Crítica:
La noticia es un despliegue de indignación empresarial, pero brilla por la ausencia de la versión oficial del Ayuntamiento. Es un monólogo de Da Silva que, aunque demoledor, deja el lado institucional en un silencio sospechosamente cómodo.
La noticia es un despliegue de indignación empresarial, pero brilla por la ausencia de la versión oficial del Ayuntamiento. Es un monólogo de Da Silva que, aunque demoledor, deja el lado institucional en un silencio sospechosamente cómodo.
Hay cosas que en la administración pública se archivan con la misma diligencia con la que uno guarda los tickets del supermercado para una reclamación que sabe que no va a prosperar: en el fondo del cajón y hasta que el papel se vuelva amarillo. El Consejo de Seguridad Nacional decidió el 11 de enero de 2019 que era vital redactar un informe sobre la inmigración irregular en Ceuta y Melilla. La entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, presidió aquel encuentro con la urgencia de quien cree que el futuro se puede predecir con un PDF. Diseñaban planes de contingencia, células de seguimiento y estrategias nacionales, mientras invertían en fibra óptica y concertinas para que la frontera pareciera un fuerte inexpugnable. Siete años después, el informe es el unicornio de la burocracia: todo el mundo sabe que se pidió, pero nadie lo ha visto. Mientras tanto, la realidad ha pasado de ser una hipótesis en un despacho climatizado a un caos absoluto en el asfalto. El 30 de julio de 2026, la frontera se convirtió en un colador humano. Las cifras bailaron según el viento: el Ministerio del Interior empezó hablando de 72.000 personas, pero el ministro Ángel Víctor Torres terminó ajustando el dial hasta los 80.000. Es la eterna danza del Estado: gastar recursos en analizar un riesgo para luego olvidar el análisis justo cuando el riesgo te golpea en la cara. Ahora el Gobierno convoca reuniones extraordinarias y prepara un mando único, como quien intenta apagar un incendio forestal con un vaso de agua después de haber perdido el manual de instrucciones hace siete años. La hipocresía es exquisita: se modernizan las vallas, pero se oxida la inteligencia estratégica.
En el tablero geopolítico, hay quien juega al ajedrez y hay quien juega a las escondidas con la seguridad nacional. Mientras el ciudadano medio se pelea con la tarifa de la luz, el Gobierno español gestiona una brecha de seguridad que parece un colador. La crisis de Ceuta, con 80.000 personas cruzando la frontera, ha servido de despertador para un fantasma que no quiere morir: Pegasus. Resulta fascinante que un grupo de hackers argelinos llamado Jabaroot decida hacer un 'gesto comercial' regalando a España la base de datos de 70.000 agentes y colaboradores marroquíes (DGST y DGSN). Un detalle curioso: Jabaroot ahora juega al misterio, insinuando que tiene los archivos del hackeo al teléfono de Pedro Sánchez. Recordemos que el presidente no fue 'visitado' una sola vez, sino cinco. Le sacaron 2,6 gigas de información, una cantidad de datos que hoy en día equivaldría a vaciarle la cartera y el cajón de los calcetines en un descuido. Lo más excretionario es la sincronía: dos de esas infecciones ocurrieron el 19 y 21 de mayo de 2021, justo cuando más de 10.000 personas nadaban hacia Ceuta. Coincidencia poética, ¿verdad? En el Congreso, Margarita Robles despliega el manual del 'estoy tranquila'. Afirma que nunca se ha sentido chantajeada por Marruecos, aunque admite que su teléfono también fue infectado por un desconocido. La justicia española, por su parte, ha practicado el deporte nacional del archivo. Dos veces pasó el caso por la Audiencia Nacional y el juez José Luis Calama terminó archivándolo en enero de 2026. La razón es la 'impotencia investigadora', un término elegante para decir que Israel y NSO Group pasaron de todo y que Francia no aportó nada útil. Mientras tanto, Rabat sigue lanzando órdagos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, y España responde con vehemencia verbal pero con una seguridad digital que da miedo.
Hay que tener una confianza ciega en el destino para disfrazarse de turista caribeño y bailar el lunes 24 de agosto mientras, a tus espaldas, alguien ha decidido rediseñar el logo de tu partido. Tirso Calvo, alcalde de Ribaforada y —aquí viene el giro del guion— miembro del Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE, decidió que el Paloteado de Ribaforada era el escenario ideal para una sesión de risas colectivas. El detalle: una pancarta donde la rosa socialista, ese símbolo de pureza proletaria, había sido sustituida por un fajo de billetes. Un cambio de imagen que, en cualquier oficina de marketing, llamarían 'honestidad brutal'. La escena, ambientada en la plaza San Francisco Javier y bautizada como “La Casita del Pueblo” (un guiño VIP al estilo Bad Bunny que encaja sospechosamente bien con la gestión de los privilegios), contaba además con la sonrisa cómplice de la eurodiputada Elena Sancho. Mientras el Grupo de Danzas y Paloteado de la Villa y los Gaiteros de Ribaforada ponían la música, la imagen proyectaba una ironía que corta el aire. Porque bailar sobre billetes es divertido cuando no tienes que mirar el calendario judicial. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cesta de la compra, el PSOE lidia con un agujero de reputación del tamaño del Tribunal Supremo. Tenemos a José Luis Ábalos con una condena de 24 años y tres meses por el asunto de las mascarillas, y a Santos Cerdán bajo la lupa de la UCO por la millonaria obra de los túneles de Velate con Servinabar. Para rematar el cuadro, la Fiscalía Anticorrupción sigue el rastro de cuentas bancarias en el caso Leire Díez. Que el responsable de la 'Ética y Garantías' del partido baile delante de un puño lleno de dinero no es sátira local; es, sencillamente, un resumen gráfico de la actualidad política española.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos del poder se practica una aritmética mucho más generosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es un jardín que necesita riego constante. Y no un riego cualquiera: hablamos de 45.150.000 euros desembolsados entre 2018 y agosto de 2026. Lo curioso no es la cifra, sino la coincidencia cósmica de que la misión española de esta agencia de la ONU ha sido capitaneada durante quince años por María Jesús Herrera Ceballos, que, casualmente, comparte el desayuno y la almohada con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Desglosando el sablazo, vemos que hay una parte 'estándar', esas cuotas anuales que España paga por existir en el club: 1,2 millones entre 2018 y 2020, subiendo a 1,4 millones entre 2021 y 2023, y aterrizando en 1,45 millones desde 2024. En total, 12.150.000 euros de mantenimiento básico. Pero aquí viene la ingeniería financiera creativa: el Gobierno ha soltado otros 33.000.000 euros en 'programas y proyectos adicionales'. Es decir, el dinero que no es obligatorio, el que se da porque 'hay confianza'. Casi tres cuartas partes del total se han ido por esa vía, convirtiendo a la OIM en uno de los agujeros contables más profundos de las contribuciones a la ONU, solo superado por ONU Mujeres y la UNRWA. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos entra en fase de retirada, el relevo ya tiene nombre: Fernando Medina Donoso. Se cierra un ciclo de quince años donde la gestión migratoria y los vínculos familiares han bailado un tango financieramente impecable.
Hay gestos que son como dejar caer el móvil en la taza del váter: incómodos, costosos y con un olor que no se quita con ambientador. El PSOE de Melilla ha decidido que, mientras el resto del tablero juega al fútbol, ellos prefieren jugar al escondite con la bandera. En plena crisis por la invasión de Ceuta, la formación socialista ha sido el único grupo en votar en contra de una moción que defendía la soberanía española. Sí, han sido los únicos. Un 88% de los diputados dijo que sí, mientras que los tres representantes socialistas decidieron que apoyar la españolidad de la ciudad vecina era, probablemente, demasiado mainstream para su gusto. Juan José Imbroda, que no se ha guardado nada, ha calificado la jugada como una 'falta de miras'. Básicamente, les ha dicho que se han quedado cortos, que no dan la talla y que, en lugar de estar con España y la Constitución, parecen más preocupados por hacer malabares con la agenda del partido para salvarle el cuello a alguien en Madrid. Mientras tanto, en las calles de Ceuta, el ambiente no era precisamente de convivencia intercultural; miles de personas salieron a gritarle a Pedro Sánchez con una creatividad verbal que haría sonrojar a un marinero, dejando claro que Ceuta no es un CETI ni un centro de acogida improvisado. El portavoz socialista, Riduan Moh, ha intentado maquillar el asunto diciendo que Imbroda quería 'politizar' la situación. Es el clásico argumento de quien se pilla la mano en la caja de las galletas: decir que el problema es que alguien esté mirando. Mientras el Gobierno de España se tomaba su tiempo para convocar el Consejo de Seguridad Nacional —llegando tarde, como quien llega a la cena cuando ya están sirviendo el café—, el PSOE de Melilla prefería el silencio administrativo sobre la soberanía. Un movimiento maestro de ingeniería política que, en la calle, se traduce simplemente como no estar donde hay que estar.
Hay quien dice que la hospitalidad es una virtud, pero llevar 82 palés de material de acampada en el buque Tornado para asentar a los invasores en Ceuta es, sencillamente, poner la alfombra roja en medio de un incendio. Mientras el ciudadano de a pie hace malabarismos con la hipoteca, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor estrategia de 'gestión' es convertir la ciudad autónoma en un CETI gigante, requisando polideportivos y hasta el parking del Embolsamiento en Loma Colmenar. Es como si, para solucionar una gotera en el salón, decidieras inundar toda la casa y decir que ahora tienes una piscina. La ironía es fina, pero el malestar es grueso. El Ministerio del Interior y el mando único de Ángel Víctor Torres parecen operar en una realidad paralela donde los datos son adornos. En el mundo real, la Policía ya contabiliza 20 denuncias por agresión sexual —ocho de ellas con penetración— y 48 por atentado y resistencia a la autoridad. Pero claro, enviar tiendas de campaña es más sencillo que ejecutar devoluciones. Los militares, convertidos en una ONG gratuita y mal pagada, trabajan jornadas de hasta 24 horas, viendo cómo sus propias familias en barrios como Villa Capona viven aterradas porque el Ejecutivo quiere instalar a los recién llegados pared con pared con sus hijas. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), con Marco Antonio Gómez al frente, ya ha soltado el lastre: están hartos de ser el parche de una política que desaparece cuando hay que dar la cara. Mientras los ceutíes gritan en las calles que no quieren ser extranjeros en su tierra, el Gobierno sigue enviando suministros para que nadie se mueva. No es gestión migratoria; es ingeniería de la permanencia pagada con el dinero de todos.
Hay amistades que valen oro y otras que, curiosamente, multiplican los ingresos por cuatro. David Sanza y Pedro Sánchez se conocieron encestando balones en el equipo del Colegio Ramiro de Maeztu, pero parece que el verdadero juego empezó cuando el líder del PSOE aterrizó en Moncloa en 2018. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pánico, la correduría de seguros de Sanza ha operado un milagro financiero: pasar de unos ingresos ordinarios de 500.000 euros en 2017 a superar los dos millones en 2025. Un crecimiento del 39% en el último año que haría palidecer a cualquier fondo de inversión de Wall Street. Sanza no solo es un experto en pólizas, sino un puente dorado. Fue el 'facilitador' que puso en contacto a Begoña Gómez con Ignacio Mariscal, CEO de Reale, para que la aseguradora soltara 15.000 euros anuales durante cuatro años (60.000 euros en total) para aquella Cátedra de Transformación Social en la Universidad Complutense. Una gestión que ahora tiene a la mujer del presidente paseando por los juzgados por presunto tráfico de influencias y malversación. Pero el negocio no se queda en la academia. Sanza supo leer la pandemia y diseñó seguros para hoteles canarios que, convenientemente, terminaron vinculados al reparto de inmigrantes. Mientras el activo de su empresa se triplicaba —de 1,1 millones a 2,82 millones de euros—, Sanza reorganizaba el tablero familiar a través de su holding Mataka Directorship, desplazando a su padre, Alfonso Sanza Santaolalla. Con una caja de tesorería de 394.130 euros y terrenos en Yaiza valorados en 185.408,54 euros, David ha demostrado que estar en el equipo adecuado no solo sirve para ganar partidos de baloncesto, sino para que el balance contable vuele sin despeinarse.
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