Crítica:
El texto original es un ejercicio de indignación económica bien documentada, aunque peca de simplista al ignorar las complejidades del acuerdo de libre comercio con la UE.
La baza para presionar a Marruecos que Sánchez no usa: acuerdos comerciales de 23.500 millones al año
Sánchez regala miles de millones a Rabat
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Niños de Ceuta: el 'regalo' millonario
Hay quien dice que la solidaridad es un valor; en el Tercer Sector catalán parece que es, más bien, una partida de Monopoly con dinero público. Albano Dante Fachín, quien remó a favor de la independencia entre 2015 y 2017 antes de refugiarse en su proyecto Octuvre junto a Marta Sibina, ha vuelto a poner el dedo en la llaga. El escenario es el habitual: la DGAIA y un ecosistema de fundaciones que han transformado la acogida de menores no acompañados en una maquinaria de hacer dinero. Mientras el PSC, ERC y los Comuns intentan cerrar el telón de una comisión parlamentaria que huele a maquillaje, la Fiscalía Anticorrupción no se compra la historia y rastrea plazas fantasma y fondos que se evaporaron como el rocío de la mañana. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. La Sindicatura de Cuentas ha detectado un descuadre de casi 200 millones de euros. Para que nos entendamos: es un agujero contable que haría temblar a cualquier familia española que intente cuadrar la cuenta corriente a final de mes, pero que en la Generalitat parece haber pasado como un simple error de redondeo. Lo más cínico llega con Jordi Pascual, directivo de la fundación Resilis. El señor se permitió decir el 19 de mayo que la llegada de jóvenes migrantes es un 'regalo' para el sistema productivo, comparándolos con enfermeras colombianas. Una metáfora preciosa para disfrazar la realidad: Resilis arrastra una deuda de 30 millones de euros por la compra de 500 pisos. Básicamente, necesitan llenar esas habitaciones para no quebrar. No es protección infantil, es gestión de activos inmobiliarios. Ahora que Ceuta vuelve a ser el epicentro de la crisis, estas fundaciones no ven dramas humanos, ven clientes que pagan la hipoteca con dinero del contribuyente.
Ovejas de lujo para un líder ausente
Hay que tener una cara muy dura para pedirle a un pueblo que se está muriendo de hambre que pague el catering celestial de su jefe. Mientras el ciudadano medio en Irán ve cómo su moneda se desploma y la inflación ronda el 300% —convirtiendo la compra del pan en una inversión de riesgo—, el régimen ha decidido que la salud de Mojtaba Jamenei depende de una matanza masiva. No una pequeña, sino 10.000 ovejas. El plan, impulsado por figuras como Abdulkarim Abedini y medios como Raja News, busca recaudar un millón y medio de euros. Traducido al lenguaje de la calle: quieren que la gente, que no llega a fin de mes, suelte 150 euros (unos 250 millones de riales) por animal para que el Líder Supremo, desaparecido de la vista pública desde el 8 de marzo, se recupere de sus heridas. La ingeniería financiera es brillante: el dinero fluye hacia el Instituto Hazrat Khadijeh en Qom, bajo la promesa de ahuyentar al "enemigo-sionista-estadounidense". Todo coordinado por Eitaa, el WhatsApp oficial del régimen, donde el control es total y las quejas son invisibles. Mientras tanto, la realidad golpea con la fuerza de un mazo: el PIB se ha desplomado un 15% en semanas y Donald Trump ha lanzado un "Día D económico" que tiene al país contra las cuerdas, sumado al embargo de Emiratos Árabes Unidos. Es la paradoja perfecta: un Estado que se hunde en una crisis terminal, pero que cree que la solución a una guerra económica y a la salud de su líder es comprar un rebaño industrial con el dinero de quienes no tienen para comer.
Marruecos: exportar gente para llenar la caja
Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, en el tablero geopolítico se juega una partida de póker donde las fichas son personas y el bote es astronómico. Fernando Grande-Marlaska intenta vendernos que las oleadas migratorias en Ceuta son 'cosas que pasan', como quien justifica que se le haya quemado una tostada. Pero seamos realistas: en la corte de Mohamed VI no se mueve una hoja sin que el monarca lo quiera, y que no haya caído ninguna cabeza en la seguridad fronteriza es la prueba del algodón. No es un accidente; es un grifo que se abre y se cierra según la conveniencia de Rabat. El modelo de negocio es sencillamente brillante, si ignoramos la parte humana. España, bajo el mando de Pedro Sánchez, ha soltado unos 4.194 millones de euros entre créditos, subvenciones e inversiones privadas. Es un sablazo monumental que parece más un pago de protección que una cooperación diplomática. Pero el verdadero 'cash flow' no está en los despachos de Moncloa, sino en los bolsillos de la diáspora. Con 4 millones de marroquíes en la UE —más de un millón ya asentados en España y 1,5 millones en Francia—, el régimen ha creado su propia red de cajeros automáticos humanos. Las remesas anuales inyectan 12.000 millones de dólares, el 8% del PIB marroquí. Es una transferencia de capital masiva que sostiene el valor del dirham y mantiene el Banco Central de Marruecos respirando mientras el país presume de un PIB de 150.000 millones de dólares. Sumando esto a los 8.400 millones en flujos de capital desde 2018, Europa acaba financiando el 70% de las divisas de la dictadura alauita. Exportar población no es una crisis social, es la estrategia financiera más rentable de la región.
España: la gasolinera gratuita de Marruecos
Hay que tener un talento especial para la ingeniería diplomática para lograr que el gas que llega a casa termine en el jardín del vecino, especialmente cuando ese vecino te mira mal y tú tienes la nevera vacía. Pedro Sánchez ha jugado al equilibrista entre Argelia y Marruecos, y el resultado es una comedia surrealista. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, España ha decidido jugar a ser la gasolinera solidaria del Magreb. Los datos de Enagás no mienten, aunque a veces den ganas de llorar. Entre julio de 2025 y julio de 2026, las importaciones argelinas vía Medgaz subieron de 9.330 GWh/mes a 10.228 GWh/mes. Un incremento del 10%, exactamente 898 GWh/mes de gas barato que llega desde Hassi R'Mel hasta la playa de Perdigal en Almería. Cualquiera pensaría que ese extra serviría para evitar que la industria española siga sufriendo apagones o para que Canarias no se quede a oscuras, pero no. En un giro digno de un guion de absurdo, España ha exportado por el gasoducto de Tarifa unos 992 GWh/mes hacia Marruecos. Hagamos la cuenta de la servilleta: todo el aumento de gas barato de Argelia, más un poquito más, ha acabado alimentando la red energética de Rabat. Básicamente, estamos haciendo el favor de transportar el combustible de un enemigo natural de Marruecos para que el propio Marruecos no pase frío, mientras nosotros parcheamos la inestabilidad de las renovables con gas caro. Es como si compraras el pan en oferta en el súper de enfrente solo para regalárselo al vecino que te pone la música alta a las tres de la mañana y te invade el rellano.
Ceuta: Uber de mafias y CIE colador
El sistema de seguridad en la frontera parece un colador suizo. Mientras el mundo miraba la avalancha del 30 de julio en Ceuta, donde casi 72.000 personas forzaron el paso ante la sospechosa pasividad de los policías marroquíes, las mafias de la trata decidieron montar su propio 'Uber' del Estrecho. Para estos emprendedores del delito, la crisis no fue una tragedia humanitaria, sino una oportunidad de oro para hacer su agosto. La logística es tan variopinta que asusta: desde 'pateras-taxi' para quienes pueden permitirse el lujo de pagar un sablazo considerable por un viaje más seguro, hasta motos de agua que depositan pasajeros en el litoral en unos 15 minutos, como quien deja un paquete en un punto de recogida. Incluso han llegado a usar un kayak en la playa de Levante de la Línea de la Concepción. El destino es el mismo: Tarifa, Sotogrande o Puente Mayorga, buscando el billete dorado hacia el espacio Schengen. Pero el chiste tiene un remate brillante en el CIE de Algeciras. Tenemos una instalación nueva, diseñada para 500 internos, que es básicamente un hotel con fugas. La semana pasada, seis internos decidieron que los conductos del aire acondicionado eran una salida aceptable; cinco llegaron a la calle y cuatro siguen desaparecidos. ¿El motivo? La gestión es una broma. El sindicato Jupol denuncia que pretenden vigilar a 70 personas con una plantilla de entre 7 y 10 policías. Es como intentar cubrir un estadio de fútbol con tres porteros. Una gestión brillante del Ministerio del Interior que convierte la seguridad nacional en un ejercicio de optimismo ciego mientras los internos juegan al escondite en instalaciones que no funcionan.
Vivienda protegida: el secuestro legal de Illa
El Gobierno de Illa ha decidido jugar al Tetris con el mapa de Cataluña, y el resultado es un caos donde el ciudadano de a pie es el que paga la cuenta. La Ley 11/2025, ese regalo envuelto en buenas intenciones de la coalición PSC, Comunes, ERC y CUP, ha logrado lo que parecía imposible: que el mercado de la vivienda protegida se desplome un 15,33% en junio, mientras el mercado libre apenas respira con un crecimiento del 1,07%. Es la paradoja del siglo: para 'proteger' la vivienda, la paralizan. El drama tiene nombre y apellido: inseguridad jurídica. Hay más de 25.000 pisos atrapados en un limbo administrativo; 6.700 ya en 2026 y una proyección de 25.536 para 2030. En Badia del Vallés, donde la renta per cápita es un chiste de mal gusto y el PSC manda en el barrio, han nacido la Plataforma contra la Ley 11/2025. Allí, 2.500 familias ven cómo sus ahorros para la jubilación se convierten en humo porque no pueden vender un piso que ya no es protegido, pero que el Estado mantiene secuestrado por estar en una 'zona tensionada'. Es como si te dijeran que tu coche ya es tuyo, pero no puedes conducirlo porque la calle es 'demasiado transitada'. Mientras tanto, la Generalitat hace malabares con la lista de zonas tensionadas. Han subido a 302 el número de áreas afectadas, alcanzando al 72,9% de la población. Pero ojo al detalle: Figueres y Banyoles, bastiones de Junts, han quedado fuera del 'castigo'. Mientras los alcaldes de estas ciudades celebran la libertad de mercado, en Martorell o La Junquera se preparan para el cierre. El Consejo General del Notariado ya avisó: las transacciones cayeron un 4,1% en mayo. Al final, la ingeniería social de Illa solo consigue que haya menos oferta y que los precios suban, mientras el vecino espera que el Estado le devuelva la llave de su propio patrimonio.
Ceuta: entre carpas infinitas y leyes olvidadas
Ceuta lleva casi 20 días con el pulso alterado, mientras en Madrid el Gobierno juega al tenis con la gestión de la crisis. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad, ha puesto un ultimátum de 30 días para volver a la normalidad antes de que suenen las campanas del curso escolar, amenazando con llevar el asunto al Supremo y al Constitucional. Es la desesperación del que ve cómo su ciudad se convierte en una sala de espera infinita mientras los ministros aterrizan, cambian impresiones y despegan sin dejar más que promesas en el aire. La respuesta del Ejecutivo es un despliegue de surrealismo administrativo. Mientras Exteriores e Interior prometen expulsiones, la responsable de Migraciones propone instalar 1.500 carpas, que ya podrían subir a 4.000. Es como intentar apagar un incendio forestal con un pulverizador de jardín: más espacio para esperar, pero ninguna salida. Mientras tanto, el PP, desde Génova, ha sacado de la naftalina la Ley de Seguridad Nacional mediante una Proposición no de Ley (PNL), sugiriendo que esto no es un simple problema de visados, sino un asunto de soberanía e integridad territorial. El contraste es sangrante. Por un lado, tenemos la 'amistad' estratégica con Marruecos, que parece valer más que la tranquilidad de Ceuta; por otro, la exigencia de Ezcurra y los populares de activar un Real Decreto que obligue a movilizar medios humanos y materiales de forma coordinada. El quid de la cuestión es si el Gobierno ha ignorado los avisos del CNI por pura negligencia o por una ingeniería diplomática donde Ceuta es la moneda de cambio. Al final, entre carpas y leyes olvidadas, la realidad es que la ciudad autónoma se siente sola en el tablero, esperando que el BOE deje de ser un libro de sugerencias y se convierta en acción.
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