Crítica:
La noticia es un ejercicio de transparencia presupuestaria, pero el título original es demasiado tibio. Le falta subrayar la contradicción legal entre el gasto y la Ley 29/2005.
El Gobierno de Sánchez gasta 8 millones en propaganda para «dar a conocer mejoras y nuevos avances en la Ad...
Sánchez gasta 8 millones en autopromoción
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Adiós a los 120: Europa nos frena
Bruselas ha decidido que el camino más corto hacia el paraíso de la seguridad vial pasa por pisar el freno. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) y la ONU han lanzado una propuesta que suena a castigo escolar: bajar el límite de las autopistas a 100 km/h en toda la Unión Europea. El argumento es el de siempre, el del miedo. Nos venden que reducir solo 1 km/h la velocidad media salvaría a 2.200 personas al año, mientras que subir 10 km/h dispara el riesgo de acabar en una noticia policial en un 220 %. Para los burócratas, que en 2025 murieron 19.500 personas y otras 100.000 quedaron heridas de gravedad, la solución no es mejorar la formación del conductor, sino recortar la velocidad como quien recorta el presupuesto de una fiesta. Es la lógica del 'parche': si no sabemos conducir, que vayamos más lento. Mientras tanto, los Países Bajos ya han abrazado este ritmo de paseo, pero el resto de Europa mira con escepticismo. La paradoja tiene nombre y apellido: Alemania. El país de la ingeniería y la Autobahn, donde en algunos tramos el límite es el sentido común y la potencia del motor, presume de una de las tasas de mortalidad más bajas del continente. Es el equivalente a decir que puedes comer dulces si sabes cómo digerirlos, mientras que en España nos quieren poner a dieta forzada. En casa, la DGT sigue jugando al gato y al ratón. En agosto, la Guardia Civil montó 3.466 puntos de control y chequeó más de un millón de coches, cazando a 69.231 conductores que decidieron que el límite de 120 km/h era más una sugerencia que una ley. Al final, pasaremos de los 120 km/h españoles o los 140 km/h polacos a un ritmo uniforme europeo que hará que los viajes largos se sientan como una cola en el supermercado un sábado por la tarde.
Despido por descuentos: el sablazo salió caro
Hay empresas que gestionan sus recursos humanos con la misma precisión que alguien que intenta montar un mueble de IKEA sin instrucciones: al final, algo sobra y todo queda torcido. En Asturias, una compañía decidió jugar al sheriff laboral y fulminó a un empleado el 22 de abril, convencida de que había pillado a un 'artista' del descuento. El pecado: dos compras de 2.122,09 y 2.204,33 euros cargadas a la cuenta de un compañero que estaba de baja médica, abusando de un descuento del 30% que, según el convenio, tenía un tope de 200 euros al mes. Un sablazo digital que la empresa quiso castigar con la pena máxima. Pero aquí es donde la ingeniería corporativa choca con la realidad de la calle. Resulta que la cuenta del compañero ausente era como una puerta abierta en un barrio tranquilo; al menos otros tres empleados habían entrado y salido de allí sin dejar rastro en el expediente disciplinario. La empresa, en un alarde de selectividad casi quirúrgica, decidió que solo uno debía pagar el pato. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que no compra cuentos chinos, ha puesto los puntos sobre las íes: no puedes despedir a uno por hacer lo que otros tres hacían mientras se tomaban el café. Sumado a que el trabajador llevaba seis años en la plantilla sin una sola mancha en su historial, la justicia ha sentenciado que el despido fue improcedente. Ahora, la compañía se enfrenta a la paradoja del ahorro: o readmiten al empleado que intentaron borrar del mapa, o sueltan un cheque de 12.498,75 euros. Una lección costosa sobre la proporcionalidad y la hipocresía de aplicar la ley según el viento, donde el intento de ahorrar unos euros en descuentos termina costando una pequeña fortuna en indemnizaciones.
Sánchez gasta 8 millones en autopromoción
Hay una magia contable fascinante en los despachos de Moncloa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de modernizar el país es contando lo bien que lo están haciendo. El Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional ha reservado la suma de 7.951.688 euros para decirnos que las cosas funcionan. Sí, casi ocho millones de euros para que nos enteremos de que existen 'mejoras'. El desglose es una joya del surrealismo administrativo. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se lleva 2.000.000 € para que sepamos que hay servicios digitales; es decir, gastan dos millones en decirnos que podemos hacer el trámite por internet en lugar de hacer cola en una oficina. Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se funde otros 2.000.000 € en 'visibilizar' el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Básicamente, pagan millones para decirnos que el dinero que ya llega es 'transformador'. Pero el premio al optimismo se lo lleva el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que a través del SEPE ha destinado 2.260.933 € para 'difundir la marca' de la nueva Agencia Española de Empleo. Porque claro, el empleo no llega solo, necesita un logotipo caro. A esto sumamos 1.190.755 € del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para vendernos una 'justicia del siglo XXI' y 500.000 € del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el servicio LACT. Lo irónico es que la Ley 29/2005 prohíbe destacar logros de gestión. Pero el Ejecutivo ha encontrado el truco: meterlo todo en el saco de 'interés social'. En total, el Plan 2026 supone un desembolso de 155.601.788 euros. Un 3,45% menos que en 2025, porque la austeridad también es cuestión de marketing.
Calabozos de Ceuta: Ruinas y cerrojos rotos
Gestionar la frontera de Ceuta se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo sobre escombros. Mientras el Gobierno presume de control migratorio, el puesto fronterizo de El Tarajal parece más el decorado de una película de terror que una instalación de seguridad nacional. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha dejado que los calabozos se conviertan en ruinas, transformando la custodia de inmigrantes en una lotería de riesgos. La cronología es un monumento a la desidia: una inspección en 2023 ya gritaba que el área estaba 'inutilizada parcialmente'. En 2024, la Jefatura Superior de Policía de Ceuta volvió a enviar un oficio, básicamente un 'socorro' administrativo. Pero en el despacho central, el reloj corre a ritmo de siesta. Las obras no arrancaron hasta abril de este año, con un plazo de 10 meses que parecen una eternidad cuando tienes a 90.000 inmigrantes cruzando el espigón el pasado 30 de julio. Traducido al lenguaje de la calle: tenemos una frontera que es un colador y unas celdas que son un chiste. Hablamos de instalaciones donde los detenidos podían manipular los cerrojos desde dentro —como quien abre una puerta mal ajustada en casa— y donde la videovigilancia era un mito urbano. Sin interfonos ni micrófonos, la seguridad dependía más de la buena voluntad que de la técnica. Para rematar la faena, el SUP, a través de Ismael Derdabi Montegordo, advierte que la ciudad está saturada. Mientras Interior se toma su tiempo con el hormigón, la Jefatura de Policía de Ceuta hace malabares con el espacio, intentando encajar en un vaso de agua a miles de personas foráneas. Una gestión brillante: dejar que la infraestructura se caiga a trozos justo cuando el flujo migratorio revienta las costuras del enclave.
Pingüinos y literas: el horror forense Ceuta
Gestionar la muerte suele ser un proceso aséptico, casi administrativo, hasta que te encuentras con 88 cadáveres hacinados en un Hospital Militar que, para colmo, no tiene actividad hospitalaria ordinaria. Lo de Ceuta no ha sido una gestión de crisis, ha sido un ejercicio de improvisación digno de una película de terror presupuestaria. Mientras el Ministerio de Justicia se limitaba a pagar las dietas del personal voluntario —como quien paga el parking de un centro comercial—, los forenses locales se las apañaban con 'pingüinos' (refrigeradores portátiles) y literas para evitar que la descomposición ganara la carrera contra el reloj. La aritmética del horror es sencilla: una invasión de 80.000 personas que desembocó en una montaña de cuerpos recogidos el 30 y 31 de julio. Antes de eso, el goteo era constante: uno aquel día, dos este otro, cuatro en una jornada mala. Al final, la cuenta llegó a 88 cuerpos que el Estado dejó en un limbo gélido y precario. El resultado es lógico: trabajadores con el alma rota que ahora necesitan tratamiento psicológico o piden la baja porque nadie puede pasar semanas manipulando restos en descomposición sin que se le quiebre la cabeza. La hipocresía alcanza su cénit con el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi. Tras tres semanas de silencio sepulcral, y solo cuando la prensa española y la presión internacional empezaron a hacer ruido, Ouahbi decidió que ya era hora de 'no separar entre vivos y muertos'. Mientras tanto, 18 inmigrantes ya descansan en el cementerio musulmán de Ceuta, enterrados con números en lugar de nombres, esperando que alguien, algún día, recuerde que fueron personas y no solo una cifra en un acuerdo diplomático de última hora.
Dana: 25 millones y solo un 6%
Hay una diferencia abismal entre el lenguaje de los boletines oficiales y la realidad de quien no tiene techo. El Gobierno, en un despliegue de generosidad administrativa, aprobó el Real Decreto-ley 7/2024 el 11 de noviembre para inyectar 25 millones de euros destinados a comprar viviendas para los damnificados de la dana en Valencia. Una cifra que suena a solución definitiva, pero que en la práctica ha tenido la agilidad de un caracol con artritis. Al cierre de 2025, las cuentas de CASA 47 (la entidad que nació del antiguo Sepes mientras cambiaba de nombre y estatutos el 10 de diciembre de 2025) revelan que solo se han ejecutado 1,516 millones de euros. Traducido al lenguaje de la calle: han gastado el 6,1% del presupuesto. Mientras las familias esperaban un techo, la administración se dedicó a hacer compras quirúrgicas: una casa en Catarroja por 61.320 euros, otra en Sot de Chera por 41.700 euros y un par de inmuebles en Sollana por 81.270 y 74.920 euros. El resto del dinero, unos 23,4 millones, descansa plácidamente en una cuenta bancaria, como quien guarda el cambio en un cajón mientras la casa se quema. La ironía alcanza niveles artísticos cuando vemos que se gastaron 11.620 euros en mobiliario, probablemente para que las pocas casas compradas no parecieran museos del vacío. Y por si fuera poco, el Tesoro Público juega al escondite con los 30 millones de euros en donaciones ciudadanas. Hacienda solo ha dado detalles de un tercio; los otros 20 millones son un misterio contable que no aparece en ningún desglose público. El Estado ha demostrado que es experto en aprobar decretos urgentes, pero un desastre gestionando la urgencia.
La Fábrica: el cajero automático del Madrid
Gestionar un club de fútbol es, básicamente, jugar al Monopoly con seres humanos. Florentino Pérez ha perfeccionado el arte de la 'ingeniería financiera' transformando La Fábrica en una especie de Amazon de talentos: se fabrican en casa, se pulen y se venden al mejor postor antes de que sepan siquiera dónde está el vestuario del primer equipo. Este verano, el Real Madrid ha gastado 225 millones de euros en nombres como Yan Diomandé, Marc Cucurella, Carlos Espí, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Una cifra que haría temblar a cualquier familia española al mirar la hipoteca, pero que al Bernabéu no le ha quitado el sueño. ¿La razón? Han vendido canteranos por unos 200 millones, financiando el 88,4% de sus compras con el sudor de los chavales. El caso de Jacobo Ortega es la joya de la corona del cinismo deportivo: 10 millones de euros que el RC de Strasbourg Alsace ha pagado por alguien que ni siquiera ha debutado en Primera. Es como vender un coche que nunca ha salido del concesionario y sacar beneficio récord. Luego tenemos a Nico Paz, el gran negocio con el Como 1907 en 2024, que ha dejado 60 millones en caja tras renunciar a su recompra. A esto sumamos los 40 millones de Gonzalo rumbo al Fulham de Arbeloa, y los 10 millones de César Palacios, quien también se va a Londres. El ciclo no termina ahí. El club juega a largo plazo, como quien guarda cupones para el Black Friday. Víctor Muñoz dejó 20 millones tras su salto al Liverpool, Mario Gila aportó 15 millones vía Milan, y la pareja de Álvaro Rodríguez y Álex Jiménez sumó otros 25 millones en el Bournemouth. En seis años, la cuenta asciende a casi 500 millones. Mientras tanto, en el fútbol femenino, Silvia Cristóbal y Laia López (blindada hasta 2030) representan la cara amable del proyecto, aunque sabemos que en este tablero, el sentimiento es un lujo y la rentabilidad es la única religión.
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