban la generosidad del Estado español; les bastaba con quedarse pegados a la frontera para que sus móviles engancharan la señal de Maroc Telecom, Orange o Inwi. El 4G y el 5G marroquí cruzaban la raya sin pasaporte, dejando las redes españolas sospechosamente estables y el contrato de emergencia como un monumento a la inutilidad administrativa. Pero el contraste llega cuando miramos hacia Las Hurdes. Allí, Guillermo Santamaría, consejero de Economía de Extremadura, tuvo que mendigar ayuda tras los incendios de Pinofranqueado. Centros de salud y ancianos quedaron incomunicados, pero para ellos no hubo contratos directos ni despliegues relámpago de Telefónica. Solo enlaces vía satélite que funcionaban a pedales. Parece que la definición de 'emergencia' depende de quién esté al otro lado de la pantalla: si es un vecino de Extremadura con la casa quemada, hay que esperar el turno; si es un invasor en Ceuta, el wifi llega antes que la reflexión.
Moroccogate: maletas llenas y móviles pinchados
Imaginen que su teléfono es un libro abierto y que, en Bruselas, hay políticos que venden sus votos como quien liquida stock en las rebajas de enero. Así de surrealista es el 'Moroccogate'. Mientras Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Margarita Robles descubrieron en 2021 que el software Pegasus les había hecho un 'escaneo completo' a sus vidas, el CNI ya avisaba de que el problema no era solo el hackeo, sino el talonario. En el barrio europeo de Bruselas, la Fiscalía Federal belga se encontró con una escena digna de una película de serie B: maletas y bolsas de viaje repletas de más de 1,5 millones de euros en metálico. No eran ahorros para la jubilación, sino el lubricante financiero de la ONG Fight Impunity, el disfraz perfecto creado por Pier Antonio Panzeri para canalizar el dinero. Junto a él, Francesco Giorgi y la vicepresidenta Eva Kaili completaban un cuadro donde el dinero de Catar y Rabat fluía para moldear la agenda legislativa. El esquema era sencillo: Abderrahim Atmoun, el embajador en Polonia, hacía de mensajero entre la DGED (la inteligencia marroquí) y los eurodiputados. ¿El precio? Silencio sobre el Sáhara Occidental, mirada hacia otro lado ante la persecución de periodistas y asegurar que los acuerdos pesqueros y agrícolas siguieran fluyendo sin preguntas incómodas. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando vemos que eurodiputados del grupo de Socialistas y Demócratas, como Andrea Cozzolino y Marc Tarabella, terminaron imputados. Al final, el Parlamento Europeo despertó después de 25 años de siesta y prohibió la entrada a los delegados marroquíes. Un parche muy elegante para un agujero contable y moral que huele a naftalina y traición.
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