Crítica:
El texto original es un collage de declaraciones contradictorias que no profundiza en la responsabilidad penal. Se queda en la superficie del 'él dijo, yo dije' sin cuestionar la negligencia sistémica.
El dimitido jefe de gabinete en Ceuta acusa al delegado del Gobierno de mentir y sí alertó a varios ministerios de la invasión
WhatsApp, mentiras y el caos de Ceuta
Otros artículos
El 'peaje' del PSOE: desaladoras y votos
En el mundo real, si quieres que te amplíen la cocina, llamas a un albañil y pagas la factura. En el ecosistema del caso Azud, para que el Estado pagara la ampliación de una desaladora, el empresario José María Febrer tuvo que gestionar un 'peaje' que haría palidecer a cualquier peaje de la AP-7. No hablamos de una propina, sino de una inyección de 484.480 euros destinada a que el PSOE valenciano llegara a las elecciones de 2007 con los bolsillos llenos y el programa electoral recién impreso. La jueza Pepa Tarodo lo ha dejado escrito con una claridad pasmosa: mientras Aquamed, la empresa pública de la era Zapatero, asumía el coste de la obra para el beneficio mercantil del Grupo Axis, el dinero fluía en sentido contrario para financiar la fiesta electoral. Para que el mecanismo funcionara, no bastaba con un email; hacían falta comidas y reuniones entre Febrer, el abogado José Luis Vera y el influyente José Cataluña, un hombre que, convenientemente, no tenía cargo orgánico para moverse con la soltura de un fantasma en el partido. La ingeniería financiera fue digna de un premio al ingenio: usaron la mercantil Gigante Edificaciones y Obras, de Joaquín Pastor Rico, como lavadora de fondos. El ejemplo más descarado es el pago de 120.004 euros a Ingraval el 22 de mayo de 2007, apenas cinco días antes de las urnas. Lo más cínico es que el PSOE solo declaró 19.000,18 euros por la edición del programa autonómico. El resto del dinero, ese que no aparece en los libros oficiales, parece haberse evaporado en el aire valenciano, mientras que Ingraval terminó declarándose insolvente en 2017. Así es la gestión pública: unos ganan desaladoras, otros campañas y el ciudadano, como siempre, paga el peaje invisible.
Mundial 2030: Marruecos se ríe de España
Hay quien confunde la diplomacia con un patio de colegio, y la prensa afín a Mohamed VI ha decidido que es el momento de sacar los juguetes. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, en Marruecos se divierten usando el Mundial 2030 como un tablero de dardos donde España es la diana. El digital Le360 ha pasado de la analiza deportiva al sarcasmo puro, mofándose de que el Camp Nou tenga goteras en el partido contra el Feyenoord o que el Santiago Bernabéu haya tenido alguna filtración hace años. Básicamente, sugieren que nuestros templos del fútbol son coladores comparados con el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, ese coloso de 115.000 espectadores que prometen tener listo para 2028. Pero claro, el fútbol es solo la excusa para soltar la pulla política. Porque, en un giro digno de un guionista con ganas de incendiar el barrio, mezclan la sede de la final con la situación de Ceuta. Se ríen de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, preguntando con ironía si piensan construir un estadio en la 'Ceuta ocupada'. Es una maniobra de manual: mezclar la infraestructura deportiva con la geopolítica para hacer quedar al vecino como un incompetente. Es como si te critican que se te haya roto una baldosa en el baño para decir que no tienes derecho a vivir en el barrio. Entre tanto ruido y aires de grandeza de Fouzi Lekjaa, que ya da la final por ganada en Casablanca, la FIFA ha hecho lo que mejor sabe hacer: lavarse las manos con elegancia. Se han limitado a repetir que la sede de la final no está decidida. Mucho cemento, mucha mofa y mucha bandera, pero al final, el dueño del balón sigue sin soltar la respuesta.
Cursos ACOL: 18.500 euros por cabeza
Hacer cuentas con el dinero público es, a veces, como mirar la factura de la luz en agosto: un susto constante. Pero lo de la Generalitat de Cataluña con la línea ACOL ya no es un susto, es una declaración de intenciones. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el carrito del súper no supere los cien euros, el Ejecutivo de Salvador Illa ha decidido que la formación para inmigrantes extracomunitarios en proceso de regularización tiene un precio muy selecto: una media de 18.500 euros anuales por persona. Sí, han leído bien. Es una cifra que haría palidecer a cualquier autónomo que intente sobrevivir a base de café y esperanza. Para 2026, el presupuesto se ha inflado hasta los 10.820.447 euros, un incremento del 10% respecto a los 9.772.323,40 euros del año anterior. La ingeniería financiera es fascinante: se destinan más de diez millones de euros para un grupo selecto de apenas 527 beneficiarios repartidos por las cuatro provincias. Es un lujo formativo que envidiaría cualquier becario de universidad pública. El mapa del dinero tiene nombres y apellidos políticos. El Ayuntamiento de Tortosa, bajo el mando de la coalición Movem-PSC y ERC, se ha coronado como el gran receptor del botín con 642.846 euros, en un municipio donde el 23,55% de la población es extranjera. Todo esto ocurre en un ecosistema de opacidad donde el Tribunal de Cuentas, tras la petición de Vox y su líder Ignacio Garriga, parece haberse tomado un descanso eterno antes de informar sobre el gasto total en inmigración ilegal. Al final, la línea ACOL, nacida en 2020, se ha convertido en un cajero automático que premia la vulnerabilidad con cifras que parecen sacadas de una consultora de lujo.
Broncano: más millones y menos audiencia
En el mundo real, si tu rendimiento baja en el trabajo, lo más probable es que el jefe te mire mal o te invite a recoger tus cosas. Pero en el ecosistema de la televisión pública, las leyes de la gravedad funcionan al revés. David Broncano acaba de recibir un 'upgrade' en su contrato que haría suspirar a cualquier banquero de inversión: RTVE ha decidido subir la factura de 'La Revuelta' en 330.000 euros, catapultando el coste total de las dos temporadas hasta los 31,88 millones. Es una ingeniería financiera fascinante: mientras las audiencias se desploman y el programa lucha por no quedar debajo de la media de la cadena —llegando incluso a perder la batalla contra Iker Jiménez en Cuatro—, el grifo del dinero público se abre más. Para que el ciudadano medio lo entienda, estamos hablando de que, mientras nosotros miramos el ticket del supermercado con angustia, la cadena pública ha decidido que Broncano y sus socios de Encofrados Encofrasa y El Terrat (el brazo fuerte de Mediapro) merecen un extra solo por existir. El contrato original ya era un despliegue de generosidad: pasaron de 28 millones en las primeras dos temporadas a 31,55 millones en febrero, y ahora, mágicamente, llegamos a los 31,88 millones. Todo esto ocurre bajo la mirada de José Pablo López, en un contexto donde la redacción de informativos está en pie de guerra. Mientras se externalizan contenidos y se censuran críticas a Pedro Sánchez, provocando motines en Torrespaña y huelgas de firmas, la prioridad parece ser blindar el entretenimiento joven hasta la temporada 2027-2028. Es el lujo de quien no paga la cuenta: gastar 161 millones en productoras externas mientras la credibilidad de la noticia se vende al mejor postor o se silencia por decreto. Al final, el chiste no está en el programa, sino en la factura.
Zapatero y el misterio de las joyas
Hay quien dice que el tiempo lo cura todo, pero en el despacho del juez José Luis Calama el reloj corre con una precisión quirúrgica. José Luis Rodríguez Zapatero, que parece haber confundido la Audiencia Nacional con una agencia de viajes de lujo, se ha topado con un muro de silencio en el desierto. Resulta que el ex presidente se comprometió en junio a entregar los certificados de origen de unas joyas intervenidas en su despacho en un plazo de diez días. Tres meses después, el plazo ha caducado más que un yogur olvidado en la nevera y los papeles siguen siendo un espejismo. Tras intentar jugar al diplomático con Arabia Saudí, Emiratos y Qatar —una especie de 'tour' por el Golfo para limpiar el armario—, Zapatero ha fracasado. Ahora, en un giro de guion digno de comedia, le pide al juez que sea el Estado quien haga el trabajo sucio mediante comisiones rogatorias, centrando el tiro exclusivamente en Qatar. Es la clásica maniobra de quien, al no encontrar el ticket de compra para devolver un artículo defectuoso, pide que la tienda busque en sus archivos centrales. Mientras tanto, el ex mandatario vive el 'retiro' en su alquiler de Las Rozas, alternando bajones emocionales por la imputación de sus hijas con una renovada energía para defenderse. Pedro Sánchez, en un ejercicio de lealtad que roza el romanticismo político, mantiene el teléfono encendido y el apoyo público, aplicando la misma técnica de 'creerle al amigo' que usó con Víctor de Aldama. La ironía final la pone Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino y antiguo socio de consultoría, que ha aplicado la ley del hielo. El hombre que ayudó a montar la estructura financiera ha decidido que la amistad termina donde empieza la imputación judicial. Una lección de pragmatismo que Zapatero, entre joyas y desiertos, aún no ha terminado de digerir.
Gobierno borra 30.000 funcionarios por error
Parece que en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han descubierto que sumar no es tan sencillo como parece en la escuela primaria. Tras presumir durante meses de un crecimiento del empleo público que daba gusto, el Gobierno ha decidido hacer un 'borrón y cuenta nueva' con una naturalidad pasmosa, borrando de un plumazo a 30.630 trabajadores que, según sus propias tablas de julio de 2025, existían pero no tanto. Es como si te revisaran la cuenta bancaria y te dijeran que esos 30.000 euros que creías tener eran, en realidad, un error de redondeo en el cajero. La ingeniería contable es fascinante. Pasamos de un total de 3.107.195 empleados a 3.076.565. Un ajuste 'estético' que dinamita la narrativa oficial: aquel crecimiento del 2,3% (casi 70.000 efectivos) que vendieron como un éxito se ha encogido hasta un modesto 1,4%, dejando el incremento real en 43.261 personas. El sablazo más fuerte se lo lleva la Administración Local. Los ayuntamientos, que eran la joya de la corona con un supuesto crecimiento del 6,2%, han visto cómo su plantilla bajaba de 632.030 a 599.713 efectivos. Básicamente, 32.317 personas se han evaporado en el limbo de los 'diccionarios de equivalencias'. Lo más delirante es que hasta los datos de enero sufrieron una limpieza, bajando de 3.037.432 a 3.033.304 trabajadores. Al final, el crecimiento semestral se ha desplomado un 38%. Nos venden que es una 'exhaustiva revisión de fuentes', pero en la calle esto se llama equivocarse por miles de nóminas y borrar el rastro en la web para que nadie note el pinchazo. Una gestión de datos que haría temblar a cualquier administrativo de barrio.
El escondite de RTVE: 3 millones euros
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos de RTVE el dinero fluye con una ligereza envidiable. David Broncano salió este lunes jugando al gato y al ratón con la idea de una «última temporada» de La revuelta, soltando alguna ironía sobre coaliciones entre PP y Vox que podrían dinamitar la cadena. Pero mientras el público se preguntaba si el show terminaba, Grison ya tenía el paracaídas dorado desplegado. No es que tenga un plan B; es que tiene un cheque con siete cifras. La corporación pública ha decidido que Marcos Martínez, el hombre detrás del personaje de Grison, merece su propio altar televisivo: El escondite. Y no es un proyecto hecho con cuatro tablas y un clavo. Para este 2026, la ingeniería financiera entre RTVE y Warner Bros ITVP España ha dejado una cifra que marea: 3.194.090 euros. Para que nos entendamos, es un sablazo que deja a cualquier presupuesto doméstico en coma inducido, aunque palidezca frente a los casi 32 millones de euros que engulle La revuelta a través de El Terrat. Lo más fascinante es la gimnasia mental de la cadena. En 2025, cuando la Defensora de la Audiencia, Rosa María Molló, recibió quejas por la banalización de las drogas en el aire, el delegado de contenidos, Agustín Alonso, salió al rescate con una joya semántica: que Grison es un «personaje de ficción». Resulta que el personaje es ficticio cuando hay que pedir perdón por las bromas, pero es muy real y muy talentoso cuando llega la hora de firmar el contrato para conducir un formato familiar grabado en Países Bajos. Así se gestiona el servicio público: defendiendo el 'humor polisémico' mientras se invierten millones en jugar al escondite con Javi de Hoyos e Inés Hernand.
Comentarios